Para la OCDE Argentina se queda corta en la lucha contra la corrupción
Argentina debe promulgar con urgencia el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y cumplir así con la Convención para Combatir el Cohecho
Dieciséis años después de su ratificación, la Argentina continúa incumpliendo la Convención para Combatir el Cohecho de la OCDE. Sigue sin poder responsabilizar a las empresas por el cohecho internacional ni procesar a los ciudadanos que cometan este delito en el extranjero. La Argentina debe ahora asegurar que el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, presentado en el Congreso en 2016, aborde estas y otras lagunas importantes, y que se promulgue sin demoras.
El Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE acaba de finalizar su informe sobre la implementación por parte de la Argentina de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales e instrumentos relacionados. Este Informe es consecuencia de la decisión excepcional, adoptada por el Grupo de Trabajo en 2014, de llevar a cabo una evaluación adicional de la Argentina.
El Grupo de Trabajo ha realizado nuevas recomendaciones para que Argentina mejore la lucha contra el cohecho internacional, entre las que se incluyen:
- reducir significativamente el retraso en investigaciones y procesamientos de delitos económicos complejos;
- investigar proactivamente y enjuiciar todos los casos de cohecho internacional, según corresponda;
- reducir el elevado número de vacantes judiciales y el uso de jueces subrogantes;
- garantizar que los jueces de instrucción y los fiscales dispongan de los recursos necesarios.
Si bien desde diciembre de 2015 se han realizado importantes esfuerzos para implementar la Convención, la Argentina también debe adoptar medidas urgentes que den respuesta a las preocupaciones relacionadas con la independencia judicial y del Ministerio Público Fiscal.
El informe también señala algunos avances positivos. El proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas ocupa un lugar destacado en la agenda del actual gobierno. Se ha aprobado la prohibición expresa de la deducción fiscal de los pagos por cohecho de servidores públicos extranjeros.
Las autoridades argentinas han realizado importantes esfuerzos para involucrar al sector privado y promover programas de cumplimiento por parte de las empresas. También se han realizado esfuerzos dentro de la administración pública argentina para concientizar sobre el cohecho internacional. Se han abierto investigaciones judiciales en varios casos de cohecho internacional, aunque algunos de ellos deberían investigarse de forma más proactiva. La Argentina ha adoptado medidas para ampliar la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. También se han extendido las pautas de elegibilidad en el régimen de contrataciones públicas. Se ha incrementado el intercambio de información financiera entre las autoridades competentes.
El informe contiene, en sus páginas 63-68, todas las recomendaciones del Grupo de Trabajo para Argentina. También, incluye una visión global de las recientes medidas de aplicación de la ley y de las características específicas jurídicas, políticas e institucionales del marco establecido por la Argentina para combatir el cohecho internacional.
En octubre de 2017 y marzo de 2018, la Argentina deberá presentar informes al Grupo de Trabajo sobre el progreso realizado en el cumplimiento de determinadas recomendaciones clave. Para marzo de 2019, la Argentina deberá presentar un informe sobre la implementación de todas las recomendaciones. Este informe será público. El Grupo de Trabajo podrá adoptar medidas adicionales en función de los avances de la Argentina en la implementación de las Recomendaciones de la Fase 3bis.