El monumental escándalo de corrupción en Brasil relacionado con la petrolera Petrobras lo posicionó al gigante latinoamericano como uno de los países con el peor desempeño en el índice anual de corrupción mundial recientemente publicado por Transparencia Internacional, mientras que en otros países, como Guatemala y Ghana, se congregaron focos de resistencia traducidos en protestas sociales contra regímenes corruptos.

El nivel de corrupción a nivel internacional es enorme, según Transparencia Internacional, los países pobres pierden un estimado de US$ 1 billón al año por hechos de corrupción.

Además, según TI, casi el 70% de los países del mundo tiene un grave problema de corrupción. La mitad de los países en el G-20 se encuentra en este grupo. Es más, esto equivale a dos tercios de los 168 países en el índice que califican por debajo de 50; en una escala que va de cero, lo que se percibe como muy corrupto, a 100, que se considera muy transparente o limpio.

Brasil fue el país que más cayó en el índice, cayó 5 puntos y perdió 7 posiciones. El escándalo Petrobras llevó a que la gente saliera a las calles en 2015 para protestar. El comienzo de un proceso judicial en Brasil y otros países pueden ayudar a que Brasil tome mayores iniciativas contra la corrupción.

Aun así, las grandes economías, como Estados Unidos, Reino Unido y las regiones más pequeñas de todo el mundo están tomando iniciativas para luchar contra la corrupción, principalmente dedicando más recursos y mayor atención a combatir los “cleptócratas” de primer orden. En el sector privado, los bancos también están creando y entrenando equipos de cumplimiento para que entiendan las señales de alerta de individuos y transacciones corruptas.

“El Índice de Percepción de la Corrupción de 2015 muestra claramente que la corrupción sigue siendo una plaga en todo el mundo”, señaló José Ugaz, Presidente de Transparencia Internacional, en un comunicado. “Pero 2015 fue también un año cuando la gente tomó las calles para protestar contra la corrupción. Gente de todo el mundo envió una fuerte señal a aquellos en el poder: es el momento para hacer frente a la corrupción en gran escala”.

El grupo señaló que en lugares como Guatemala, Sri Lanka y Ghana, activistas, en grupo o en forma individual, trabajaron duro para expulsar a los corruptos, enviando un fuerte mensaje que debería animar a otros para que tomen medidas claras y determinantes en 2016.

“La corrupción puede ser derrotada si trabajamos juntos”, dijo Ugaz. “Para acabar con el abuso de poder, el soborno y traer luz y transparencia a convenios opacos y secretos, los ciudadanos en conjunto deben decirle a sus gobiernos que ya ha sido suficiente”.

Los países que más han caído en el índice en los últimos cuatro años incluyen a Libia, Australia, Brasil, España y Turquía. Entre los países que más han mejorado están Grecia, Senegal y Reino Unido.

Dinamarca ocupó el primer lugar por segundo año consecutivo; Corea del Norte y Somalia fueron los países con el peor desempeño, anotando sólo 8 puntos cada uno.

Estados Unidos se ubicó en el puesto 16, mejor que Hong Kong, Irlanda, y muchos países de Europa, Asia y el Medio Oriente, pero peor que Suecia, Suiza y Reino Unido.

Nuevas unidades contra la corrupción

En agosto del año pasado, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (National Crime Agency, NCA), declaró que había formado una nueva unidad para hacer frente a “serios actos de soborno, corrupción y lavado de dinero en todo el mundo”, llamada la Unidad de Corrupción Internacional (International Corruption Unit). La unidad iría detrás de los 20 políticos más corruptos del mundo involucrados en actos de gran corrupción, saqueo y lavado de dinero.

La nueva unidad adoptará tácticas históricamente utilizadas contra bandas que se dedican al contrabando de drogas – incluyendo operaciones encubiertas y vigilancia encubierta – para descubrir actos de corrupción y lavado de dinero, y actuaría en tándem con aliados clave, incluyendo EE.UU. y Suiza, dijo el jefe de la unidad Joe Benton al periódico The Independiente el mes pasado.

El FBI, junto con la Sección de Fraudes del Departamento de Justicia de EE.UU. anunció recientemente la creación de equipos especiales enfocados en investigar y atacar el soborno extranjero, cleptocracia y la actividad criminal relacionada: tres escuadrones dedicados a la corrupción internacional, con sede en la Nueva York, Los Ángeles y Washington, DC.

Combatientes anticorrupción comparten rasgos y características clave

Los países de mejor desempeño en la lucha contra la corrupción comparten ciertos rasgos característicos incluyendo altos niveles de libertad de prensa, transparencia presupuestaria para que el público sepa dónde viene el dinero y cómo se gasta, líderes políticos con integridad y absoluta independencia, un sistema judicial imparcial que no diferencia entre ricos y pobres.

Por el contrario, los países considerados los más corruptos también tienen un número sorprendente de patrones tóxicos en común, que incluye regiones sacudidas por conflictos y guerras, un mal gobierno o una gobernanza deficiente, instituciones públicas débiles, como la policía, grupos de poder judicial y de vigilancia, y la falta de independencia y protecciones para los que están en los medios de comunicación.

El Índice de Percepción de la Corrupción, de acuerdo con TI, se basa en las opiniones de expertos sobre corrupción en el sector público.

Un gobierno abierto, donde el público puede endilgar responsabilidad a los líderes y donde existen órganos de control fuertes son algunos de los factores clave que pueden ayudar a las puntuaciones de los países, mientras que una puntuación baja es sinónimo de “soborno preponderante, falta de castigo para los actos de corrupción e instituciones públicas que no responden a las necesidades de los ciudadanos”, según TI.

La corrupción a gran escala, según TI, es el abuso del poder en beneficio de unos pocos a expensas de muchos, y causa un daño grave y generalizado a los individuos y a la sociedad. El informe también revela que incluso la corrupción a gran escala a menudo queda impune.

Este año Transparencia Internacional pide a todas las personas a que voten en unmaskthecorrupt.org, así el grupo puede saber cuáles son los casos que el público en general cree que merecen una atención urgente para enviar un mensaje de que el grupo, al unísono con los países en todo el mundo, va a adoptar una postura más enérgica contra la corrupción a gran escala.

Por otro lado, el grupo señala que hay algunas buenas noticias en la lucha contra la corrupción que se han encontrado en Mongolia, Guatemala y en forma más amplia sobre denuncias y whistleblowing en general.

Las más recientes medidas de EE.UU. contra la corrupción incluyen algunas primeras acciones en una serie de sectores de riesgo, incluyendo:

Agosto: The Bank of New York Mellon pagó casi US$ 15 millones para desestimar las acusaciones presentadas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) de que el bancó violó leyes federales antisoborno al conceder pasantías a familiares de funcionarios con lazos a un fondo de Medio Oriente con más de US$ 50.000 millones en activos. El regulador dijo que el banco no evaluó adecuadamente los miembros de la familia para su programa de pasantías, que por lo general es un proceso altamente competitivo y exigente. El banco, en cambio, optó por familiares para influir de manera corrupta a funcionarios del gobierno para obtener o mantener contratos asociados al fondo.

Mayo: El FBI y el IRS acusaron a más de una docena de personas ligadas al órgano de gobierno del fútbol internacional, FIFA, de fraude cablegráfico, crimen organizado y lavado de dinero en complicidad con ejecutivos de marketing deportivo en empresas privadas.

Marzo: El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acuerdo y decomiso civil de US$ 1,2 millones vinculados a ingresos corruptos del ex presidente coreano Chun Doo Hwan.

2014: la compañía eléctrica y de transporte francesa Alstom se declaró culpable en una corte federal de participar en un esquema de soborno generalizado que involucra decenas de millones de dólares y pagó un récord de US$ 772 millones por violar la FCPA.

2014: El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó más de US$ 480 millones de cuentas bancarias en todo el mundo relacionadas con el ex dictador nigeriano Sani Abacha y sus colaboradores, el mayor decomiso jamás relacionado con una medida contra la cleptocracia.

México en la mira

El informe también señala que la corrupción sigue siendo un problema grave y generalizado en México, país que no mejoró en la tabla, obtuvo una puntuación de 35, ubicándose en el puesto # 95 de los 168 países incluidos en el índice, que fue difundido la semana pasada.

México tuvo varios infortunios de alto perfil durante el año relacionados con corrupción, incluyendo el hecho de que el poderoso líder “Chapo” Guzmán haya podido sobornar a guardias y otros para escapar de una prisión de máxima seguridad a través de un túnel elaborado bajo su ducha—su segundo escape exitoso de las autoridades— y un escándalo inmobiliario que salpica al presidente del país.

El grupo también reiteró que hay batallas más pequeñas ganadas en jurisdicciones más pequeñas, pero aun así deben considerarse grandes éxitos para la red de más de 100 capítulos de TI.

“Hemos sido testigos de dos tendencias notables en el continente americano en 2015: el descubrimiento de importantes redes de corrupción a gran escala y la movilización masiva de los ciudadanos contra la corrupción”, dice Alejandro Salas, el director de Transparencia Internacional para las Américas. “Los escándalos de Petrobras y La Línea [una red de corrupción aduanera] son testimonio de estas tendencias en los dos países que más cayeron en la región: Brasil y Guatemala. El reto ahora es hacer frente a las causas subyacentes y reducir la impunidad de la corrupción”.

Por Brian Monroe
26 de enero de 2016

Un fallo a principios de este mes de un juez de la corte de distrito de Estados Unidos en Minnesota indicando que los oficiales de cumplimiento pueden ser considerados legalmente responsable por fallas en los programas ALD dentro de sus instituciones está asustando a muchos profesionales en puestos clave en diversas organizaciones obligadas a contar con controles y defensas contra el delito financiero.

La decisión del juez de la Corte Federal de Distrito, David Doty, es un duro golpe para el ex Director de Cumplimiento de la firma internacional de transmisión de dinero MoneyGram Thomas Haider, que está apelando una multa de US$ 1 millón por presuntos errores que fue puesta en 2014 por la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN).

“El fallo es definitivamente algo importante”, dijo un oficial de cumplimiento de un gran banco con sede en Estados Unidos. “Es algo que da mucho miedo. Sienta un mal precedente para los profesionales de cumplimiento que realmente están tratando de hacer lo correcto. La mayoría de los oficiales de cumplimiento están haciendo las cosas bien y a conciencia”.

La medida contra Haider se produce en un momento muy particular en la historia del cumplimiento en materia de delitos financieros.

En los últimos años, jueces y el público en general han expresado el deseo de que haya una mayor responsabilidad individual en las fallas sistémicas relacionadas con los controles ALD, contra el fraude y otros delitos financieros que han resultado en sanciones de miles de millones de dólares para las organizaciones, pero pocas sentencias de cárcel.

El juez Doty tomó la decisión respondiendo a una petición presentada por los abogados defensores de Haider para desestimar la acusación de FinCEN contra él por varios motivos, entre ellos que las regulaciones ALD no otorgan la autoridad para acusar a individuos por errores corporativos, y que se le negó también el debido proceso, entre otros argumentos legales.

Doty, sin embargo, no estuvo de acuerdo en el punto sobre responsabilidad individual, argumentando en su sentencia de 13 páginas que el aspecto de las regulaciones ALD que requieren que las instituciones establezcan programas de detección y prevención de lavado de dinero se rige por la disposición de sanciones civiles de la ley, que permite sanciones monetarias contra un “socio, director, funcionario o empleado”.

“La ley establece que una pena civil puede ser impuesta a los funcionarios y empleados como Haider, quien era responsable de diseñar y supervisar el programa ALD de MoneyGram”, Doty escribió en la sentencia.

La medida de FinCEN contra Haider tiene sus orígenes en el acuerdo de US$ 100 millones de MoneyGram con el gobierno de Estados Unidos en 2012, en el que la compañía de remesas admitió fallas en el programa contra el lavado de dinero y fraude electrónico.

El fallo, en combinación con el ánimo en general en los últimos años a nivel gubernamental para encontrar más “responsabilidad individual” en las fallas generales de cumplimiento, parece estar colocando a los empleados en los departamentos de cumplimiento en un “callejón sin salida”, dijo que un funcionario de cumplimiento, que pidió no ser identificado.

“Si todo va bien, se supone que debo estar haciendo bien en mi trabajo”, dijo el oficial de cumplimiento. “Pero mi trabajo es apagar incendios todo el tiempo en todos los lugares. Así que eso significa que si algo sale mal, aunque yo esté haciendo mi mayor esfuerzo, puedo terminar entregado en bandeja”.

Además, hay decisiones que se pueden tomar por encima o por debajo de un oficial de cumplimiento que dejan las personas en esa división asumiendo la entera responsabilidad por el accionar de toda una organización, dijo la persona.

En algunos casos, los oficiales de cumplimiento pueden ver un comportamiento sospechoso y pretender reportarlo o cerrar cuentas potencialmente ilícitas, pero pueden recibir órdenes contradictorias por parte de los altos ejecutivos o incluso los gerentes comerciales enfocados mucho más en las utilidades que en el riesgo de lavado de dinero.

Al mismo tiempo, si un oficial de cumplimiento no está de acuerdo con la decisión de un empleado de un rango menor sobre la presentación de un informe de actividades sospechosas o mantener la cuenta de una operación que parece estar relacionado con la actividad ilícita, esta persona puede reportar esas decisiones muy subjetivas a las autoridades siguiendo los canales de denuncias, señala el oficial de cumplimiento.

“Entiendo por qué el gobierno está haciendo esto, pero el foco está fuera de lugar. No es el profesional de cumplimiento quien participa en actividades ilícitas, “son los grupos criminales quienes tratan de lavar el dinero”, dijo el oficial de cumplimiento. “Es muy injusto”.

FinCEN señaló que Haider falló en hacer que MoneyGram cumpliera con las disposiciones antilavado de dinero de la Ley de Secreto Bancario.

FinCEN señaló que Haider no presentó informes de actividades sospechosas sobre ciertos agentes que conocía o sospechaba que participaban en actividades fraudulentas, lavado de dinero, u otra actividad criminal. Al mismo tiempo, la agencia lo acusó de no realizar una adecuada debida diligencia sobre agentes sospechosos, ni los auditó o terminó su relación comercial con agentes de alto riesgo.

Altos ejecutivos hacen la vista gorda

La tensión entre el departamento de cumplimiento y el área comercial fue destacada en el mismo acuerdo de MoneyGram.

El acuerdo indicó que en marzo de 2007 Haider recomendó a MoneyGram que cerrara en forma inmediata 32 puntos de venta específicos en Canadá que tenían reportes de altos niveles de fraude, llamándolos “lo peor de lo peor”.

Pero en una reunión de la empresa un mes más tarde para analizar el cierre de estos puntos de venta, al que asistieron altos ejecutivos de MoneyGram, inclusive vicepresidentes ejecutivos, rechazaron la recomendación del departamento de fraude.

El acuerdo señala que Haider se negó a realizar auditorías en determinados puntos de venta involucrados en el fraude y el blanqueo de dinero porque eran “operaciones criminales” y enviar a su equipo de auditoría a esos puntos de venta pondría el equipo de auditoría en la “peligro físico”.

Algunos creen que Haider hizo todo lo posible para que la alta dirección tomara conciencia de los agentes y tomara la decisión de terminar la relación comercial, pero esta postura fue rechazada por sus superiores, y más tarde se convirtió en el “chivo expiatorio” de los problemas de cumplimiento de la empresa para llegar a un acuerdo, dijo un persona familiarizada con el asunto que conoce personalmente a Haider.

El caso contra Haider acarrea potenciales peligros para FinCEN.

“Si el gobierno no logra probar su caso, FinCEN y el Departamento de Justicia de Estados Unidos se abren a posibles acusaciones de abuso en el proceso”, dijo la persona, que pidió no ser identificado. “Las personas involucradas en el caso en contra de Haider podrían ser demandadas”.

La tecnología financiera, o sector “FinTech”, ha aprovechado al máximo los avances en la tecnología para proporcionar a los usuarios con servicios que se ajustan a una cultura de convivencia e interacción virtual. ¿Dónde encaja el cumplimiento de los delitos financieros con la innovación?

El sector FinTech ofrece una gran cantidad de servicios que no se limitan a los ricos o a la élite. La democratización de los servicios financieros a través de la tecnología está ayudando al sector ingresar a diferentes sociedades y construir una demográfica importante de usuarios. Entre los servicios que estas empresas pueden ofrecer se encuentran los préstamos, transacciones, asesoramiento financiero, transmisión de dinero, muchos fueron monopolizados por el sector bancario hace menos de una década.

Además de proporcionar acceso a fondos, los bancos también pueden otorgar a las empresas FinTech acceso a estrategias de cumplimiento que han llevado décadas para perfeccionar. El cumplimiento de este sector es a la vez una gran oportunidad y un gran obstáculo.

Mientras que algunas empresas FinTech todavía pueden estar en el radar de los reguladores, muchos están tomando la oportunidad de asociarse con los bancos tradicionales para entender cómo prevenir y detectar los riesgos de delitos financieros, evitar sanciones regulatorias, y proteger a sus clientes.

Nuevas regulaciones combinadas con un territorio desconocido y cambiante hacen del cumplimiento un desafío arriesgado y difícil. FinTech es un concepto internacional, transfronterizo. Las regulaciones nacionales no aplicarían de la misma forma que lo hacen para los bancos, a pesar de que el lavado de dinero, evasión de impuestos, privacidad de datos, los riesgos sistémicos son igualmente motivo de preocupación para el sector FinTech.

Cómo se ve el cumplimiento para un negocio FinTech?

Esto puede incluir:

— Asegurar el equipo directivo tenga la intención de cumplir con la regulación, con el apoyo de apropiados entrenamiento, sistemas y controles.

— Entender cómo los servicios pueden provocar situaciones injustas para los consumidores, incluso si no se tiene una interacción directa con el consumidor.

— Crear un enfoque para las actividades de marketing y ventas que incluya procesos para revisar las comunicaciones del cliente para cumplir los requisitos de cumplimiento y que no se minimicen los riesgos a la hora de la promoción y venta.

–Establecer una estructura de premios e incentivos que no lleve a un riesgo excesivo.

–Revisar regularmente los procesos de control y sistemas (por ejemplo para apuntar al riesgo de corrupción y lavado de dinero).

Esta lista puede parecer muy familiar para aquellos en el sector bancario tradicional – esto es porque el cumplimiento en ambos mercados apunta a los mismos objetivos, aunque los procesos pueden ser diferentes desde el principio.

Se viene un cambio, la colaboración entre bancos y firmas FinTech es vital

Profesionales en ambos lados, en el campo tradicional y en el campo de la alta tecnología en servicios financieros, pueden pensar que esto es una batalla entre lo viejo y lo nuevo, y que cada uno tendrá que guardar sus secretos comerciales para seguir siendo relevante.

Sin embargo, la aparición de nuevas tecnologías y la gran demanda de productos y servicios de fácil uso y comprensión por parte de los clientes para el cliente cada vez se parece más a un tren de alta velocidad sin frenos. Ambos sectores se están adaptando a estos cambios, así como a la presión para reducir los costos en el sector bancario, y el cambio de política hacia un régimen de datos abiertos.

A medida que FinTech se expande para incluir los procesos administrativos “middle” y “back office” para proporcionar soluciones a estas nuevos estándares, muchos bancos se esfuerzan por formar parte de esta “tendencia” apoyando la innovación en realidad y el lanzamiento de empresas FinTech.

EE.UU., buscando derribar el secretismo detrás de la compra de bienes raíces de lujo, ordenó el 13 de enero “Geographic Targeting Orders” (GTO)  u órdenes de focalización geográficas para identificar compradores de estas propiedades de lujo.

Preocupado por el dinero ilícito que fluye en y a través de los bienes raíces de alta gama, el Departamento del Tesoro de EE.UU. señaló esta semana que comenzaría la identificación y seguimiento de los compradores secretos de estas propiedades.

La iniciativa busca traer luz y transparencia a uno de los rincones más oscuro del mercado inmobiliario: las compras en efectivo realizadas por empresas fantasmas que a menudo protegen identidades de comprador.

Es la primera vez que el gobierno federal de EE.UU. exige a empresas de bienes raíces que revelen nombres detrás de las transacciones en efectivo, y es probable que una medida de esta naturaleza sacuda la industria de bienes raíces, que se ha beneficiado enormemente en los últimos años de un auge en la construcción donde algunos de los principales clientes son gente acaudalada que busca esconder sus identidades.

La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) de EE.UU. emitió esta semana la GTO que requerirá, temporariamente, que compañías de seguros de Estados Unidos identifiquen las personas físicas que se encuentran detrás de las empresas que se utilizan para pagar ” en efectivo” por propiedades de alta gama en Manhattan y Miami.

A FinCEN, la unidad de información financiera de EE.UU., le preocupa que todas las compras en efectivo – es decir, aquellas sin financiación bancaria – pueden ser realizadas por personas que tratan de ocultar sus activos y la identidad mediante la compra de propiedades residenciales a través de sociedades de responsabilidad limitada u otras estructuras opacas. Para mejorar la disponibilidad de información pertinente para mitigar este potencial riesgo al lavado de dinero, FinCEN requerirá a ciertas compañías de seguros de título que identifiquen y reporten al “beneficiario final” detrás de una entidad jurídica que participa en ciertas transacciones de propiedades residenciales de alta gama en Manhattan y el condado Miami-Dade.

Con estas GTO, FinCEN está procediendo con su enfoque basado en el riesgo para combatir el lavado de dinero en el sector inmobiliario. Luego de haber establecido protecciones contra el lavado de dinero en transacciones inmobiliarias que involucran préstamos donde intervienen instituciones financieras, FinCEN está demostrando que su preocupación actual apunta a las vulnerabilidades de lavado de dinero asociados a las transacciones en efectivo de bienes raíces. Esto incluye las transacciones en las que personas físicas utilizan empresas fantasmas para comprar activos inmobiliarios de alto valor, principalmente en algunas grandes ciudades de Estados Unidos.

“Estamos tratando de comprender el riesgo de que funcionarios extranjeros corruptos o criminales transnacionales, pueden estar usando propiedades de alta gama dentro de EE.UU. para invertir en secreto millones en dinero sucio”, señaló la directora de FinCEN Jennifer Shasky Calvery. “Con los años, nuestras reglas han evolucionado para hacer que el mercado hipotecario estándar sea más transparente y menos fértil para el fraude y el lavado de dinero. Pero las compras en efectivo presentan una brecha más compleja que buscamos abordar. Estos GTO producirán datos valiosos que ayudarán a las agencias de ley y a nuestros esfuerzos más amplios que buscan combatir el lavado de dinero en el sector inmobiliario”.

En circunstancias específicas, los GTO requerirán que ciertas compañías de seguros de título registren y proporcionen a FinCEN la información sobre el beneficiario final de las personas jurídicas que compran ciertas propiedades de alto valor sin financiación externa. Ellos reportarán esta información a FinCEN que la pondrá a disposición de los investigadores de ley como parte de la base de datos de la unidad de información financiera.

La información recopilada desde la GTO apuntalará la capacidad de las agencias de ley para identificar a las personas físicas que intervienen en transacciones vulnerables a ser utilizadas para el lavado de dinero. Esto mitigará la vulnerabilidad clave asociado con estas transacciones: la capacidad de las personas para ocultar su participación en la compra.

FinCEN cubre ciertas compañías de seguros de título, porque el seguro de título es una característica común en la gran mayoría de las transacciones de bienes raíces. Las compañías de seguros de título por lo tanto juegan un papel central que puede proporcionar a FinCEN con información valiosa sobre transacciones inmobiliarias de preocupación. Los GTO no implican ningún hallazgo de FinCEN con respecto a las empresas cubiertas.

Los GTOs estarán en efecto durante 180 días a partir del 1ro de marzo de 2016.

Por Brian Monroe
13 de enero

No sorprende que muchos de los temas clave y las tendencias de 2015 serán problemas aún mayores en 2016, tales como la exactitud y la puesta a punto de los sistemas de monitoreo de transacciones y detección, la profundidad, alcance y seguridad de los datos que alimentan a los programas de cumplimiento, y procedimientos independientes de validación para convencer a los examinadores y reguladores que los programas globales son robustos.

Este año, las instituciones irían más allá de las obligaciones regulatorias para protegerse. Por ejemplo, es muy posible que requieran a un número mayor de clientes que certifiquen que no están vinculados con entidades corruptas o delictivas, pidan que las compañías con las que operan adopten medidas tipo KYC (Conocer al Cliente), o investiguen en mayor profundidad a las entidades con las que mantienen relación para calibrar con mayor precisión los riesgos de delitos financieros. A continuación, algunos de los puntos clave para el 2016 de acuerdo a conversaciones con miembros, oficiales de cumplimiento, consultores y analistas.

Estos son algunos de los puntos clave y álgidos para el 2016, de acuerdo con conversaciones con miembros, oficiales de cumplimiento, consultores y analistas:

Tecnología: Este año podría ver un crecimiento de los “Fintechs” (Financial Technology sector), incluyendo las firmas que ayudan a los bancos con KYC, Conozca su Cliente, a través de herramientas de búsqueda en línea, integridad de datos, y una mejor funcionalidad del sistema para entrelazar cambios en la información de los clientes o transacciones con la evaluación del riesgo histórica en tiempo más real y de una manera más eficiente y poder volcar esta información en forma más rápida en los informes de actividades sospechosas (SAR).

Financiamiento del Terrorismo: el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establece la agenda mundial contra la delincuencia financiera, seguirá utilizando su influencia y recomendaciones para encontrar más formas para que los gobiernos compartan información sobre posibles canales y fuentes de financiación del terrorismo, en particular con vínculos con ISIS, combatientes extranjeros o amenazas de atacantes solitarios y domésticos.

Los recientes ataques terroristas en Francia, ataques de “lobos solitarios” en distintos países, junto con el aumento de la tensión en Medio Oriente, Rusia y otros mercados internacionales en Asia también podrían dar lugar a consecuencias de cumplimiento en 2016.

Debido a los ataques de París, los bancos en Francia y sus sucursales en el extranjero ya han estado estableciendo procedimientos estrictos para la clasificación de los clientes y están preguntando por la fuente de los fondos, han estado bajando los umbrales de montos en efectivo, cheques y giros para la identificación y seguimiento e impulsando para que los bancos descubran los seres humanos detrás de las estructuras de propiedad, según un oficial de cumplimiento para un importante banco francés.

“Hay un gran enfoque en la tecnología dentro de las operaciones de cumplimiento”, tales como sistemas automáticos de alerta, de transacciones y de detección. También un mayor análisis de lo que los gobiernos nacionales y extranjeros están pidiendo en términos de asistencia en la investigación, dijo la persona, que pidió no ser identificado  “Pero también tenemos que hacer las preguntas correctas y encontrar la persona que creó la compañía, la que está detrás de todo”.

Transparencia corporativa: en la Unión Europea y el Reino Unido, hay que prestar atención a la finalización de las iniciativas de participación accionaria o propiedad beneficiaria y más presión para que EE.UU. finalice su versión sobre las normas de propiedad accionaria—que son más débiles que las europeas—, que requieren que los bancos obtengan información desde el 25% de propiedad, pero sin una correspondiente obligación para los agentes de formación de compañías.

Responsabilidad de los oficiales/ejecutivos: debido a iniciativas gubernamentales para atar con más fuerza las fallas de cumplimiento con personas de carne y hueso, este año podría llevar a que oficiales de cumplimiento, altos ejecutivos e incluso miembros de la junta sean castigados, sancionadas o prohibidos por fallas de cumplimiento.

Clientes de clientes: también, para poder evaluar de una manera más certera el riesgo, seguramente los bancos requerirán más información de clientes y corporaciones, e incluso podrían requerir que algunos clientes adopten medidas de tipo ALD – tales como grandes empresas internacionales de comercialización, procesadores de pagos de terceros y negocios y organizaciones benéficas cerca de zonas de alto riesgo- para tener una mejor idea de las vulnerabilidades al lavado de dinero o la corrupción.

Ciberseguridad: seguramente este año los reguladores y autoridades unan con más fuerza las aristas de distintos delitos financieros, incluyendo ALD, fraude, sanciones y ciberseguridad. Las autoridades, sobre todo en Nueva York, podrían llevar a que los bancos utilicen una autenticación de múltiples factores para el personal y los clientes a través correo electrónico, un monitoreo nuevo y más riguroso del personal y de procesos internos de aprobación y requerir que exista experiencia cibernética integrada en todos los departamentos – no ver a la ciberseguridad como un tema de TI.

Las decisiones en torno a este tema y los recursos dedicados a frustrar los ciberdelitos han cobrado mayor importancia luego de que estos delincuentes en los últimos dos años se han infiltrado en algunos de los mayores bancos y tiendas gigantes de venta minorista, entre ellos JPMorgan, Home Depot, Target.

Prevención de Filtración/Violación de Datos: una parte esencial de los esfuerzo de defensa cibernética es que las autoridades están pidiendo que los bancos reúnan y documenten más detalles cibernéticos en los Reportes de Operación Sospechosa. El Departamento del Tesoro de EE.UU. observa que menos del 2% de los ROS en EE.UU. cuentan con información sobre direcciones de protocolo de Internet.

Eso podría incluir más capacitación cibernética para el personal de cumplimiento y un impulso para que los bancos hagan una evaluación de riesgo cibernético, para encontrar huecos virtuales antes que los hackers y para que puedan proteger mejor los datos en caso de que ocurra una violación y logren mayor “resiliencia” y “madurez” cibernética.

A medida que intensifica la presión contra Hezbollah, EE.UU. utiliza algunas de las mismas herramientas que ya puso en práctica para aplicar sanciones contra Irán, que prohíben a los bancos manejar fondos del grupo bajo la amenaza de ser bloqueado por el sistema financiero estadounidense.

Una nueva ley otorga a EE.UU. el poder de imponer sanciones a las instituciones financieras extranjeras que facilitan transacciones para Hezbollah o sus agentes. La ley obligará a los bancos no permitir que personas y entidades vinculadas a Hezbollah realicen transacciones u operaciones a través de sus sistemas, pero el gran desafío será la identificación de éstos, teniendo en cuenta que Hezbollah y sus operativos tienen extendido el uso de empresas fachada.

La ley Hezbollah International Financing Prevention Act de 2015,–Ley de Prevención del Financiamiento Internacional de Hezbollah—fue firmada por el presidente Barak Obama el mes pasado. En ese momento, el gobierno de EE.UU. señaló que la ley busca “maximizar las herramientas disponibles para reducir la red de Hezbollah”, y que la ley atacará la “infraestructura financiera” de la organización.

Hezbollah, el grupo político y militar chiita islamista respaldado por Siria e Irán, que ejerce un poder considerable en el Líbano, es considerado por Estados Unidos una organización terrorista.

Esta ley se inspira en una legislación de 2010 que endureció considerablemente el régimen de sanciones de Estados Unidos contra Irán. La ley, que se llama Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010, conocida como CISADA, dio a EE.UU. la autoridad para imponer sanciones a los bancos extranjeros por el manejo de ciertas transacciones con entidades iraníes sancionadas, incluyendo sus bancos que ya se encontraban bajo el régimen de sanciones de Estados Unidos.

Muchos expertos señalan que si los bancos quieren seguir haciendo negocios en o a través de EE.UU. ahora deberán darle prioridad a su debida diligencia relacionada con el Hezbollah y no proveer servicios financieros a entidades que figuren vinculadas con esta organización.

Si una entidad financiera ha tomado la decisión de ser parte del sistema financiero de EE.UU., va a tener que cumplir con estas nuevas obligaciones.

Pero encontrar esas entidades puede requerir tiempo y mucha de investigación. Funcionarios de EE.UU. han señalado en repetidas ocasiones en los últimos años que Hezbollah frecuentemente hace negocios con operativos o intermediarios que manejan empresas pantalla.

En la primera semana del 2016, Estados Unidos incluyó en su lista negra a Ali Youssef Charara y a su compañía de telecomunicaciones por apoyar al grupo terrorista. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos descubrió que Charara, presidente y gerente general de la sede en el Líbano de Spectrum Investment Group Holding SAL, recibió millones de dólares de Hezbollah para invertir en los proyectos comerciales que apoyan el grupo terrorista.

Las autoridades descubrieron que Charara también contaba con empresas en el área del petróleo en Irak manejadas por un miembro de Hezbollah, Adham Tabaja. Además, se probaron sus vínculos con Kassem Hejeij, conocido financista de la organización. Ambos, habían sido sancionados por EE.UU. meses atrás. En las investigaciones también surgieron evidencias de lazos directos entre Charara y los altos mandos de Hezbollah.

La incorporación de Charara a la lista negra es la primera desde que se aprobó en diciembre de 2015 la nueva ley de sanciones contra Hezbollah.

“Hezbollah utiliza muchas empresas de fachada”, dijo una portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando EE.UU. impuso sanciones en julio de 2014 contra Stars Gold Holding, una entidad que EE.UU. alegó ayudó a Hezbollah a obtener equipo militar sofisticado.

A pesar de esta dificultad y debido al potencial daño que pueden sufrir por incumplimiento, los bancos tienen que hacer un trabajo delicado para evitar abrirle sus puertas comerciales a Hezbollah y sus aliados.

Estas novedades ocurren en el mismo momento en se estima que Hezbollah se encontraría bajo presión financiera. El grupo se encuentra en varias rondas de sanciones de Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro mantiene una lista, conocida como la Lista de la Parte 561, de los bancos sancionados bajo CISADA. Tres bancos están actualmente en la lista, incluyendo e banco chino Bank of Kunlun Co., que EE.UU. alegó en 2012 había proporcionado servicios financieros por cientos de millones de dólares para bancos iraníes que se encontraban sancionados.

Beijing, se opuso a la decisión de Estados Unidos, argumentando que las sanciones estadounidenses contra las instituciones financieras chinas violaban las normas que rigen las relaciones internacionales y afectaban los intereses de China.

Las autoridades estadounidenses utilizarán la nueva ley contra Hezbollah para continuar el ritmo de sanciones que buscan golpeara  grupos enfrascados en actividades ilícitas.

Este artículo fue publicado originalmente en International Enforcement Law Reporter, www.ielr.com, una publicación muy respetada que cubre temas de derecho penal, delitos financieros y más. Se publica con el permiso del abogado, experto en delitos financieros, y miembro del Consejo de Asesores de ACFCS Bruce Zagaris.

Por David A. Sadoff 1

El 1 de diciembre de 2015 se hizo pública una orden ejecutiva firmada por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos en octubre, rechazando una solicitud de Estados Unidos para la extradición de Juan Vicente Carvajal, más conocido por su nombre de guerra Misael, quien fue acusado de tráfico de drogas en Nueva York. 2

Misael es el presunto jefe financiero de una unidad de las FARC activa en la parte oriental de Colombia. Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), un grupo rebelde de izquierda, lleva un enfrentamiento con el gobierno colombiano desde 1964 en lo que es considerada la guerra más larga de América Latina, que hasta el momento ha resultado en la muerte de 220.000 personas y el desplazamiento de millones de personas. Para ayudar a financiar su revolución, las FARC han forjado alianzas con organizaciones de narcotraficantes en Colombia y se ha transformado en un grupo narcotraficante líder. 3

Un giro hacia la paz

Cabe destacar que la decisión del presidente Santos es la primera vez en muchos años que Colombia ha negado una solicitud de extradición a Estados Unidos para un miembro de las FARC. Su decisión se produce apenas unos meses antes del plazo establecido, el 23 de marzo de 2016, para concluir un acuerdo de paz con las FARC después de tres años de negociaciones en La Habana, Cuba. 4 La opinión generalizada es que, en la decisión de no extraditar a Misael, el presidente Santos está indicando su intención de cumplir con un objetivo principal en el proceso de negociación con las FARC- el cese de las extradiciones de las FARC a EE.UU. – con la esperanza de asegurar un acuerdo de paz. 5

En septiembre de 2015, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia se había pronunciado a favor de la extradición de Misael, Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de Colombia para la Paz afirmó enfáticamente que el acuerdo de paz se vería comprometido si no se frenaban las extradiciones: “Nadie va a participar en el acuerdo de paz para luego ser extraditado”. 6 El propio presidente Santos durante una visita a España seis meses antes razonó con la misma lógica: “no creo que ningún guerrillero entregará sus armas sólo para ir a morir a una cárcel de Estados Unidos”. 7

Además, durante la última semana de noviembre, el presidente Santos ordenó la libertad en los próximos meses de 30 rebeldes de las FARC detenidos en cárceles colombianas en lo que se entiende como gesto para mostrar su compromiso con las conversaciones de paz. 8

El estatus del proceso de paz

Hasta la fecha, las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC han resultado en “acuerdos parciales sobre la reforma rural, el fin del tráfico de drogas y la participación política para ex rebeldes, así como acuerdos para eliminar las minas terrestres y la búsqueda de miles de personas desaparecidas. El gobierno y los insurrectos aún deben llegar a un acuerdo sobre la desmovilización rebelde y reparación a las víctimas”. 9

Líderes de las FARC han indicado que la desmovilización rebelde no puede llevarse a cabo sin la protección contra la extradición a EE.UU. por delitos del pasado. 10 Las FARC se han comprometido a dejar el tráfico de drogas y ayudar a las autoridades a desmantelar su estructura criminal mientras se transforma de un grupo guerrillero en un partido político. 11 Por su parte, el gobierno colombiano ha declarado que un acuerdo de paz muy probablemente incluirá una disposición para proteger a los rebeldes de la extradición a EE.UU. 12

Las conversaciones de paz han tenido sus detractores, en particular los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, que han criticado el proceso de paz por ser demasiado indulgente con respecto a los delitos de narcotráfico cometidos por las FARC. Para complicar las cosas, cualquier acuerdo de paz estará sujeto a un referéndum público. 13

Extradiciones colombianas a EE.UU.

Desde que el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Colombia entró en vigor en marzo de 1982, ha sido una fuente de controversia para muchos grupos en Colombia, incluyendo el Cartel de Medellín, que había buscado su anulación. En 1991, Colombia promulgó una nueva Constitución que acomodaba eficazmente a estos grupos inmunizando a los ciudadanos colombianos de la extradición, pero esa disposición fue revocada por la enmienda en 1997. 14

Desde entonces, Colombia ha extraditado consistentemente a miembros de las FARC, incluyendo a líderes tales como Simón Trinidad por tráfico de drogas, secuestro, y otros crímenes. 15 En la actualidad, alrededor de 60 miembros de las FARC han sido acusados en EE.UU. de delitos relacionados con narcóticos y por lo tanto, podrían ser objeto de extradición. 16

La extradición también fue un tema en el contexto de las negociaciones de paz entre el ex presidente colombiano Uribe y los paramilitares. En 2003, para asegurar la paz con los paramilitares, el gobierno de Colombia extendió un acuerdo conocido como “Justicia y Paz”, prometiendo que no habría extradiciones y una reducción de las penas de prisión a cambio de que sus líderes se rindieran, depusieran las armas, y suspendieran cualquier actividad criminal, tales como el tráfico de drogas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. 17 A pesar de que el programa no duró más allá de 2008, el presidente Uribe detuvo las extradiciones de paramilitares durante ese período de cinco años. 18

Postura de EE.UU. sobre Extradición vs. Paz

El presidente Santos informó a EE.UU. en octubre que Misael enfrentaría a la justicia colombiana antes de cualquier extradición, 19 por lo que la revelación del primero de diciembre no fue una sorpresa total.

El gobierno de Obama, que ha apoyado las conversaciones de paz, dijo que bajo las circunstancias no apelaría cualquier negación de extradiciones de guerrilleros de las FARC. 20

En efecto, el gobierno de Estados Unidos parece coincidir en que la máxima prioridad debe ser asegurar la paz interna en Colombia, incluso por encima de los propios intereses de las agencias de aplicación de ley de Estados Unidos en presenta los narcotraficantes a la justicia en EE.UU. En una entrevista con Radio Caracol de Colombia, el embajador estadounidense en Colombia Kevin Whitaker declaró que “si el gobierno [de Colombia] decide que no es conveniente extraditarlos [a EE.UU.], nosotros respetamos eso”. 21

Contraste con ELN

A pesar de que las FARC es el grupo guerrillero más grande de Colombia, otros también buscan el derrocamiento del gobierno colombiano, como el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Aunque ya se produjeron conversaciones exploratorias de paz con el ELN, las perspectivas actuales de llegar a buen puerto con el segunda grupo de guerrilleros de Colombia no son muchas. Una emboscada de ELN en octubre resultó en la muerte de 11 soldados y un oficial de policía. Después de la emboscada, el presidente Santos ordenó que las fuerzas de seguridad intensifiquen sus ataques contra el ELN. 22

Importancia

Este caso es importante por varias razones. En primer lugar, la decisión del presidente Santos representa un cambio de rumbo de la práctica reciente en términos de las respuestas del gobierno colombiano a las peticiones de Estados Unidos para la extradición de miembros de las FARC. En segundo lugar, para demostrar su voluntad política y su compromiso con un acuerdo de paz, el gobierno colombiano negó la extradición solicitada incluso antes de estar obligado legalmente a hacerlo. En tercer lugar, la decisión presenta un potencial obstáculo a las extradiciones, a saber, que para restaurar la paz interna, un gobierno puede optar por suspender condicionalmente por un período de tiempo todas o algunas extradiciones. En cuarto lugar, hay que destacar que el país que solicita y el país al que se le solicita –las extradiciones—no siempre tienen intereses opuestos; pueden, como en este caso, encontrar que asegurar la paz en Colombia, después de más de 50 años de violencia prevalece sobre un interés legal.

1 Dr. Sadoff ha ejercido como abogado en materia de la ley de seguridad nacional en Washington, DC y es el autor de un libro de próxima aparición titulado Bringing International Fugitives to Justice: Extradition and Its Alternatives (presentando los fugitivos internacionales ante la justicia: la extradición y sus alternativas), que será publicado por Cambridge University Press.

2 Reuters in Bogotá, Colombia Refuses to Extradite FARC Rebel to US for First Time, THE GUARDIAN, 1ro de diciembre de 2015.

3 Adriaan Alsema, Santos Denies US Request to Extradite ‘FARC Narco,’ COLOMBIA REPORTS, 1ro de diciembre de 2015; Reuters, Colombia: Government Won’t Extradite Rebel to U.S., N.Y. TIMES, 1ro de diciembre de 2015

5 Ver, Colombia Declines to Extradite FARC Guerrilla to US, LATIN AM. NEWS DISPATCH, 2 de diciembre de 2015; Arron Daugherty, FARC-Colombia Peace: Mixed Signals on Drug Extraditions, INSIGHTCRIME.ORG, 25 de septiembre de 2015.

7 LATIN AM. NEWS DISPATCH, supra n.5 (citando EL TIEMPO).

8 THE GUARDIAN, supra n.2.

9 Id.

10 LATIN AM. NEWS DISPATCH, supra n.5.

11 Adriaan Alsema, supra n.3.

12 N.Y. TIMES, supra n.3.

13 Arron Daugherty, supra n.5.

14 LATIN AM. NEWS DISPATCH, supra n.5.

15 THE GUARDIAN, supra n.2.

16 INSIGHTCRIME.ORG, supra n.5.

17 Ver Anne Kelsey, Líder paramilitar colombiana para ser extraditada a EE.UU., 24 INTL. ENF. LEY REPORTERO 217 (2008) (distinguiendo la extradición colombiana de mayo 2008 del líder paramilitar Carlos Jiménez (alias Macaco) sobre la base de su continua participación en actividades paramilitares desde su celda en la prisión).

18 Anne Kelsey, Colombia extradita líderes paramilitares a EE.UU., 24 INTL. ENF. LEY REPORTERO 272, 272 a 73 (2008). Muchos años antes, el presidente de Colombia César Gaviria Trujillo “le aseguró a los traficantes de drogas en ese país que no serían extraditados si se entregan y confiesan al menos un delito relacionado con drogas. Dos de las principales figuras del narcotráfico, Jorge Luis Ochoa y su hermano, Fabio Ochoa, se entregaron bajo este plan”. David Johnston, el FBI arrestó 2 sospechosos de narcotráfico en alta mar, NY Times, 22 de febrero 1991, en A16.

19 Adriaan Alsema, supra n.3.

20 Id.

21 LATIN AM. NEWS DISPATCH, supra n.5.

22 Roberto Ontiveros, Colombia Kills High Level ELN Rebel, Declines to Extradite FARC Rebel to the US, LATIN POST, 7 de diciembre de 2015.

Entrevista a Andrés Betancourt, Socio Senior, y Servicios de Investigaciones Forenses y de Asesoría en Grant Thornton y ex investigador senior de BMO Financial Group, sobre la perspectiva del cumplimiento de delitos financieros para el 2016:

DelitosFinancieros: ¿Qué tendencias de cumplimiento que estuvieron muy activas en 2015 podrían continuar en 2016?

Andrés Betancourt: los siguientes son temas que fueron muy relevantes en 2015:

Ciberseguridad – Varios incidentes de seguridad cibernética cambiaron la forma en la que las instituciones destinan recursos dentro de sus presupuestos para la protección de su información y el fortalecimiento de sus controles para evitar los ataques. Casos como, Ashley Madison, Anthem, Chipotle. Cada vez son más los departamentos de TI que ven aumentar sus nóminas y una tendencia a incluir las medidas de ciberseguridad como partes de los exámenes de las instituciones financieras por parte de los reguladores.

Fintech – Tecnologías emergentes y sus productos y servicios estallaron en 2015 y al principio las instituciones financieras se mostraron reacias a trabajar o colaborar con este tipo de empresas. Al final del año, muchos bancos canadienses, por ejemplo, se han asociado y han invertido en Fintech. Es una gran herramienta, ya que aprovechan sus propias fortalezas como las bases más grandes de clientes, una mayor visibilidad, nuevos productos de tecnología, el acceso a nichos de clientes jóvenes que quieren una banca y servicios más convenientes.

Criptomoneda – Posible concesión de licencias para las empresas en moneda virtual y mejoras en los procesos de Conocer al Cliente (KYC) y software para las operaciones en un intento de legitimar la moneda virtual y entidades similares en el ámbito de los servicios bancarios.

Sanciones – La UE y EE.UU. aplicaron sanciones a Rusia y el continuo riesgo geopolítico (China, Corea del Norte) que tienen un gran impacto en los clientes comerciales y sus operaciones multinacionales.

DelitosFinancieros: ¿Cuáles pueden ser los nuevos temas o desafíos en 2016 y por qué?

AB: Algunas de las cuestiones que posiblemente tendrán un impacto en las tendencias de cumplimiento este año serán un mayor escrutinio regulatorio de todas las instituciones financieras a medida que enfrentan diferentes cambios regulatorios, como desafíos en el área del conocimiento del cliente en relación con FATCA y la mayor responsabilidad por acciones indebidas, lo que llevará a los reguladores a desempeñar un papel más importante a la hora de llevar a las instituciones financieras a que cumplan normas de integridad más altas. La creación y mejora de los programas de denunciantes (whistleblowing) para prevenir los riesgos de reputación no deseados puede convertirse en un elemento de mayor peso en los departamentos de cumplimiento. Operativamente hablando, podría aumentar el énfasis en sopesar los costos de los programas de remediación para “rellenar” información del cliente, específicamente información relacionada con el conocimiento del cliente y la evaluación de riesgos y decidir si el outsourcing y offshoring de funciones ALD es mejor que gastar más dinero en la expansión de equipos de cumplimiento.

También podría haber un mayor protagonismo para: tecnología biométrica en KYC; Verificación KYC digital así como la posible adopción de KYC través de redes sociales, sistemas de identidad.

DelitosFinancieros: ¿A dónde cree que apuntarán los reguladores en 2016 y por qué?

AB: La preparación de las instituciones financieras para contar con los controles adecuados para identificar los PEPs domésticos. Mayor flexibilidad en las regulaciones relacionadas con operaciones a distancia que no involucran la interacción cara a cara a medida que más negocios están moviendo sus operaciones a plataformas en línea que son accesible en cualquier lugar y en cualquier momento y con menores costos operativos.

En Canadá y el Reino Unido, ha aumentado la supervisión regulatoria sobre las transacciones de bienes raíces y la adecuada debida diligencia del cliente y debida diligencia reforzada que se debe hacer a medida que el mercado de las propiedades ha visto un incremento de fondos que provienen de inversionistas extranjeros donde la debida diligencia necesita ser reforzada para prevenir fondos ilícitos.

Modelos de calificación de riesgo adecuados para los nuevos servicios de tecnologías y productos para las entidades que prestan servicios en consultoría de la marihuana medicinal, máquinas expendedoras de marihuana, la producción de productos de desintoxicación, software de supresión de las ventas y la producción y venta de drogas sintéticas.

DelitosFinancieros: ¿Podría haber otras cuestiones que afecten a los departamentos de cumplimiento contra el crimen financieros, tales como reducción de los recursos o de los presupuestos debido a las fluctuaciones de la economía mundial?

AB: La fluctuación del precio del petróleo podría tener un efecto en la reducción de los recursos para los departamentos de cumplimiento, también cómo las entidades que proporcionan plataformas de comercio electrónico van a hacer frente a los crecientes niveles de piratería y la falsificación de productos. También, los movimientos migratorios en Europa y la necesidad de proporcionar servicios bancarios a las personas. También entran en juego las relaciones entre EE.UU. y Rusia, así como el efecto económico de las próximas elecciones en Estados Unidos y Grecia y los posibles problemas que surjan en el Medio Oriente con el riesgo del programa nuclear de Irán y las pruebas de armas de Corea del Norte.

Por Brian Monroe
5 de diciembre de 2015

Si los oficiales de cumplimiento repasan el año pasado, hay varios temas clave que se pueden descubrir en varias acciones de ley y declaraciones informales por parte de los reguladores y los organismos de aplicación. Desde sanciones antilavado a medidas contra el fraude, sanciones por temas relacionados con la seguridad cibernética, 2015 sin lugar a dudas trajo una mayor presión para los equipos de cumplimiento.

Las habilidades necesarias de un profesional de cumplimiento, también se expandieron al mundo de la estadística cuantitativa y análisis predictivo.

Por ejemplo, en la conferencia de ACFCS 2015 en Nueva York en abril, los líderes de los equipos de cumplimiento señalaron que preferían oficiales de cumplimiento con conocimiento de informática y programación, un cierto grado de comprensión matemática y estadística, y conocimiento de finanzas.

Entendiendo cabalmente el poder de esos datos, las instituciones financieras pueden combinar elementos dispares, como los nombres que aparecen en artículos periodísticos, historial de las transacción y otros datos estructurados y no estructurados para hacer algo más que tomar la decisión de si a una persona se le debe negar una cuenta o la posibilidad de realizar un giro, sino también enviar información clave e inteligencia a las autoridades incluso antes que éstas sepan a qué instituciones pedir ayuda.

A continuación un resumen de DelitosFinancieros.org de algunas de las principales medidas y tendencias que tuvieron lugar durante el año; un panorama más amplio provee un matiz y contexto crítico  a complejos temas de cumplimiento.

Antilavado de dinero

Fue un año de primeras medidas ALD para FinCEN, la unidad de inteligencia financiera de EE.UU. –Financial Crimes Enforcement Network. La agencia emitió su primera penalidad en el sector de las monedas virtuales, su primera sanción contra un gran casino y su primera sanción contra un banco por no darse cuenta que ciertas transacciones estaban vinculadas a la corrupción judicial.

Hace muy poco, FinCEN emitió una sanción civil de US$ 200.000 contra un negocio de metales preciosos de Los Angeles, y contra su propietario y oficial de cumplimiento. La primera multa de la agencia en el sector de los metales preciosos, sin contar una pequeña penalización hace casi una década contra una pequeña joyería.

La agencia también se volvió más agresiva usando sus poderes en torno a las órdenes de focalización o ubicación geográfica para incrementar el escrutinio y presentación de informes en los ámbitos del comercio, la moda y automóviles blindados en estados como California y Florida.

Durante el año, FinCEN también dio a conocer nuevas propuestas, regulaciones finales y otras resucitadas, incluyendo una propuesta para exigir a las entidades financieras captar información sobre el beneficiario final, volver a poner sobre la mesa una iniciativa para exigir a los bancos y los remitentes de dinero obtener más información en los giros transfronterizos, y el bosquejo de obligaciones antilavado para varios actores en el sector de las inversiones, entre otras medidas.

Este año también se publicaron dos informes interinstitucionales clave sobre la delincuencia financiera que puso de relieve los riesgos y vulnerabilidades globales de EE.UU. frente al lavado de dinero y la financiación del terrorismo: US National Money Laundering Risk Assessment y su publicación allegada, US National Terrorist Financing Risk Assessment.

Corrupción

En agosto, The Bank of New York Mellon pagó casi US$ 15 millones para desestimar las acusaciones presentadas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) de que el bancó violó leyes federales antisoborno al conceder pasantías a familiares de funcionarios con lazos a un fondo soberano de Medio Oriente con más de US$ 50 millones en activos.

El regulador dijo que el banco no evaluó adecuadamente los miembros de la familia para su programa de pasantías, que por lo general es un proceso altamente competitivo y exigente. El banco, en cambio, optó por familiares para influir de manera corrupta a funcionarios del gobierno para obtener o mantener contratos asociados al fondo.

Tendencia: por el lado de los servicios financieros, los bancos llevan advertidos desde hace más de una década que deben estar atentos a una mayor presión por parte de la ley anticorrupción de EE.UU. (FCPA), pero han tenido poco que temer durante este período.

Eso cambió con la multa de casi US$ 15 millones en noviembre contra el banco BNY Mellon, que es tan solo la primera señal tangible de una incursión mucho más importante por parte de las fuerzas de ley en los servicios financieros y posibles actos de corrupción. JPMorgan Chase y cerca de una decena de otras instituciones financieras están siendo investigadas por posibles violaciones de la FCPA, señala un experto.

Antes de eso, en mayo, el FBI y el IRS presentaron cargos contra más de una docena de personas ligadas al órgano de gobierno del fútbol mundial, la FIFA, por fraude electrónico, asociación delictiva y lavado de dinero vinculados a la colusión con los ejecutivos de marketing deportivo. En marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un acuerdo y confiscación por US$ 1,2 millones vinculados a los ingresos de corrupción del ex presidente coreano Chun Doo Hwan.

El año terminó con otra medida, esta vez en el Reino Unido.

En noviembre, ICBC Standard Bank, con sede en Londres, llegó al primer acuerdo de enjuiciamiento diferido en el país con la Oficina de Fraudes Graves (SFO) del Reino Unido por no haber impedido que una antigua compañía afiliada pagara sobornos por US$ 6 millones a funcionarios de Tanzania para obtener negocios de parte de un banco estatal.

La sanción multi-jurisdiccional y que involucró a varias agencias se tradujo en US$ 32,5 millones para la SFO, US$ 4,2 millones para la SEC de Estados Unidos y otros US$ 7 millones para el gobierno estadounidense. La acción pone de relieve los riesgos que representan empleados y otras personas con acceso a los sistemas e información interna y cómo éstos pueden evadir los controles de cumplimiento y la cuestión más amplia de cómo diseñar un programa transfronterizo para toda la empresa.

Sanciones

En marzo, Commerzbank, de Alemania, pagó US$ 1.500 millones por graves violaciones a los regímenes de sanciones. Una medida muy ilustrativa no solo por el alto costo monetario, la medida fue muy importante porque mostró la profunda desconfianza en el liderazgo de la institución, haciendo responsable a la alta cúpula.

El DPA, deferred prosecution agreement o acuerdo de enjuiciamiento diferido, de US$ 1.450 millones entre los reguladores estatales y federales, investigadores y el Commerzbank con sede en Frankfurt, se centra en la decisión de la institución de hacer negocios con entidades y regímenes incluidos la lista negra y una gran empresa óptica japonesa, Olympus, que estaba involucrada en un gran fraude contable.

El banco, en muchos casos, optó por seguir haciendo negocios con esas entidades potencialmente ilícitas, incluso después de que personal interno señalara que estas prácticas podría ser ilegales e investigadores externos afirmaran que el banco podría estar violando las normativas del Departamento del Tesoro de EE.UU. por eliminar (“stripping”) información incriminatoria de los giros relacionados con Irán y Sudán para que pudieran pasar a través de filtros de sanciones en la sucursal de Nueva York.

Como parte del acuerdo, el gobierno nombró una persona (llamada monitor corporativo) para que informe cada 90 días sobre los progresos de la institución para adherirse al DPA. Los funcionarios estadounidenses también requieren que el presidente ejecutivo firme que las mejoras obligatorias estén en marcha y según el acuerdo.

Tendencia: el acuerdo con Commerzbank es la más reciente medida penal contra un gran banco extranjero por violaciones relacionadas con “stripping” desde 2009, que suman ahora más de media docena y que incluye las operaciones de instituciones muy reconocidas en los principales centros financieros del mundo.

En junio de 2014, el mayor banco de Francia, BNP Paribas, pagó una multa récord de casi US$ 9.000 millones y tuvo que declararse culpable, una medida extrema, por eliminar –o stripping—a sabienda información de los giros relacionada con ciertos regímenes como Irán y Sudán, incluso después de que los investigadores de que los investigadores advirtieran que la institución estaba siendo investigada formalmente por tales prácticas.

La sanción contra el banco fue tan grande porque despreocupadamente continuó sus actividades cuando los investigadores requirieron que cesara tales prácticas, y no fue sincero al responder a las solicitudes de información. Otros bancos que han sido sancionados por errores similares incluyen ING Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered y Lloyds. Una sanción de US$ 1.900 millones contra HSBC también incluyó este tipo de actividades.

En respuesta a tales infracciones exasperantes, a principios de diciembre, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dio a conocer una propuesta de regulaciones estatales con expectativas más estrictas en materia ALD y de monitoreo de sanciones, incluyendo una certificación anual por parte de un “ejecutivo financiero senior”, que se estima que puede ser un presidente ejecutivo (CEO) o de rango equivalente.

La iniciativa se basa en los requisitos de SOX (ley Sarbanes Oxley) para que CEO/CFO (directores financieros) certifiquen la contabilidad financiera y está diseñado para hacer frente a “graves deficiencias en la supervisión de transacciones y programas de filtrado de… instituciones y… la falta de una gobernanza sólida, la supervisión y la rendición de cuentas en los niveles superiores de las mismos instituciones”.

Según las normas, que tienen un período de comentarios de 45 días, los bancos tendrían que involucrar una serie de pruebas para los sistemas de cumplimiento, incluyendo:

–Incluir de punta a punta y de pre a post implementación pruebas del programa de monitoreo de transacciones, incluyendo gobernanza, mapeo de datos, codificación de transacciones, lógica de escenario de detección, validación de modelos, entrada y salida de datos del programa, así como las pruebas periódicas.

–Incluir protocolos de investigación que detallen cómo se investigarán las alertas generadas por el programa de monitoreo de transacciones, el proceso para decidir qué alertas se traducirá en una presentación u otro tipo de acción, quién es el responsable de tomar tal decisión, y cómo se documentará el proceso de investigación y de toma de decisiones.

–Quedar sujeto a un continuo análisis para evaluar la relevancia de los escenarios de detección, las reglas subyacentes, valores de los umbrales, parámetros y supuestos.

Ciberseguridad

La medida más emblemática en el ámbito de la seguridad cibernética podría decirse que ocurrió en noviembre, con los cargos contra tres personas de nacionalidad israelíes que fueron acusados de planear un ardid masivo de piratería y fraude internacional generando cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas, una iniciativa que fue posible con la ayuda de los banqueros corruptos e incluso una deshonesta cooperativa de crédito.

Los investigadores y analistas señalan que el caso no tiene precedentes, ni por su alcance, complejidad ni uso creativo de una infinidad de diferentes fuentes de financiación; tales como violaciones de datos, estafas bursátiles con acciones de centavos — penny stock scams–, juegos de azar en línea, firmas de procesamiento de pagos y uso de Bitcoin. Los esquemas de fraude apuntaron a muchas de las organizaciones de banca, comercio y medios de comunicación más importantes del país, entre ellos JPMorgan, TD Ameritrade y News Corp., propietaria de The Wall Street Journal.

En documentos de la corte, los fiscales acusaron a Gery Shalon, Josué Samuel Aaron y Ziv Orenstein en una acusación formal de 23 cargos de presuntos delitos que abarcan 12 empresas, entre ellas nueve empresas de servicios financieros y medios de comunicación, llevándose datos de más de 100 millones de personas, unos 80 millones de éstos provienen de la filtración de datos en JPMorgan.

Tendencia: En la primera conferencia sobre ciberseguridad de ACFCS, que se llevó a cabo en octubre, los asistentes y oradores confirmaron que los grupos criminales de hacking están atacando más agresivamente un universo más amplio de instituciones, que van desde bancos, a concentradores o agregadores de datos, a terceros subcontratados tales como servicios de recursos humanos y asistencia jurídica, e intercambian información activamente sobre qué herramientas funcionan y qué vulnerabilidades continúan pendiente.

Las decisiones relacionadas con los esfuerzos y recursos dedicados a frustrar los delincuentes cibernéticos han cobrado mayor importancia a medida que estos grupos en los últimos dos años se han infiltrado en algunos de los mayores bancos y tiendas muy importantes de ventas minoristas, entre ellos JPMorgan, Home Depot, Target y también en agencias gubernamentales.

Como resultado, los reguladores, incluyendo la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) del Tesoro de Estados Unidos, están poniendo el foco en la ciberseguridad, la resistencia y la “madurez” cibernética, mientras que otros organismos reguladores, incluyendo la Federal Trade Commission, ya han tomado medidas legales contra empresas que dicen a sus clientes que emplean robustas protecciones cibernéticas, pero no lo hacen.

A nivel estatal, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York también está planeando en incluir las evaluaciones de seguridad cibernética en sus exámenes generales de cumplimiento; donde muchas de las tareas de capacitación, evaluación de riesgos y auditoría del programa cibernético reflejarán los requisitos actuales de cumplimiento de delincuencia financiera.

El año pasado, la OCC también participó de un ejercicio para calificar los programas de seguridad cibernética de unas 500 instituciones, y para la creación, a principios de este año, de una herramienta de evaluación de la seguridad cibernética voluntaria que ayudará a los bancos a entender mejor sus riesgos cibernéticos, crear conciencia y un mayor “nivel de madurez general, “en áreas críticas.

Un ciudadano de Ucrania se presentó a finales de diciembre ante un tribunal federal en Carolina del Norte, EE.UU., después de haber sido extraditado desde Polonia para enfrentar cargos relacionados con una operación de lavado de dinero internacional US$10 millones, anunció la fiscal adjunta de la División Criminal del Departamento de Justicia, Leslie R. Caldwell de la División Criminal del Departamento de Justicia y el Agente Especial a Cargo John A. Strong de la División de Charlotte del FBI.

Viktor Chostak, de 34 años, es oriundo de Ucrania y junto con otras tres personas está acusado de 25 cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, 11 cargos de lavado de dinero, de conspiración para cometer fraude informático, de conspiración para transportar bienes robados, de conspiración para cometer fraude con dispositivo de acceso, 4 cargos de transporte de bienes robados y 6 cargos de robo de identidad agravado.

De acuerdo con la acusación que se dio a conocer a finales de diciembre, a partir de septiembre de 2007, Chostak y otros tres cómplices eran miembros de una organización internacional de lavado de dinero. La organización creó y operó una sofisticada infraestructura que permitía que piratas informáticos obtuvieran y ocultaran dinero robado, principalmente de cuentas bancarias de compañías de Estados Unidos, para luego transferirlo a otros países. La organización creaba sitios web aparentemente legítimos para compañías ficticias, luego enviaba correos electrónicos spam que anunciaban oportunidades de empleo.

Cuando un individuo respondía a las solicitudes spam, la organización colocaba al solicitante en un proceso de contratación aparentemente legítimo. La organización falsamente representaba que el trabajo de esta persona era recibir pagos de compañías y negocios en sus cuentas bancarias personales para luego girar los fondos a los socios comerciales de la organización en el extranjero. En realidad, las personas simplemente estaban actuando como mulas de dinero, procesaban fondos robados por los hackers y los giraban fuera del país a otros cómplices. La organización habría lavado en el extranjero por lo menos US$ 10 millones en dinero robado en Estados Unidos.

Una vez que la organización criminal obtenía la información de las cuentas de los nuevos “empleados” éstos recibían los fondos en sus cuentas y eran alertados por la organización que esos fondos ya estaban disponibles y debían retirarlos de sus cuentas y llevarlos a un negocio de servicios monetarios para transferirlos al extranjero. En la mayoría de los casos, la organización requería que los fondos fueran enviados a través de Western Union o MoneyGram a Europa del Este, por lo general Letonia, Moldavia, Ucrania y Rusia.

Desde 2007 hasta aproximadamente julio de 2013, la organización reclutó por lo menos 15.000 “mulas” en EE.UU. para que realicen la transferencia de fondos de EE.UU. a Europa Oriental, también se infiltró en 750 cuentas bancarias de EE.UU., la mayoría de las cuales pertenecía a compañías estadounidenses. Durante el período, la organización llevó a que se produjeran 3.000 giros internacionales de fondos robados a través de los servidores e Western Union y 1.700 a través de MoneyGram.

Según la acusación, Chostak reclutó, contrató y manejó a otras personas que supervisaron las operaciones de transferencia de divisas. Chostak también supuestamente trabajó con programadores informáticos para satisfacer las necesidades de infraestructura online de la organización.

La organización utilizaba a cada mula solo una vez y nunca les pagaba el salario que les prometía. Algunas veces estos “empleados” perdían dinero en la transacción por comisiones relacionadas con el banco o la transacción.

Además de EE.UU., la organización operaba similares esquemas de lavado de dinero en Alemania, Italia, Reino Unido y Australia, entre otros países.

—Lea aquí la acusación del Departamento de Justicia

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés) reglamentó la semana pasada una orden ejecutiva emitida anteriormente por el presidente Barack Obama que apunta a bloquear ciertas personas –y sus activos—que participan en actividades de ciberdelincuencia.

Las nuevas regulaciones implementan la Orden Ejecutiva 13694 del 1 de abril de 2015 (“13694 EO”). Este nuevo programa de sanciones de OFAC por ataques cibernéticos apunta a personas que participan en actividades cibernéticas maliciosas que crean una amenaza significativa para la seguridad nacional, la política exterior o estabilidad financiera.

Este programa de sanciones por actos cibernéticos es un típico régimen de bloqueo basado en listas que apunta a las personas y entidades designadas, prohibiendo a personas estadounidenses participar en cualquier transacción con ellos. Aunque no hay todavía personas hayan sido designados bajo EO 13694, puede ser utilizado para congelar activos de personas que determine el gobierno de Estados Unidos:

La publicación de la reglamentación es una “medida administrativa necesaria” para todos los programas de sanciones después de la publicación de una orden ejecutiva o la aprobación de una ley por parte del Congreso. La reglamentación no expande las sanciones autorizadas por el orden, y no son nuevas sanciones, señaló una portavoz del Departamento del Tesoro.

Como todavía ninguna persona haya sido designada bajo la EO 13694, esta nueva reglamentación no impone ninguna carga de cumplimiento adicional en este momento. Sin embargo, puede indicar que este programa de sanciones se activará pronto y el gobierno de Obama puede preparar designaciones bajo EO 13694.

Futuras enmiendas a estas regulaciones probablemente incluyan definiciones más claras para ciertos temas, por ejemplo, la OFAC prevé definir actividades “cyberenabled” (algo así como “ciberhabilitadas”) para incluir “cualquier acto que se lleva a cabo principalmente a través de o facilitado por las computadoras u otros dispositivos electrónicos”. A su vez, las “actividades maliciosa ciberhabilitadas” es probable que incluyan “actividades intencionales realizadas a través del acceso no autorizado a un sistema informático, incluyendo acceso remoto; eludiendo una o más medidas de protección, incluyendo el esquivo de un servidor de seguridad; o poner en peligro la seguridad de hardware o software en la cadena de suministro”.

Los tipos de ciberataques que llevaría a imponer sanciones a los responsables incluyen:

— Dañar o comprometer la prestación de servicios por parte de entidades en un área de infraestructura crítico (o una computadora o red de computadoras que apoyan dichas entidad)

— Interrumpir de forma importante la disponibilidad de una computadora o red de computadoras (por ejemplo, a través de un ataque de denegación de servicio)

— Causar una significativa apropiación indebida de fondos o recursos económicos

— Causar una apropiación indebida de secretos comerciales, información e identificación personal o información financiera para obtener una ventaja comercial o competitiva o beneficio financiero privado (por ejemplo, por el robo de grandes cantidades de información de tarjetas de crédito, secretos comerciales o información confidencial).

Los individuos o entidades que pueden ser designadas para recibir sanciones son aquellos que:

–Intentan, asisten, o proveen apoyo material para los ciberataques

–Son propiedad o controlados o actúan en nombre de individuos o entidades designadas para recibir sanciones

–Se beneficial de los ciberataques recibiendo o utilizando secretos comerciales que fueron adquiridos a través de ciberataques, o donde el robo subyacente de los secretos comerciales puede llevar a una amenaza de la seguridad nacional, política exterior o estabilidad financiera de EE.UU.

Leer la reglamentación