Dos años después de los Panamá Papers, los principales reguladores de la UE dicen que, por falta de acciones, no son culpables los bancos involucrados

Dado que este es el segundo aniversario de la publicación de los Panamá Papers, este es un momento apropiado para considerar cómo reaccionaron tres grandes jurisdicciones y la UE ante el escándalo. El informe preliminar de los documentos mostró que más de 500 bancos, incluidas sus subsidiarias, registraron casi 15.600 compañías fantasmas con Mossack Fonseca, la firma de abogados con sede en Panamá, que fue central en el escándalo pero que ahora se ha cerrado. La última estimación es que las autoridades fiscales a nivel mundial han recibido más de US$ 500 millones debido a la publicación de los documentos. Aquí hay algunas respuestas regulatorias:

–Reino Unido: después de que el Reino Unido formó un Grupo de Trabajo y consultó a unos 60 bancos durante más de dos años, ha habido pocos, si es que hubo algún, anuncios formales de medidas contra los bancos.

–Suiza: tras la publicación, tanto el Primer Ministro de Islandia, Sigmunder Davio Gunnlaugsson, como su homólogo en Pakistán, Nawaz Sharif, renunciaron debido a la participación de parientes cercanos en algunas de estas empresas extraterritoriales.

Las autoridades suizas pronto lanzaron su propia investigación tras la publicación de los documentos.

Pronto se reveló que una filial suiza de HSBC tenía vínculos con 733 fundaciones offshore nombradas en los documentos, mientras que, de manera similar, una unidad de UBS tenía enlaces a 579 entidades.

El regulador local Finma anunció a principios de este año que había concluido sus investigaciones de 30 bancos locales.

La aparente falta de acción regulatoria contra las instituciones suizas puede parecer sorprendente, dado que 80 bancos suizos llegaron a acuerdos de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de EE.UU. por conocer y alentar a algunos contribuyentes estadounidenses a ocultar ilegalmente cuentas y activos de la agencia de rentas de EE.UU., en un curso sostenido de acción que, en algunos casos, se remonta a la década de 1980 y más allá.

–Alemania: la mayor economía de Europa, el regulador financiero local BaFin pronto anunció una investigación sobre los once bancos alemanes nombrados cuando se publicaron los documentos.

Al igual que Inglaterra, se dijo muy poco acerca de que los bancos fueran declarados culpables, multados o procesados.

En enero de este año, los alemanes anunciaron que no encontraron evidencia de infracciones sustanciales de las leyes contra el lavado de dinero por parte de ninguno de los bancos en cuestión.

–En toda la UE: aunque una amplia franja de bancos de la UE no fue castigada, el escándalo de Mossack Fonseca fue crítico para que el bloque abordara la falta de información sobre beneficiarios reales, requiriendo capturar esta información en bases de datos centralizadas y hacer pública esa información.

Información provista por KYC 360.

EE.UU. publica Informe del Grupo de Trabajo Ciberdigital

El Fiscal General de EE.UU. Jeff Sessions anunció esta semana el lanzamiento público de un informe producido por la Fuerza de Tarea Ciberdigital de la Procuraduría General. El informe proporciona una evaluación exhaustiva de las amenazas on line que enfrenta EE.UU., y cataloga las formas en que el Departamento de Justicia combate esas amenazas. El Vice Procurador General Rod Rosenstein emitió formalmente el informe en declaraciones pronunciadas esta semana en el Foro de Seguridad de Aspen en Colorado.

El Fiscal General Sessions estableció la Fuerza de Tarea Ciberdigital dentro del Departamento de Justicia en febrero de 2018 y encomendó al Task Force responder dos preguntas básicas: ¿cómo está respondiendo el Departamento ante las amenazas cibernéticas globales? Y ¿cómo pueden las agencias federales de aplicación de la ley cumplir su misión en esta área de manera más efectiva? El informe de esta semana responde la primera pregunta. Enlaza un amplio arco de amenazas cibernéticas; define los desafíos multifacéticos planteados por el crimen cibernético; describe el trabajo del Departamento de Justicia para detectar, disuadir e interrumpir las amenazas; explica cómo el DOJ colabora con otros departamentos gubernamentales y con el sector privado para responder a los incidentes cibernéticos; y explora cómo el entrena y mantiene una mano de obra calificada.

«Internet nos ha brindado nuevas herramientas increíbles que nos ayudan a trabajar, comunicarnos y participar en nuestra economía, pero estas herramientas pueden ser explotadas, con frecuencia, por delincuentes, terroristas y gobiernos enemigos», dijo el Fiscal General Sessions. «En el Departamento de Justicia, tomamos estas amenazas en serio. Es por eso que agradezco a los miembros de la Fuerza de Tarea Ciberdigital por brindarme este completo informe, el primero de su tipo, que detalla exhaustivamente el alcance del problema y proporciona recomendaciones iniciales sobre las formas más efectivas en que el Departamento puede enfrentar las amenazas cibernéticas y mantener a salvo al pueblo estadounidense».

El informe comienza centrándose en una de las amenazas más apremiantes que enfrenta el país: la amenaza que representan las operaciones malignas extranjeras. El Capítulo 1 explica qué son las operaciones de influencia extranjera y describe cómo los adversarios extranjeros han utilizado estas operaciones para apuntar a los procesos de EE.UU., incluidas las elecciones. Concluye describiendo los esfuerzos del DOJ para proteger las elecciones de 2018 y anuncia una nueva política del DOJ que dispone la divulgación de las operaciones extranjeras.

En los Capítulos 2 y 3 se analizan otras amenazas cibernéticas importantes, en particular las relacionadas con sofisticados esquemas de cibercrimen, y se describe cómo el DOJ está desplegando sus capacidades para combatirlas. El Capítulo 4 se centra en el papel del FBI en la respuesta a los incidentes cibernéticos. El Capítulo 5 describe los esfuerzos del DOJ para reclutar y capacitar personal calificado sobre cuestiones cibernéticas. El Capítulo 6 concluye el informe identificando ciertos asuntos prioritarios de política y trazando un camino para el trabajo futuro del Grupo de Trabajo.

Haga clic aquí para leer el informe.

Deutsche Bank pagará casi US$ 75 millones por manejo inadecuado de ADR

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) anunció esta semana que dos subsidiarias en EE.UU. de Deutsche Bank pagarán cerca de US$75 millones para resolver los cargos por el manejo inadecuado de American Depositary Receipts (ADR) «prelanzados».

El caso se deriva de una investigación continua de la SEC sobre abusos que involucran ADRs prelanzados. En los procedimientos contra Deutsche Bank Trust Co. Americas (DBTCA), un banco depositario y Deutsche Bank Securities Inc. (DBSI), un corredor de bolsa registrado, la SEC descubrió que su mala conducta permitía que los ADR publicados previamente se utilizaran para prácticas abusivas, incluidas inapropiadas short selling, o ventas en corto, e inadecuados beneficios en torno a los pagos de dividendos.

Los ADRs –valores de Estados Unidos que representan acciones extranjeras de una empresa extranjera— requieren un número correspondiente de acciones extranjeras para mantener en custodia en un banco depositario. La práctica de «prelanzamiento» permite que se emitan ADR sin el depósito de acciones extranjeras, siempre que los corredores que las reciben tengan un acuerdo con un banco depositario y el corredor o su cliente posea el número de acciones extranjeras que corresponda a la cantidad de acciones el ADR representa.

En la orden contra DBTCA, la SEC descubrió que proporcionó de manera incorrecta miles de ADR prelanzados durante un período de más de cinco años cuando ni el corredor ni sus clientes tenían las acciones requeridas. La orden contra DBSI descubrió que sus políticas, procedimientos y supervisión no pudieron prevenir y detectar violaciones de las leyes de valores relacionadas con los préstamos y préstamos de ADR publicados previamente, que involucraron aproximadamente 850 transacciones durante más de tres años.

El año pasado, la SEC anunció cargos contra los corredores ITG Inc. y Banca IMI Securities Corp., que en ocasiones obtuvieron ADRs pre-lanzados de DBTCA y otros depositarios y se los prestaron a otros corredores, incluido DBSI. La SEC también acusó a un ex director gerente y jefe de operaciones de la corredora-agente ITG por no supervisar al personal de la mesa de préstamos de valores de ITG que manejó incorrectamente los ADR prelanzados.

Sin admitir ni negar la acusación de la SEC, DBTCA acordó devolver más de US$44,4 millones de presuntos beneficios ilícitos más US$6,6 millones en intereses relacionados con el procedimiento legal y una multa de más de US$22,2 millones, casi US$73,3 millones en total. DBSI, también sin admitir ni negar los hallazgos de la SEC, acordó pagar casi US$1,6 millones, lo que representa US$1,1 millones en restitución e intereses y una multa de casi US$500.000. La SEC reconoce la cooperación de cada entidad en la investigación y los actos correctivos.

Sanjay Wadhwa, Director Asociado Senior de la Oficina Regional de la SEC en Nueva York, señaló que los «cargos contra DBTCA y DBSI muestran que las entidades no pueden confiar en las declaraciones de otros profesionales cuando tienen dudas sobre su validez. Los cargos también resaltan la importancia de supervisar a los empleados que utilizan contrapartes para participar en transacciones sospechosas».

Propuesta ley del Reino Unido pretende exponer a los propietarios finales

Los delincuentes que usan el mercado inmobiliario del Reino Unido para lavar dinero corren el riesgo de ir presos  y las  empresas extranjeras propietarias de bienes raíces en el Reino Unido deberán revelar a sus verdaderos propietarios o «beneficiarios».

Los nombres de los propietarios aparecerán en un registro corporativo, lo que facilita a las fuerzas del orden la confiscación de activos vinculados a delincuentes.

El proyecto de ley del Reino Unido define a un propietario beneficiario como alguien que posee más del 25% de las acciones de una entidad; controla más del 25% de los derechos de voto de la entidad; puede nombrar o eliminar a los directores de la entidad; o ejerce «influencia o control significativo» sobre la entidad.

La medida es parte de una campaña más amplia contra el dinero sucio que fluye hacia el Reino Unido.

Las sanciones por no revelar a un beneficiario incluyen la prohibición de vender o alquilar una propiedad, posible prisión y una multa. Quienes no registran una entidad extranjera o cometen un engaño al registrar una entidad, pueden enfrentar hasta dos años de prisión y una multa.

Poseer en forma anónima propiedades a través de compañías fantasmas es legal, pero activistas han atacado esta situación en los últimos años, argumentando que el Reino Unido ha servido como depósito de fondos robados por funcionarios corruptos de todo el mundo y que el dinero extranjero ha inflado los precios de la vivienda.

Los bienes inmuebles tienen un atractivo particular para los lavadores de dinero de alta gama que buscan ocultar grandes cantidades de dinero usando pocas transacciones, de acuerdo con una evaluación de riesgo nacional de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo lanzada el año pasado.

Bienes inmuebles en Londres valuados en US$ 5.500 millones se compran con activos sospechosos, según una investigación reciente del grupo anticorrupción Transparencia Internacional.

El IRS gastó US$ 380 millones pero hizo ‘poco o nada’ por el cumplimiento de FATCA, según informe

A pesar de gastar casi US$380 millones para ajustarse a las obligaciones de cumplimiento de impuestos en el extranjero, el Servicio de Rentas Internas (IRS) actuó en forma » limitada o nula» en el asunto y todavía no está preparado para hacer cumplir la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), una ley de casi una década que ejerce una presión extrema sobre los bancos extranjeros para buscar indicios de los titulares de cuentas que sean contribuyentes estadounidenses, según un nuevo informe del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA), que supervisa el IRS.

Como lo explica TIGTA, «el Congreso de EE. UU. buscaba que la Ley de Cumplimiento Tributario de la Cuenta Extranjera mejore el cumplimiento de los contribuyentes estadounidenses al informar activos financieros extranjeros y cuentas extraterritoriales». La auditoría de TIGTA se hizo para «evaluar los esfuerzos del IRS para asegurar que los contribuyentes, las FFI (instituciones financieras extranjeras), y los agentes de retención cumplen con FATCA», FACTA fue promulgada en marzo de 2010, hace más de ocho años.

Declaración de culpabilidad de haber violado la FCPA en el caso de soborno de PDVSA

El ciudadano estadounidense- venezolano Luis Carlos De León-Pérez se declaró culpable de sobornar a funcionarios de la compañía petrolera estatal de Venezuela y de lavar dinero de sobornos que otros pagaron a los funcionarios.

De León, de 42 años y quien fue arrestado en España en octubre de 2017, se declaró culpable en una corte federal en Houston de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Fue extraditado a Estados Unidos después de que un gran jurado federal en Texas lo acusara a él y a otras cuatro personas. Los otros cuatro, todos ciudadanos venezolanos, son ex empleados de Petróleos de Venezuela S.A. o PDVSA.

Los cinco fueron acusados de uno o más cargos de conspiración de lavado de dinero y de lavado de dinero. De León y otro acusado, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, también fueron acusados de un cargo de conspiración para violar la FCPA. Villalobos todavía se encuentra en España a la espera de la extradición, señala el Departamento de Justicia de EE.UU., quien ha acusado a 15 personas en este caso y 12 de las cuales se han declarado culpables.

El lavado de dinero tiene penas de hasta 20 años de prisión. Los delitos relacionados con la FCPA se castigan con hasta cinco años de prisión.

Uno de los vendedores de PDVSA, José Shiera, de Florida, se declaró culpable en marzo de 2016 de un cargo de conspiración para violar la FCPA y cometer fraude electrónico y un cargo de violación de la FCPA.

Otro vendedor, Roberto Rincón, de Texas, se declaró culpable en junio de 2016 de un cargo de conspiración para violar la FCPA, un cargo de violación de la FCPA y un cargo de declaraciones falsas en su declaración de impuestos federales de 2010.

Rincon y Shiera están esperando ser sentenciados.

Las criptomonedas impulsan una nueva era de lavado de dinero, más estimulada por la tecnología, con intercambios virtuales como objetivos principales

Un aumento en el robo de criptomonedas está impulsando el surgimiento de una nueva era de alta tecnología de lavado de dinero virtual, con hackers y grupos delictivos dirigidos más agresivamente a los intercambios de divisas virtuales, según un informe publicado la semana pasada.

En la primera mitad de 2018, se robaron más de US$760 millones en criptomonedas de los intercambios, un aumento de tres veces respecto a todo el año 2017, según CipherTrace, una firma de seguridad de blockchain con sede en California. Solo en los últimos dos años, los delincuentes han obtenido alrededor de US$ 1.210 millones en dinero virtual, dijo el informe trimestral de la empresa sobre el tema.

Actualmente hay cerca de 2.000 diferentes criptomonedas, todas las cuales proporcionan una cantidad deseable de anonimato para los delincuentes que desean ocultar sus verdaderas identidades, como terroristas, extorsionadores, ladrones de identidad, traficantes de drogas y armas, y traficantes de personas.

Las transacciones criptográficas no requieren que las personas usen sus nombres reales y no se mueven a través de intermediarios financieros como bancos o PayPal. Los usuarios que compran y venden monedas suelen estar representados por direcciones no identificables. Los sitios de juego de criptomonedas, de los cuales hay unos 200 disponibles, también se utilizan con frecuencia como herramientas de lavado de dinero, según el informe. Estos sitios tienen poca o ninguna regulación relacionada con las obligaciones para conocer al cliente, lo que dificulta que las fuerzas de ley investiguen el rastro del dinero que entra y sale de estos servicios.

El secreto sucio sobre Bitcoin: las criptomonedas y el crimen van de la mano

Los ciberdelincuentes se sienten atraídos por Bitcoin y otras monedas similares debido a su anonimato y sistema descentralizado, como se informa en una nueva infografía NullTX. De acuerdo con NullTX, la red oscura o darknet se ha convertido en el lugar de elección para la actividad ilegal en línea. Debido a la naturaleza anónima de las criptomonedas, se ha convertido en la moneda elegida por los delincuentes de Darknet. NullTX informó que un impactante 97% de la actividad ilícita de darknet se ha llevado a cabo a través de Bitcoin a lo largo de los años.

Mientras que las monedas similares como Monero están creciendo en popularidad, Bitcoin sigue siendo el líder, específicamente debido a su mercado. Según la infografía, varios crímenes han encontrado una plataforma para combinar la darknet y la criptomoneda para la comercialización de las drogas, el lavado de dinero y el ransomware.

El gráfico muestra que el lavado de dinero es un delito común en la red oscura. Estas transacciones parecen estar «limpias» con la moneda anónima y podrían conducir a la evasión de impuestos. Como se observa en el gráfico, aproximadamente el 36% de los inversionistas de Bitcoin no informará las ganancias o pérdidas de capital de sus criptomonedas.

Los hackers también suelen exigir que los rescates de los sistemas bloqueados se paguen en criptomonedas también, en lo que respecta a los ataques de ransomware. Como se observa en el gráfico, Bitcoin es el método de pago de rescate más popular para evitar la aplicación de la ley.

Filial en EE.UU. de una firma española de medios se declara culpable de corrupción en el marco FIFA Gate

Imagina US, filial en Estados Unidos de española Grupo MediaPro, se declaró culpable del pago de sobornos a funcionarios de asociaciones de futbol del Caribe y Centroamerica para obtener los derechos de partidos clasificatorios a los mundiales de 2018 y 2022, por lo que deberá pagar US$24 millones.

Esta semana, en una corte federal en Brooklyn, Imagina US aceptó dos cargos de conspiración de fraude electrónico en relación con la participación de dos de sus principales ejecutivos en esquemas para pagar más de US$ 6,5 millones en sobornos a altos funcionarios de la Caribbean Football Union (CFU) y cuatro federaciones nacionales de fútbol centroamericanas para asegurar los derechos de medios y marketing a los partidos clasificatorios para la Copa Mundial de esas federaciones.

Imagina US, anteriormente conocida como MediaWorld, es una corporación privada de Florida dedicada a los negocios de creación de contenido multimedia y producción audiovisual, y también tiene una unidad dedicada a comprar y vender los derechos de comercialización de eventos deportivos, principalmente partidos de fútbol. Imagina US es propiedad mayoritaria de Imagina Media, una empresa privada con sede en Barcelona. También esta semana, Imagina Media, también conocida como MediaPro, llegó a un acuerdo sin enjuiciamiento con el gobierno en relación con la participación de uno de sus tres CEOs en esta conducta delictiva.

De conformidad con un acuerdo, Imagina US debe renunciar a aproximadamente US$5,3 millones producto de las actividades delictivas de estos esquemas. Imagina US también deberá pagar US$3 millones en restitución a la CFU, US$ 1,7 millones a la federación hondureña de fútbol, US$790.000 a la federación guatemalteca de fútbol, US$600.000 a la Federación de Fútbol de Costa Rica, y US$565.000 a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Imagina US fue condenada además a pagar una multa de US$13 millones, que Imagina Media acordó pagar en nombre de Imagina US

De acuerdo con la información y datos presentados durante los procedimientos judiciales en este caso y en casos relacionados, los altos ejecutivos de Imagina US e Imagina Media que sobornaron a funcionarios de fútbol en la región de la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) –a cambio de los medios y derechos de comercialización para los partidos de clasificación de la Copa del Mundo, a menudo usaban facturas y contratos falsos para disfrazar la verdadera naturaleza de los pagos de sobornos y, por la misma razón, a menudo transmitían los sobornos a través de cuentas bancarias en poder de intermediarios en terceros países.

Con respecto al esquema de sobornos relacionado con los derechos de CFU en la Copa Mundial, uno de los tres CEOs de Imagina Media (identificado como cómplice 1 en los documentos de la corte) acordó que Imagina Media pagaría la mitad de un soborno de US$3 millones que el entonces socio de Imagina US, la empresa de marketing deportivo con sede en Miami Traffic USA, había acordado previamente pagarle a Jeffrey Webb, un alto funcionario de la CFU y presidente de CONCACAF. El soborno de US$3 millones fue a cambio de un contrato que le otorga a Traffic USA los derechos para los partidos clasificatorios de la Copa Mundial de los miembros de la CFU para los ciclos de clasificación de 2018 y 2022.

El cómplice 1 y el CEO de Imagina US, Roger Huguet, hicieron un pago de US$500.000 haciendo que un intermediario enviara una factura falsa de una compañía fantasma panameña a la filial portuguesa de Imagina Media, Medialuso. El cómplice 1 luego ordenó a altos ejecutivos de Imagina Media y Medialuso, que ambos le reportaban, que realizaran el pago.

Muchos de los ejecutivos y oficiales de fútbol que pagaron o recibieron los sobornos descritos en la acusación, y sus intermediarios, ya se han declarado culpables de participar en estos esquemas de soborno, incluidos Roger Huguet, Fabio Tordin, Miguel Trujillo, Jeffrey Webb, Costas Takkas, Alfredo Hawit, Rafael Callejas, Brayan Jiménez, Héctor Trujillo y Eduardo Li. Reynaldo Vásquez, de la federación salvadoreña de fútbol, ha sido acusado de recibir sobornos como parte de este esquema, pero aún no ha comparecido ante la Corte. Traffic USA también se declaró culpable.

El fracaso inicial de Imagina Media para llevar a cabo una investigación interna

El 27 de mayo de 2015, se presentó la primera acusación formal en el Distrito Este de Nueva York con el subtítulo United States v. Jeffrey Webb. Se acusaba a Webb y otros de participar en el plan de sobornos en torno a la clasificación de la Copa Mundial para la CFU y también se alegaba que cómplices adicionales y anónimos participaron en el plan. Según el non-prosecution agreement –acuerdo de enjuiciamiento diferido—, días después de que se revelara la primera acusación, la alta gerencia de Imagina Media supo que estos cómplices anónimos adicionales eran cómplice 1 y Huguet, y que Imagina Media había sido identificada anónimamente como «Sports Marketing Company C». El cómplice 1 negó a otros miembros de la alta gerencia de Imagina Media haber participado en un plan para pagar sobornos a Webb o a cualquier otra persona.

Meses después de que se diera a conocer esta acusación, la gerencia de Imagina Media no realizó una investigación interna ni realizó ninguna investigación seria para determinar si alguna de las acusaciones en relación con el cómplice 1 o Huguet era verdadera. En julio de 2015, Imagina Media emitió un comunicado de prensa, en inglés y en español, en el que negaba que hubiera evidencia de que era la «Sports Marketing Company C» mencionada en la acusación, aunque sabía que de hecho era Sports Marketing Company C. En el mismo comunicado de prensa, Imagina Media negó haber pagado algún soborno.

En diciembre de 2015, inmediatamente después de una acusación formal y se dieran a conocer las admisiones de culpabilidad de Huguet y el ejecutivo estadounidense de Imagina, Fabio Tordin, Imagina Media suspendió y luego terminó la relación con el cómplice 1, Huguet y Tordin, y se contrató a un abogado para llevar a cabo una investigación interna.

En consideración de esta aceptación de responsabilidad, las acciones correctivas de Imagina Media hasta la fecha, se encuentra la terminación de la relación con el cómplice 1, Roger Huguet y Fabio Tordin, y la contratación de un nuevo CEO, director financiero y asesor general, entre otros. Se compromete entre otras cosas: (a) aceptar y reconocer la responsabilidad de su conducta; (b) continuar su cooperación; (c) implementar controles internos mejorados y un riguroso programa de cumplimiento corporativo que incluye políticas y procedimientos en Imagina US, Imagina Media y otras filiales y afiliadas de Imagina Media diseñadas para detectar y evitar violaciones de todas las leyes federales, estatales y extranjeras contra la corrupción.

Si Imagina Media viola el acuerdo de no enjuiciamiento, está sujeto a un proceso penal completo.

Cinco países forman una nueva Alianza Conjunta (J5) para combatir la evasión fiscal y Crímenes Tributarios Criptográficos

El Servicio de Aduanas e Ingresos del Reino Unido anunció esta semana una alianza sobre el cumplimiento de las leyes fiscales entre el Reino Unido, Canadá, los Países Bajos, Estados Unidos y Australia con el objetivo de combatir mejor los delitos fiscales internacionales y el lavado de dinero.

Con un sorprendente crecimiento en criptomonedas a fines de 2017, muchos gobiernos de todo el mundo han comenzado a cuestionar a los consumidores que no han reportado todos sus espacios y valores criptográfico y, más importante aún, no hay denunciado delitos criptográficoss, que incluyen actividades como lavado de dinero, actividades ilegales y más.

Un anuncio hecho el 3 de julio de 2018 muestra que cinco países se han unido a lo que se denomina Joint Chiefs and Global Tax Enforcement (J5)–Jefes Conjuntos y Aplicación Tributaria Global— como un intento de profundizar en los inversionistas en el mundo critpográfico y la falta de información de éstos de las ganancias obtenidas.

Los miembros incluyen a los jefes de los delitos fiscales y altos funcionarios de la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal (ACAC) y la Oficina de Impuestos de Australia (ATO), la Agencia Tributaria de Canadá (CRA), el Servicio de Información e Investigación Fiscal de Holanda (FIOD), El Servicio de Aduanas e Ingresos del Reino Unido (HMRC), e Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas (IRS-CI) de EE.UU. El grupo se basará en la cooperación internacional existente mediante el intercambio de inteligencia y experiencia, y cooperará en operaciones conjuntas para investigar a personas que facilitan los delitos fiscales.

En su primera reunión, el J5 trajo expertos líderes en impuestos y otros delitos financieros de cada uno de los cinco países miembros para desarrollar planes tácticos e identificar oportunidades para perseguir a los cibercriminales y los habilitadores de los delitos fiscales internacionales.

Según HMRC, la nueva alianza ayudará a construir sobre el trabajo y los esfuerzos que han obtenido más de £ 2.800 millones de evasores de impuestos offshore desde 2010. El J5 se formó en respuesta a un llamado a la acción por parte de la OCDE para que los países hagan más para abordar los facilitadores de los delitos fiscales. Los cinco países tienen amenazas similares: grupos delictivos organizados y evasores fiscales ricos en el extranjero que cuentan con los recursos necesarios y tienen acceso a habilitadores profesionales para ocultar los ingresos y los activos utilizando el sistema financiero mundial.

En una continua debacle del de-risking, el acceso a la seguridad financiera internacional para ciertos países y sectores se está reduciendo

La Oficina de Control y Fiscalización de EE.UU.(GAO) insta a las regulaciones a examinar y realizar una evaluación exhaustiva para ver cómo las agencias reguladoras federales están exacerbando la tendencia de los bancos a perder conexiones con ciertos países o clientes debido al riesgo real o percibido de lavado de dinero.

En el centro del debate mundial sobre el de-risking está el tema de que los bancos afirman que los reguladores les obligan a cancelar cuentas, amenazan con multas o exámenes más severos, los examinadores públicamente han dicho muy poco sobre lo que realmente deberían hacer los bancos con estas situaciones de riesgo. En esa misma línea, los grupos de aplicación de la ley han pedido que los reguladores retrocedan y permitan que los bancos operen y entablen relación con tantas entidades como sea posible, ya que pueden proporcionar información vital para realizar o desmantelar investigaciones internacionales.

En sus estudios recientes sobre este tema, los últimos fueron publicados hace apenas unos días, la GAO hizo cinco recomendaciones:

al Departamento del Tesoro y a los reguladores bancarios federales para que realicen una revisión retrospectiva de las regulaciones BSA / AML y su implementación,

al Tesoro para que evalúe los cambios en los flujos de remesas a canales no bancarios.

Los reguladores bancarios estuvieron de acuerdo con las recomendaciones.

La GAO solicitó comentarios al Tesoro, pero ninguno fue provisto. Finalmente, lo que queda claro en la Declaración de De-risking es que el arco de servicios financieros disponibles para ciertos mercados se está reduciendo debido a las preocupaciones sobre el cumplimiento de ALD, que el gobierno de EE.UU. sugiere en cierto modo son exagerados.

Lo que no queda claro en la declaración es si los reguladores de EE.UU. abordarán esta cuestión o cómo deben abordar esta cuestión. Para leer el informe completo, haga clic aquí.

Consulta pública del GAFI sobre el proyecto de guía con un EBR para sectores de seguro y de valores

El GAFI está actualmente desarrollando guías para ayudar a los países, las autoridades, las aseguradoras / intermediarios de seguros y el sector de valores en la aplicación de un enfoque basado en el riesgo (EBR) para la prevención y control del lavado de dinero y la financiación del terrorismo . La guía pretende brindar apoyo tanto al sector privado como a los supervisores, centrándose en los riesgos del lavado de dinero y la financiación del terrorismo y las medidas de mitigación asociadas.

El GAFI está consultando a las partes interesadas del sector privado antes de que las guías estén finalizadas. Para enviar sus opiniones y propuestas específicas sobre el texto del Borrador de la Guía para el Sector de Seguros Haga clic aquí, para enviar sus opiniones y propuestas específicas sobre el texto del Borrador de la Guía para el Sector de Valores Haga clic aquí.

El borrador contiene una sección de guía para el sector privado. Los participantes pueden emitir los comentarios específicos sobre si esta sección proporciona suficiente claridad para el diseño y la implementación de medidas ALD / CFT basadas en el riesgo por parte de aseguradores de vida / intermediarios de vida para el sector de valores, y cualquier sugerencia adicional. El borrador de las guías también incluye ejemplos de factores de riesgo relevantes para las evaluaciones de riesgo de LA / FT de las entidades de seguros y sobre indicadores de factores de riesgo para el sector de valores. GAFI invita a los participantes a que contribuyan también en este aspecto específico.

Los participantes deben el nombre de su organización, la naturaleza de las actividades de seguro llevadas a cabo por su organización y la naturaleza de sus negocios (compañía de seguros, intermediario de seguros y qué tipo, corredor de valores, administradores de fondos, etc.) y los datos de contacto. Además, deben incluir cualquier propuesta de redacción específica directamente en el texto adjunto del borrador de orientación en líneas rojas. El borrador actual de la guía no ha sido aprobado por el GAFI en esta etapa. Estará sujeto a revisiones y enmiendas adicionales.

Los comentarios deben llegar a al GAFI a mediante email: Publicconsultation@fatf-gafi.org con el asunto “Comments on the draft RBA Guidance for the Life Insurance Sector” (Comentarios sobre el borrador de la Guía del RBA para el Sector del Seguro de Vida) o “Comments on the draft RBA Guidance for the Securities Sector (Comentarios sobre el borrador de la Guía del RBA para el Sector del Valores), a más tardar el viernes 17 de agosto de 2018. Los comentarios recibidos serán compartidos con las delegaciones del GAFI.

El GAFI busca adoptar la guía final en su Plenario en octubre de 2018.