A pesar de las regulaciones y otros esfuerzos, una corrupción generalizada afecta el crecimiento y la reputación de México
Por: Daniela Guzman
19 de Febrero
El panorama financiero y político de México es una verdadera dicotomía. El país ha crecido hasta convertirse en una potencia económica y un líder en el sector industrial y comercial, pero la delincuencia organizada, de la mano de los carteles de la droga, y la corrupción política han manchado lo que de otra manera podría interpretarse como una historia exitosa.
El soborno y otras formas de corrupción pueden reducir en miles de millones de dólares los niveles de crecimiento de un país, según estimados del Banco Mundial. Los actos de corrupción, en especial aquellos cometidos por personas que trabajan para agencias y fuerzas de ley a instancias de los carteles de la droga, también puede llenar de vergüenza y traer conflicto entre los ciudadanos del país.
A pesar de que México es uno de los principales países en América Latina en alzar las voces contra el flagelo de la corrupción, esto ha sucedido básicamente en los papeles.
El país cuenta con una serie de políticas, agencias y protocolos para la prevención del fraude y el soborno pero, en términos generales, tales medidas han fracasado para impedir los negocios ilícitos, como lo demuestran las tasas endémicas de delitos teñidos de corrupción.
El abogado Luis F. Ortiz del bufete de abogados OCA Law Firm radicado en la ciudad de México, tiene extensa experiencia con investigaciones, litigio, y consultoría en el ámbito anticorrupción, y pinta un panorama de su país.
“El tráfico de influencias, la extorsión y el soborno son las formas más comunes de corrupción que encontramos en México, y el lavado de dinero sigue siendo un problema aún no resuelto que se conjunta con el soborno para crear la tormenta perfecta: un país con un estado de derecho cuestionable, una gobernanza débil y un mar de oportunidad para la corrupción”, señala Ortiz.
“El sexenio en curso se ha llenado pronto de escándalos y estos involucran a empresas y políticos, fallas en los proceso de contratación son visibles junto con fraudes que involucraron instituciones bancarias.”
Transparencia Internacional señala que México ha obtenido una calificación de 35, donde cero es altamente corrupto y 100 es muy limpio.
Además, según estimados del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la corrupción le cuesta a México aproximadamente $ 1.500 millones por año. Las empresas mexicanas reservan un 10% de sus ganancias para sobornos y «comisiones» para poder operar, según el mismo estudio.
Una de las deficiencias más evidentes de México en términos de corrupción es uno de los baches más reciente y salvaje.
A finales de septiembre del año pasado, agentes de la policía, que más tarde se supo que cumplían órdenes de líderes de los carteles, secuestraron a decenas de estudiantes, y los entregaron a bandas de narcotráfico para supuestamente ser torturados y masacrados. Los investigadores desenterraron varias fosas comunes y han encontraron cuerpos calcinados.
Algunos de los estudiantes desaparecidos han sido identificados, pero las autoridades y los familiares tienen que esperar por evidencia de ADN para confirmar muchos otros.
Además de provocar la condena nacional e internacional y entorpecer el crecimiento de un país con el drenaje de las arcas públicas, la corrupción también recorta drásticamente la inversión extranjera.
Un escándalo de soborno altamente mediatizado en la filial mexicana de una de las compañías minoristas más grandes del mundo, Walmart, reveló graves ilegalidades cometidas por ejecutivos de alto nivel en 2005, y la sospecha de pagos indebidos de hasta US$24 millones.
En este acto de corrupción se violaron tanto las leyes de México como de Estados Unidos y dejó graves cicatrices en la reputación y presupuesto de la empresa: la investigación le costó a Walmart US$439 millones entre 2012 y 2014, una de las investigaciones más caras en la historia de Estados Unidos.
La corrupción es un problema costoso en México, que ha llevado a las autoridades y al sector privado a combatirla a través de varios esfuerzos legales.
Si bien existen leyes que prohíben el soborno y maniobras ilegales en México, la implementación y la capacitación son componentes clave y necesarios para la erradicación de la corrupción, que faltan tanto en calidad como en cantidad en todo el país.
Tanto las empresas mexicanas como las extranjeras que están establecidas en México deberían conocer a esta altura los riesgos involucrados en la región, y deberían estar al tanto de las obligaciones legales a las que están sujetas a fin de establecer e implementar una eficiente estrategia de cumplimiento, según los analistas.
México ha firmado tres convenciones internacionales anticorrupción: de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y las Naciones Unidas.
Además, las compañías estadounidenses –y algunas mexicanas y extranjeras bajo ciertas condiciones, como por ejemplo que coticen en mercados de EE.UU. o cuenten con filiales en EE.UU. — están sujetas a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EEUU (Foreign Corrupt Practices Act o FCPA), que sanciona actos de corrupción de ciudadanos y entidades en todo el mundo.
El Pacto por México fue firmado en 2012 por el presidente Enrique Peña Nieto y los jefes de los principales partidos políticos del país. El pacto, que busca unir a los ciudadanos y al gobierno en una causa común para combatir la corrupción, enfatiza la transparencia.
Del mismo modo, se promulgó una ley en junio de 2012 contra la corrupción en los contratos públicos federales. La ley asegura que los procedimientos de los contratos públicos sean llevados a cabo bajo marcos legales transparente y obliga a los propietarios de negocios a competir en igualdad de condiciones.
Algunos los han comparado con la ley FCPA de EEUU, pero el abogado y experto anticorrupción mexicano Luis Ortiz señala que este concepto es incorrecto.
“Efectivamente, hay profesionistas que tienden a comparar las dos leyes, lo cierto es que solamente se parecen en su redacción”, señala Ortiz y agrega que habría que hacer un estudio mucho más profundo para fundar esta aseveración tomando en cuenta lo siguiente:
La ley ha desatado un debate por la exclusión de otro tipo de contratos públicos, como los municipales y estatales, que no están mencionados. También, la ley impone sanciones administrativas, a diferencia de la FCPA, que impone el peso civil y penal.
La ley mexicana, sin embargo, sanciona a ciudadanos mexicanos y extranjeros por delitos vinculados a los contratos públicos con alcance federal, y a ciudadanos mexicanos por infracciones relacionadas con transacciones comerciales internacionales.
La ley impone multas a individuos de entre 1.000 y 50.000 salarios mínimos de México DF. Para las entidades, pueden ser de 10.000 a 20.000 salarios. La persona o entidad también tendrá prohibido firmar acuerdos públicos durante un cierto período, dependiendo de la gravedad de la violación.
Sin embargo, Ortiz dice que está lejos de ser una ley completa e integral contra la corrupción.
“Lo cierto es que México cuenta con leyes administrativas, fiscales y criminales que pudieran, en conjunto hacer las veces de los efectos del FCPA , que fue promulgada en 1977,” según Ortiz. “Sin embargo para lograr el efecto, un caos legal y todo el aparato de Estado debería volcarse sobre el inculpado para lograr el efecto ‘books and recordkeeping’, lograr sanción criminal, lograr una recuperación de activos (y esto es altamente cuestionable) y el Deferred Prosecution Agreement o el Non Prosecution Agreement estarían fuera de la ecuación”.
Desafortunadamente, la ley no aclara si la persona o la entidad tiene que conocer sobre el delito cometido para ser sancionada.
La aplicación e interpretación de ese claroscuro queda en las manos de las autoridades donde ocurre el contrato público. La Secretaría de la Función Pública, es la única autoridad a cargo de investigar cualquier posible acción ilegal.
“La legislación empezó a activarse muy tarde y parte de la responsabilidad de ello fue que la autoridad encargada ha sido irregular en su gestión,” dice Ortiz.
Independientemente de la ley de contratos, el código penal federal sanciona el soborno y el tráfico de influencias.
Distintas medidas como el programa nacional para la transparencia y la lucha contra la corrupción 2008-2012 presentan campañas para promocionar una cultura de la legalidad y anticorrupción así como la distribución de manuales de capacitación para proporcionar a los servidores públicos y ciudadanos en el sector privado con orientación sobre conductas éticas en sus relaciones con el sector público.
Sin embargo, un estudio del equipo Legal y de Fraude de Ernst and Young señala que el 38% de los profesionales en la alta gerencia en México considera que el soborno es un paso necesario para obtener contratos.
Bruno Blackmore, líder del grupo de EY señaló en una conferencia de prensa que la percepción de la corrupción en México creció del 60% al 65% en dos años, lo que significa que más de la mitad de los que respondieron a la encuesta consideran a su país corrupto.
“Si decimos que el fraude es predominante y la corrupción ha crecido en México, entonces ¿qué estamos haciendo?”, señala Blackmore.
Entrenar al equipo y supervisar a los terceros es esencial para erradicar la corrupción, especialmente en México, un país que está formando una estructura legal compleja, junto con un aumento de oportunidades de crecimiento económico con riesgos acompañantes. Ortiz dice que la implementación de una política de cumplimiento efectiva empieza con buen entrenamiento.
“Generalmente, la empresa multinacional ha tomado cuenta de la situación y de la ley y la ha incorporado a su programa de compliance para dar entrenamiento a las áreas clave como ventas, marketing y legal”, dice. “El entrenamiento más efectivo es aquel que es presencial, al menos 2 veces por semana y que va de la mano con una política seria con un sistema de sancionador y la integridad como bandera”.
Para acompañar este artículo, la ACFCS ha realizado una entrevista con el experto Diego Sierra, socio del bufete de abogados Von Wonbeser & Sierra, S.C. Sierra tiene más de una década de experiencia y es la cabeza de la práctica anticorrupción. Sierra ha dirigido varios casos de alto-nivel de anticorrupción, incluyendo investigaciones de múltiples jurisdicciones, y programas de cumplimiento para clientes enfocados en la FCPA. Para leer la entrevista, haga clic aquí.