Encuesta: Lectores apoyan cargos penales contra bancos, pero no están seguros en los casos de BNP Paribas y Credit Suisse
[private]En las últimas semanas, han surgido un número importante de informaciones detallando las sanciones monetarias que se avecinan para BNP Paribas y Credit Suisse. El gigante financiero francés BNP Paribas puede llegar a pagar tanto como US$3.500 millones tras acusaciones de haber violado el régimen de sanciones estadounidenses contra Irán, Sudán, Siria y Birmania, mientras que el gigante suizo Credit Suisse enfrenta una potencial multa de US$2.000 millones por haber facilitado la evasión fiscal de contribuyentes estadounidenses.
A pesar de estas increíbles cifras, la verdadera historia ha sido los posibles cargos penales que está estudiando el Departamento de Justicia de EEUU. Los fiscales federales, que intentan enviar un mensaje de que «no hay cosa demasiado grande para ir a la cárcel'» (too big to jail), como lo señaló el Fiscal General Eric Holder hace dos semanas, se estaría planeando obtener declaraciones de culpabilidad de ambas instituciones. La semana pasada, ACFCS preguntó a su comunidad si los cargos criminales podrían servir como un medio eficaz de disuasión para instituciones financieras.
Los resultados fueron casi unánime, el 92% de los encuestados respondieron que los cargos penales desalentarían el delito e intensificarían la presión sobre las instituciones financieras para un correcto cumplimiento.
Los encuestados se mostraron mucho menos claro si los cargos criminales ameritaban en el caso de BNP Paribas y Credit Suisse. Si bien la supuesta operación de fraude fiscal por parte de Credit Suisse fue objeto de un extenso informe y audiencia en el Senado de EEUU (Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado), todavía deben conocerse los detalles de los cargos que enfrenta el banco. Del mismo modo, hay pocos detalles sobre las acusaciones contra BNP Paribas, incluyendo el alcance y el valor de las transacciones realizadas en violación de las sanciones estadounidenses. El 44% de los encuestados dijo que ameritaban cargos penales en estos casos, mientras que el 56% afirmó que no había suficiente información para tomar esa determinación.
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