En Latinoamérica la legislación anticorrupción no ha sido aplicada con suficiente rigor, pero la tendencia estaría cambiando

[private]En América Latina las leyes y disposiciones para combatir la corrupción rigen desde hace bastante tiempo, pero no han sido aplicadas con suficiente vigor y por lo tanto se han mostrado inadecuadas, de acuerdo a un informe especial producido por Global Investigations Review (GIR) que explora el impacto de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en América Latina; sin embargo el informe muestra tendencias alentadoras que sugieren que existiría un cambio de dirección para atacar con mayor precisión los actos de corrupción.

Benito Romano y Joseph Gallagher los autores de capítulo “Cumplimiento FCPA en Latinoamérica” examinan recientes tendencias en el cumplimiento y aplicación de la ley en la región y los esfuerzos de los gobiernos locales para aprobar y hacer cumplir las leyes anticorrupción locales. Los autores, que trabajan para la firma de abogados internacional Freshfields Bruckhaus Deringer, también consideran futuras prioridades en el cumplimiento de las obligaciones y requisitos anticorrupción en la región.

Según el informe, la región es un terreno fértil para medidas FCPA y ofrece varias muestras a este respecto, por ejemplo el hecho de que las autoridades de EEUU estén investigando posibles violaciones de FCPA por parte de Wal-Mart y Citigroup al realizar negocios en México, y que varias compañías como Grifols y Orthofix hayan dado a conocer potenciales actos de corrupción en recientes documentos públicos.

Según el informe, en el año 2011, casi el 25% de los casos FCPA del Departamento de Justicia involucraban a América Latina.

Durante varios años, el gobierno de EEUU ha realizado investigaciones enfocadas en industrias específicas, por ejemplo cuando el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) investigaron compañías de insumos médicos que sobornaban compañías prestatarias de servicios de salud y administradores que trabajaban para agencias extranjeras. Varias de estas investigaciones involucraron, por lo menos en parte, actos de corrupción en Latinoamérica.

Algunos ejemplos en el sector de la salud que se publican en el informe incluyen:

–El 24 de octubre de 2013, Stryker Corporation, una compañía estadounidense proveedora de insumos médicos acordó pagar a la SEC más de US$13 millones para resolver los cargos de que había violado la FCPA al pagar sobornos de US$2,2 millones a profesionales de la salud en Argentina, Grecia, México, Polonia y Rumania. Estos sobornos habrían generad ganancias por US$7,7 millones.

–El 20 de diciembre de 2012, la farmacéutica Eli Lilly acordó pagar más de US$29 millones por acusaciones similares en Brasil, China, Rusia y Polonia. El componente brasileño del caso involucra sobornos supuestamente pagados funcionarios de la salud de Brasil para obtener negocios estatales por US$1,2 milllones.

–El 10 de julio de 2012, Orthofix International, compañía de artefactos médicos con sede en Curazao, acordó pagar US$2,2 millones para resolver acusaciones de que a través de una filial pagó aproximadamente US$300.00 a funcionarios mexicanos para obtener contratos por millones de dólares.

Como se señala anteriormente, Orthofix recientemente dio a conocer posibles nuevas violaciones a la FCPA en Brasil

–El 26 de marzo de 2012, la estadounidense Biomet también llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia con relación al pago de sobornos por US$1,5 millones a empleados estatales de salud en Argentina, Brasil y China, que fueron registrados como comisiones u honorarios por consultoría. Biomet acordó pagar una multa de US$17 millones.

Además de otros casos corporativos muy importantes y de remarcada resonancia pública, como por ejemplo la multa de US$800 millones a Siemens, el caso de Hewlett Packard (HP) en México o Ralph Lauren en Argentina, EEUU también apuntó a personas físicas por violación de la FCPA. Según el informe, entre 2013 y 2014, el Departamento de Justicia acusó a varios empleados de casas de corretaje y funcionarios extranjeros en conexión con un importante caso de soborno que involucró al banco estatal de desarrollo venezolano BANDES.

Los empleados habrían sobornado a un alto oficial del BANDES para quedarse con negocios del banco. La investigación del Departamento de Justicia culminó con el arresto del CEO y del socio de la firma de corretaje, que fueron acusados de conspirar para pagar sobornos a BANDES.

Otros casos contra individuos tuvieron lugar en el sector petrolero, por ejemplo en conexión con el caso Pride International, una firma del sector con sede en Houston que llegó a un acuerdo de procesamiento diferido luego de que una auditoría interna diera a conocer evidencia de soborno, Pride acordó pagar una multa por más de US$32 millones con relación a sobornos de US$804.000 para funcionarios de Venezuela, India y México. En el caso Pride, la SEC presentó cargos contra el ex gerente en Venezuela de Pride, quien acordó pagar una multa de US$25.000. El año anterior, otro ex ejecutivo de Pride había acordado pagar una multa de US$40.000 por acusaciones similares.

Hace tiempo que América Latina cuenta con herramientas legales para combatir la corrupción pero no han sido utilizadas en todo su potencial y por lo tanto no han sido muy certeras para combatir la corrupción y el pago de sobornos en muchos casos e industrias. Según una encuesta realizada por la Universidad Vanderbilt, cerca del 40% de los encuestados provenientes de Haití, Bolivia y Ecuador indiciaron que algún funcionario público les había solicitado el pago de un soborno en el último año, según el informe que agrega que esos números mejoran solo un poco para México y Perú, que dieron un 31% y 28% respectivamente.

Sin embargo, recientes acontecimientos sugieren que Latinoamérica está endureciendo sus esfuerzos anticorrupción. Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México han firmado el Convenio Anticorrupción de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y por lo tanto acordaron tipificar el soborno de funcionarios públicos extranjeros con relación a transacciones comerciales internacionales. Varios países de la región, incluyendo Argentina, Brasil, Chile y Venezuela, forman parte de las convenciones anticorrupción de las Naciones Unidas y de la OEA y han promulgado sus propias leyes o normas anticorrupción:

Brasil–Los esfuerzos anticorrupción de Brasil avanzaron significativamente el 28 de enero de 2014, cuando fue promulgada la Ley Anticorrupción. La ley responsabiliza a compañías por manipulación del procedimiento de ofertas públicas, fraude en las licitaciones y por soborno de funcionarios domésticos y extranjeros.

Argentina—A pesar de que el país no tiene un historial brillante en investigaciones y casos anticorrupción (según una investigación del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica solo 10 individuos fueron sentenciados en 750 investigaciones de corrupción entre 1983 y 2007), en 2013 la Cámara de Diputados presentó una serie de proyectos de ley para facilitar la investigación y procesamiento de delitos relacionados con la corrupción. Como por ejemplo la extensión del plazo de prescripción para casos de corrupción que involucren funcionarios públicos y la creación de una comisión nacional contra la corrupción para investigar funcionaros públicos, el refuerzo de las protecciones que se ofrecen a informantes, testigos y víctimas de corrupción pública, entre otros. Argentina ha investigado y procesado recientemente funcionarios públicos por ofensas relacionadas con actos de corrupción.

Colombia—En 2011, Colombia aprobó el Estatuto Anticorrupción, una amplia política que ofrece al gobierno nuevas herramientas para atacar la corrupción y mayores penas para aquellos que son encontrados culpables.

México—El país promulgó su Ley Federal Anticorrupción el 12 de junio de 2012. De manera similar a la FCPA, esta ley hace responsables a individuos y empresas por dar u ofrecer dinero o regalos a cambio de una ventaja comercial en relación con contratos públicos en México. Las multas pueden oscilar entre US$ 5.000 y US$ 250.000 para individuos y de US$ 50.000 a US$ 10 millones para las empresas. La multa puede incrementarse en un 50% si el importe de la ganancia obtenida como resultado de la actividad corrupta excede el monto máximo de la multa, y se puede reducir hasta en un 70% si un infractor se auto informa.

Chile—La ley de responsabilidad penal para las entidades legales permite que las compañías que operen en el país mitiguen o eviten responsabilidad por ciertas actividades delictivas, incluyendo sobornos, con la implementación de adecuados controles para la prevención interna. Para que estos controles sean considerados adecuados, deben ser certificados por auditores externos o compañías de calificación de riesgo supervisadas por agencias gubernamentales. Las autoridades han investigado varios funcionarios públicos por delitos relacionados con la corrupción, incluyendo 42 funcionarios y ex funcionarios por haber aceptado sobornos para cambiar registros criminales y funcionarios del Ministerio del Interior y la policía de investigación por una manipulación de licitación pública para beneficiar compañías propiedad de familiares de funcionarios gubernamentales.

Según el informe se han identificado varias tendencias en la aplicación de la FCPA pero que ninguna de estas representaría un gran cambio en la dirección actual.

• El Departamento de Justicia y la SEC seguramente seguirán apuntando sus investigaciones a países del BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y seguirán utilizando delatores para identificar nuevos casos.

• EEUU seguramente seguirá apuntando a industrias clave donde el riesgo de corrupción es alto, tales como la industria de gas y petróleo.

• Mayor cooperación entre agencias de EEUU y con sus homólogas en otros países

• EEUU seguramente continuará recompensado la cooperación, impulsará mayor transparencia y esfuerzos para alcanzar robustas soluciones que fortalezcan el cumplimiento FCPA.

• Seguramente los países con mayor exposición a las inversiones extranjeras, tales como Argentina, Brasil y México, sean los más agresivos en la lucha contra la corrupción. Posiblemente se promulguen nuevas leyes o se fortalezca la aplicación de anticorrupción existente.

Por último, destaca el informe, según una reciente encuesta a las firmas de abogados de Latinoamérica, citado en el informe, se espera que los temas relacionados con la corrupción y el soborno permanezcan como una prioridad para la agencias de ley y reguladores de la región.

Puede hacer clic aquí para leer el capítulo del informe especial

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