La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. anunció este jueves que Credit Suisse Group AG pagará aproximadamente US$30 millones para resolver los cargos de la SEC de que obtuvo negocios de banca de inversión en la región de Asia-Pacífico al influenciar corruptamente a funcionarios extranjeros en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Credit Suisse también acordó pagar una multa de US$47 millones al Departamento de Justicia de los EE.UU.

De acuerdo con la orden de la SEC, varios altos gerentes de Credit Suisse en la región de Asia-Pacífico intentaron obtener negocios mediante la contratación y promoción de personas relacionadas con funcionarios del gobierno como parte de un acuerdo quid pro quo. Si bien esta práctica eludió el proceso normal de contratación de la empresa, los empleados de otras filiales y subsidiarias de Credit Suisse estaban al tanto y, en algunos casos, aprobaron estas «contrataciones de relación» o «contratación de referencias». La orden de la SEC determinó que en un período de siete años, Credit Suisse contrató a más de 100 empleados a pedido de funcionarios gubernamentales extranjeros, lo que generó millones de dólares en ingresos comerciales.

«El soborno puede tomar muchas formas, incluida la concesión de empleo a amigos y parientes de funcionarios del gobierno. La práctica de Credit Suisse de participar en estas prácticas de contratación violó la ley, y ahora se considera responsable de haberlo hecho «, dijo Charles Cain, Jefe de la Unidad FCPA de la División de Aplicación de la SEC.

La orden de la SEC determina que Credit Suisse violó las disposiciones contra el soborno y el control contable interno de la Securities Exchange Act de 1934. Credit Suisse acordó pagar la restitución de US$24,9 millones más US$4,8 millones en intereses para resolver el caso de la SEC.

El 25 de junio de 2018, el Consejo Europeo decidió someter a 11 personas que ocupaban cargos oficiales en Venezuela a medidas restrictivas. Las personas enumeradas son responsables de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela. Las medidas incluyen una prohibición de viajar y una congelación de activos.

Esta decisión es un seguimiento directo de las conclusiones del Consejo adoptadas el 28 de mayo de 2018, que exigían medidas restrictivas específicas que no dañen a la población venezolana en respuesta a las recientes elecciones presidenciales celebradas en Venezuela.

Como se indicó en las conclusiones, las elecciones celebradas en Venezuela el 20 de mayo de 2018 no fueron ni libres ni justas y sus resultados carecieron de credibilidad, ya que el proceso electoral no garantizaba las garantías necesarias para que fueran inclusivas y democráticas, señala el Consejo.

En este contexto, la UE también pidió nuevas elecciones presidenciales de conformidad con las normas democráticas internacionalmente reconocidas y el orden constitucional venezolano. La UE también reiteró la necesidad de respetar a todas las instituciones elegidas democráticamente, especialmente la Asamblea Nacional, para liberar a todos los presos políticos y defender los principios democráticos, el estado de derecho y los derechos humanos. Estos siguen siendo puntos esenciales a la luz de los cuales la UE adaptará su política.

La decisión de esta semana de la Unión Europea eleva a 18 el número total de personas sometidas a sanciones en vista de la situación en Venezuela. El Consejo incluyó por primera vez a 7 funcionarios venezolanos involucrados en el incumplimiento de los principios democráticos o el estado de derecho, así como en la violación de los derechos humanos el 22 de enero de 2018. Las medidas restrictivas tienen como objetivo ayudar a fomentar soluciones compartidas democráticas que puedan traer estabilidad política al país y permitirle abordar las necesidades apremiantes de la población.

Los actos jurídicos, incluidos los nombres de los interesados, se publicaron en el Diario Oficial el 25 de junio de 2018.

El Congreso de EE.UU. esta semana abordó la problemática cuestión de cómo las monedas virtuales—las centralizadas, descentralizadas y de intercambio entre pares—, podrían utilizarse para una amplia gama de delitos financieros, incluyendo el lavado de fondos robados de ciberataques, piratería informática y otros crímenes, pero también podrían ser un embudo para influir ilícitamente en los resultados geopolíticos, especialmente si esos fondos no pueden atarse o vincularse con donantes anónimos.

El Subcomité de Crimen y Terrorismo de EE.UU. celebró una audiencia en el Congreso titulada “Protecting Our Elections: Examining Shell Companies and Virtual Currencies as Avenues for Foreign Interference” –Protegiendo nuestras elecciones: examinando a las compañías fantasmas y las monedas virtuales como vías para la interferencia extranjera—, dirigida por el senador Lindsey Graham. Scott Dueweke de DarkTower, Sheila Krumholz del Center for Responsive Politics y David Murray de Financial Integrity Network asistieron como testigos.

El senador Sheldon Whitehouse, que introdujo la Ley Shell Company Abuse –ley de abuso de compañías fantasmas— para proteger las elecciones estadounidenses de corporaciones extranjeras y ciudadanos extranjeros que intentan influir en las elecciones estadounidenses, se refirió a futuros intentos por parte de entrometidos políticos como una «amenaza claramente predicha» y apuntó a los riesgos creados por monedas de privacidad, o privacy coin, en particular. Las monedas de privacidad son una evolución de las criptomonedas como Bitcoin. Al igual que Bitcoin, la mayoría de las monedas de privacidad utilizan un libro de contabilidad público para las transacciones, pero utilizan varios medios para oscurecer al emisor y receptor de una transacción.

Debido a que algunas criptomonedas tienen características anónimas, se considera que son particularmente atractivas para cualquiera que intente eludir las leyes de financiamiento de campañas.

También pueden facilitar transacciones entre pares, eliminando a los bancos u otras instituciones financieras como intermediarios y permitiendo que un adversario extranjero oculte su ubicación fuera de EE.UU. Los organismos de investigación de EE.UU. también presentaron ante los legisladores los problemas que enfrentan cuando los rastros de dinero fiduciario del mundo salta al mundo virtual. Para leer más análisis, haga clic aquí.

¿Alguna vez pensó en una versión condensada de los resultados de la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional para los países que ha revisado hasta ahora? ¡Bueno, aquí la tiene!

El grupo con sede en París, que establece estándares globales contra el crimen financiero, ha lanzado un docu-drama práctico y de nueve páginas que cubre más de cuatro docenas de países que los equipos de evaluación han revisado bajo estándares actualizados.

Los procesos más rigurosos califican tanto el cumplimiento técnico como la efectividad, incluyendo métricas tales como casos grandes y complejos cerrados, condenas, activos confiscados y sanciones contra el lavado de dinero contra instituciones financieras recalcitrantes.

El documento cubre a Costa Rica, Cuba, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, del continente y otros países que van desde Armenia a Zimbabue, detalles que podrían ser una gran guía de referencia para los oficiales de cumplimiento cuando evalúen los riesgos de los países, las empresas y las personas.

El principal funcionario del gobierno de Delaware que supervisa la formación de la compañía en el estado aprobó una propuesta federal bipartidaria para exigir a las compañías que revelen a sus verdaderos propietarios al momento de la constitución, en una nueva carta nueva al Congreso.

La correspondencia del Secretario de Estado de Delaware se produce cuando el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos arriesga descarrilar un esfuerzo bipartidario para combatir las finanzas ilícitas retirando la propuesta clave de transparencia de un paquete de reformas que se votará en el comité esta semana.

Sin las disposiciones clave de revelación de propiedad beneficiaria, varias partes del proyecto de ley restante debilitarían las salvaguardias contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero criminal, según la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT), una alianza no partidista de más de 100 organizaciones estatales, nacionales e internacionales que promueven políticas para combatir los impactos nocivos de las prácticas financieras corruptas.

Decenas de ex funcionarios de seguridad nacional instan al Congreso a acabar con el imán criminal de compañías anónimas

Una coalición de decenas de ex líderes militares y civiles de seguridad nacional enviaron una carta al Congreso instando a los legisladores a abordar el problema de las empresas fantasmas anónimas para defender mejor los intereses de seguridad nacional de EE.UU. y dominar una vulnerabilidad criminal actualmente abierta.

La carta está dirigida a los líderes de los Servicios Financieros de la Cámara y los Comités Bancarios del Senado. Algunos extractos de la carta incluyen:

«A medida que usted y sus colegas buscan frenar los países al margen de la ley, cleptócratas y redes criminales transnacionales del uso de Estados Unidos como un puerto seguro para sus ganancias obtenidas ilícitamente, lo instamos a tomar medidas contra el uso de compañías fantasmas anónimas», señala la carta.

«Los carteles de la droga y las operaciones de tráfico de personas han entendido por mucho tiempo los beneficios del secreto corporativo para lavar dinero de empresas criminales», escribieron los funcionarios. «Más recientemente, compañías anónimas están implicadas en el financiamiento del terrorismo, contratos fraudulentos con nuestros militares e incluso la evasión de sanciones».

Para leer la carta completa, haga click aquí:

Por un lado, pide estándares de seguridad de datos más sólidos, luego lamenta la encriptación indescifrable utilizada por piratas informáticos y delincuentes.

La muy anticipada estrategia de ciberseguridad de Canadá, lanzada este mes, ha expuesto uno de los principales problemas que enfrenta el gobierno de Canadá, entre otros gobiernos, en la era digital: el dilema de hablar sobre la necesidad de un cifrado más fuerte para frustrar los piratas informáticos, pero eso también obstaculiza inadvertidamente el cumplimiento de la ley.

La estrategia advierte sobre la necesidad de un mejor cifrado para salvaguardar los datos, particularmente contra los avances de la computación cuántica.

Pero también pone un énfasis extraordinario en el aumento de la seguridad nacional y la lucha contra una explosión en el delito cibernético, que a menudo afecta a las autoridades explotando algunos de los mejores cifrados disponibles. Por lo tanto, el gobierno federal tiene que lograr un equilibrio entre asegurar los datos y luchar contra el cifrado utilizado para protegerlos. La estrategia presentada esta semana sugiere que aún no ha alcanzado ese equilibrio.

Al mismo tiempo, Canadá, al igual que el resto del mundo, se enfrenta a una escasez masiva de tecnología y cibernética, estimada en cientos de miles de trabajadores. Para leer más análisis, haga clic aquí.

La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SuperSociedades) anunció nuevas medidas para detectar y sancionar conductas ilícitas en empresas instaladas en Colombia y que tengan negocios en el exterior: la entidad habilitó un canal virtual para denunciar casos de soborno empresarial.

La SuperSociedades es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el cual se ejerce la vigilancia y control de las sociedades mercantiles.

Este nuevo canal de denuncias es una de las medidas que acaba de implementar el organismo, a través del cual los empresarios, oficiales de cumplimiento o cualquier ciudadano puede reportar casos relacionados con soborno internacional.

Se trata de un mecanismo instalado en la página web de la Superintendencia que permite poner en conocimiento de la entidad hechos relacionados con el ofrecimiento ilegal de sumas de dinero, objetos de valor, dádivas o cualquier beneficio o utilidad a funcionarios públicos en el extranjero, para sacar ventaja en una licitación o negocio.

A través de un enlace, el denunciante ingresa a un cuestionario con preguntas simples relacionadas con información elemental sobre compañías implicadas en el presunto acto ilícito. El mecanismo permite mantener la reserva de la persona que denuncia, pero también da la opción de relacionar los datos personales, en caso de que el denunciante así lo prefiera.

Para que la denuncia sea válida o aceptada, el sistema establece unos requisitos mínimos como suministrar datos precisos sobre el país en el que la sociedad presuntamente cometió los actos de soborno, el funcionario extranjero implicado y una descripción sobre los mecanismos utilizados para cometer el ilícito.

Al presentar la denuncia, el ciudadano no está obligado a aportar evidencias. Sin embargo, en caso de contar con pruebas que documenten mejor el caso de soborno, el canal de denuncia cuenta con un espacio para adjuntar dichas pruebas, de modo que se faciliten y agilicen las investigaciones que eventualmente emprenda la Superintendencia de Sociedades.

Una vez recibida la denuncia, se inicia un proceso de evaluación de la calidad de la información y se podrá emprender las acciones que correspondan. Estas pueden ser desde visitas sorpresivas a la sociedad denunciada, hasta la apertura de indagaciones formales.

El soborno internacional es la conducta que realiza una persona jurídica o una sucursal de sociedad extranjera con domicilio en Colombia, por medio de sus empleados, administradores, contratistas o sociedades subordinadas.

Esta semana, el Departamento de Justicia, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, el Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS), el Servicio de Inspección Postal de los EE.UU. (USPIS) y la Administración Antidrogas de los EE.UU. (DEA) anunciaron el resultado de una operación nacional coordinada de un año de duración que usó la primera acción encubierta nacional para llegar a los vendedores de productos ilícitos en la web oscura.

Los investigadores de EE.UU. se hicieron pasar por lavadores de dinero en los sitios del mercado de Darknet, intercambiando dólares por moneda virtual. A través de esta operación, HSI New York pudo identificar a numerosos vendedores de productos ilícitos, lo que permitió la apertura de más de 90 casos activos en todo el país. La Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS) de la División Criminal del Departamento de Justicia, que trabaja con más de 40 fiscalías federales en todo el país, coordinó la investigación nacional de más de 65 objetivos, que llevaron al arresto y al enjuiciamiento inminente de más de 35 vendedores de Darknet.

«Los delincuentes que piensan que están a salvo en Darknet están equivocados», dijo el Fiscal General Adjunto Rod J.Rosenstein. «Podemos exponer sus redes, y estamos decididos a llevarlos ante la justicia. Hoy arrestamos a más de 35 supuestos vendedores de Darknet. Nos apoderamos de sus armas, sus drogas y US$23,6 millones de sus ganancias obtenidas ilícitamente. Este esfuerzo de aplicación a nivel nacional reducirá el suministro de drogas mortales como el fentanilo que están matando a un número sin precedentes de estadounidenses».

«La Web Oscura es siempre cambiante y cada vez más intrincada, lo que hace más difícil localizar y atacar a los que venden artículos ilícitos en esta plataforma. Pero en este caso, los agentes especiales de HSI pudieron caminar entre los inframundos cibernéticos para encontrar a aquellos que venden drogas altamente adictivas para obtener ganancias «, dijo el Director Ejecutivo Asociado de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Aduanas de los EE.UU., Derek Benner. «El velo se ha levantado. HSI se ha infiltrado en Darknet, y junto con sus socios de la aplicación de la ley en todo el país, ha demostrado, una vez más, que todos los delincuentes están al alcance de la mano de la ley «.

La extensa operación, que culminó en más de 100 acciones de cumplimiento en EE.UU. durante cuatro semanas, dio como resultado lo siguiente:

— Detenciones de más de 35 vendedores de Darknet que participaron en decenas de miles de ventas de productos ilícitos;

–Ejecución de 70 órdenes de allanamiento, lo que resulta en la incautación de cantidades masivas de narcóticos ilegales, incluidas 333 botellas de opioides sintéticos líquidos, más de 100.000 pastillas de tramadol, 100 gramos de fentanilo, más de 24 kilogramos de Xanax y decomisos adicionales de oxicodona, MDMA, cocaína, LSD, marihuana y cultivo de hongo psicodélico en una residencia;

–Incautación de más de 100 armas de fuego, incluidas pistolas, rifles de asalto y un lanzagranadas;

–Incautación de cinco vehículos que se compraron con ganancias ilícitas y / o se utilizaron para facilitar actividades delictivas;

–Incautación de más de US$ 3,6 millones en moneda y lingotes de oro;

–Incautación de casi 2.000 bitcoins y otras criptomonedas, con un valor aproximado de más de US$ 20 millones;

–Confiscación de 15 prensas de píldoras, que se utilizan para crear opioides sintéticos ilegales; e

–Incautación de dispositivos de minería Bitcoin, equipos informátucos y selladores al vacío.

Se identificaron más de 50 cuentas de vendedores de la Web Oscura y se atribuyeron a las personas que vendían los productos ilícitos en sitios del mercado del Darknet como Silk Road, AlphaBay, Hansa, Dream y otros.

HSI-New York Field Division y MLARS coordinaron con la policía y los fiscales federales para investigar 65 objetivos identificados por la operación encubierta en más de 50 distritos federales.

Dos años después de que los Panamá Papers sacudieran al sistema financiero internacional, una nueva filtración de documentación del bufete Mossack Fonseca revela nueva información sobre algunos personajes importantes de la elite mundial, incluyendo la superestrella del fútbol Lionel Messi y la familia del presidente argentino Mauricio Macri.

Los documentos también muestran a Mossack Fonseca luchando para contener las consecuencias de la filtración y para identificar a sus propios clientes.

Los 1,2 millones de documentos datan de unos meses antes de abril de 2016, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y sus más de 100 socios de medios publicaron las historias iniciales de Panama Papers, y continúan hasta diciembre de 2017. Los documentos se filtraron a Süddeutsche Zeitung con sede en Munich. que los compartió con ICIJ.

Los fundadores de Mossack Fonseca, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, emitieron un comunicado de prensa en junio que decía que la firma de abogados, sus empleados y sus fundadores «nunca estuvieron involucrados en actos ilegales».

Según ICIJ, correos electrónicos entre la oficina central de Mossack Fonseca en Panamá y su sucursal en Uruguay en septiembre y octubre de 2016 muestran a los empleados discutiendo un plan para antedatar documentos para ocultar el hecho de que la firma no sabía que una compañía que había establecido en Bahamas, Fleg Trading Co., era controlada por la familia del presidente argentino Mauricio Macri.

Macri y otros miembros de la familia eran directores de Fleg Trading, reveló la investigación original de Panama Papers. Su padre era el dueño. Las leyes contra el lavado de dinero requerían que Mossack Fonseca conociera dicha información.

Los empleados de Mossack Fonseca conversaron para que el contador de Macri produzca un documento escrito a mano en 2016, pero fechado años antes, que confirme al propietario de la empresa, según los correos electrónicos. El contador descartó la idea como «muy arriesgada» ya que la carta «podría ser refutada fácilmente por un calígrafo experto», quien advertiría que el documento fue escrito más recientemente, de acuerdo con los correos electrónicos internos de Mossack Fonseca, detalla el consorcio de periodistas.

El cliente no quería «arriesgarse», señalaban los correos electrónicos, «ya que está involucrado el presidente de Argentina y su familia».

Los nuevos documentos muestran que Mossack Fonseca no conocía las conexiones de la familia Macri con BF Corporation, otra compañía fantasma. BF Corporation era propiedad de los hermanos de Macri, Mariano y Gianfranco, según informes de la prensa argentina, destaca ICIJ. Esos informes han señalado que los fiscales alemanes alertaron a las autoridades argentinas en 2016 sobre transacciones sospechosas que involucran a BF Corporation, basadas, en parte, en las revelaciones de la investigación de los Panamá Papers. Las transacciones se produjeron días antes de la primera ronda de votación de octubre de 2015 que condujo a la elección de Mauricio Macri el mes siguiente.

Un portavoz de la compañía de la familia Macri, Socma, le dijo al socio de medios de ICIJ, La Nación, que el padre del presidente declaró su propiedad de Fleg Trading, lo que fue confirmado por un juez en Argentina. El portavoz dijo que no tenía información ni comentarios sobre las discusiones entre Mossack Fonseca y el contador uruguayo.

En los próximos días, los socios de ICIJ en varios países publicarán historias basadas en el nuevo grupo de archivos de Panama Papers. Esas historias arrojarán nueva luz sobre las transacciones financieras de las personas de la primera investigación y conectarán a otras personas influyentes y políticamente conectadas con la frima.

Lío fiscal

Lionel Messi, el jugador estrella de fútbol del club Barcelona, ya estaba siendo investigado en España por cargos de que él y su padre, Jorge Horacio Messi, usaron compañías offshore en Belice y Uruguay para evitar pagar millones de dólares en impuestos cuando los Panamá Papers revelaron que poseían otra compañía extraterritorial: Mega Star Enterprises, con sede en Panamá.

Cuando se le preguntó acerca de la compañía en abril de 2016, los Messi dijeron a ICIJ y sus socios que Mega Star estaba «totalmente inactiva». Los correos electrónicos internos de los recientes documentos de Mossack Fonseca ponen en duda esa afirmación.

La «oficina de Uruguay me dice que el cliente está usando la compañía», escribió un empleado de firma de abogados en mayo de 2016, un mes después. Mossack Fonseca renunció como agente registrado de Mega Star Enterprises en julio de 2016, según los documentos, el mismo mes en que los Messi fueron condenado por un tribunal español por fraude fiscal. Lionel recibió una condena en suspenso de 21 meses y una multa de US$ 2,2 millones.

Un abogado de Messi le dijo al periódico español El Confidencial, socio de ICIJ, que Mega Star Enterprises era un tema viejo y que formaba parte de un esquema corporativo antiguo. La compañía no está siendo utilizada para actividades, dijo el abogado.

El principal funcionario del gobierno de Delaware que supervisa la formación de la compañía en el estado aprobó una propuesta federal bipartita para exigir a las compañías que revelen a sus verdaderos propietarios al momento de la constitución de una nueva compañía, en una nueva carta al Congreso.

La carta del Secretario de Estado de Delaware llega cuando el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos arriesga descarrilar un esfuerzo bipartidista para contrarrestar las finanzas ilícitas retirando la propuesta clave de transparencia de un paquete de reformas que se votará en el comité esta semana.

Sin las disposiciones clave de revelación de propiedad beneficiaria, varias partes del proyecto de ley restante debilitarían las salvaguardias contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero criminal, según la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (Financial Accountability and Corporate Transparency, FACT), una alianza no partidista de más de 100 organizaciones estatales, nacionales e internacionales que promueven políticas para combatir los impactos nocivos de las prácticas financieras corruptas.