La Unión Europea adopta propuestas de mayor transparencia parar apuntalar el régimen antilavado

Por Brian Monroe
7 de julio de 2016

La Comisión Europea aprobó esta semana varias propuestas clave para combatir en forma más eficiente a los grupos terroristas a través de una mayor transparencia corporativa, sometiendo las monedas virtuales a las normas contra el lavado de dinero, reduciendo el umbral de identidad para las tarjetas de prepago e incrementando el caudal de intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera.

Las modificaciones introducidas en la Cuarta Directiva contra el Lavado de Dinero son la primera iniciativa para implementar un plan de acción presentado el pasado febrero para reforzar la lucha contra la financiación del terrorismo, aumentar la transparencia fiscal y combatir el fraude fiscal.

Las medidas de la Comisión son producto de los ataques terroristas en Bruselas, Bélgica y París en los que murieron más de 160 personas, y el conocimiento de que estos grupos terroristas han utilizado tarjetas anónimas prepagadas en los ataques, y que en algunos casos fueron apoyados por donantes que operaban a través de empresas fantasmas anónimas. El grupo también citó específicamente al caso conocido como Panamá Papers como un elemento que generó impulso para el cambio.

Como parte de la iniciativa, el plazo para la transposición de la Cuarta Directiva por parte de los países –que se finalizó en de mayo de 2015—, se ha recortado desde junio de 2017 a finales del presente año. La comisión también saldrá con lista de «terceros países» de riesgo que obligará a los bancos a realizar un mayor escrutinio a estas regiones en lo que respecta a los vínculos con la delincuencia financiera.

Las propuestas “ayudarán a las autoridades nacionales a atrapar a personas que esconden sus finanzas para cometer delitos tales como actividades terroristas”, señaló en un comunicado Frans Timmermans, Primer Vicepresidente.

Los Estados miembro «podrán obtener y compartir información vital acerca de quién posee realmente las empresas o fideicomisos, quién está negociando con divisas virtuales, y quién está utilizando tarjetas prepagadas. Hacer pública la información sobre quién está detrás de las empresas y fideicomisos también debe ser un fuerte elemento de disuasión para los potenciales evasores de impuestos».

La Comisión anima a los Estados miembro a modificar también sus propias leyes para estar en línea con las nuevas propuestas, aunque todavía deben ser adoptados por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros.

Uno de los principales cambios que seguramente será bien recibido por la sociedad civil, periodistas y el público en general es un cambio para permitir que los registros sobre beneficiarios finales estén abierto al público en general, y no sólo a los agentes de ley e instituciones financieras.

Actualmente, bajo la cuarta directiva, la información sobre el beneficiario final de las empresas y fideicomisos es accesible a las «autoridades competentes y las entidades obligadas» para facilitar el cumplimiento de sus «obligaciones de debida diligencia del cliente», según la comisión.

La Comisión cambió su tono

La comisión ahora propone «poner a disposición del público cierta información sobre el beneficiario final que se encuentra en los registros y está relacionada con sociedades y fideicomisos que se dedican a actividades económicas con el fin de obtener utilidades».

Sin embargo, por «razones de privacidad, el acceso a información de fideicomisos que no se dedican a actividades económicas, como por ejemplo los fideicomisos familiares creados para financiar estudios, será otorgado solo a personas y organizaciones que puedan demostrar un interés legítimo», un termino con una definición vaga.

«Hoy estamos estableciendo normas de transparencia más estrictas para cortar con la financiación del terrorismo e intensificar nuestra lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal», dijo Věra Jourová, Comisaria Europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género.

«La actualización de la Cuarta Directiva sobre el Lavado de Dinero evitará cualquier laguna en Europa para los terroristas, criminales o cualquiera que trate de jugar con las reglas fiscales para financiar sus actividades. Una mayor cooperación para combatir estos problemas hará la diferencia».

A continuación un resumen de las enmiendas propuestas para la Cuarta Directiva, que buscan atacar el terrorismo, evasión de impuestos y empresas fantasmas anónimas:

Combatir la financiación del terrorismo:

Apuntalar los poderes de las unidades de información financiera de la UE y facilitar su cooperación: el alcance de la información accesible para las Unidades de Inteligencia Financiera se ampliará, y tendrán acceso a la información en los registros bancarios y cuentas de pago centralizados y sistemas centrales de recuperación de datos, que los Estados miembro tendrán que establecer para identificar a los titulares de cuentas bancarias y de pago;

Hacer frente a los riesgos de financiación terroristas vinculados a las monedas virtuales: para evitar el mal uso de las monedas virtuales para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la Comisión propone llevar a las plataformas de intercambio de divisas virtuales y proveedores de la cartera de custodia bajo la órbita de la Directiva sobre Lavado de Dinero. Estas entidades tendrán que aplicar controles de debida diligencia del cliente cuando se cambian monedas virtuales por monedas reales, terminando de esta manera con el anonimato asociado a este tipo de intercambios;

Atacar los riesgos relacionados con los instrumentos de prepago anónimos: la Comisión propone también reducir al mínimo el uso de pagos anónimos a través de tarjetas de prepago o prepagadas, mediante la reducción de los umbrales para la identificación de € 250 a € 150 y la ampliación de los requisitos de verificación del cliente;

Controles más fuertes sobre países riesgosos: La Comisión propone armonizar la lista de los controles aplicables a países con deficiencias en sus regímenes ALD/CFT. Los bancos tendrán que llevar a cabo controles adicionales sobre los flujos financieros procedentes de estos países.

Reglas más estrictas sobre transparencia para prevenir la elusión fiscal y el lavado de dinero:

Acceso irrestricto del público a la información de los beneficiarios finales de los registros: los Estados miembros harán pública cierta información de los registros sobre los beneficiarios finales de las empresas y fideicomisos comerciales. La información sobre todos los otros fideicomisos será incluida en los registros nacionales y estará a disposición de las partes que demuestren un interés legítimo. Los beneficiarios finales que cuenten con un 10% de participación en ciertas empresas que presentan un riesgo de ser utilizadas para el lavado de dinero y la evasión de impuestos se incluirán en los registros. El umbral se mantiene en 25% para las demás empresas.

Interconexión de los registros: la propuesta prevé la interconexión directa de los registros para facilitar la cooperación entre los Estados miembro.

Ampliar la información disponible para las autoridades: La Comisión ha propuesto que las cuentas, tanto nuevas como ya existentes, estén sujetas a controles de diligencia debida. Esto evitará que las cuentas que pueden ser utilizadas para actividades ilícitas escapen a la detección. Las empresas pasivas y los fideicomisos, como los señalados en los Panamá Papers, también estarán sujetos a un mayor escrutinio y normas más estrictas.