Delaware contempla una mayor transparencia corporativa

[private]Por Brian Kindle

23 de junio de 2014

Las Islas Vírgenes Británicas pueden tener un clima más atractivo, y las islas Seychelles un paisaje impresionante, pero para decenas de miles de personas que buscan crear compañías y otras personas jurídicas, Delaware sigue siendo el destino preferido.

Delaware es el hogar de más de 1.052.000 compañías. El pequeño estado es sede de la mayor parte de las corporaciones y otras entidades comerciales formadas en EEUU, y su popularidad sigue creciendo. El año pasado, se crearon 152.897 nuevas entidades en Delaware, un aumento del 5% con respecto al año 2012.

Algunas de las mismas características que han impulsado el crecimiento de Delaware como un paraíso para la creación de compañías también han sido objeto de enormes críticas por parte de distintos grupos de apoyo y de defensa, de políticos estadounidenses y de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Gran parte de la controversia se ha centrado en el anonimato corporativo de Delaware: se requiere solo un mínimo de información para formar una compañía, no se recogen datos sobre los beneficiarios finales o efectivos, y un importante número de agentes de formación de empresas con gusto actuarán como directores apoderados, representantes o dominicales (nominee director).

Ahora, Delaware está avanzando hacia una mayor transparencia con dos proyectos de ley que levantan el velo del secreto corporativo, aunque ligeramente.

Hace dos semanas, la Cámara de Representantes de Delaware aprobó los proyectos de ley 327 y 328. La legislación modifica la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y la Ley de Sociedad Limitada Uniforme (Limited Liability Company Act y Uniform Limited Partnership Act) respectivamente para establecer una cadena de contactos que en última instancia conduzca a un administrador, miembro, o socio de la entidad. La legislación también requiere que las sociedades de responsabilidad limitada y sociedades mantengan un registro con el nombre y último domicilio conocido de los administradores o socios.

Los proyectos de ley obligarían a las compañías creadas en Delaware que provean a su «contacto de comunicaciones», un nombre, dirección y número de teléfono de otra persona de la sociedad que tenga acceso a los registros e información de los administradores, gerentes o socios. Esta persona entonces puede dar a conocer el nombre y la última dirección conocida de los administradores, gerentes o socios.

Los proyectos de ley aún no exigen que las empresas identifiquen el beneficiario final, ya sea en el momento de la constitución de la sociedad o cuando se lo solicite. Después de seguir la cadena de contactos, un solicitante que busca información sobre los administradores o socios podría terminar con los nombres de los representantes o apoderados, o el nombre de otra corporación o persona jurídica. La legislación está a la espera de una votación en el Senado de Delaware.

A pesar de que no se sabe con certeza si los proyectos de ley serán efectivos para incrementar la disponibilidad de información sobre los titulares de las entidades constituidas en Delaware, es muy seguro que alimentarán el debate sobre el papel del estado como «paraíso de secretismo».

Los críticos dicen que la nueva legislación no hace nada para atacar el problema del anonimato corporativo en Delaware

Grupos que abogan por una mayor transparencia se abalanzaron sobre los proyectos de ley a los pocos días de su promulgación en la Cámara para criticarlos como medidas a medias que no solucionan el problema del anonimato corporativo en Delaware.

«Esta legislación no hará nada para derribar la cortina que esconde quién posee y controla las compañías de Delaware», dijo Stefanie Ostfeld, Asesora Principal de Políticas de la organización sin fines de lucro Global Witness, en un comunicado.

Global Witness, junto con otros grupos como Tax Justice Network y Global Financial Integrity, han presionado desde hace mucho para que se provea la información sobre el beneficiario de las personas jurídicas al momento de la constitución de la sociedad, que esta información sea guardada por registros públicos estatales o nacionales, y que el público tenga acceso a la misma. Estos grupos alegan que empresas fantasmas anónimas, tales como las que pueden crearse en Delaware son una herramienta esencial para los lavadores de dinero, políticos corruptos y bandas del crimen organizado.

El anonimato corporativo es casi la única razón para crear una sociedad en Delaware. Discutiblemente otras dos razones como favorables tasas impositivas y un marco legal altamente desarrollado sean la razón por la cual casi el 65% de las compañías en la lista Fortune 500 sean creadas en Delaware.

Los críticos del estado apuntan a datos anecdóticos que muestran a delincuentes financieros escondidos detrás de compañías pantallas de Delaware. Figuras del crimen organizado, en particular de Europa Oriental, parecen entusiastas de las corporaciones de Delaware. El presunto narcotraficante serbio Darko Saric supuestamente trasladó fondos a través de compañías de Delaware, al igual que Laszlo Kiss, un consultor rumano sobre operaciones offshore que fue arrestado en 2010 acusado de fraude y lavado de dinero. Timothy Durham, que fue detenido en 2012 por organizar un esquema Ponzi valuado en US$207 millones en el estado de Indiana, también utilizó las corporaciones de Delaware.

Las agencias de aplicación de ley de Estados Unidos como el FBI y el Departamento de Justicia, así como asociaciones de la industria para las instituciones financieras de Estados Unidos, se han pronunciado en contra de anonimato corporativo en el pasado. Argumentan que las corporaciones anónimas suelen obstaculizar las investigaciones y los esfuerzos de las instituciones para llevar a cabo una adecuada debida diligencia y evaluaciones de riesgo precisas. Aun así, hasta hace poco, los gobiernos nacionales tenían poco interés en los registros públicos de titulares reales de las empresas.

El Reino Unido y la Unión Europea anuncian planes para registros de corporaciones

En los últimos dos años, el apoyo político a la transparencia de las empresas ha crecido de forma sustancial, particularmente en Europa. El año pasado, el primer ministro británico, David Cameron, anunció planes para un registro público corporativo que incluya información sobre sus beneficiarios finales. La medida afectaría a un estimado de 2,5 millones de entidades constituidas en el Reino Unido.

En abril, Cameron escribió una carta sobre los registros mercantiles a dependencias de la Corona y los territorios de ultramar, que incluyen los centros financieros offshore como Jersey, Guernesey, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán. La carta insta a los gobiernos a «consultar en un registro público y mirar de cerca lo que estamos haciendo en el Reino Unido».

La Unión Europea también ha tomado la iniciativa en la causa de la transparencia de las empresas en los últimos meses. En mayo, el Parlamento Europeo votó a favor de incluir disposiciones que obliguen a contar con registros públicos de las sociedades y fideicomisos como parte de su Cuarta Directiva sobre lavado de dinero.

La legislación es todavía un proyecto, pero si es aprobada obligaría a los países miembros de la UE a crear servicios centralizados de almacenamiento de datos donde figuren los beneficiarios finales de una serie de entidades jurídicas, incluyendo sociedades, fideicomisos, fundaciones y holdings. Las modificaciones en los registros públicos se incluyeron tras las objeciones de las asociaciones de fideicomisos y negocios de administración de activos.

Poca acción en EEUU en el tema de transparencia corporativa

En 2006, el Grupo de Acción Financiera Internacional llevó a cabo una evaluación de Estados Unidos, dando al país una alta calificación en el cumplimiento de la mayoría de los estándares, pero encontró que no cumple con una de las recomendaciones clave: que trata sobre la transparencia y la propiedad efectiva de las personas jurídicas.

Poco ha cambiado en los siete años desde entonces. Algunos estados de Estados Unidos reaccionaron ante las conclusiones de la evaluación mediante el aumento de la información recogida sobre los propietarios de las entidades jurídicas al momento de la creación de la entidad, o implementando medidas para hacer más accesible la información a las autoridades.

No se ha promulgado ninguna ley federal sobre transparencia o registro de empresas, aunque el senador Carl Levin de Michigan ha intentado en repetidas ocasiones aprobar una ley que requeriría que las compañías estadounidenses a revelaran sus beneficiarios finales o usufructuarios.

Desde 2008, Levin ha presentado en cuatro ocasiones el proyecto de ley Incorporation Transparency and Law Enforcement Assistance Act (Ley de Transparencia en la Constitución y Asistencia a las Agencias de Aplicación de la Ley), con una serie de co-patrocinantes, pero el proyecto de ley ha muerto en la comisión. Cuando el proyecto fue presentado por última vez, el Departamento de Justicia comprometió US$40 millones de su fondo de activos decomisados para compensar las pérdidas en la que los estados incurrirían por la implementación de las disposiciones del proyecto.

Sin una política nacional sobre las personas jurídicas, el grado de información requerido por cada estado varía. Delaware no es el único que permite la creación de empresas en un marco de gran anonimato. Estados como Nevada y Wyoming también cuentan con un umbral bajo de información para crear una persona jurídica, y no recogen datos sobre los beneficiarios finales.

La Asociación Nacional de Secretarios de Estado (NASS), que representa la rama del gobierno del estado por lo general responsable de la supervisión de los registros de empresas y la formación de la entidad, se ha opuesto firmemente a cualquier intento de imponer estándares nacionales para las personas jurídicas.

La Asociación Nacional de Secretarios de Estado (NASS), que representa la rama del gobierno estatal en gran medida responsable de la supervisión de los registros mercantiles y constitución de entidades, se ha opuesto firmemente a cualquier intento de imponer estándares nacionales para las personas jurídicas.

NASS argumenta que la Constitución de EEUU otorga a los estados el poder para regular la creación de entidades. En el pasado, NASS también ha criticado las definiciones sobre el beneficiario final o la propiedad efectiva (beneficial ownership), tanto de las  40 Recomendaciones del GAFI como del proyecto de ley de Levin, cuestionándolo como demasiado vago e inviable.

El negocio de la constitución de compañías puede traer ingresos sustanciales a los estados, Delaware, en particular. De acuerdo con un informe de la División de Corporaciones, el estado obtuvo ingresos por USS$883 millones por impuestos y comisiones el año pasado.

Corporaciones no transparentes ayudan a hacer de EEUU un paraíso fiscal, alegan grupos

Desde la promulgación de la Ley FATCA en 2010, EEUU se ha comprometido en un esfuerzo global antievasión fiscal. FATCA requiere que las instituciones no estadounidenses reporten al IRS las cuentas que mantienen para personas de Estados Unidos. También ha llevado al Departamento del Tesoro de EEUU a firmar acuerdos intergubernamentales con más de 70 países que se comprometen al intercambio de información de cuentas.

A medida que EEUU se lanza a la caza de evasores fiscales en el extranjero, una irregular reputación y políticas no coordinadas en materia de transparencia corporativa por parte de EEUU han llevado a algunos políticos y grupos europeos a elevar acusaciones de hipocresía.

Los críticos argumentan que las sociedades anónimas de EEUU son un vehículo utilizado por evasores de impuestos de otros países. El grupo Tax Justice Network ha ubicado a EEUU como la sexta jurisdicción más secreta del mundo en su informe de 2013 Financial Secrecy Index, en parte debido a los estándares de sus entidades legales. El Índice también declaró que EEUU es el mayor proveedor de servicios financieros offshore, que representan el 22% del mercado mundial.

“EEUU se protege de paraísos fiscales foráneos al mismo tiempo que es un paraísos fiscales para extranjeros”, señala el informe.[/private]