Panamá, que intenta salir de la lista gris del GAFI, aprueba leyes clave que incorporan nuevos sectores y obligaciones ALD
Con esta nueva Ley 23 se ampliarán a 31 los sectores que deben implementar los controles y la supervisión para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Panamá. “Esta Ley establece las herramientas necesarias para fortalecer la responsabilidad, capacidad y efectividad de los organismos de supervisión y control, así como las obligaciones de suministro de información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por parte de los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, como parte de las medidas de prevención de estos delitos en los sectores regulados”, señaló el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá en un comunicado.
La ley responde a una necesidad del país de actualizar sus normas acorde a los estándares internacionales con miras a fortalecer el marco legal contra el lavado y tiene dos objetivos fundamentales: proteger a importantes sectores de la economía panameña para que no sean utilizados por delincuentes que intentan limpiar capitales producto de actos delictivos y sacara al país de la lista gris del GAFI, según señaló Dulcidio De la Guardia, titular del MEF.
Con esta ley Panamá cubre el 70% del Plan de Acción acordado con el GAFI y de esta forma busca allanar el camino para la salida del país centroamericano de la lista.
Debido a su inclusión en la lista del GAFI, varios bancos panameños y otras instituciones vieron afectadas sus relaciones comerciales y de corresponsalía en otros países, principalmente en EE.UU., por lo que gobierno panameño busca actuar con celeridad para salir de la lista y evitar el perjuicio comercial que esto le puede ocasionar a comercio internacional y relaciones financieras de las instituciones del país.
Las nuevas actividades que serán supervisadas son las casas de empeño, las casas de cambio y las compañías dedicadas a la comercialización de metales y piedras preciosas. También las empresas de las zonas francas como la Zona Libre de Colón, las promotoras y corredores de bienes raíces, los casinos y juegos de azar, los abogados, los contadores, auditores y notarios tendrán mayores controles y quedarán bajo fiscalización en materia de cumplimiento de normativa para la detección, prevención y combate del lavado de dinero.
En materia de controles para áreas económicas específicas y zonas francas, la nueva ley busca que exista una documentación adecuada de transacciones de comercio internacional y la identificación de fondos de pagos en efectivo. «Es muy importante entender estas nuevas cargas, estas nuevas responsabilidades que tienen los sectores no financieros, los cuales indirectamente le ponen una responsabilidad a los sectores financieros, ya que al momento que abran una cuenta van a tener que cerciorarse que cumplan con la nueva obligación legal», señaló Roberto Sayavedra. Director Senior de la firma FTI Consulting en Panamá, en un reciente evento de capacitación de ACFCS.
En el marco de la nueva ley, los organismos de supervisión de Panamá tendrán acceso a la información en materia antilavado de dinero de los sujetos obligados en relación con sus clientes, productos que ofrecen y servicios que brindan.
Con la nueva ley “se salvaguarda a empresas y trabajadores de sectores claves para el país, tanto financieros como no financieros, y se abre paso a una nueva era de transparencia en Panamá y de cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”, señala el MEF.
“El documento fue elaborado a través de múltiples consultas con el sector privado, iniciadas en el último trimestre del año 2014, con el cual lograremos reforzar las bases de competitividad y transparencia, pilares que estamos construyendo conforme a los estándares internacionales establecidos”, recalcó el ministro De La Guardia.
Panamá también aprobó la reforma de la Ley 47 de 2013, con la nueva Ley 18, que entra en vigor el 4 de mayo próximo y que crea un régimen de custodia de las acciones al portador a través del cual las compañías deben registrar las acciones al portador antes de fin de año.
Varios organismos internacionales habían cuestionado que en la ley original se incluyeron artículos para postergar la implementación efectiva de la inmovilización de las acciones al portador hasta el 2018, pero la nueva normativa reformula este plazo.
Los títulos al portador quedarán en manos de un custodio autorizado para que eventualmente se pueda conocer el beneficiario final de las acciones de una compañía.
Con la reforma aprobada por este Gobierno ese período se reduce hasta finales de este año. En ese momento, todas las empresas que hayan emitido acciones al portador deberán haberlas entregado a un custodio autorizado. De esta forma será más fácil seguir el rastro al movimiento de los títulos y, en última instancia, conocer el beneficiario final.
«Toda sociedad que emita certificados de acciones al portador con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley deberá entregarlos al custodio autorizado nombrado por el propietario», señala la ley. Con respecto a los certificados de acciones al portador que se hayan emitido con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, tienen plazo hasta el 31 de diciembre próximo para reemplazarlos por certificados de acciones nominativas o entregarlos en custodia.
Para nombrar a un custodio autorizado, el propietario deberá proporcionar a la compañía emisora el nombre completo del custodio autorizado, su dirección física y los datos de una persona a la que la sociedad emisora podrá contactar.
Próximamente, el país volverá a ser examinado en materia de transparencia fiscal por el GAFI.