El Índice de Percepción de la Corrupción 2020 y el Covid-19
*Juan Pablo Rodríguez C.
**René M. Castro V.
***Camilo A. Rueda B.
Los nuevos desafíos
La semana pasada, la organización Transparencia Internacional, que es una iniciativa global que trabaja en más de 100 países para poner fin a la injusticia de la corrupción, publicó el “Índice de Percepción de la Corrupción 2020” (1), que se ha convertido en el indicador global de referencia sobre la corrupción en el sector público, donde presentó la calificación de 180 países y territorios de todo el mundo.
Tal como lo mencionábamos el año pasado en nuestro artículo, “Índice de Percepción de la Corrupción de 2019 (2), “aparentemente el rango de un país en el Índice de Percepción de la Corrupción no siempre es un buen indicador de cómo se comportarán las empresas cuando hacen negocios en el extranjero” y, por lo tanto, parecía que ya habíamos tocado fondo en temas de corrupción, sin embrago, en 2020 llegó la pandemia e hizo evidentes las múltiples debilidades y vulnerabilidades que tenemos los países y las empresas en los programas anticorrupción.
Según Transparencia Internacional, 2020 resultó ser uno de los peores años de la historia reciente, con el estallido de la pandemia mundial por el COVID-19 y sus devastadores efectos. El impacto económico y en la salud de las personas y las comunidades de todo el mundo ha sido catastrófico. Más de 102 millones de personas se infectaron y más de 2 millones 200 mil personas perdieron la vida en todo el mundo (3).
Según el informe, el COVID-19 no es solo una crisis de salud y económica, sino también una crisis de corrupción, con innumerables vidas perdidas debido a los efectos insidiosos de la corrupción que socavan una respuesta global justa y equitativa. Los informes de corrupción durante la pandemia por el COVID-19 han repercutido en todo el mundo y las múltiples noticias sobre la corrupción en la compra o el manejo de los recursos públicos que incluye los medicamentos e insumos médicos y en general todos los servicios de salud para atacar el COVID-19, demuestran que la corrupción no solo socava la respuesta de salud al COVID-19, sino que también contribuye a una continua crisis de la democracia.
Como lo menciona el estudio, la respuesta de emergencia a la pandemia de COVID-19 reveló enormes grietas en los sistemas de salud y las instituciones democráticas, lo que subraya que quienes están en el poder o controlan las finanzas del gobierno a menudo sirven a sus propios intereses en lugar de a los más vulnerables.
Sin embargo, en este caso de la pandemia, se ha demostrado hasta el cansancio en muchos países que no es sólo el problema de la corrupción pública, es también la corrupción privada, la que ha llevado a que desnudemos las vulnerabilidades de los sistemas anticorrupción de las empresas y de los países, como lo anotábamos en nuestro artículo: “La Corrupción Privada» (4).
El Índice de Percepción de la Corrupción de 2020, publicado por Transparencia Internacional, presenta la siguiente clasificación: (En este cuadro aparecen los cinco países mejor y peor calificados del total de 180 países analizados, incluyendo el puntaje obtenido por cada país).
| País | Puntuación CPI 2020 | Ranking 2020 |
| Dinamarca | 88 | 1 |
| Nueva Zelanda | 88 | 1 |
| Finlandia | 85 | 3 |
| Singapur | 85 | 3 |
| Suecia | 85 | 3 |
| Venezuela | 15 | 176 |
| Yemen | 15 | 176 |
| Siria | 14 | 178 |
| Somalía | 12 | 179 |
| Sudán | 12 | 179 |
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2020 muestra que la mayoría de los países han logrado poco o ningún progreso en la lucha contra la corrupción en casi una década y que más de dos tercios de los países obtienen una puntuación por debajo de 50. El Índice promedio es de 43/100, lo que demuestra que la mayoría de los países reprueba el examen anticorrupción.
Otro de los hallazgos importantes del estudio es que, además de obtener puntajes bajos, casi la mitad de todos los países han estado estancados en el IPC durante casi una década. Estos países no han logrado disminuir de manera significativa la corrupción para mejorar su puntaje y combatir la corrupción del sector público.
…todos debemos contribuir en la lucha contra la corrupción y a superar esta crisis de valores éticos, siendo respaldados por los organismos de control y por las autoridades judiciales…
La puntuación de un país/territorio muestra la percepción sobre el nivel de corrupción del sector público en una escala de 0 a 100, donde 0 implica que un país se percibe como sumamente corrupto y 100 significa que se percibe como muy transparente.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) otorga una puntuación y clasifica a los países/territorios según las percepciones que tienen expertos y ejecutivos de empresas sobre el grado de corrupción que existe en el sector público. El IPC 2020 utiliza 13 fuentes de datos de 12 instituciones independientes que se especializan en análisis sobre gobernanza y entorno de negocios.
Los datos de fuentes del IPC dan a conocer los siguientes aspectos de la corrupción, sobre la base de los términos específicos de las preguntas usadas para recopilar la información:
- Soborno
- Desvío de fondos públicos
- Preponderancia de funcionarios públicos que aprovechan la función pública para beneficio personal, sin afrontar ninguna consecuencia
- Posibilidad de los gobiernos de contener la corrupción y hacer cumplir mecanismos de integridad eficaces en el sector público
- Trabas administrativas y requisitos burocráticos excesivos que podrían incrementar las oportunidades de corrupción
- Nombramientos en la administración pública efectuados en función del nepotismo, en vez del mérito
- Enjuiciamiento penal efectivo de funcionarios corruptos
- Leyes adecuadas sobre divulgación financiera y prevención de conflictos de interés de funcionarios públicos
- Protección legal de denunciantes, periodistas e investigadores cuando informan sobre casos de soborno y corrupción
- Captura del Estado por intereses particulares
- Acceso de la sociedad civil a información sobre asuntos públicos
Así mismo, según el informe de Transparencia Internacional, en América Latina, que ya es una región caracterizada por contar con instituciones gubernamentales débiles, el COVID-19 ha resaltado profundas desigualdades sociales y económicas, con sus efectos desproporcionados en poblaciones vulnerables, incluidas mujeres, niñas, grupos indígenas, ancianos, migrantes y afroamericanos.
Un desafío importante que enfrenta la región es garantizar que los fondos y programas para el alivio de COVID-19 no se pierdan debido a la corrupción y lleguen a los destinatarios previstos. No entregar esta ayuda corre el riesgo de aumentar el descontento social, aviva el populismo dañino y crea una pobreza y desigualdad aún mayores.
En Latinoamérica, solo tres países presentan un buen comportamiento (Uruguay, Chile y Costa Rica). El resto muestra un comportamiento deficiente, con un puntaje inferior a 50 puntos de los 100 posibles:
Al respecto, Transparencia Internacional recomienda vigilar en la región a Perú que enfrenta corrupción estructural, impunidad e inestabilidad política. En menos de cinco años, el país ha rechazado a cuatro presidentes, tres de los cuales están bajo investigación por corrupción. Así mismo, recomienda vigilar a Honduras porque, según el estudio, el estado de los esfuerzos anticorrupción es sombrío. El país perdió millones por la corrupción en la última década y experimentó importantes retrocesos en la lucha contra la impunidad con la finalización de la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad, dirigida por la Organización de Estados Americanos (OEA). El Congreso también aprobó una serie de leyes que promueven la corrupción y obstaculizan las investigaciones.
En el caso de Colombia, a pesar de que en los últimos años se han emitido nuevas leyes anticorrupción y antisoborno y a su compromiso como miembro activo a la normativa establecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esos esfuerzos no han dado resultado y no se ve una mejora en las calificaciones del IPC, ya que de 2012 (36 puntos) a 2020 (39 puntos), solo ha mejorado en 3 puntos su calificación, lo cual demuestra, como lo hemos venido afirmando en los últimos 20 años, que principalmente al país le ha faltado voluntad política para atacar este flagelo y que la participación ciudadana no ha sido tan efectiva en el control social para disminuir la corrupción tanto en el sector público como en el sector privado.
“En estos tiempos de post-pandemia, el reto futuro en materia anticorrupción debe ser más eficiente y exigente para garantizar una reactivación justa y equitativa de la economía mundial”
Como se comentó en nuestro artículo “Lucha contra la corrupción: De las palabras a los hechos”(5), todos debemos contribuir en la lucha contra la corrupción y a superar esta crisis de valores éticos, siendo respaldados por los organismos de control y por las autoridades judiciales, que apoyen verdaderamente a quienes realizan una labor honesta en el ejercicio de sus funciones cualquiera que ella sea, para sacar adelante a nuestros países y hacer que los recursos públicos disminuyan efectivamente la pobreza.
Transparencia Internacional, en su Índice de Percepción de la Corrupción de 2020 recomienda a todos los países, para atacar la corrupción efectivamente lo siguiente:
- Fortalecer las instituciones de supervisión
La respuesta al COVID-19 expuso vulnerabilidades de supervisión débil y transparencia inadecuada. Para garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan y no estén sujetos a robos por parte de la corrupción, las autoridades anticorrupción y las instituciones de supervisión deben tener suficientes fondos, recursos e independencia para desempeñar sus funciones.
- Asegurar una contratación abierta y transparente
Muchos gobiernos han relajado drásticamente los procesos de adquisición. Estos procedimientos apresurados y opacos brindan amplias oportunidades para la corrupción y el desvío de recursos públicos. Los procesos de contratación deben permanecer abiertos y transparentes para combatir las irregularidades, identificar conflictos de intereses y garantizar precios justos.
- Defender la democracia y promover el espacio cívico
La crisis del COVID-19 exacerbó el declive democrático, con algunos gobiernos explotando la pandemia para suspender parlamentos, renunciar a los mecanismos de responsabilidad pública e incitar a la violencia contra los disidentes. Para defender el espacio cívico, los grupos de la sociedad civil y los medios de comunicación deben tener las condiciones propicias para que los gobiernos rindan cuentas.
- Publicar datos relevantes y garantizar el acceso
La publicación de datos desglosados sobre el gasto y la distribución de recursos es particularmente relevante en situaciones de emergencia, para asegurar respuestas políticas justas y equitativas. Los gobiernos también deben asegurar que las personas reciban información fácil, accesible, oportuna y significativa garantizando su derecho a acceder a la información.
Como lo comentamos en nuestro artículo “Sistema de Administración de Riesgo de Soborno Trasnacional (SARS)”(6), los Programas de Ética Empresarial deberían dejar de ser un listado de buenas intenciones y se deberían convertir en la forma práctica de hacer negocios éticos y responsables en todas las jurisdicciones donde operen las compañías, donde la ética y los valores de los empleados de esas compañías sean el común denominador del día a día de las actividades comerciales locales e internacionales.
Recomendaciones
Todos los ciudadanos debemos aunar esfuerzos y comprometernos en la lucha contra la corrupción porque esto ayudará a disminuir los índices de corrupción de nuestros países y para ellos recomendamos lo siguiente:
- Las empresas deben comprometerse a actuar ética y honestamente en todas las jurisdicciones donde operen y a respetar las condiciones del mercado.
- La participación ciudadana, dentro de los cánones del respeto a los demás y a la propiedad privada, en la lucha contra la corrupción no solo es necesaria sino fundamental en la lucha contra la corrupción y el soborno.
- Los gobiernos deben tener voluntad política para atacar estos flagelos, sancionado de forma disuasiva las violaciones a la ley.
- Los organismos de control deben participar oportunamente en la investigación de los actos de corrupción y soborno respetando el debido proceso.
- Los sistemas judiciales de cada país deben ser eficientes y oportunos para sancionar los actos de corrupción y soborno.
- Los legisladores deben apoyar y promover decisivamente leyes transparentes, eficaces y efectivas en contra de la corrupción y el soborno.
Referencias
- Ver Informe completo en: https://images.transparencycdn.org/images/2020_Report_CPI_EN.pdf
- Ver artículo completo en: https://ricsmanagement.com/press/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2019/
- Según datos de la Universidad Johns Hopkins al 31 de enero de 2021: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
- Ver artículo completo en: https://ricsmanagement.com/press/la-corrupcion-privada/
- Ver artículo completo en: https://ricsmanagement.com/press/lucha-contra-la-corrupcion-de-las-palabras-a-los-hechos/
- Ver artículo completo en: https://ricsmanagement.com/press/sistema-de-administracion-de-riesgo-de-soborno-trasnacional-sars/
*Juan Pablo Rodríguez C.
Abogado Penalista
Escritor, conferencista y consultor internacional.
Certificado en Compliance CESCOM® de la Asociación Española de Compliance, ASCOM, 2020
Certified Lead Auditor, Lead Implementer y Trainer en ISO 37001 Gestión Antisoborno, PECB, 2020
Certified Professional in Anti-Money Laundering – CPAML de FIBA (Florida International Bankers Association).
Certified on Governance, Risk Management and Compliance Professional (GRCP) y GRC Fundamentals of Open Compliance and Ethics Group (OCEG), 2016
Presidente y Socio de RICS Management.
**René M. Castro V.
Contador Público con Magister en Contabilidad y Auditoría de Gestión de la Universidad de Santiago de Chile.
Escritor, conferencista y consultor internacional.
Certified Trainer y Lead Compliance Manager en ISO 19600 Gestión de Cumplimiento, PECB, 2020
Certified on Financial Services and Market Regulation, London School of Economics, (LSE), 2016
Certified on Corporate Compliance and Ethics, New York University, 2015.
Vicepresidente & Socio RICS Management
***Camilo A. Rueda B.
Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia con estudios de Maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra.