Un ciudadano colombiano fue sentenciado esta semana en EE.UU. a 27 meses de prisión por su participación en un plan de conspiración y soborno que resultó en el rechazo de una acusación de narcotráfico contra un jefe de la droga colombiano, anunció el Fiscal General Adjunto Interino John P. Cronan de la División Criminal del Departamento de Justicia.

Según la declaración de culpabilidad, Juan Carlos Velasco Cano actuó como intermediario entre el agente especial de investigaciones de la Agencia de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interna de EE. UU. Christopher V. Ciccione y el ciudadano colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos para abusar del cargo oficial de Ciccione para hacer que se desestime una acusación de narcotráfico contra Piedrahita y para obtener la autorización oficial para que Piedrahita ingrese a Estados Unidos.

Velasco admitió que Piedrahita le dio a Ciccione aproximadamente US$ 20.000 en efectivo, cenas, bebidas y prostitución durante una estadía prolongada en un hotel en Bogotá, a cambio de que Ciccione utilizara su cargo para obtener la desestimación de la acusación contra Piedrahita. En cumplimiento del plan, Velasco organizó una reunión con los cómplices en Bogotá; facilitó comunicaciones entre Piedrahita y Ciccione; y recibió información confidencial de Ciccione sobre sí mismo y otros, incluidos los nombres de una fuente confidencial y testigos que cooperaron.

Velasco fue sentenciado por el juez de distrito de los Estados Unidos Robert N. Scola, Jr. del Distrito Sur de Florida. Ciccione será sentenciado el 9 de febrero y Piedrahita actualmente está encarcelado en Colombia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a Piedrahita como un Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con la ley Foreign Narcotics Kingpin Designation Act—Ley de Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero—el 3 de mayo de 2016.

Mientras ACFCS evalúa el 2018, consulta a expertos de todo el arco de cumplimiento de delitos financieros, investigaciones y tecnologías sobre cuáles creen que fueron las tendencias clave en 2017 y cuáles son los aspectos en los que las instituciones financieras y corporaciones deberían estar listas para este año.

Le hicimos estas preguntas a Sujata Dasgupta, líder de la práctica en cumplimiento de crímenes financieros en Tata Consultancy Services en Bangalore, India. La empresa con sede en Mumbai realiza consultas en varias áreas, incluida la tecnología de la información, el cumplimiento y las operaciones comerciales.

Ella cree que para contrarrestar mejor la próxima generación de delitos financieros, los bancos deben adoptar un enfoque holístico en la creación de programas antilavado de dinero (ALD), entrelazando el fraude y la seguridad cibernética: lo que se llama un enfoque convergente o hacia la convergencia.

Esa es una estrategia respaldada por grupos de vigilancia mundial y distintos países, incluidos Estados Unidos, Europa y el Reino Unido.

Pero ese entrenamiento expansivo, matizado y detallado no debe limitarse solo a aquellos en funciones de cumplimiento específicas. Deben extenderse a todas las partes del banco, desde los cajeros hasta la alta gerencia, las líneas de negocio hasta las juntas directivas.

La razón, señala, es que la «primera línea de defensa en un banco debe estar equipada para identificar una transacción sospechosa en las etapas iniciales, de modo que el costo de detección e investigación en etapas posteriores se pueda minimizar».

Dasgupta tuvo la deferencia de compartir sus pensamientos y su visión con el Director de Contenido de ACFCS, Brian Monroe. Aquí hay una transcripción editada de esa conversación.

a. ¿Cuáles crees que fueron las principales tendencias de crímenes financieros en 2017 y por qué?

1. Los documentos filtrados de Paradise Papers, revelando fondos escondidos y evasión de impuestos por parte de la elite mundial a través de inversiones en paraísos fiscales en el extranjero.
2. Los ciberdelitos a través de ataques de ransomware como WannaCry y Petya. La propagación de WannaCry se produjo solo después de pérdidas por la suma de 52 Bitcoins (equivalente a en ese momento aproximadamente US$ 130.000). Pero Petya causó pérdidas significativas a las empresas afectadas debido a cortes en el sistema e interrupciones en las operaciones.
3. Los incumplimientos en las regulaciones ALD del Commonwealth Bank of Australia (CBA) fueron descubiertos por Austrac, el regulador australiano de delitos financieros. El banco ha sido acusado de 53,700 casos de infracciones ALD / CTF durante los últimos cinco años, incluidas fallas en la presentación de reportes de operaciones sospechosas (ROS) y el incumplimiento de los requisitos de evaluación de riesgos.
4. Los incidentes de violación de datos que surgieron en UniCredit Bank, lo que resultó en el robo de datos de clientes y números de cuentas bancarias internacionales (IBAN), que no pueden utilizarse para realizar transacciones, pero pueden exponer a dichos clientes a ataques de phishing.

b. ¿Cómo respondió la industria a esas vulnerabilidades, asuntos regulatorios o tácticas delictivas?

1. La Unión Europea (UE) ha publicado una lista negra de paraísos fiscales el mes pasado, para identificar lugares donde los ricos colocan sus fondos para evadir impuestos. En la iniciativa, se han nombrado 17 países, sin embargo, no se han aplicado sanciones a los países incluidos en esta lista, lo que lo hace ineficaz para contrarrestar los delitos financieros.
2. Además, en 2017, el regulador australiano Austrac presentó cargos contra CBA por fallas en los controles ALD, cuya multa podría ascender a miles de millones de dólares, si el banco es declarado culpable. Mientras que CBA ha defendido que la mayoría de las infracciones se debieron a un problema de software, el banco ha implementado simultáneamente algunas estrictas normas y umbrales de transacción para cubrir cualquier otro incidente de lavado de dinero. También están trabajando agresivamente en la actualización de sus plataformas ALD para hacerlas más robustas.

c. ¿Qué más crees que deberían estar haciendo los profesionales del cumplimiento de delitos financieros, los reguladores y las instituciones financieras para detectar y prevenir mejor los delitos financieros?

1. La implementación de la lista negra de paraísos fiscales como parte de know your customer (KYC) y el monitoreo de transacciones, debería ser un mandato de los reguladores para poder bloquear la evasión fiscal.
2. Los bancos y los reguladores también deberían explorar la formalización de los pagos basados en blockchain a nivel mundial, dado su formato superior de seguridad y contabilidad distribuida. Mientras Honduras implementa un registro de tierras basado en blockchain, que puede prevenir fraudes hipotecarios, el State Bank of India (SBI) junto con un consorcio de bancos en India lanzaron Clear Chain, un registro ALD y KYC para compartir inteligencia sobre crímenes financieros y costos de cumplimiento.
3. Los bancos de todo el mundo están buscando tecnologías de punta para hacer frente a la amenaza de delitos financieros de rápido crecimiento, que también se están volviendo más sofisticados. Las oficinas de cumplimiento de los bancos están considerando soluciones digitales, por ejemplo detección de anomalías y patrones basados en Machine Learning, detección de vínculos ocultos basada en Analytics para detectar comportamientos sospechosos, perfiles dinámicos de riesgo de clientes, uso de redes sociales y otras fuentes de datos no estructurados para recopilar señales de alerta temprana de crímenes financieros inminentes, etc.

d. ¿Cuáles crees que serán los grandes problemas para abordar en 2018?

1. Algunas de las principales regulaciones en el espacio KYC y ALD entrarán en vigencia en 2018, por ejemplo la nueva debida diligencia de clientes de FinCEN, también llamada regla del beneficiario real, y la Parte 504 del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la UE. Mientras que algunos bancos están en camino, muchos otros están retrasados en la implementación de sistemas y cambios de proceso relacionados con estas nuevas regulaciones.
2. La prevención del delito cibernético sigue siendo uno de los principales temas en la agenda para los bancos, ya que la digitalización ha abierto canales múltiples como la banca móvil, que son altamente susceptibles a los delitos cibernéticos.

e .Por último, ¿tiene alguna sugerencia para ayudar a los bancos a maximizar los recursos y mantener sólidos a sus equipos en un momento de presupuestos ajustados?

1. Las instituciones financieras deben considerar un enfoque holístico para la detección de delitos financieros, por ejemplo con una vigilancia unificada del comercio y las comunicaciones, integrando FRAML (fraude y AML) con la ciberseguridad, etc., un movimiento que iría en contra de la práctica actual de sistemas de monitoreo e investigación en silos independientes que prevalecen ahora.
2. También es necesario capacitar a las personas con los conocimientos necesarios para trabajar en tecnologías digitales de nueva generación, y capacitarlas en las nuevas reglamentaciones desde un punto de vista operacional. La primera línea de defensa en un banco debe estar equipada para identificar una transacción sospechosa en las etapas iniciales, de modo que el costo de detección e investigación en etapas posteriores se pueda minimizar.

Sobre la experta:

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Sujata Dasgupta

Es una experimentada consultora de la industria en temas de Riesgo y Cumplimiento Bancario (R&C), con un historial de trabajos en las áreas de banca, servicios de TI y consultoría.

Dasgupta actualmente lidera las soluciones, alianzas y programas de clientes de RegTech en el área de Cumplimiento de Delitos Financieros dentro de la Práctica de Riesgo y Cumplimiento de BFS en Tata Consultancy Services Ltd., Bangalore, India.

También es una experta en R & C, especializada en Cumplimiento de Delitos Financieros que cubre KYC, ALD, control de fraude y cumplimiento normativo.

Dasgupta también ha trabajado para bancos internacionales de primer nivel a nivel mundial, en importantes centros financieros como Nueva York, Londres, Singapur, Hong Kong, Frankfurt, en grandes programas de transformación regulatoria, liderando equipos en KYC / CDD, ALD y compromisos de informes regulatorios.

También la autora de varios artículos especializados.

El regulador estatal de Nueva York — NYDFS –sancionó el viernes pasado al mayor transmisor de dinero del mundo con US$60 millones por fallas históricas en el cumplimiento de obligaciones para combatir los delitos financieros y por haber ignorado deliberadamente transacciones fraudulentas, una pequeña multa en comparación con la multa federal de US$600 millones que recibió hace menos de un año.

El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) señaló que sancionó a Western Union por permitir un laxo programa antilavado de dinero (ALD) durante más de una década, donde agentes deshonestos movieron cientos de millones de dólares vinculados a potenciales ardides ilícitos, con la ayuda de ejecutivos y gerentes que cubrían sus huellas y no informaban actividades sospechosas.

Según la NYDFS, estos altos funcionarios de Western Union prefirieron las ganancias a los controles adecuados, protegiendo, elogiando e incluso recompensando a los agentes de alto volumen en Nueva York que trabajaban con China, otros estados y en todo el mundo para aumentar los resultados económicos, mientras se apoyaban esquemas fraudulentos en el extranjero y posiblemente incluso el tráfico humano.

La medida es una mayor evidencia de que los programas ALD en las instituciones financieras –bancos, negocios de servicios monetarios y las actividades en este rubro— deben buscar más allá que las clásicas señales de alerta de lavado de dinero, también deben buscar actividades fraudulentas que podrían perjudicar sus operaciones y clientes.

«Los ejecutivos de Western Union situaron a las ganancias por encima de las responsabilidades de la compañía para detectar y prevenir el lavado de dinero y el fraude, al elegir mantener relaciones y no disciplinar a agentes evidentemente sospechosos pero altamente rentables», dijo la Superintendente del NYDFS Maria Vullo en un comunicado.

La medida tomada por el estado de NY refleja el impulso federal –y los esfuerzos globales de los países y grupos de control— exhortando a las instituciones financieras a converger sus programas ALD, fraude y de ciberdelitos, para crear un equipo de cumplimiento ágil, informado y entrelazado.

El objetivo final: crear una falange virtual que evite todas las amenazas provenientes de todas las fuentes y detectar e informar actividades aberrantes con profundidad, matices y contexto.

Como parte del acuerdo, el regulador exige a Western Union a designar un «Punto de Contacto de Cumplimiento» –Compliance Point of Contact— para proporcionar actualizaciones sobre los esfuerzos generales de remediación y vigilar a los agentes en Nueva York que presentan la mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS).

Parte de ese esfuerzo incluirá exigir a todos los agentes que cumplan con las normas estadounidenses ALD, incluyendo la presentación de informes de transacciones en efectivo (CTR), una crítica clave donde se señala que agentes (e incluso un miembro del personal de cumplimiento) ayudaron a los defraudadores a estructurar las transferencias para evadir los requisitos de informes.

Western Union también debe presentar un plan de mejoras y mantener actualizado al regulador estatal cada seis meses durante los próximos dos años.

NYDFS también ha utilizado su dominio para capturar más datos en transacciones muy por debajo de los umbrales de US$5.000 para los reportes de operaciones sospechosas (ROS) y US$10.000 informes de transacciones en efectivo (CTR), consciente de que parte del problema era que los agentes de Western Union permitían, y en algunos casos aconsejaban, a los clientes evadir los requisitos de informes al estructurar las transacciones.

La orden establece que Western Union ahora debe buscar e informar transacciones sospechosas o potencialmente fraudulentas de US$2.000 o más, significativamente menores que el umbral federal de US$5.000 para los ROS, si entran en contacto con Estados Unidos, independientemente de en qué país se originaron o se recibieron.

La sanción federal ocurre a un año del DPA federal

La medida del NYDFS destaca muchos de los mismos problemas citados en un acuerdo federal anterior.

En enero del año pasado, Western Union con sede en Englewood, Colorado, debió entregar en concepto de confiscación –forfeiture— US$586 millones tras llegar un acuerdo de enjuiciamiento diferido (deferred prosecution agreement, DPA) con el Departamento de Justicia de EE.UU., La Comisión Federal de Comercio (FTC) y las fiscalías de Pensilvania, California y Florida por cargos de fraude electrónico y por contar con un programa ALD débil.

La medida fue la mayor sanción relacionada con el área de cumplimiento contra un MSB

La orden también se enfocaba en acciones entre 2004 y 2012, donde Western Union violó las leyes ALD de EE.UU. y los estatutos antifraude «procesando cientos de miles de transacciones para agentes de Western Union y otros involucrados en un esquema internacional de fraude al consumidor», involucrando a agentes y subagentes deshonestos en, y haciendo negocios con, jurisdicciones que incluyen a México, América Latina, el Reino Unido y China.

Los esquemas incluyen los que muchas personas han visto en sus correos electrónicos, como por ejemplo fraudes del Príncipe Nigeriano, loterías falsas, fraudes románticos y otros, donde los clientes son engañados para girar dinero a cambio de algo que nunca recibirán.

El DPA señala lagunas clave en la supervisión y gestión de agentes y subagentes, incluidas las instancias en las que el análisis de Western Union tomó nota de actores problemáticos con meses o años de dificultades, y donde la compañía no hizo nada para responder ante estos escenarios.

Las órdenes también indican que los agentes no visitaban a los subagentes en regiones de riesgo para determinar, en persona, si estaban siguiendo los protocolos o si eran títeres potenciales para los delincuentes.

Remesador «ignoró deliberadamente» la conducta improcedente de los agentes de NY y China

En la acción del estado de NY, los investigadores del NYDFS concluyeron que varios ejecutivos y gerentes de Western Union «sabían o ignoraron deliberadamente una conducta inapropiada que involucraba a agentes del corredor de NY-China» desde 2004 hasta 2012, en algunos casos incluso después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. iniciara una investigación de actividades del agente.

Western Union también esperó dos años para revelar la investigación a NYDFS.

Pero WU debería haber estado al tanto de las actividades indebidas debido al tamaño diminuto de los agentes.

Los agentes del corredor NY-China incluyen «una pequeña empresa ubicada en Bajo Manhattan—Lower Manhattan—, una en Sunset Park, Brooklyn, y otra en Flushing, Queens», según la orden. «A pesar de su pequeño tamaño, estos agentes fueron algunos de los más grandes de Western Union en el mundo por volumen de transacciones, y por lo tanto, algunas de las más rentables para la compañía».

El agente del Bajo Manhattan, una pequeña agencia de viajes que ofrecía servicios de transmisión de dinero de Western Union, procesó más de 447,000 transacciones por un total de más de US$1.140 millones entre 2004 y el 2011, según el regulador.

La ubicación de Sunset Park, un pequeño negocio que vende servicios de telefonía móvil inalámbrica a los consumidores, y que ofrece servicios de transmisión de dinero de Western Union como negocio secundario, procesó más de 302,000 transacciones, por un total de más de US$600 millones, entre 2005 y 2011.

Pero cuando los peritos del estado examinaron más de cerca, muchas de esas transacciones tenían el sello distintivo de las técnicas de estructuración clásicas.

«Casi todas las transferencias en los más de US$1.700 millones procesados en este período por los agentes del Lower Manhattan y Sunset Park fueron transmitidas a China», dijo el regulador, agregando que según las autoridades federales de aplicación de la ley, «al menos 25 al 30% de estas transacciones mostraron indicios de estructuración ilegal».

La supervisión de agentes un continuo problema para las grandes remesadoras

La supervisión de los agentes ha sido el núcleo de algunas de las sanciones más importantes relacionadas con el cumplimiento de los delitos financieros contra los pesos pesados de la industria de envíos, MoneyGram y Western Union.

En febrero de 2016, MoneyGram pagó US$13 millones para resolver una investigación de distintos estados de EE.UU. donde clientes alegaban que estafadores los engañaron a girar fondos a través del servicio de transferencia de dinero.

Esa acción siguió a problemas anteriores vinculados al fraude y al lavado de dinero. En 2012, MoneyGram fue castigado con una multa de US$ 100 millones por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. por fallas generalizadas en sus programas ALD y anti fraude.

La cuestión clave se relacionaba con agentes que estafaban activamente a los individuos en «compras secretas» y otros fraudes y la empresa no los terminaba, a pesar de que conocían los problemas, porque estos también eran agentes altamente rentables.

En 2014 FinCEN impuso una multa individual de US$ 1 millón contra Thomas Haider, quien supervisó el programa ALD y de prevención de fraude de MoneyGram durante un período de seis años en el cual el servicio de transferencia de dinero procesó miles de transacciones para agentes involucrados en esquemas de fraude.

Western Union tampoco se ha librado de importantes sanciones relacionadas con los programas de ALD y el accionar de los agentes.

La compañía pagó US$94 millones en 2010 para resolver los cargos de los investigadores en Arizona y otros estados que la compañía, y sus agentes, no estaban haciendo lo suficiente para detener a los traficantes de personas y bandas de narcotraficantes en el sudoeste de la frontera de EE.UU.

Pero en los últimos años, las multas pagadas son solo una parte del gasto total de Western Union para mejorar las prácticas de cumplimiento.

El remitente detalló en una declaración que el gasto en cumplimiento desde 2012 ha aumentado en cientos de millones de dólares.

En los últimos seis años, Western Union aumentó los fondos para el cumplimiento en general en más del 200%, y actualmente gasta unos US$200 millones anuales.

El resultado: más del 20% de la fuerza de trabajo de la compañía se dedica actualmente a funciones en el área de cumplimiento de delitos financieros, y la mayoría proviene de las agencias de ley y regulatorias.

Parte de las mejoras también se enfocan fuera de los equipos de cumplimiento, agregando más capacitación para agentes globales, ofreciendo más educación a los consumidores sobre posibles estafas y alertas y reforzando la tecnología para descubrir mejor las transacciones potencialmente fraudulentas y los fondos ilícitos, según una declaración de Western Union.

La conclusión de esos esfuerzos: una caída del 60% en el valor en dólares del fraude reportado relacionado con las transacciones basadas en clientes.

«Compartimos el objetivo del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York de proteger a los consumidores y la integridad de nuestra red global de transferencia de dinero», dijo la compañía en un comunicado, y agregó que ha realizado «mejoras sustanciales desde entonces como parte de nuestro compromiso de continuar mejorar nuestros programas de cumplimiento».

Este año entró en vigor en Perú la obligación legal que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por casos de soborno, en sintonía con otras iniciativas similares en la región, como una ley análoga recientemente sancionada en Argentina.

De esta manera, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Perú corre en paralelo a las responsabilidades legales que pueden tener las personas naturales asociadas a ellas por actos de corrupción.

La legislación peruana ahora reconoce la responsabilidad penal independiente de una persona jurídica por soborno e impone sanciones que van desde multas, inhabilitación de contratación gubernamental hasta la disolución de la entidad legal.

Para efectos de la nueva normativa peruana, son personas jurídicas las entidades de derecho privado, así como las asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado peruano o sociedades de economía mixta.

La ley 30424, que fue promulgada en abril de 2016, pero fue modificada por el Decreto 1352, es un requisito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para formar parte de este organismo supranacional.

El decreto, que entró en vigor el primer día del año, le agregó diversas modificaciones a la ley, como por ejemplo la incorporación de nuevas modalidades de delitos por las cuales las entidades deberán responder, donde se incorporan los delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo

La nueva legislación, que obligará a las entidades a contar con un programa y oficial de cumplimiento, entre otras obligaciones, establece una prerrogativa para eximir o reducir el riesgo de las personas jurídicas ante estos escenarios de corrupción si estas entidades han implementado eficazmente un modelo de cumplimiento de prevención contra delitos que pudieran cometerse dentro de la compañía.

El modelo de prevención debe de contar con los siguientes elementos mínimos:

–Un encargado de prevención, designado por el máximo órgano de administración de la persona jurídica o quien haga sus veces, según corresponda, que debe ejercer su función con autonomía. Tratándose de las micro, pequeña y mediana empresas, el rol de encargado de prevención puede ser asumido directamente por el órgano de administración.

–Identificación, evaluación y mitigación de riesgos para prevenir la comisión de los delitos previstos a través de la persona jurídica.

–Implementación de procedimientos de denuncia.

–Difusión y capacitación periódica del modelo de prevención.

–Evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención. El contenido del modelo de prevención, atendiendo a las características de la persona jurídica, se desarrolla en la reglamentación de la Ley. En caso de la micro, pequeña y mediana empresa, el modelo de prevención será acotado a su naturaleza y características y solo debe contar con alguno de los elementos mínimos antes señalados.

La nueva legislación establece la responsabilidad autónoma ante la comisión de un conjunto de delitos cometidos directa o indirectamente, en interés o provecho de la persona jurídica. Estos delitos pueden ser cometidos por los accionistas, directores, gerentes, trabajadores, representantes legales o quienes realicen actividades de administración y supervisión de la persona jurídica; o por sus intermediarios que obtengan un beneficio indirecto a favor de la empresa.

Joo Hyun Bahn, sobrino del ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, se declaró culpable de cargos de Estados Unidos relacionados con un plan para sobornar a un funcionario extranjero para financiar la venta de un complejo de edificios en Vietnam.

Joo Hyun Bahn, también conocido como Dennis Bahn, de 39 años, de Tenafly, Nueva Jersey, se declaró culpable en una corte federal en Manhattan. Admitió un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de violación de la FCPA y se lo podría condenar hasta cinco años en prisión por cada cargo cuando se conozca la sentencia el 29 de junio.

Los sobornos estaban destinados a ayudar a una empresa constructora de Corea del Sur, Keangnam Enterprises Co., Ltd., a vender el complejo de edificios Landmark 72 en Hanoi a fondo soberano de Qatar.

Bahn fue acusado junto con su padre, Ban Ki Sang (Ban)—Hermano de Ban Ki-Moon—, y Malcolm Harris en diciembre de 2016. Ban era un alto ejecutivo de Keangnam. Harris, un consultor de arte y moda y blogger, se mostró como un agente de un funcionario extranjero.

«El soborno y la corrupción socavan la competencia justa y el estado de derecho», dijo el Fiscal General Adjunto Interino de la División Criminal del Departamento de Justicia de EE.UU. John P. Cronan. «El hecho de que el plan de Joo Hyun Bahn se vio frustrado por la avaricia y el engaño de uno de sus cómplices no cambia el hecho de que trató de obtener un negocio inmobiliario de US$800 millones pagando sobornos por cientos de miles de dólares. El Departamento de Justicia está comprometido a enjuiciar a aquellos como Bahn que intentan inclinar de forma corrupta el campo de juego en su beneficio».

«Como ahora admitió, Joo Hyun Bahn planeó sobornar a un funcionario extranjero para cerrar un negocio inmobiliario de US$800 millones para un rascacielos en Vietnam, un acuerdo que le hubiera valido una comisión multimillonaria y un capital muy necesario para su cliente, Keangnam Enterprises», dijo el Fiscal Federal de Manhattan Geoffrey S. Berman. «Como lo demuestra la condena de Bahn, las agencias federales de aplicación de ley están listas para erradicar el soborno comercial donde sea que se encuentre».

Según las admisiones realizadas en relación con el pedido de Bahn, entre febrero de 2014 y mayo de 2015, Bahn se unió a un plan para pagar sobornos a un funcionario extranjero para facilitar la venta por parte de Keangnam de un edificio comercial conocido como Landmark 72 en Hanoi, Vietnam, al fondo soberano del país de Qatar. En particular, Bahn, Ban y otros acordaron pagar US$500.000 por adelantado al funcionario extranjero, quien creía tomar decisiones sobre la adquisición de activos para el fondo soberano de riqueza de Qatar, con el fin de influenciarlo de manera corrupta para que el fondo compre Landmark 72. En cumplimiento del plan, Bahn y Ban transfirieron US$500.000 a Harris para que se los pasara al funcionario extranjero. En procedimientos relacionados, Harris admitió que traicionó a sus cómplices, y simplemente robó el soborno de US$500.000.

Harris se declaró culpable de participar en el plan y fue sentenciado a 42 meses de prisión. Ban todavía está esperando juicio. Se supone que todos los acusados son inocentes a menos que se los declare culpables más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

Se presume que los sobornos habrían rondado los US$2,5 millones. Landmark 72 fue valorado en US$800 millones. Bahn habría obtenido unos US$ 5 millones por negociar el trato.

Landmark 72, también conocido como Hanoi Landmark 72, abrió sus puertas en 2012. Incluye dos edificios de oficinas de 50 pisos y una torre de 72 pisos, el edificio más alto de Vietnam. Hay apartamentos, oficinas y hoteles en el complejo.

El presidente de Keangnam, Sung Woan-jong, se suicidó en abril de 2015 después de haber sido investigado por presunta corrupción. Según los informes, dejó una lista de políticos en Corea que afirmó haber sobornado.

A pesar de que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha concluido en su más reciente evaluación de México que el país cuenta con un régimen para combatir el lavado de dinero maduro y que ha habido una mejora significativa en algunas áreas de su sistema ALD/CFT en comparación con 2008 –cuando el país fue evaluado por última vez— señala que el país enfrenta un importante riesgo de lavado del dinero proveniente principalmente de las actividades asociadas con el crimen organizado, como el tráfico de drogas, la extorsión, la corrupción y la evasión fiscal.

Si bien México inició algunos casos importantes, el lavado de dinero no es investigado y denunciado de manera proactiva y sistemática, sino más bien de manera reactiva, caso por caso, a pesar del hecho de que recientemente se han llevado a cabo algunas investigaciones de alto perfil, señala el informe que se dio a conocer esta semana.

Si bien el sector financiero mexicano «demuestra un buen entendimiento» de las principales amenazas de lavado de dinero por parte de los grupos del crimen organizado, las empresas no financieras tienen una apreciación «limitada» del riesgo, según el informe. Si bien las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) reconocen la amenaza general del crimen organizado para México su entendimiento de las amenazas y riesgos de lavado de dinero parece limitado.

También es limitado, tanto por las instituciones financieras como por las APNFD, el conocimiento de las técnicas de lavado de dinero más complejas, como el uso indebido de personas jurídicas/morales, es limitado.

El GAFI, con sede en París, establece los estándares globales para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los países que no implementan sus estándares corren el riesgo de ser etiquetados como jurisdicciones de alto riesgo o no cooperantes.

El Ministerio de Hacienda y la Procuraduría General señalaron en un comunicado conjunto que la evaluación del GAFI reconoció que México tiene un plan maduro para la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, pero que necesita trabajar en algunos aspectos, especialmente contra el lavado de dinero.

El reporte indica que el país enfrenta riesgos principalmente relativos a lavado de dinero y por ende deben fortalecerse diversas acciones tales como priorizar las investigaciones en la materia, el decomiso de bienes ilícitos, la supervisión de actividades vulnerables no financieras y la identificación de beneficiarios finales de activos y empresas, señala el comunicado.

“Hasta hace relativamente poco, la PGR (la fiscalía general) no consideró como una de sus prioridades centrales la identificación e investigación del lavado de dinero”, dice la evaluación. “En consecuencia, el número de casos y condenas por lavado de dinero es muy bajo”.

El informe identificó «deficiencias significativas» en la forma en la que se investigan los casos de lavado de dinero, señalando que «rara vez» son investigados o procesados como una ofensa independiente y son «muy raramente» manejados en paralelo a una investigación existente. La corrupción en las agencias de ley socava su capacidad para procesar, según el informe.

Según el GAFI, los métodos de lavado de dinero en México incluyen el uso de empresas fantasmas o fachada para ocultar la propiedad efectiva; la compra y venta de bienes inmuebles y bienes de alto valor y el contrabando de efectivo a lo largo de la frontera. La ocultación de la propiedad beneficiosa o del beneficiario final es motivo de especial preocupación, según el informe, porque solo se identifican «en una medida limitada», lo que obstaculiza a las compañías financieras y no financieras en sus esfuerzos por evaluar adecuadamente el riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

El alto uso de efectivo y una economía informal relativamente grande aumentan significativamente el riesgo de que el fondos ilícitos puedan ser canalizados a la economía formal regulada, señala el informe,  “no obstante, de acuerdo con el análisis del Banco de México, las restricciones a las instituciones financieras para recibir efectivo en dólares estadounidenses han resultado en una disminución significativa en el volumen de dólares en efectivo, tanto en el depósito como en la extracción del efectivo del sistema financiero. Sin embargo, el uso de pesos mexicanos como efectivo ha aumentado”.

En gran parte debido a deficiencias en el marco legal, las instituciones financieras buscan identificar a los beneficiarios reales o finales solo «en circunstancias limitadas», y cuando lo hacen, se basan en la autodeclaración del cliente. Las compañías no financieras no creen que sea su función identificar a los beneficiarios finales, según el informe.

A pesar de los riesgos significativos en toda la economía, la mayoría de las autoridades clave comprenden bien este riesgo y existe una buena coordinación de políticas, dijo el GAFI. Se está desarrollando una estrategia nacional para abordar el lavado de dinero basada en los hallazgos de la evaluación nacional de riesgo, que finalizó en junio de 2016.

«El éxito de estas medidas dependerá de su correcta implementación», afirma el informe.

La declaración del gobierno señala que el informe del GAFI exige una mayor capacitación para las autoridades pertinentes. México dijo que el gobierno ha progresado en mejorar la identificación de los beneficiarios finales en el sector financiero desde que el equipo de evaluación del GAFI visitó México en marzo de 2017, con modificaciones a las Disposiciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo que emite la SHCP y que se encuentran en proceso de implementación.

“Las autoridades manifiestan su compromiso para fortalecer las áreas de oportunidad detectadas, pero sobre todo para continuar salvaguardando el sistema financiero nacional y la supervisión de las actividades vulnerables a fin de tener una economía sólida, que siga cumpliendo con los mejores estándares internacionales en la materia, de forma que se garanticen las condiciones para prevenir las amenazas del Lavado de Dinero, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, fortaleciendo la integridad financiera y contribuyendo así a la seguridad nacional de nuestro país”, termina el comunicado del gobierno.

Keppel Offshore & Marine Ltd. (KOM), una empresa con sede en Singapur que opera astilleros y reparaciones de buques de transporte, y su filial estadounidense, Keppel Offshore & Marine USA Inc. (KOM USA), Acordaron pagar una multa total de más de US$ 422 millones para resolver los cargos con las autoridades en Estados Unidos, Brasil y Singapur por el pago de millones de dólares en sobornos a funcionarios en Brasil. La filial estadounidense se declaró culpable la semana pasada en relación con la resolución. Además, se declaró la declaración de culpabilidad de un antiguo miembro de alto rango del departamento legal de la naviera.

KOM firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento en relación con una demanda presentada en el Distrito Este de Nueva York acusando a la compañía de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la ley contra la corrupción de EE.UU., FCPA. Además, KOM USA se declaró culpable y el juez Matsumoto la acusó de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la FCPA. De conformidad con su acuerdo con el Departamento de Justicia, KOM pagará una multa total de US$422,216,980. Como parte del acuerdo de enjuiciamiento diferido, KOM también se comprometió a implementar controles internos rigurosos y a cooperar plenamente con la investigación en curso del Departamento de Justicia.

«Las resoluciones con KOM y su filial estadounidense son el resultado de un esfuerzo multinacional para investigar y procesar un esquema de corrupción que resultó en el pago por las compañías demandadas de más de US$50 millones en sobornos a funcionarios brasileños y en ganancias para las empresas demandadas de más de US$350 millones de negocios obtenidos de manera corrupta en Brasil «, dijo la fiscal interina Bridget M. Rohde. «En un intento por ocultar sus crímenes, los acusados utilizaron el sistema financiero global, incluido el sistema bancario de Estados Unidos, para disfrazar la fuente y el desembolso de los pagos de sobornos mediante la transferencia de fondos a través de una serie de empresas ficticias. Estados Unidos, trabajando con sus socios de la aplicación de la ley en el exterior, continuará responsabilizando a aquellas corporaciones e individuos que busquen enriquecerse a través de la corrupción de funcionarios gubernamentales y funciones gubernamentales legítimas».

En procedimientos relacionados, la compañía llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Federal (MPF) en Brasil y las Cámaras del Fiscal General (AGC) en Singapur. Estados Unidos abonará el monto que la compañía deba pagar en Brasil y Singapur según sus respectivos acuerdos, Brasil recibirá US$211,108,490, equivalente al 50% de la multa, y Singapur hasta US$105,554,245, equivalente al 25%.

El Departamento también dio a conocer cargos contra un ex miembro de alto rango del departamento legal de KOM, quien se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la FCPA el 29 de agosto de 2017 en el Distrito Este de Nueva York, quien está esperando sentencia.

De acuerdo con las admisiones y los documentos judiciales, comenzando en 2001 y continuando hasta 2014, KOM conspiró para violar la FCPA pagando aproximadamente US$ 55 millones en sobornos a funcionarios de la compañía petrolera estatal brasileña Petrobras y al entonces partido político en el gobierno en Brasil, para obtener 13 contratos con Petrobras y otra entidad brasileña. KOM efectuó y ocultó los pagos de sobornos pagando comisiones descomunales a un intermediario, bajo la apariencia de acuerdos de consultoría legítimos, que luego realizaron pagos en beneficio de los funcionarios brasileños y del partido político brasileño.

Al llegar a las resoluciones con el Departamento de Justicia, KOM y KOM USA recibieron crédito por su cooperación sustancial con la investigación y por tomar medidas correctivas. Por ejemplo, KOM ha cancelado y disciplinado a los empleados involucrados en la conducta delictiva, y ha implementado un sistema mejorado de cumplimiento y controles internos para abordar y mitigar los riesgos de corrupción. En consecuencia, la sanción penal refleja una reducción del 25% en su multa.

«La resolución una vez más subraya la importancia de la colaboración del Departamento de Justicia con las autoridades extranjeras para responsabilizar a las empresas y personas corruptas por sus crímenes, al tiempo que garantiza la asignación justa y adecuada de multas y sanciones», dijo el Fiscal General Adjunto Interino John P. Cronan. «Este caso también representa la primera resolución coordinada de la FCPA con Singapur y la más reciente de varias resoluciones coordinadas con Brasil. La División Criminal se compromete a trabajar con nuestros socios internacionales para garantizar que las empresas honestas y respetuosas de la ley puedan competir en igualdad de condiciones en todo el mundo «.

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) lanzó recientemente el programa FinCEN Exchange para mejorar el intercambio de información con las instituciones financieras. Como parte de este programa, FinCEN, en estrecha coordinación con las fuerzas del orden público, convocará reuniones informativas periódicas con las instituciones financieras para intercambiar información sobre amenazas de finanzas ilegales que deban considerarse una prioridad, incluyendo información específica y tipologías más amplias. Esto permitirá que las instituciones financieras identifiquen mejor los riesgos y se concentren en asuntos de alta prioridad, y ayudará a FinCEN y a las autoridades policiales a recibir información crítica en apoyo de sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros.

«Sólidas alianzas público-privadas y el intercambio de información bidireccional son un componente crucial de nuestros esfuerzos para combatir los sofisticados métodos de lavado de dinero y las amenazas cambiantes que enfrentamos hoy», dijo Sigal P. Mandelker, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. «FinCEN Exchange convocará a las agencias de ley, FinCEN y diferentes tipos de instituciones financieras de todo el país para compartir información que pueda ayudar a identificar vulnerabilidades e interrumpir el financiamiento del terrorismo, la financiación de la proliferación y otros delitos financieros».

La participación del sector privado en FinCEN Exchange es estrictamente voluntaria, y el programa no introduce obligaciones legales. Tampoco reemplaza ni afecta los mecanismos existentes mediante los cuales las autoridades se relacionan directamente con la industria financiera. Es parte del objetivo más amplio del Departamento delTesoro de fortalecer el marco contra el lavado de dinero alentando, permitiendo y reconociendo un enfoque más regular de la industria en actividades de alto valor y alto impacto. Las sesiones informativas operativas del programa FinCEN Exchange comenzarán en las próximas semanas.

Información adicional sobre FinCEN Exchange

Las agencias de aplicación de la ley dependen de que la industria financiera reporte información importante para combatir los delitos financieros a través de mecanismos tales como los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y los Reportes de Operaciones en Efectivo (CTR, por sus siglas en inglés). El gobierno, a su vez, proporciona retroalimentación al sector privado, incluso a través de Avisos FinCEN, Estadísticas SAR, informes y otras formas de información para guiar y alentar los esfuerzos de la industria.

Desde 2015, FinCEN ha convocado más de una docena de sesiones informativas especiales en cinco ciudades con más de 40 instituciones financieras y múltiples agencias de aplicación de la ley. En relación con estas reuniones informativas, FinCEN, en estrecha colaboración con las fuerzas del orden, emite solicitudes de conformidad con la Sección 314 (a) de la Ley USA PATRIOT de EE. UU. relacionada con las investigaciones y proporciona tipologías financieras asociadas. La información proporcionada después de las reuniones informativas de las instituciones financieras a través de los ROS ha ayudado al sector público a planificar y enfocarse para apuntar a sofisticadas operaciones globales de lavado de dinero, tráfico de personas y redes de contrabando, corrupción y redes comerciales de lavado de dinero, entre otros actores ilícitos. Los informes también han demostrado ser útiles para las instituciones financieras, ayudándolas a enfocarse en prioridades específicas e identificar mejor los riesgos.

FinCEN Exchange se basará en el éxito de estos esfuerzos al convocar sesiones informativas operacionales más regulares y necesarias en todo el país entre las fuerzas del orden público, FinCEN y las instituciones financieras para intercambiar información sobre finanzas ilícitas que deben considerarse una prioridad. En consulta con las agencias de ley, FinCEN invitará a las instituciones financieras a participar en función de una variedad de factores, incluso si pueden poseer información relevante para un tema en particular. Si bien los entornos de cada información variarán, la información compartida, ya sea a través de la Sección 314 (a) de la Ley USA PATRIOT u otras autoridades, a menudo incluirá información destinada a respaldar líneas específicas de investigación o tipologías más amplias relacionadas con una amenaza particular de financiamiento ilícito. Después de recibir información en una sesión informativa operativa de FinCEN Exchange, las instituciones financieras estarán mejor equipadas para incorporar información receptiva a los ROS.

La FinCEN alienta a las instituciones financieras a compartir voluntariamente, según corresponda, información con otros participantes de FinCEN Exchange, así como con otras instituciones financieras o asociaciones de instituciones financieras de conformidad con la Sección 314 (b) de la Ley USA PATRIOT de EE. UU.

La petrolera estatal de Brasil, Petrobras, acordó esta semana pagar US$2.950 millones para compensar a los inversionistas de EE. UU. que perdieron dinero cuando el gigante escándalo de corrupción Lava Jato erosionó el valor de mercado de la gigante petrolera.

Petrobras no reconoció haber procedido de forma indebida, según el acuerdo, una de las mayores conciliaciones en una demanda colectiva en Estados Unidos. Petrobras afirmó que era una víctima, y negó haber cometido una falta en una presentación de valores. Pero su valor de mercado se ha desplomado a medida que se profundiza el llamado escándalo de corrupción Lava Jato.

El acuerdo pondrá fin a una batalla legal de tres años con los tenedores de los American Depositary Receipts de Petrobras que presentaron demandas por grandes pérdidas luego de que los fiscales brasileños expusieran el extenso esquema de delitos financieros y comisiones clandestinas que involucraba a la compañía en 2014.

Según varios analistas, Petroleo Brasileiro SA, como se llama formalmente la petrolera, llegó a un acuerdo en forma anticipada a la esperada y por un monto menor.

El arreglo, que aún requiere la aprobación final de un juez, representa el acuerdo de demanda colectiva más grande de EE. UU. en una década, según socios de la firma de abogados Pomerantz LLP, el principal abogado de los demandantes.

Petrobras se encontró en el centro de una investigación sobre corrupción brasileña llamada Lava Jato, que se extendió a otras industrias y países, implicando a compañías de construcción, bancos, astilleros y políticos destacados.

Petrobras espera resolver todas las demandas colectivas pendientes y potenciales en EE.UU. El acuerdo no incluye una compensación para los inversionistas que compraron sus valores en Brasil, donde las acciones colectivas no son comunes. La compañía dice que seguirá disputando otras demandas en la corte.

La compañía ha resuelto más de una docena de casos individuales en su contra en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York y espera que los restantes se sumen al acuerdo actual.

Una labor coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en Colombia ha permitido en 2017 la obtención de logros destacados en la lucha contra tres de los delitos que más afectan la seguridad ciudadana y concentran el mayor número de denuncias: el homicidio, el hurto y el cibercrimen.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelantaron operaciones conjuntas para contrarrestar estos tres delitos en distintas regiones del país y con respecto al ciberdelito, apunta a reforzar los controles y estrategias para contrarrestar las intenciones de los delincuentes en internet.

El mundo virtual se ha convertido en uno de los escenarios más utilizados por los delincuentes en Colombia según esta iniciativa de Colombia. Las denuncias por casos de cibercrimen registran a la fecha un incremento del 28,36% respecto del año anterior, con casi 8.000 reportes en 2017, se trata del delito con mayor tasa de crecimiento en Colombia al cierre del año 2017.

Entre las modalidades que más afectan a los cibernautas están:

La suplantación de identidad para cometer actos ilícitos, que representaron un incremento del 33%.

La suplantación de sitios web para capturar datos personales, del 29%.

La estafa por la compra y/o venta de productos en Internet, del 15%.

El trabajo entre distintas instituciones, liderado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, ha permitido iniciativas para atacar el fenómeno: planes coordinados entre la Policía, la Fiscalía, el sector público-privado y agencias como Europol, Ameripol e Interpol, ha permitido que se llevaran a cabo este año 16 operaciones nacionales y 10 internacionales, con un saldo de 515 personas capturadas y 35 estructuras criminales desarticuladas.

En materia de pornografía infantil, se ha logrado el bloqueo de 3.891 páginas, se han capturado 56 personas, se han abierto 125 procesos investigativos y se han recibido más de 1.000 denuncias.

En el ámbito preventivo, la Estrategia Integral de Seguridad (ESCIB), de la cual hacen parte entidades privadas y gubernamentales, ha impactado a más de 600.000 personas a través de campañas pedagógicas y más de 1.150 ciudadanos han sido capacitados.

Fiscalía de Colombia solicita audiencia de imputación contra 24 personas

Continuando con la investigación que se adelanta por el caso denominado “Panamá Papers”, la Fiscalía de Colombia presentó a comienzos de mes su segunda fase de resultados en la que ha llamado a imputación a 24 personas entre representantes legales, revisores fiscales y contadores de 7 sociedades colombianas.

Las siete sociedades son: Broques S.A.S, Soluciones Empresariales y de Mercadeo S.A.S., Prodisur S.A., Servinsumus S.A., Mas S.A.S., Moreno Restrepo S.A y Faaca S.A.S.

Los investigados habrían utilizado dichas empresas para pagar por servicios inexistentes supuestamente prestados por sociedades ubicadas en el exterior, pero que resultaron ser simples fachadas controladas por Mossack Fonseca.

El objetivo habría sido el de transferir de manera irregular recursos fuera de las empresas para lo cual falsificaron su contabilidad.

Si bien las sociedades fachada que expedían las facturas se encontraban radicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, el seguimiento al dinero hecho por Colombia dio como resultado que los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera en las Bahamas.

Llamados a imputación

Señala la Fiscalía de Colombia que en relación con estos hechos han sido llamados a audiencia de formulación de imputación por falsedad ideológica en documento privado quienes se desempeñaban para la época de los hechos como representantes legales, revisores fiscales y contadores de las siguientes empresas:

Héctor Javier Ángel Pinzón, Juan Carlos Agudelo Álvarez, Darysol Linares Vega y Lyda Paola Barrera Blanco, quienes se desempeñaban como representante legal, revisor fiscal y contadores de la sociedad Broquel S.A.S.

Gabriel Fernando Parra Nieto, Rodrigo Barrera Pinzón, María Constanza Tirado y Carlos Vásquez, quienes se desempeñaban como representante legal, representante legal suplente, revisor fiscal y contador  de la sociedad Soluciones Empresariales y de Mercadeo S.A.S.

Rafael Eduardo Ardila Arenas, Jury Alexánder Avendaño Beltrán, Martha Ligia Galvis y Alba Del Pilar Rey Vega, quienes se desempeñaban como representantes legales, evisor fiscal y contadora de la sociedad Prodisur S.A.

Germán Rojas Delgado, José Ignacio López Rojas, revisor fiscal, y Hugo Báez Oliveros, quienes se desempeñaban como representante legal, revisor fiscal y contador de la sociedad SERVINSUMOS S.A.

Manuela Sierra Gutiérrez, Amalia Sierra Gutiérrez, Augusto Madrigal Múnera, y Diana Carolina Rojas, quienes se desempeñaban como representante legal, revisor fiscal y contador de la sociedad MAS S.A.S.

Federico Luis Moreno Vásquez, Paula Andrea Correa Correa y María Elena Gil Builes, quienes se desempeñaban como representante legal, revisor fiscal y contador de la sociedad Moreno Restrepo S.A.

Luis Alberto Rivillas Martínez e Iván Dario Salazar, quienes se desempeñaban como revisor fiscal y contador de la sociedad FAACA S.A.S.

Las anteriores personas se suman a las 20 ya vinculadas en la primera fase de la investigación, que fue anunciada en octubre. Así pues, con estas nuevas imputaciones 44 personas físicas en Colombia son vinculadas a la investigación de los denominados Panamá Papers.

La convergencia, mejores alianzas intergubernamentales e internacionales y el ataque a los delincuentes financieros desde todos los ángulos, también estuvo en la mente de los principales funcionarios del gobierno del Reino Unido con la creación esta semana de un nuevo «Centro Nacional de Delitos Económicos».

El centro de múltiples agencias «planificará y coordinará las respuestas operativas entre todas las agencias que reúnen las capacidades del Reino Unido para combatir los delitos económicos de manera más efectiva», según la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del país. El nuevo centro estará ubicado dentro de la NCA.

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El centro aprovechará la «inteligencia mejorada y las capacidades analíticas» y combinará la experiencia entre las agencias de aplicación de la ley nacionales y extranjeras, fuera de los organismos gubernamentales y estará más informado y sincronizado con el sector privado, incluidas las instituciones financieras.

La unidad busca investigar mejor y procesar a los grupos delictivos organizados, piratas cibernéticos y traficantes de personas que se espera recauden más de US$120.000 millones de ganancias en el Reino Unido, y traten de lavar esa suma a través del sistema financiero del país.

Las medidas «mejorarán significativamente nuestra capacidad para abordar los casos más graves de delitos económicos al garantizar que nuestras agencias cuenten con las herramientas y la inversión que necesitan para investigar, enjuiciar y confiscar bienes criminales», dijo el secretario del Interior, Amber Rudd, en un comunicado.

El «paquete de medidas» que acompañará la creación de la unidad también incluirá nuevas leyes contra el fraude y el lavado de dinero, lo que facilitará a los investigadores el decomiso de activos de grupos sospechosos de delincuencia y la reorganización de cómo los bancos identifican actividades sospechosas e informan al gobierno.

El Reino Unido también reconoció el día de la lucha contra la corrupción esta semana publicando su estrategia anticorrupción, estableciendo un «marco ambicioso a largo plazo para enfrentar la corrupción hasta 2022».

Las 6 prioridades del gobierno según la estrategia son:

Reducir las amenazas internas en sectores nacionales de alto riesgo, como fronteras y puertos

Reducir la corrupción en la contratación pública y las subvenciones

Promover la integridad entre los sectores público y privado

Fortalecer la integridad del Reino Unido como centro financiero internacional

Mejorar el ambiente de negocios a nivel global

Trabajar con otros países para combatir la corrupción

«La corrupción desestabiliza gobiernos y economías, llevándose dinero de países en desarrollo para apoyar el estilo de vida de lujo de criminales despiadados», dijo John Penrose MP, el recién nombrado para encabezar la iniciativa de contra el delito financiero después de haber sido nombrado por la primer ministro.

HSBC ha recorrido un largo camino en poco tiempo. Ese progreso se confirmó esta semana cuando HSBC destacó que su acuerdo de enjuiciamiento diferido (Deferred Prosecution Agreement, DPA) de US$1.900 millones de diciembre de 2012 con el Departamento de Justicia de los EE. UU. y otros reguladores federales, habían expirado.

La multa se debió a prolongadas y profundas fallas en el cumplimiento de los controles contra el lavado de dinero y el cumplimiento de las obligaciones en el régimen de sanciones, lo que provocó que el banco sea llevado ante el Congreso de EE.UU. por el lavado de miles de millones de dólares para algunas de las organizaciones criminales más temidas del planeta.

Ese hito tiene un valor especial si se considera que, tan recientemente como febrero, en un informe anual, un monitor corporativo expresó «preocupaciones significativas» sobre el progreso de HSBC para poder cumplir con el DPA.

El incumplimiento de los términos y cronogramas del acuerdo podría haber significado que el banco sea básicamente «condenado» por lavado de dinero, lo que podría haber ocasionado que el banco perdiera su licencia (charter) para operar en Estados Unidos.

Otras sanciones menores, pero aún muy costosas, también estaban disponibles, incluida la extensión de la duración del acuerdo y la remediación relacionada, la presentación de nuevas acusaciones contra el banco o incluso la imposición de sanciones monetarias adicionales.

HSBC ha «cumplido con todos sus compromisos», dijo el banco en el comunicado, y agregó que el próximo paso esperado es que el Departamento de Justicia presente una moción ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York solicitando la suspensión de los cargos establecidos en el acuerdo.

En documentos de sanción y procedimientos del Congreso, HSBC admitió que durante más de una década lavó más de US$1.200 millones para narcotraficantes y el régimen de Irán.

Durante su larga relación comercial con los cárteles de la droga mexicanos, HSBC fue acusado de mover US$7.000 millones en efectivo del producto del narcotráfico a Estados Unidos en 2007 y 2008, principalmente a través de su filial mexicana. Ningún ejecutivo del banco fue procesado ni encarcelado.

En los últimos años, HSBC ha pasado de paria de cumplimiento a socio de las fuerzas de aplicación de la ley, tomando algunos de los nombres más importantes en el espacio de fincrime, o crimen financiero, y colocándolos en las posiciones principales del programa o iniciativas contra el delito financiero.

Esa lista incluye a muchos antiguos altos funcionarios del Tesoro de EE. UU., Entre ellos Robert Werner, Stuart Levey y, más recientemente, Jennifer Shasky Calvery, una vanguardista dentro de la UIF de EE.UU., la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de los EE.UU., o FinCEN.

Además, el análisis del cumplimiento del DPA por parte del gobierno tuvo en cuenta las amplias mejoras en los sistemas de HSBC para analizar tanto el comportamiento indeseado como a las personas.

Desde 2015, HSBC ha «mejorado sustancialmente» su infraestructura de TI, tecnología de la Información, para descubrir y analizar mejor los delitos financieros, invirtiendo US$1.000 millones en sistemas nuevos y actualizados.

Como parte de esa iniciativa, el banco creó un «entorno único que toma todos los datos de millones de clientes de todo el mundo y los reúne de forma integrada».

Según el propio banco su equipo de cumplimiento es cinco veces más grande que en 2013.

El año pasado, el banco creó un Risk Crime Risk (FCR) para fusionar la gestión de riesgos y cumplimiento en todo el arco de delitos financieros, junto con el fortalecimiento de asociaciones público-privadas para comprender mejor y reaccionar ante las tendencias delictivas directamente de la aplicación de la ley.