El informe resume las áreas clave de enfoque para la comercialización algorítmica y resalta las áreas de buenas y malas prácticas observadas en anteriores revisiones cruzadas entre firmas.

La tecnología automatizada brinda importantes beneficios a los inversionistas, incluyendo una mayor velocidad de ejecución y costos reducidos. Sin embargo, también puede amplificar ciertos riesgos. Por lo tanto, es esencial que las funciones clave de supervisión, incluido el cumplimiento y la gestión de riesgos, sigan el ritmo de los avances tecnológicos.

El informe se centra en cinco áreas clave dentro del cumplimiento algorítmico de comercio en los mercados mayoristas:

• Definición de trading algorítmico
• Proceso de desarrollo y prueba
• Controles de riesgo
• Gobernanza y supervisión
• Conducta de mercado

«Este informe es relevante para todas las empresas que desarrollan y utilizan estrategias de negociación algorítmicas en los mercados mayoristas. Las empresas deben considerar y actuar sobre su contenido en el contexto de las buenas prácticas para sus negocios «, señaló Megan Butler, Director of Supervision – Investment, Wholesale and Specialist en la FCA.

La Prudential Regulation Authority (PRA) también ha publicado un documento de consulta sobre las expectativas que tiene el gobierno en relación con el gobierno y gestión del riesgo de una firma en cuanto al comercio algorítmico. La publicación PRA es una consulta formal sobre una declaración de supervisión que establece las expectativas para los aspectos prudenciales de la gestión de riesgos y la gobernanza de la negociación algorítmica en las empresas reguladas por PRA.

La Justicia de EE.UU. desmantela una plataforma utilizada para victimizar a millones en los 50 estados y en el mundo en una de las empresas de ciberfraude más grandes jamás procesadas por el Departamento de Justicia.

La semana pasada se dio a conocer una demanda federal acusando a 36 personas por su presunta participación en la Organización Infraud, una empresa cibercriminal basada en Internet dedicada a la adquisición, venta y difusión a gran escala de identidades robadas, tarjetas de débito y crédito comprometidas, información de identificación personal, información financiera y bancaria, malware informático y otro contrabando.

Tras una acusación formal de nueve cargos por parte de un jurado investigador de Las Vegas, Nevada, alegando conspiración de crimen organizado y otros delitos, las autoridades federales, estatales, locales e internacionales arrestaron a 13 acusados de Estados Unidos y seis países: Australia, Reino Unido, Francia, Italia, Kosovo y Serbia.

«Las acusaciones y arrestos de marcan uno de los enjuiciamientos corporativos más grandes contra el fraude cibernético jamás emprendido por el Departamento de Justicia», dijo el Fiscal Federal Adjunto Interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, John P. Cronan. «Como se alega en la acusación, Infraud operaba como una empresa para facilitar el fraude cibernético a escala mundial. Supuestamente sus miembros causaron pérdidas por más de US$530 millones a consumidores, empresas e instituciones financieras por igual, y se alega que las pérdidas que pretendían causar ascendían a más de US$2.200 millones. El Departamento de Justicia se niega a permitir que estos ciberdelincuentes utilicen el anonimato percibido de Internet como escudo para sus crímenes. Estamos comprometidos a trabajar estrechamente con nuestras contrapartes internacionales para identificar, investigar y llevar ante la justicia a los autores de estos crímenes, en cualquier lugar del mundo donde operen».

«Las organizaciones criminales cibernéticas como Infraud amenazan no solo a los ciudadanos de EE.UU. sino también a las personas en todos los rincones del mundo», dijo el Director Ejecutivo en Funciones, de Investigaciones de Seguridad Interior (HSI) de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, Derek N. Benner. «Las acciones los piratas cibernéticos y los ladrones de identidad no solo dañan a innumerables estadounidenses inocentes, sino que representan una amenaza gigantesca para nuestro sistema financiero y el comercio global. Los criminales involucrados en tales esquemas pueden pensar que pueden escapar de la detección escondiéndose detrás de sus pantallas de computadora aquí y en el extranjero, pero como muestra este caso, el ciberespacio no es un refugio de la justicia. HSI continuará trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en este país y en todo el mundo para atacar agresivamente a los cibercriminales para garantizar que los perpetradores se enfrenten por completo a la ley».

Según la acusación, la Organización Infraud fue creada en octubre de 2010 por Svyatoslav Bondarenko, de 34 años, de Ucrania, para promover y aumentar el interés en la Organización Infraud como principal destino para “carding” –comprar artículos con información de tarjeta de crédito falsificada o robada— en Internet. Bajo el lema «In Fraud We Trust», la organización dirigió el tráfico y posibles compradores a los sitios de venta automática de sus miembros, que servían como conductos en línea para el tráfico de medios de identificación robados, información financiera y bancaria robada, malware y otros bienes ilícitos. También proporcionó un servicio de custodia para facilitar las transacciones de divisas digitales ilícitas entre sus miembros y protocolos de selección empleados que pretendían garantizar que solo los vendedores de alta calidad de tarjetas robadas, información de identificación personal y otros artículos de contrabando podían publicitar a los miembros.

Según la acusación, los miembros de Infraud tenían roles definidos dentro de la jerarquía de la organización. Los «administradores» manejaban la operación diaria y la planificación estratégica de la organización, aprobaban y monitoreaban la membresía, e imponían castigos y recompensas a los miembros. Los «Super Moderadores» supervisaron y administraron áreas de temas específicos dentro de su experiencia. Los «moderadores» moderaron uno o dos sub-foros específicos dentro de sus áreas de experiencia en la materia. Los «vendedores» vendieron productos y servicios ilícitos a los miembros de Infraud. Finalmente, los «Miembros VIP» y los «Miembros» utilizaron el foro de Infraud para recopilar información y facilitar sus actividades delictivas. A marzo de 2017, había 10.901 miembros registrados de la Organización Infraud.

Durante el curso de sus siete años de historia, la Organización Infraud apunto causar aproximadamente US$2.200 mil millones en pérdidas previstas, y más de US$ 530 millones en pérdidas reales, en una amplia franja de instituciones financieras, comerciantes y particulares, y habría seguido haciéndolo si no se la hubiera controlado.

En la operación internacional para desmantelar la Organización Infraud participaron la Oficina de Asuntos Internacionales y el Centro Internacional de Operaciones e Inteligencia contra la Delincuencia Organizada del Departamento de Justicia de EE.UU.; Interpol Roma; Interpol Tirana; la Policía Nacional Italiana (Policía de Correos y Comunicaciones); la Policía Federal de Australia y la Autoridad Central de Cooperación Internacional contra el Crimen, el Departamento del Fiscal General del Gobierno de Australia; el Servicio de Seguridad Diplomática de los Estados Unidos, Oficina de Seguridad Regional en la Embajada de los Estados Unidos en Tirana, Albania; la policía de la ciudad de Londres, DCPCU; el Ministerio de Justicia francés, el Fiscal de París, L’Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication; las autoridades judiciales y policiales de Luxemburgo; la Dirección de Investigación del Crimen Organizado, Sector de Investigación de Delitos Cibernéticos; la Fiscalía Básica de Pristina, Kosovo; y el Ministerio de Justicia de Kosovo, el Departamento de Cooperación Jurídica Internacional y la Fiscalía Especial para Delitos de Alta Tecnología de Serbia.

Por David Olenzak *

Advertencia: las autoridades tributarias de Estados Unidos tienen un sistema de retroalimentación de datos incorporado.

En Estados Unidos, las instituciones financieras locales proporcionan los estados financieros al titular de la cuenta y a la autoridad fiscal del país: el Internal Reveue Service o IRS.  Esto le permite al IRS asegurarse que todos los ingresos sean completamente revelados.  Para cuentas fuera de EE.UU., históricamente las Instituciones financieras extranjeras (FFI, por sus siglas en inglés) sólo han proporcionado información de las cuentas a los titulares de las mismas. Del titular –ciudadano estadounidense— se esperaba que reportara voluntariamente la información de sus ingresos al IRS mediante los formularios de impuestos a través de los reportes FBAR o 8938.

La ley FATCA fue creada para salvar esa brecha.  Al tener el compromiso por parte de las instituciones financieras extranjeras de reportar información sobre los contribuyentes estadounidenses con cuentas financieras fuera de EE.UU., el IRS puede comparar esa información con la presentada por el individuo en sus declaraciones de renta anual y determinar si tienen ingresos no declarados en el exterior.

Lo que muchas instituciones financieras extranjeras no se dan cuenta es que esto puede funcionar en ambos sentidos.  Tomemos una hipotética institución financiera extranjera que se ha inscrito en FATCA y haya acordado reportar información sobre las personas (naturales y jurídicas) obligadas a pagar impuestos en Estados Unidos.  Si la institución financiera no presenta un informe FATCA, una de dos cosas puede ser cierta: la institución financiera extranjera no tiene ningún contribuyente de Estados Unidos o si los tiene y simplemente no cumple con sus obligaciones de reportar.  Digamos que la institución financiera extranjera tiene diez cuentas estadounidenses que deberían haber sido reportadas y no lo hace.  Si incluso uno de los diez contribuyentes estadounidenses informa voluntariamente su cuenta fuera de EE.UU., el IRS sabe que la institución financiera extranjera no está cumpliendo con sus obligaciones.  Al revés, si la institución financiera informa a los diez contribuyentes de Estados Unidos y sólo uno de los voluntarios reporta su información, el IRS puede ir tras los otros nueve por no informar.

Esto se traduce un poco en la teoría de juego llamada “El dilema del prisionero”.  En dicha teoría, un policía atrapa a dos sospechosos en la escena del crimen.  El policía los detiene y los pone en celdas separadas para que no puedan comunicarse. Le dice a cada uno de ellos que no tiene ninguna evidencia física, así que si ambos afirman que son inocentes, se verá obligado a liberarlos.  Si alguno de los dos presos admite que ambos sospechosos cometieron el crimen el policía le pedirá al juez que proporcione una sentencia muy ligera para recompensar su honestidad.  Sin embargo, si un preso admite culpabilidad y el otro inocencia, el policía le pedirá al juez el máximo castigo para el mentiroso que dijo ser inocente.

En teoría, lo más beneficioso sería que ambos presos se declaren inocentes y sean liberados.  Sin embargo, ya que cada prisionero no sabe lo que el otro va a decir, es más común que la gente racional admita la culpa y tome una sentencia ligera. De no hacerlo y declararse inocente puede que se enfrenten a una larga condena si su compañero sí se declarar culpable.  Esto mismo es cierto para las entidades financieras extranjeras como para los contribuyentes estadounidenses.  Sería conveniente para ambas partes no reportar los ingresos, sin embargo, temerosos de que la otra parte pudiera, ambas partes probablemente cumplan.

Actualmente, el IRS está ejecutando un programa de amnistía para los contribuyentes de impuestos estadounidenses.  Si un contribuyente estadounidense alza la mano y declara sus cuentas fuera de EE.UU. que no fueron declaradas previamente, tendrá que pagar los impuestos atrasados, intereses, y una pena del 20%, y luego será absuelto.  Esto es mejor para el contribuyente que si el IRS lo encuentra primero.

Si yo fuera el IRS, tomaría las próximas 100 personas que pidan amnistía y haría una lista de sus productos financieros y de las instituciones financieras extranjeras de las que son clientes.  A continuación, pediría los formularios FATCA de cada una de estas instituciones financieras. Detrás de cada cuenta habría un ejecutivo de ventas.  Esta persona de ventas probablemente estaba apuntando a clientes estadounidenses, y de alguna manera en los años previos a FATCA los clientes estadounidenses tenían la sensación que podían mantener la cuenta y probablemente salirse con la suya sin pagar impuestos.  Para cada formulario FATCA, una de dos cosas puede pasar: no hay presentación del formulario FATCA, en cuyo caso el IRS podría notificar a la institución y/o autoridad fiscal de su jurisdicción que la institución financiera debe rendir cuentas debido a su incapacidad de adherirse a sus compromisos de presentación de reportes; o se presenta un formulario de FATCA.  Con el formulario FATCA, siendo el IRS, buscaría las declaraciones de impuestos de cada persona en los formularios, en busca de personas que no declararon voluntariamente sus ingresos fuera de EE.UU.

Como pasa con la policía de tráfico, el IRS no tiene el poder de atraparlos a todos.  El objetivo es obtener el cumplimiento voluntario, busca atrapar a suficientes personas para que asuste al resto y los lleve a cumplir.  Además, aunque comparar las cuentas declaradas con las reportadas en los formularios FATCA pareciera un ejercicio tecnológico sencillo, yo no lo aconsejaría puesto que alertaría al IRS.

Si intenta hacer que todas las cuentas se correspondan, si alguien no recibe una carta de no conformidad, el IRS inadvertidamente enviaría el mensaje que usted está «cumpliendo» y permitiéndole salirse con la suya y no informar.

A diferencia de la lucha contra el lavado de dinero, donde las posibilidades de ser atrapado por tener algún individuo o entidad sancionado en su base de clientes era relativamente remota y el cumplimiento ALD es determinado por los reguladores locales, con FATCA el IRS tiene los datos para corroborar el cumplimiento o la falta de éste.  Además, hay dólares reales detrás de esto.  Todos los evasores de impuestos atrapados significan más dólares para el Tesoro de Estados Unidos. Está advertido.

David Olenzak es el fundador y Presidente de Trans World Compliance, Inc. proveedor de tecnología para apoyar el cumplimiento FATCA  y CRS por parte de instituciones financieras y autoridades fiscales. David Olenzak es un emprendedor serial con un pasado en TI y experiencia de más de quince años en Cumplimiento y RegTech.

Un ex abogado de EE.UU. –Virginia— fue sentenciado recientemente a 84 meses en prisión por conspirar para lavar más de US$ 2 millones derivados de un business email compromise scheme –esquema de compromiso de correo electrónico— y por intentar lavar fondos producto del contrabando de inmigrantes ilegales a Estados Unidos y tráfico de armas de fuego en África.

Raymond Juiwen Ho, de 48 años, se declaró culpable el 19 de octubre de 2017 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de lavado de dinero. De acuerdo con documentos judiciales, al menos de marzo de 2013 a febrero de 2017, Ho participó en un plan de lavado de dinero a gran escala que resultó en millones de dólares movidos a través de cuentas bancarias (algunas de las cuales eran cuentas fiduciarias de abogados) que Ho o sus cómplices controlaban.

Entre julio y noviembre de 2014, Ho y sus cómplices enviaron correos electrónicos de cuentas comprometidas o falsas donde engañaron a las víctimas para que transfirieran dinero a cuentas controladas por Ho y otros. Ho luego lavó estos fondos robados y los trasladó a cuentas ubicadas en Estados Unidos y en el extranjero. Ho, quien reclutó a otros para ayudarlo en sus actividades de lavado, lavó más de US$ 2 millones de fondos obtenidos ilegalmente.

Ho participó en su negocio de lavado de dinero a pesar de las múltiples instancias donde bancos le cerraron sus cuentas debido a cuestiones de fraude y preguntas por parte de las agencias de ley. Eventualmente, en noviembre de 2015, Homeland Security Investigation inició una operación en la cual agentes encubiertos de HSI buscaron la ayuda de Ho para trasladar el producto del contrabando de personas y el tráfico de armas de fuego entre cuentas bancarias ubicadas en Estados Unidos y en el extranjero. Ho participó en cuatro de esas transacciones entre diciembre de 2015 y junio de 2016, involucrando más de US$ 175.000 que él creía que eran producto de actividades ilegales de contrabando y tráfico de armas de fuego.

Durante su comportamiento criminal descrito anteriormente, Ho era abogado en ejercicio de un bufete de abogados de propiedad intelectual con sede en Washington, DC. Como parte de este caso, tuvo que renunciar a sus licencias para ejercer como abogado en Georgia y el Distrito de Columbia.

La Oficina de Inspecciones y Exámenes de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores (OCIE, por sus siglas en inglés) anunció recientemente sus prioridades para el examen 2018. OCIE publica las prioridades de sus exámenes anualmente para mejorar el cumplimiento, prevenir el fraude, controlar el riesgo e informar la política. De particular interés este año serán los asuntos relacionados con los desarrollos en criptomonedas y ofertas iniciales de monedas, además de la infraestructura crítica del mercado, los deberes para los inversores minoristas y operaciones de mercado secundario.

Este año, las prioridades de examen de OCIE se dividen en cinco categorías: (1) cumplimiento y riesgos en la infraestructura de mercados críticos; (2) asuntos de importancia para los inversores minoristas, incluidos los jubilados y los que ahorran para la jubilación; (3) FINRA y MSRB; (4) ciberseguridad; y (5) programas contra el lavado de dinero.

«Agradezco la dedicación de OCIE para maximizar la efectividad de sus recursos con un buen ojo para la verificación de activos, la infraestructura del mercado y los deberes a los inversionistas minoristas», dijo el presidente de SEC, Jay Clayton.

«A medida que los mercados evolucionan continuamente y los productos y servicios disponibles para los inversionistas se adaptan, OCIE sigue comprometida en su programa basado en riesgos para examinar a los regulados en priorizar los intereses de los inversionistas minoristas y examinar los aspectos de las empresas de valores que presentan riesgos para los inversionistas y el funcionamiento adecuado de nuestros mercados de capitales «, dijo el Director de OCIE, Pete Driscoll.

Seguridad cibernética: cada uno de los programas de examen de OCIE priorizará la seguridad cibernética con énfasis en, entre otras cosas, la gobernanza y evaluación de riesgos, derechos y controles de acceso, prevención de pérdida de datos, gestión de proveedores, capacitación y respuesta a incidentes.

Programas contra el lavado de dinero: los examinadores revisarán el cumplimiento de los requisitos antilavado de dinero, incluso si las empresas están adaptando de manera adecuada sus programas ALD para cumplir con sus obligaciones regulatorias.

Cumplimiento y Riesgos en la Infraestructura de Mercados Críticos: OCIE continuará examinando entidades que brindan servicios críticos para el funcionamiento adecuado de los mercados de capital. OCIE llevará a cabo exámenes de estas empresas que incluyen, entre otros, agencias de compensación, bolsas de valores nacionales y agentes de transferencia, que se centran en ciertos aspectos de sus operaciones y el cumplimiento de las normas recientemente vigentes.

Inversionistas minoristas, incluyendo personas mayores y aquellas personas que ahorran para la jubilación: proteger a los inversionistas comunes sigue siendo una prioridad en 2018. OCIE enfocará los exámenes en la divulgación y el cálculo de honorarios, gastos y otros cargos que pagan los inversionistas, la supervisión de representantes que venden productos y servicios a inversionistas, y la ejecución de pedidos de clientes en valores de renta fija. OCIE continuará monitoreando el crecimiento de las criptomonedas y las ofertas iniciales de monedas (ICO por sus siglas en inglés) y examinará a los registrantes involucrados en su oferta y venta para asegurar que los inversionistas reciban las revelaciones adecuadas sobre los riesgos asociados con estas inversiones.

Las prioridades publicadas para 2018 no son exhaustivas. Además, se pueden agregar prioridades adicionales a la luz de las condiciones del mercado o a medida que OCIE identifique los riesgos y tendencias emergentes. El esfuerzo de colaboración para formular las prioridades anuales de los exámenes comienza con la retroalimentación de los examinadores, que está en una posición única para identificar las prácticas, los productos y los servicios que pueden representar un riesgo significativo para los inversionistas o los mercados financieros. El personal de OCIE también solicita el asesoramiento del presidente y los comisionados, del personal de otras divisiones y oficinas de la SEC, del Defensor del inversor de la SEC y de los reguladores colegas de la SEC.

El Congreso de Estados Unidos debe asumir un papel de liderazgo para exigir a los agentes de formación de empresas, abogados y otros gatekeepers que obtengan la información de los beneficiarios reales en la etapa de creación de entidades para frustrar a los delincuentes que se esconden detrás de estructuras de propiedad anónimas y opacas.

El Congreso también puede tener que intervenir para fortalecer la supervisión del floreciente y volátil sector de las monedas virtuales debido a las lagunas legislativas y de aplicación de la ley que dejan la puerta abierta a estafadores, grupos delictivos organizados y hackers cibernéticos. Una solución: exigir a quienes intercambian/comercializan estas monedas que implementen disposiciones de identificación de clientes más estrictas para vincular a las personas reales con sus apodos desconocidos en línea.

Esos son solo algunos de los temas que se trataron y los resultados que se analizaron en dos audiencias del Congreso de EE.UU. la semana pasada sobre cómo una mejor transparencia corporativa en EE.UU. podría eliminar un obstáculo importante para el cumplimiento de la ley en casos complejos casos de delitos financieros internacionales y cuáles son las vulnerabilidades actuales para examinar para el sector de las monedas virtuales.

Para ver la audiencia sobre el beneficiario real y leer las declaraciones de los testigos, haga clic aquí.

Estas últimas audiencias del Senado son una continuación de la tendencia del Congreso en los últimos meses, que se encuentra analizando más ampliamente el marco general contra el lavado de dinero del país.

Las audiencias—a las que asistieron agentes de ley, reguladores y oficiales de cumplimiento actuales y anteriores— intentan encontrar áreas para mejorar la detección y el enjuiciamiento de delitos financieros, y en algunos casos permitir a las instituciones financieras pasar de un sistema que las penaliza por fallas menores en los procesos de cumplimiento normativo a una innovación dinámica de recompensas que proporcione información valiosa para la aplicación de la ley.

En esa misma línea, los reguladores bancarios y de valores de EE.UU. están luchando para clasificar, examinar y calificar las prácticas comerciales y los controles de cumplimiento de las operaciones vinculadas a las monedas virtuales, para los corredores, cambistas, una empresa que explore blockchain o un empresa participando en una oferta inicial de monedas (ICO).

¿Por qué?

Grandes casos internacionales encabezados por Estados Unidos en los últimos años han revelado que los grupos criminales y terroristas y, particularmente, las bandas de piratería cibernética, utilizan la facilidad y el anonimato del valor virtual para monetizar mejor los datos robados y cobrar más fácilmente después de los ataques de ransomware.

Estos grupos cibernéticos ilícitos, siguiendo el ejemplo de sus colegas de la vida real, también se esconden detrás de estructuras de propiedad anónimas, como transacciones en Bitcoin y otras monedas.

El objetivo, como es lógico, es hacer que parezca a primera vista, que un operador de divisas no tiene conexión con el maestro de marionetas cibernéticas tirando de las cuerdas detrás de escena, aumentando el desafío para los investigadores que intentan seguir el rastro del dinero que desaparece con frecuencia un hoyo digital.

Más batallas por el tema del beneficiario final

Estados Unidos tiene que hacer algo en el área de beneficiarios reales ya que se está convirtiendo en uno de los refugios secretos más grandes del mundo y está dejando de ser considerado líder mundial en la guerra contra el crimen financiero, dijo el presidente del Comité Judicial del Senado y Republicano de Iowa, Senador Chuck Grassley.

«En los últimos años, el dinero ha inundado Estados Unidos, ya que el Reino Unido y otros países europeos han promulgado leyes y regulaciones para mejorar la transparencia de la propiedad beneficiaria», dijo en un comunicado.

Además, la comunidad internacional «generalmente busca que Estados Unidos lidere el mantenimiento de un sistema de justicia penal robusto; promoviendo la transparencia; y defendiendo el estado de derecho», dijo Grassley.

Pero en el área de los beneficiarios reales o finales, Estados Unidos se ha «quedado atrás de nuestros amigos en el extranjero», dijo, y destacó que el reciente Financial Secrecy Index clasificó al país como el segundo «sistema de constitución más secreto y menos transparente en el mundo». Como lo expresó un experto, es más fácil crear una compañía en EE.UU. que obtener una tarjeta de la biblioteca».

EE.UU. salta al 2do puesto –y Suiza conserva el primer puesto—en el índice internacional sobre el secretismo

No se puede permitir que continúe, dijo Chip Poncy, presidente y cofundador de Financial Integrity Network y ex funcionario superior del Tesoro de EE.UU.

«El lavado de dinero, la evasión de impuestos, la corrupción a gran escala, la evasión de sanciones, el fraude y el crimen organizado en general son perpetrados o habilitados a nivel mundial a través de la creación y uso sistemático de entidades legales anónimas», dijo.

Aun cuando Estados Unidos continúa «mejorando y expandiendo sus herramientas financieras y su poder para combatir diversas amenazas a la seguridad nacional, estos esfuerzos se ven cada vez más socavados por dicha explotación de entidades legales anónimas», dijo Poncy.

«La creación continua de tales entidades legales aquí en EE.UU. puede representar la vulnerabilidad sistémica más peligrosa que Estados Unidos presenta hoy a la misión global para combatir el financiamiento ilícito», dijo.

El actual Proyecto de ley para atacar el tema del beneficiario final es “defectuoso”

Pero los actuales proyectos de ley, y otros presentados en la década pasada, que en una forma muy amplia y laxa exigen a los agentes de formación de empresas que capturen y publiquen los datos de propiedad beneficiaria en la etapa de creación, son «defectuosos», según Brian O’Shea, director sénior del Centro para la Competitividad de los Mercados de Capitales en la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

«Si bien estas propuestas pueden ser bien intencionadas, están mal diseñadas y tienen fallas fundamentales», dijo. «Sus definiciones demasiado amplias y vagas, requisitos inviables y sanciones severas harían mucho más que las pequeñas y medianas empresas se apeguen al cumplimiento de la ley que obstaculizar el uso de las llamadas ‘empresas fantasmas’ para facilitar la actividad ilícita».

Tales proyectos de ley constituyen una «pesadilla regulatoria sin precedentes para dueños de compañías respetuosos de la ley que socavan los derechos de privacidad de millones de ciudadanos estadounidenses cuyos nombres, números de licencia de conducir y direcciones probablemente estarían en el dominio público si» ciertos proyectos de ley se convierten en ley.

Otro orador, Clay Fuller, del American Enterprise Institute, adoptó un enfoque más equilibrado, señalando que si bien los delincuentes utilizan el anonimato corporativo para encubrir y legitimar fondos ilícitos, existen riesgos en publicar datos de beneficiarios reales de manera demasiado rápida y completa, lo que permite que los datos sean vistos por el público en general.

«Debido al anonimato en la titularidad, es muy probable que la mayoría de las personas, empresas e instituciones relacionadas con las finanzas ilícitas no tengan idea de que están conectadas con actividades ilegales», dijo. «Por lo tanto, debemos avanzar lenta y cautelosamente para proteger y preservar los derechos a la privacidad. Pero la gravedad de continuar permitiendo el anonimato requiere una legislación proactiva».

En ese sentido, la fecha límite del 11 de mayo de 2018 de FinCEN se acerca rápidamente para que entre en juego su solución más débil sobre los beneficiarios reales, requiriendo que los bancos capturen esta información.

Pero hay una gran cantidad de posibles soluciones legislativas de EE.UU., que incluyen:

Los senadores Grassley y Whethouse presentaron un proyecto de ley, True Incorporation Transparency for Law Enforcement (TITLE) en junio del año pasado, para leer haga clic aquí.

Los senadores Maloney y Royce presentaron un proyecto de ley, Corporate Transparency Act, para leer haga clic aquí.

End Secret Holdings and Ethical and Legal Loopholes Act. para leer haga clic aquí.

Aircraft Ownership Transparency Act. Para leer haga clic aquí.

Temor por las monedas virtuales

Los reguladores de EE.UU. también están preocupados porque las criptomonedas vuelan con demasiada volatilidad y con poca supervisión para determinar si estas fluctuaciones rápidas se deben a las condiciones del mercado o actividad ilícita, según Jay Clayton, presidente de la Securities Exchange Commission (SEC).

Uno de los problemas es que, en la actualidad, muchos de los cambistas de criptomonedas con sede en EE.UU. están regulados como un negocio de servicios monetarios (MSB), una clase de instituciones financieras que incluyen remitentes de dinero, intercambiadores de moneda fiduciaria y comerciantes de metales preciosos.

Sin embargo, tradicionalmente, desde una perspectiva de supervisión, estos «servicios de pago predominantemente regulados por el estado no han estado sujetos a supervisión directa» por parte de la SEC, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas u otros organismos gubernamentales.

Históricamente, los MSB no ofrecen nada parecido a los valores, sin embargo las monedas virtuales se mueven hacia arriba y hacia abajo, y algunas compañías tratan esos cambios de valoración como un activo titulizado, algo con lo que los reguladores tienen un problema.

«En resumen, el marco regulatorio actualmente aplicable para el comercio de criptomonedas no fue diseñado para las transacciones que estamos presenciando», dijo Clayton, y agregó que la SEC «no tiene supervisión directa de las transacciones en monedas o commodities, incluyendo el comercio de divisas». plataformas «.

Insta al Congreso a considerar propuestas legislativas o políticas para traer «claridad y equidad» a este espacio y determinar qué es lo que los reguladores revisarían, en qué empresa, y de qué maneras, incluidas las normas ALD.

Ese es un problema porque algunas casas de corretaje permiten que los pagos se realicen en moneda virtual, lo que ejerce una presión adicional sobre los intermediarios para determinar si la fuente de fondos de los clientes está limpia o no.

Ya en los últimos dos meses, grandes bancos y compañías de tarjetas de crédito han instituido nuevas políticas, evitando o restringiendo la compra de criptomonedas con sus tarjetas de crédito, tanto para evitar que los consumidores se llenen de deudas impagables como para que sea más difícil para los delincuentes monetizar datos de tarjetas robadas.

Sin embargo, un alto funcionario bancario ha ido aún más lejos para vilipendiar el sector de moneda virtual.

Bitcoin y otras tiendas de valores virtuales «probablemente no hayan sido sostenibles como dinero» y no cumplieron con la «definición básica en el libro de texto» de ser una moneda, dijo Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales, lo que algunos denominan el «banco central de los bancos centrales».

«Hay un fuerte argumento para la intervención política», dijo, hablando en la Universidad Goethe de Frankfurt, según Reuters, y reconociendo que Bitcoin, por ejemplo, se disparó más de un 1.000% el año pasado, pero cayó hasta un 50% frente a las medidas regulatorias y regionales.

Bitcoin no es una tienda estable de valor, sino que es una «combinación de una burbuja, un esquema Ponzi y un desastre ambiental» debido a las increíbles necesidades de energía para que las computadoras extraigan Bitcoins nuevos, dijo Carstens, según los periodistas presentes.

El Banco Mundial anunció la semana pasada la inhabilitación de tres empresas de Argentina: Gavinor, SRL, JC Segura Construcciones SA y una empresa conjunta, Constructura JC Segura Construcciones SA-Gavinor SRL-UTE, durante 18 meses por la práctica fraudulenta de las empresas de tergiversar a sabiendas el progreso del trabajo durante un contrato bajo el Segundo Proyecto Provincial de Desarrollo Agrícola en Argentina.

El proyecto en cuestión financiado por el Banco Mundial, que se cerró en marzo de 2017, fue diseñado para ayudar al gobierno a aumentar la productividad y la rentabilidad de los pequeños y medianos productores agrícolas en Argentina, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la competitividad agrícola.

Las inhabilitaciones hacen que las tres compañías no sean elegibles para participar en proyectos financiados por el Banco Mundial. Los términos se establecieron como parte de los Negotiated Resolution Agreements (NRAs) –Acuerdos de Resolución Negociada—, en virtud de los cuales las empresas reconocen la responsabilidad de la práctica sancionable subyacente y acuerdan cumplir con las condiciones específicas de cumplimiento corporativo como condición para la exención.

Los NRA ofrecen un período reducido de inhabilitación de acuerdo con la cooperación de las empresas y acciones correctivas voluntarias, entre otros factores.

Las inhabilitaciones califican para la inhabilitación cruzada por otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD) en virtud del Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions –acuerdo para la aplicación mutua de decisiones de inahbilitación— que se firmó el 9 de abril de 2010.  Además del Banco Mundial, participan el Banco Asiático de Desarrollo, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Africano de Desarrollo.

Aquí encontrará una lista de todas las entidades y personas inhabilitadas por del Banco Mundial

Como resultado de falencias en el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Secreto Bancario y Antilavado de dinero de EE.UU., Rabobank procesó más de US$ 360 millones de fondos ilícitos proveniente principalmente de México y luego conspiró con sus ejecutivos para intentar ocultar estas fallas perennes de su regulador.

Rabobank National Association (Rabobank), una filial de Roseville, California de Coöperatieve Rabobank, con sede en los Países Bajos, compareció esta semana ante la jueza Jill L. Burkhardt y se declaró culpable de un cargo de conspiración para obstruir a su principal regulador, la Oficina del Contralor de la Moneda del Departamento del Tesoro (OCC) al ocultar las deficiencias en su programa contra el lavado de dinero (ALD) y por obstruir el examen de OCC. Rabobank perderá (forfeit) US$369 millones por permitir que los fondos ilícitos hayan sido procesados a través del banco sin una adecuado control y cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y obligaciones antilavado.

El banco obstruyó el examen por parte de la OCC de sus operaciones en todo California, incluidas sus sucursales bancarias de Calexico y Tecate. Rabobank admitió que su deficiente programa ALD permitió que cientos de millones de dólares en efectivo imposible de rastrear, provenientes de México y otros lugares, se depositaran en sus sucursales bancarias rurales en el Imperial County, al sur de Califiornia, y se transfirieran mediante transferencias electrónicas, cheques y transacciones en efectivo, sin notificación adecuada a los reguladores federales según lo exige la ley. Conociendo estas fallas, durante el examen de OCC de 2012 del programa de cumplimiento BSA / ALD de Rabobank, los ejecutivos del banco buscaron activamente ocultar y minimizar las deficiencias en su programa ALD en un esfuerzo por engañar a los reguladores sobre el verdadero estado con la esperanza de evitar las sanciones regulatorias que había sido impuestas previamente al banco en 2006 y 2008 por fallas casi idénticas.

Hace exactamente un año, un grupo de activistas mexicanos radicados en Holanda presentó la demanda por operaciones en la sucursal de Calexico, Estados Unidos, del gigante financiero holandés. Este grupo en Europa interpuso en la Corte Penal de Holanda una denuncia en contra del Rabobank —considerado en 2014 uno de los 30 bancos más importantes del mundo— por presunto lavado de dinero del Cártel de Sinaloa y otros entre los años 2002 y 2015.

Denuncian al banco holandés Rabobank por lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

La declaración de culpabilidad de Rabobank se produce dos meses después de que un ex vicepresidente de la institución financiera, George Martin, firmara un acuerdo de enjuiciamiento diferido con Estados Unidos por su papel en ayudar e instigar en el incumplimiento de Rabobank de un adecuado programa de cumplimiento. Martin admitió su conducta en una corte federal en San Diego el 14 de diciembre de 2017.

De acuerdo con documentos judiciales, Rabobank recibió alertas periódicas de transacciones realizadas por clientes de «alto riesgo», o a través de cuentas consideradas de «alto riesgo», y que habían sido objeto de previos reportes de operaciones sospechosas, ROS, presentados por Rabobank. Estas cuentas y clientes de alto riesgo incluyen aquellos controlados y administrados por empresas mexicanas, extranjeros no residentes y cuentahabientes con sede en EE.UU. que transfirieron cientos de millones de dólares en efectivo imposible de rastrear, originados en México y otros lugares, a través de cuentas de Rabobank.

Rabobank, siempre citando los documentos legales, también creó e implementó políticas y procedimientos para evitar investigaciones adecuadas sobre estos clientes, cuentas y transacciones sospechosos. Entre esas políticas y procedimientos se encontraba la “Verified List” –Lista verificada— de Rabobank, una política para que Rabobank efectivamente finalizara con los requisitos BSA / ALD y de presentación de ROS. En particular, Rabobank instruyó a sus empleados a que si un cliente estaba en esta lista no era necesaria una revisión adicional de las transacciones de ese cliente, incluso si las transacciones generaban una alerta interna, o si la actividad del cliente había cambiado drásticamente desde cuando era «Verificado.»

El personal de cumplimiento de Rabobank recibió instrucciones adicionales para aumentar sustancialmente el número de cuentas bancarias en la lista, como lo demuestra el hecho de que, en 2009, Rabobank tenía menos de 10 clientes «verificados», pero para 2012, como resultado de sus imperfectas políticas y procedimientos BSA / ALD, tenía más de 1.000 clientes «verificados».

Además, Rabobank admitió no haber supervisado y llevado a cabo investigaciones adecuadas sobre estas transacciones y haber presentado los ROS ante FinCEN como lo exige la BSA. Las sucursales fronterizas de Rabobank, incluidas las ubicadas en Calexico y Tecate en el Condado Imperial, California, dependían en gran medida de los depósitos en efectivo de México. Rabobank sabía que millones de dólares en depósitos en efectivo en estas sucursales probablemente estaban vinculados a una conducta ilícita. En particular, la sucursal de Calexico, ubicada a unas dos cuadras de la frontera entre Estados Unidos y México, era la sucursal de «mayor rendimiento» en la región del Valle Imperial debido a los depósitos en efectivo de México. Durante un período de tiempo relevante, Rabobank continuó con esta práctica de abrirle las puertas a clientes de México y de otras partes con un uso intensivo de efectivo, al tiempo que utilizaba inadecuadas políticas y procedimientos BSA / ALD para prevenir los conocidos «altos riesgos» asociados con estas cuentas, transacciones y agentes.

Cuando la OCC comenzó a realizar su examen periódico de Rabobank en 2012, el banco, actuando a través de tres de sus ejecutivos, acordó, entre otras cosas, obstruir a sabiendas la inspección de la OCC. Rabobank respondió al informe inicial de examen de OCC de febrero de 2013 con información falsa y engañosa sobre el estado del programa BSA / ALD. El banco también hizo declaraciones falsas y engañosas a la OCC con respecto a la existencia de informes elaborados por un consultor externo, que detallaban las deficiencias y la ineficacia resultante del programa.

Para ocultar aún más la naturaleza incorrecta de su programa antilavado y evitar que «otros contradigan nuestros hallazgos» y declaraciones a la OCC, Rabobank degradó o despidió a dos empleados que planteaban dudas sobre la adecuación del programa BSA / ALD de Rabobank.

La BSA requiere que las instituciones financieras implementen y mantengan un programa de cumplimiento ALD razonablemente diseñado, entre otras cosas: (i) detectar actividades sospechosas indicativas de lavado de dinero y otros delitos y (ii) asegurar y monitorear el cumplimiento de los requisitos de registro e información de la BSA, incluyendo informar al Departamento del Tesoro de cualquier transacción sospechosa (a través de la presentación de «reportes de actividades sospechosas» o «ROS») que indique una posible violación de la ley. En su acuerdo de declaración de culpabilidad, Rabobank admitió saber que entre 2009 y 2012 su programa BSA / ALD falló de manera significativa. Algunas de estas fallas del programa resultaron de políticas y procedimientos en Rabobank que imposibilitaron investigaciones sobre transacciones sospechosas que ocurrieron en sus sucursales, por parte de titulares de cuentas o individuos que realizaban transacciones en nombre de sus titulares de cuentas, que tenían varios indicativos de estar involucradas en una actividad ilegal, o derivada o promoviendo ésta.