OCC ofrece una visión poco frecuente de cómo los examinadores ven las iniciativas de Fintech en materia ALD/CFT

La OCC ofrece una visión poco frecuente de cómo los examinadores ven las iniciativas de Fintech en materia ALD/CFT en acción en una carta que revisa la solicitud de los bancos para automatizar los ROS y generar automáticamente narrativas de estructuración.

La Oficina del Contralor del Tesoro de Estados Unidos (OCC), el regulador bancario que supervisa los bancos más grandes y complejos del país, ha emitido una carta interpretativa perspicaz que revisa la solicitud de un banco para automatizar los reportes de operación sospechosa (ROS) y autogenerar la parte narrativa de la presentación en relación con dudosos o reales casos de estructuración, uno de los reportes más comunes que puede generar una pérdida masiva de recursos de investigación para un banco.

La carta señala que el banco también solicitó a FinCEN, la UIF de EE.UU., que emitiera un fallo administrativo u otorgara una exención de sus requisitos de informes ROS para el proceso propuesto.

La propuesta descrita en su carta plantea varios temas bajo las regulaciones de la OCC, indicó el regulador en la carta.

Primero, usted busca una opinión sobre si la propuesta para la generación automatizada de narrativas ROS es consistente con la regulación ROS de la OCC. En segundo lugar, busca una opinión sobre si la regulación de ROS de la OCC permite que un banco presente un ROS de estructuración basado únicamente en una alerta, sin realizar una investigación manual y, de ser así, en qué circunstancias.

En tercer lugar, su solicitud plantea la cuestión de si la automatización propuesta para las presentaciones de ROS es coherente con la regulación del Programa de Cumplimiento BSA / AML de la OCC. Finalmente, solicita un alivio regulatorio para llevar a cabo la propuesta dentro de un «entorno limitado regulatorio» (sandbox), que incluiría una exención a ciertas acciones regulatorias por parte de la OCC.

Como se explica más adelante, concluimos que la generación automatizada propuesta de una narrativa SAR es consistente con las regulaciones bancarias ALD.

La conclusión se basa en la representación del banco de que los ROS presentados «de hecho contendrán todos los elementos requeridos descritos en las instrucciones del Formulario ROS y la orientación aplicable de FinCEN».

«Llegamos a la conclusión de que las regulaciones del Programa de Cumplimiento de ROS y BSA / AML de la OCC permiten que un banco presente un ROS de Estructuración basado únicamente en una alerta bajo las condiciones y limitaciones descritas en su carta de solicitud», con ciertas limitaciones.

El regulador también está abierto a un diálogo continuo sobre este tema, ya que tiene ramificaciones más amplias para los bancos que intentan reforzar la eficacia ALD a través del análisis y la implementación de la automatización del cumplimiento, pero no le dará a este banco y a otros un amplio puerto seguro que evite que los examinadores ofrezcan críticas e incluso acciones formales.

«Finalmente, la OCC está abierta a entablar conversaciones periódicas entre elbBanco y el personal apropiado del OCC, incluida la provisión de comentarios proactivos y oportunos en relación con esta propuesta de automatización, pero se niega a ofrecer la tolerancia regulatoria como usted ha solicitado».

La carta es un vistazo raro y detallado de cómo, de manera concreta, la Oficina del Contralor del Tesoro de los Estados Unidos está viendo algunos de los parámetros más reservados de las instituciones que implementan iniciativas de tecnología financiera o fintech, como automatización, en la era de la innovación que se detallan en varias misivas de supervisión lanzadas a fines del año pasado.

La carta de ocho páginas, que pregunta si el proceso simplificado propuesto por el Banco es consistente con las regulaciones ROS de la OCC, debe ser leída por los oficiales de cumplimiento de delitos financieros en instituciones de todos los tamaños.

La carta es un vistazo bajo el capó de cómo los reguladores sopesan los ajustes con las nuevas tecnologías sin dar carta libre a un banco.

En resumen, los examinadores están contentos de ver que las instituciones fortalecen la eficiencia y la eficacia, pero no otorgarán a los bancos un pase libre por fallas de cumplimiento de delitos financieros no cubiertas en iniciativas heredadas o nuevas iniciativas.

La Auditoría Forense para ayudar a combatir el delito financiero

Por Gerineldo Sousa Melo, CFCS
Subdirector Nacional de Auditoría General
Contraloría General de la República de Panamá

Esta es la tercera y última entrega del extracto del nuevo libro escrito por Gerineldo Sousa Melo: “Rol de la Auditoría Forense, como medio probatorio de delitos financieros”. Gerineldo, es el Subdirector Nacional de Auditoría General de la Contraloría General de la República de Panamá. En las próximas semanas ACFCS publicará la tercera parte. Para leer la primera entrega por favor haga clic aquí. Para leer la segunda edición haga clic aquí

 El auditor forense, Testigo Experto o Perito

Antes de profundizar en el tema de reconocer al auditor forense como un testigo experto, debo plasmar lo que algunos autores se refieren a la diferencia entre perito y testigo experto.

Neyra Flores señala que la pericia es un medio de prueba a través de la cual se busca información fundada, basándose en conocimientos especiales, ya sean científicos, artísticos o técnicos (medicina, contabilidad, balística, etc.), útiles para la valoración de un elemento de prueba.

ASCENCIO MELLADO, José María, indica que el perito es un tercero ajeno al proceso que es llamado al mismo para que aporte una declaración de ciencia, que no de conocimiento, sobre los hechos, los cuales no ha conocido directamente por no ser testigo, acerca de materias propias de su oficio, arte o profesión.

En cambio BAYTELMAN, Andrés y Maurice Duce, manifiesta que un testigo experto es un testigo que, por el azar u otra circunstancia no prevista, tiene un conocimiento especializado en una determinada materia que lo habilita en el área específica de su experticia para emitir opiniones o conclusiones en el juicio que serían inadmisibles tratándose de un testigo normal.

En todo caso se trata de un testigo, es decir, alguien que presenció o puede declarar sobre hechos relevantes para el caso, pero que además está dotado de un cierto conocimiento o experiencia que lo habilita para dar opiniones o conclusiones que también son relevantes para el caso, no obstante no haber hecho un peritaje.

Un auditor forense se considera como un testigo experto, ya que cuenta con la competencia requerida para exponer sobre hechos obtenidos en su estudio, ya que aporta a la corte, evidencias a ser valoradas por un Juez y que con su testimonio puede asignar la responsabilidad de los hechos.

Danilo Lugo, en su libro La Auditoría Forense en el Sistema Judicial Acusatorio, define lo siguiente:

El Auditor Financiero con preparación técnica-forense, es un valioso testigo experto en una Corte Criminal. Por ser la Auditoría Forense un área muy especializada, el Auditor debe tener una muy completa capacitación, acerca de las diferentes modalidades criminales, con énfasis en delitos económicos y financieros.

Como Testigo Experto

Un auditor forense como testigo experto es una persona que tiene conocimientos especiales de un tema sobre el cual él o ella deben testificar en un procedimiento legal o experiencia que generalmente no se encuentran en la persona promedio, Además de un conocimiento de la parte operativa en los diferentes procesos de investigación.

Es un profesional calificado y debidamente acreditado y certificado, que siguen un esquema debidamente planificado con anterioridad, para recopilar información, evidencias y formar un caso sólido para el Tribunal de Justicia.

El Auditor forense es un excelente auxiliar de la justicia, pues además de su experiencia en el campo contable financiero, conoce perfectamente las técnicas de un investigador criminal.

El Auditor Forense debe tener claro, que él, no es un investigador criminalista, o policial.

Como Perito

La actuación como perito dado su especial conocimiento y experiencia en términos contables y financieros, cubre no sólo los procesos ante la justicia ordinaria, en todas las ramas.

El peritaje es un examen crítico y sistemático de hechos controvertidos de índole económico-financiero, a indagarse a través de la contabilidad y de la auditoría, circunscrito a las normas legales establecidas a cualquier nivel (penal, civil, familia, etc.)

Actúa como asesor, emitirá dictámenes sobre las causas y efectos de lo que observó, basándose en su razonamiento técnico.

Por ser la naturaleza de los delitos económicos y financieros considerados como de una alta sofisticación y de inteligencia, que en su gran mayoría son cometidos por verdaderos cerebros del crimen de cuello blanco, que utilizan entidades bancarias, financieras, corporaciones multinacionales, entidades de servicio,  empresas y hasta organizaciones sin ánimo de lucro, es un espectro muy amplio en el crimen organizado.

El Auditor Forense, debe prepararse en la investigación documental, es decir en la recopilación de pruebas documentales, registros, contabilidad, informes financieros, documentos electrónicos,  transacciones vía electrónica, interpretación de balances, cruces de información con inventarios, proveedores, clientes y personas comprometidas.

El Auditor Forense, no solo debe tener un conocimiento en el área contable y financiera, sino que también debe tener una capacitación en la forma de entrevistar posibles implicados en la investigación, como manejar una situación comprometedora con un acusado.

Algunas de las características personales que debe tener un auditor forense y que tiene un impacto en su desempeño como testigo experto, son las siguientes:

  1. Escepticismo profesional

De acuerdo a la Norma Internacional de Auditoría (NIA) No. 200, apartado 13.I, el escepticismo profesional es una actitud que implica una mente inquisitiva, una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones, debidas a errores o fraudes, y una valoración crítica de la evidencia de auditoría.

Además, en consonancia con la NIA 200.15 “el auditor planificará y ejecutará la auditoría con escepticismo profesional reconociendo que pueden darse circunstancias que supongan que los estados financieros contengan incorrecciones materiales”.

El escepticismo profesional es una conducta que incluye la capacidad de evaluar críticamente la idoneidad y suficiencia de la evidencia de auditoría que comprende tanto la información que sustenta y corrobora las aseveraciones hechas por la Administración, así como aquella información que las contradiga.

También, incluye la habilidad de identificar y responder ante indicaciones de incorrección material, de sacar conclusiones apropiadas a partir de los datos recolectados y de ejercer con responsabilidad profesional en todo momento.

Por otra parte, el escepticismo profesional es un rasgo esencial que contribuye a la independencia del auditor, e incluye el acercamiento y evaluación crítica de la información obtenida y de los documentos que la respalden o contradigan.

Uno de los mayores retos del auditor forense es, aparte de identificar e investigar el fraude, demostrar, evidenciar y documentar el acto ilegítimo. Si este propósito no se alcanza, con toda seguridad estaremos ante una investigación no fructífera y no se obtendrán los resultados esperados.

En la mentalidad del auditor en general y de manera especial del auditor forense, debe estar presente que la entidad investigada y sus funcionarios, siempre se empeñarán en presentar la información que ellos quieren que se examine, y por todos los medios tratarán de no mostrar la información que pueda conducir a la detección e investigación del fraude.

Otro de los retos más importantes que enfrenta el auditor forense, es buscar, indagar y analizar la parte oscura, oculta o no perceptible de la información es fundamental para mantener una actitud objetiva e independiente, que permita al auditor adoptar un enfoque de indagación, al probar, corroborar y evaluar la información, y llegar a conclusiones.

El escepticismo profesional también incluye una evaluación crítica de la evidencia de auditoría, que comprende la información que sustenta y corrobora las aseveraciones hechas por la Administración, así como aquella información que las contradiga.

Esto significa cuestionar y considerar la suficiencia y competencia de la evidencia de auditoría obtenida en relación con las circunstancias.

Como se plasma en la Norma Internacional de Auditoría No. 200, El escepticismo profesional es necesario, en especial, en relación con las decisiones a tomar sobre:

  • La importancia relativa y el riesgo de auditoría;
  • La naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría utilizados para cumplir los requerimientos de las NIA y obtener evidencia de auditoría;
  • La evaluación de si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada y si es necesario hacer algo más para alcanzar los objetivos de las NIA y, de ese modo, los objetivos globales del auditor;
  • La evaluación de los juicios de la dirección en la aplicación del marco de información financiera aplicable a la entidad; y
  • Las conclusiones sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, por ejemplo, al valorar la razonabilidad de las estimaciones realizadas por la dirección al preparar los estados financieros.
  1. Juicio Profesional

La NIA 200 en las definiciones del párrafo 13 dice textualmente en el literal k que el juicio profesional es la aplicación de la formación práctica, el conocimiento y la experiencia relevantes, en el contexto de las normas de auditoría, contabilidad y ética, para la toma de decisiones informadas acerca del curso de acción adecuado en función de las circunstancias del encargo de auditoría.

Y en el literal l describe así el escepticismo profesional: actitud que implica una mentalidad inquisitiva, una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes, y una valoración crítica de la evidencia de auditoría.

Considerando lo establecido en las Normas Internacionales de Auditoría, especialmente la No. 200, podemos concluir que para que un auditor forense, pueda desempeñarse como un experto en la investigación de delitos económicos, debe no solamente tener una capacitación en temas de contabilidad o auditoría, sino en todas las disciplinas que se vinculen a el trabajo que está realizando.

En base a lo anterior, puedo determinar que la competencia del auditor forense, se reforzará a través de la obtención de conocimientos no solamente cultivados en una universidad, sino participando en entrenamientos o capacitaciones y una amplia experiencia en el campo de la investigación.

El juicio profesional debe emplearse generalmente para:

  • El cálculo de estimaciones y provisiones contables que sean confiables;
  • La selección de tratamientos contables;
  • La elección de normas contables supletorias a las NIIF, cuando sea procedente; y
  • Lograr el equilibrio entre las características cualitativas de la información financiera.
  1. Excelente capacidad de comunicación

La principal característica que debe poseer un auditor forense, es el arte de la comunicación oral y escrita.

Como lo he indicado en los puntos anteriores, un auditor forense no solamente debe tener la capacitad para hacer una investigación, sino que puede provocar que no se le valore apropiadamente, al redactar un informe sin una exposición clara de los hechos, con muchos errores ortográficos o aritméticos.

Las conclusiones de los dictámenes e informes, deben basarse  exclusivamente en las evidencias obtenidas.

Otro factor que puede conllevar a desconocer un informe o investigación, es si el auditor forense no se expresa correctamente sobre el trabajo realizado o el resultado obtenido.

Es importante e imprescindible mantener la neutralidad e independencia de criterio.

Cuando dicto una clase a mis alumnos en las Universidades, o expongo  una conferencia, le manifiesto a los participantes, que para convertirse en un excelente profesional de la auditoría forense, no solamente deben capacitarse en temas técnicos, sino que deben tomar clases de redacción, exposición, liderazgo, relaciones humanas y principalmente en saber escuchar y conocer el comportamiento de las personas.

Un auditor forense al hacer entrevistas, no solo va a recibir respuestas a sus preguntas, sino que deberá saber interpretar el lenguaje corporal de los entrevistados, ya que puede lograr obtener indicios de situaciones que no se dicen pero que si se demuestran.

El lenguaje corporal se define como la comunicación no verbal que se refiere a los códigos gestuales expresados por tu cuerpo, que incluye a las Microexpresiones y todas las emociones que puedes expresar con tu rostro.

No todo lo que sale de la boca es lenguaje verbal; el para lenguaje se refiere a todas las características de la voz y cómo se ven afectadas por las emociones.

Estas características son:

  • La velocidad al hablar
  • El volumen de la voz
  • El timbre
  • La Modulación y pronunciación

En el análisis no verbal es imprescindible que aprendas a detectar cambios en la entonación al hablar, o diferencias entre una frase y otra en cuanto a volumen, o si la modulación de alguna palabra se ve afectada.

Estos cambios son más difíciles de detectar que otras características corporales, pero son una clave mucho más precisa de lo que afecta o emociona a alguien.

La emprendedora y empresaria Teresa Baró,  quien escribió los libros La Gran Guía del lenguaje no verbal e Inteligencia no verbal, y que además es Directora de la consultoría Verbal y no Verbal, especializada en habilidades de comunicación profesional, manifiesta en sus libros lo siguiente:

“Solo somos profesionales excelentes si, además de dominar el tema, nos comunicamos con eficacia.

Nuestra forma de expresarnos y de relacionarnos con los demás condiciona los resultados de todo lo que hacemos.

Tenemos que ser conscientes de nuestra imagen, de cómo utilizamos las palabras, la voz y el cuerpo.

Podemos planificar nuestra comunicación para ser más efectivos y entrenar nuestras habilidades. Dominar la comunicación es salir con ventaja en un mundo muy competitivo”.

Mentalidad investigadora

 

Alberto Mantilla en su libro “Auditoría 2005”, indica lo siguiente:

“la mentalidad investigativa (detectivesca) como la habilidad básica, la cual va con creces mucho más allá de la mentalidad auditora tradicional. Esta última, se basa en la limitación del alcance como resultado de la materialidad, y en el uso del muestreo para recolectar evidencia.

El auditor forense no se puede restringir a la materialidad ni al muestreo, necesariamente tiene que basarse en los procesos judiciales determinados en la ley. En este sentido, requiere de creatividad, curiosidad, perseverancia, sentido común, sentido de negocios, y confidencialidad”.

Un auditor forense debe ser un profesional que ha desarrollado el arte de la investigación de delitos económicos, ya que con lo especializado que están los delincuentes, se requiere de alguien experto en analizar, evaluar, detectar situaciones inusuales que permitan establecer patrones de conducta anormales.

Realizar una investigación para recabar las evidencias que permitan formarse un juicio a un juez, conlleva que se deben procesar la integridad de la información, pertinente al hecho investigado, dado que el Juez, no podría tomar una decisión si dentro del proceso no se consideraron todos los documentos o información pertinente.

Tener una mentalidad investigativa, conllevará al auditor forense a diseñar procedimientos de investigación que le permita tener un panorama de como el delincuente pudo haber cometido su delito, ya que determinaría el método utilizado.

Al tratar el tema de la integridad de la información, no solamente debemos considerar que la evidencia aportada se ajuste al tema de la investigación, sino que el auditor forense deberá obtener y evaluar la totalidad de los documentos referentes al hecho pertinente, y no puede enfocarse a figuras como la materialidad, estimaciones o proyecciones, ya que estaría aportando evidencias de forma limitada, lo cual no puede ser considerada como concluyente por una autoridad competente.

Los delincuentes económicos están un paso adelante de los investigadores, ya que cuentan con los recursos económicos para contratar a expertos profesionales que analizan las distintas tipologías y cuya finalidad es lograr que las autoridades, les sea más difícil detectar el mecanismo, ya que su fin es ocultar la forma de cómo se generó el delito y darles seguridad a los fondos obtenidos ilícitamente.

Es importante, que el auditor piense como el delincuente para poder desarrollar métodos, les permita recabar las evidencias, del hecho investigado, tratando de identificar la forma que utilizo el delincuente, tanto para cometer la fechoría, como para esconder el producto de su delito.

Trabajo bajo presión

La responsabilidad de ejecutar una investigación de la comisión de un probable delito económico, donde los imputados traten de evitar que se detecten las irregularidades, hacen que un auditor forense haga su labor bajo condiciones muy riesgosas y donde tiene la responsabilidad de ajustarse al debido proceso de la investigación, aportando evidencias pertinentes y obtenidas de forma confiable.

Milton Maldonado, en su libro “Auditoría Forense: Prevención e Investigación de la Corrupción Financiera, plasma lo siguiente:

“Es muy importante señalar que esta Auditoría produce un fuerte agotamiento físico y mental al auditor, en virtud de la presión, riesgos, dificultades en la obtención de evidencia y tiempo invertido; razón por la cual, es importante que tenga sentido del humor para que no se torne una persona amargada, en su vida profesional y personal.”.

Como hemos visto por el grado de compromiso envuelto entre las partes involucradas, la conclusión y el consejo que el auditor forense suministre producirá un impacto determinante en el resultado de una disputa o acción legal, por lo tanto, el auditor forense debe ser consciente de esta responsabilidad al aceptar un compromiso de este tipo.

Por otro lado, debe asegurarse de tener un claro entendimiento del objetivo del compromiso y si las condiciones del mismo son aceptables, caso contrario si existen reservas sobre la buena fe del cliente o la racionalidad de las demandas debe considerarse la posibilidad de declinar el compromiso.

Existe una relación estrecha entre el testigo y el perito ya que ambos pero de una manera diferente se relacionan con el hecho en cuestión, la diferencia entre testigo y perito está dada en que el primero depone por conocer lo que ha visto u oído y el segundo depone sobre lo que no ha visto u oído, de lo que se impone por lo recogido por la instrucción del caso.

Después de una serie de escándalos en la UE, los bancos holandeses se unen para compartir datos y algoritmos para fortalecer el cumplimiento ALD/CFT

Varios de los grupos bancarios holandeses más grandes están optando por incrementar los esfuerzos cuando luchan contra el crimen financiero tras los escándalos masivos de lavado de dinero europeos que han suscitado sospechas e investigaciones en Ámsterdam y los Países Bajos.

Gigantes de los servicios financieros, incluidos ING Groep NV, Rabobank y ABN Amro Bank NV, están trabajando en un esfuerzo conjunto para compartir información sobre transacciones que se producen en varios bancos y jurisdicciones en un intento por identificar mejor los signos reveladores de actividad ilícita y vínculos más amplios con organizaciones interconectadas más grandes grupos criminales.

El nombre de la iniciativa se llama Transaction Monitoring Netherlands (TMNL), con una administración general proveniente de la asociación bancaria de Holanda: Dutch Banking Association (NVB).

«En los próximos seis meses, los bancos estudiarán si esto es factible dados los desafíos técnicos y legales involucrados», dijo NVB en un comunicado, agregando que otros bancos podrían unirse a esta iniciativa en una etapa posterior.

NVB estima que circulan en los Países Bajos 16 mil millones de euros en fondos contaminados por delincuentes, la mayoría de los cuales están relacionados con el tráfico ilícito de drogas, un «grave problema social».

«Los bancos lo ven como un deber público importante para ayudar a resolver este problema», dijo el presidente de NVB, Chris Buijink, en un comunicado. «Quieren deshacerse de sus sistemas de criminalidad y están invirtiendo fuertemente» en sistemas de cumplimiento, tecnología y monitoreo para ese fin.

En los nuevos planes de monitoreo de transacciones, los bancos cooperarían más agresivamente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Fiscalía, FIOD y, por ejemplo, los ministerios.

El año pasado, bajo obligaciones ALD, los bancos informaron 68.000 transacciones inusuales a la UIF, con un estimado de 15.000 de estas transacciones descritas por los analistas de la UIF como sospechosas. Los cinco bancos involucrados manejan 9.8 mil millones de transacciones de pago cada año, lo que equivale a 27 millones de transacciones diarias.

La lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es una prioridad importante para los bancos.

Se estima que actualmente entre 5.500 y 6.000 empleados bancarios en los Países Bajos trabajan directamente y a tiempo completo en este problema. De hecho, este es un tema de atención para todos los empleados bancarios y el problema también está siendo abordado activamente por los bancos a nivel internacional.

Además de que los bancos se responsabilicen, el tratamiento efectivo del lavado de dinero requiere un enfoque nacional.

La iniciativa de los bancos sigue directamente el Plan de Acción contra el Lavado de Dinero presentado por los Ministros Hoekstra (Finanzas) y Grapperhaus (Justicia y Seguridad) en julio. Los bancos están apoyando activamente este plan. Esta iniciativa es un importante paso siguiente para unirse y combatir la criminalidad financiera grave.

La medida es claramente una respuesta al escándalo del Danske Bank, todavía retumbante, que vio al prestamista más grande de Dinamarca enfrentarse a una gran cantidad de investigaciones, acusaciones y recriminaciones en varios países por su (inadecuado) monitoreo, informes y manejo de unos 200 mil millones de euros, en transacciones potencialmente sospechosas vinculadas a Rusia entre 2007 y 2015.

El escándalo expulsó a algunos de los principales líderes de los bancos en Dinamarca y Suecia e incluso colocó a los reguladores de las regiones bajo un estricto escrutinio.

No es sorprendente que la Comisión y el Parlamento de la UE hayan expresado inquietudes y hayan presentado medidas formales para crear un organismo de aplicación de la ley antilavado de dinero (ALD) que coloque a los reguladores de los estados miembros, no solo a los bancos, en el banquillo por falla en el cumplimiento.

Si bien habrá muchos desafíos técnicos, legales y de privacidad en este esfuerzo holandés, tiene un gran potencial para mejorar la eficiencia y la efectividad del cumplimiento de los delitos financieros y las investigaciones en las regiones involucradas.

Muchos bancos grandes de EE.UU. e internacionales ya han estado participando en esfuerzos similares, durante la última década, reuniendo los datos sobre clientes y transacciones junto con indicios de fraude, lavado de dinero y otros delitos financieros como una «asociación de bancos» bajo el amplio puerto seguro de la sección 314 (b) de la Ley USA Patriot.

Los esfuerzos han hecho que sea más difícil para un delincuente que realiza actividades ilícitas en un banco simplemente cruzar la calle hacia otra institución y comenzar a hacer las mismas cosas allí. Los bancos holandeses tienen un camino difícil por delante para reflejar mejoras similares, pero la facilidad para compartir el monitoreo de transacciones podría ser un poderoso primer comienzo.

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Facebook debe abordar los riesgos de financiamiento ilícito e implementar las controles ALD con su nueva criptomoneda

En 2020, la nueva filial de Facebook, Calibra, comenzará a operar un ecosistema de mercado basado en blockchain, alimentado por el nuevo token digital Libra.

La billetera digital Calibra debe permitir a los usuarios de todo el mundo comprar todo tipo de bienes y servicios. Los delincuentes, los terroristas y ciertos gobiernos que también han estado utilizando las plataformas de redes sociales durante años; migrarán rápidamente al ecosistema de Calibra si resulta exitoso.

Esto es lo que Facebook debe hacer para abordar la caja de Pandora de consecuencias no deseadas que está a punto de abrir:

Crear una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para Calibra. Muchos grandes bancos internacionales y compañías de pago tienen UIF para investigar delitos financieros y violaciones a las normativas que pueden ocurrir a través de su institución.

Los profesionales de la UIF normalmente son expertos en actividades relacionadas con lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, sanciones, aplicación de la ley y / o análisis de inteligencia. Si Calibra termina como pretende Facebook como una operación global masiva, será necesario que haya equipos en múltiples zonas horarias que traten los casos sospechosos de financiamiento ilícito.

 

Las UIF responden a las consultas externas de las agencias de ley, pero también inician investigaciones basadas en el análisis interno de las transacciones de los clientes. Sin embargo, a diferencia de estas unidades en bancos o compañías de tarjetas de crédito, la UIF de Calibra deberá analizar las transacciones de la cadena de bloques o blockchain.

El grupo de analistas profesionales de blockchain en el mundo es relativamente escaso, pero parece que Facebook ya está buscando esta experiencia. Un mes antes de anunciar el proyecto Calibra, Facebook publicó un anuncio de trabajo para un investigador de amenazas en el mundo de Blockchain, o Blockchain Threat Investigator..

Libra está posicionado para convertirse en un activo de cifrado para la generalidad de la población, más líquido y accesible que cualquier otro token hasta el momento. Su despliegue podría ser la marea creciente que levante todos los barcos criptográficos. Sin embargo, Calibra y las autoridades financieras deben saber que parte de ese uso en aumento puede tender hacia mercados darknet, mercados en la red oscura.

La UIF de Calibra debería tomar la iniciativa en el seguimiento del lavado de dinero de Libra incluso fuera de la plataforma de Calibra. Facebook podría argumentar que no puede ser considerado responsable por los actores ilícitos que utilizan libras fuera de la red de Calibra o por las libras que se intercambian por otras fichas que luego se utilizan en transacciones ilícitas.

Sin embargo, las autoridades financieras van a ver a Libra como el «bebé» de Facebook. Aunque cualquiera puede rastrear la cadena de bloques de Libra, Calibra tendrá un entendimiento más íntimo de la ficha, por lo que las autoridades a menudo terminarán golpeando en su puerta.

Calibra ya está registrada como un MSB o Negocio de Servicios Monetarios, una empresa de servicios de dinero ante los reguladores de EE.UU., lo que significa que tendrá que aceptar a sus usuarios a través de rigurosos procedimientos ALD/CFT y de conocimiento del cliente, KYC.

Al igual que los principales intercambios de criptomonedas, Calibra tendrá que verificar la identidad de las personas que usan las billeteras de Calibra, lo que debería mitigar el uso ilegal de Libra.

La brecha en los controles ALD/CFT de Calibra es que Libra operará con otras carteras de criptomonedas. Por lo tanto, cualquier persona podrá enviar libras a carteras sin custodia que contengan otras criptomonedas.

Es probable que haya intercambios descentralizados que permitan a las personas intercambiar anónimamente Libra por monedas de privacidad y viceversa. Uno puede imaginarse una industria de lavadores de dinero que se especialicen en el intercambio de monedas de privacidad por Libras.

Calibra debería asumir un papel de supervisor o policía de blockchain. Aunque desagrada a muchos idealistas criptográficos ultra libertarios, esto realmente ayudaría a mantener la integridad del ecosistema de la criptomoneda. Durante mucho tiempo se ha argumentado que el sector privado necesita construir estructuras para autovigilar la actividad ilícita en la cadena de bloques. Los nuevos estándares regulatorios globales traerán un mayor control de la aplicación de la ley sobre los riesgos de lavado de dinero que surgen de las criptomonedas.

Facebook debería establecer criterios claros sobre quién gobernará, tendrá control de su red de blockchain. Facebook está creando una fundación registrada en Suiza, la Asociación de Libra, para coordinar las diversas organizaciones que ejecutarán los nodos informáticos que validan las transacciones de la cadena de bloques de Libra.

La asociación incluirá empresas, organizaciones sin fines de lucro, universidades e instituciones multilaterales. Al principio, la ejecución de un nodo estará restringida a organizaciones seleccionadas. Pero eventualmente, la membresía se volverá “sin permiso” y los nodos con la mayor cantidad de Libra serán elegibles para formar parte del Consejo de Asociación de Libra o Libra Association Council. El consejo gobernará la cadena de bloques de Libra y administrará la reserva de monedas del mundo real que respaldará la ficha de Libra. Tomará decisiones por mayoría de votos.

El modelo de gobierno descentralizado y stateless (sin estado) de Libra podría ser explotado por regímenes autoritarios inteligentes que buscan apalancarse en la economía global. Si bien Facebook quiere que la estructura de gobierno de Libra sea apolítica y geográficamente diversa, actualmente no parece haber protecciones para prevenir tomas políticas hostiles del Consejo de Asociación de Libra.

Podrían surgir complicaciones legales en materia de sanciones. ¿Corea del Norte, Irán u otras naciones bajo las sanciones de Estados Unidos ejecutarán nodos en la red de Libra? Si el dólar forma parte de la reserva de Libra, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos intentará impedir que cualquiera en su lista negra se beneficie de él.

El mercado basado en la cadena de bloques de Calibra podría expandir el comercio, beneficiando a los recién llegados a las finanzas globales. Pero la tecnología blockchain no elimina la criminalidad, el financiamiento del terrorismo, la evasión de sanciones o el autoritarismo del estado-nación.

Para que la empresa de la cadena de bloques de Facebook tenga éxito a largo plazo, los clientes tendrán que estar seguros de que sus transacciones en criptomonedas no los vincularán a actividades ilegales. Por lo tanto, Calibra debe prepararse para ingresar al mundo de la lucha contra las finanzas ilícitas.

Los principales funcionarios del Banco de Inglaterra y el Banco Central de Francia han expresado su preocupación por Libra desde una perspectiva de prevención del lavado de dinero, lo que significa que Facebook deberá mostrar controles de cumplimiento estrictos que se mueven al ritmo de posibles aspiraciones económicas y de valoración transformadoras.

Esto se vuelve aún más importante con la publicación final de la guía de cumplimiento de delitos financieros de moneda criptográfica por parte del GAFI. En resumen, Facebook deberá cumplir los mismos estándares que los bancos tradicionales en lo que respecta a los programas ALD/CFT, a contar con un oficial de cumplimiento, y con plena experiencia y pericia en investigación y sistemas.

Además, Facebook enfrenta el desafío adicional de no solo complacer a un regulador o un cuadro de reguladores en una jurisdicción, como, por ejemplo, FinCEN, OCC, Reserva Federal y FDIC en EE.UU.

Esta nueva moneda y su organismo de supervisión interna se enfrentarán al escrutinio de los reguladores e investigadores de todo el mundo. Por lo tanto, es vital que a medida que esta moneda se vuelva realidad, Facebook debe ser creativa, curiosa, innovadora y agresiva al imaginar cómo los delincuentes, los estafadores, los lavadores de dinero y los evasores de sanciones pueden jugar con el sistema y vencerlo.

Las autoridades de Europol, Holanda y Luxemburgo cierran el sitio de lavado de cifrado Bestmixer.io en una primera medida de este tipo

Las autoridades europeas han cerrado lo que llamaban uno de los servicios de mezcla de criptomonedas (mixer) más grandes del mundo, una máquina virtual de lavado de dinero utilizada para enturbiar el camino de las transacciones para hacer más difícil que los investigadores rastreen los activos digitales teñidos criminalmente: una medida significativa que envía un mensaje a los ciudadanos de la dark web en todo el mundo.

Europol, el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) de Holanda y las autoridades de Luxemburgo la semana pasada atacaron Bestmixer.io en el mundo real y en línea después de una investigación de casi un año, capturando seis servidores en los Países Bajos y Luxemburgo y desconectando el sitio.

Europol describe a Bestmixer como «uno de los servicios de mezcla de criptomonedas líderes en el mundo», uno de los tres servicios de mezcla más grandes para criptomonedas que ofrecía servicios para mezclar las criptodivisas bitcoins, bitcoin cash y litecoins.

El cierre del sitio de mezcla se produce después de que las autoridades estadounidenses e internacionales en los últimos años se unieran para identificar y aplastar muchos de los mercados de redes oscuras más grandes de la web oscura y los intercambios de divisas virtuales relacionados, operaciones que en muchos casos tuvieron pocos o ningún procedimiento de cumplimiento ALD.

El anuncio se produce pocas semanas después de que la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de los EE.UU. (FinCEN) emitiera una guía sobre las transacciones criptográficas y los acuerdos que infringen las normas ALD, esencialmente declarando que si alguien, como persona o empresa, incluidas las transacciones P2P, toma, mueve y transformar el valor criptográfico en monedas fiduciarias para otros como un negocio, debe ser considerado transmisor de dinero y debe tener un programa de cumplimiento.

La medida también se produce en un contexto más amplio en el que múltiples autoridades de diferentes jurisdicciones de todo el mundo continúan debatiendo qué son realmente las monedas criptográficas: dinero, valores o un sueño ficticio, en anticipación a las declaraciones sobre la tecnología por parte del Grupo de Acción Financiera (FATF) que se espera para las próximas semanas.

«La toma de Bestmixer muestra un aumento en las actividades de aplicación de la ley en los servicios puros de criptografía a criptografía», dijo a CoinDesk Dave Jevans, CEO de CipherTrace.

“Esto se da a luego de la regulación AMLD5 de Europa y de las opiniones expresadas por FinCEN de EE.UU. de que los servicios de criptografía a criptografía se consideran negocios de servicios monetarios y deben cumplir con esas regulaciones. Esta es la primera confiscación pública de un servicio de mezcla de bitcoins, y muestra que no solo los mercados en la dark web están sujetos a la aplicación de la ley penal, sino que también existen otros servicios».

El servicio comenzó en mayo de 2018 y alcanzó una facturación de al menos US$ 200 millones, aproximadamente 27,000 bitcoins, en un año y «garantizó que los clientes permanecerían en el anonimato», según los investigadores.

Una compañía “de mezcla de criptomonedas o tumbler es un servicio que se ofrece para mezclar fondos de criptomonedas potencialmente identificables o «manchados» con otros, para ocultar el rastro a la fuente original del fondo «, según Europol, y agrega que los usuarios pagan las tarifas por servicio, que luego reciben como fondos de una dirección aparentemente nueva y limpia.

Tal característica es una bendición para los criminales y estafadores que intentan forzar a las víctimas a pagar rescates en monedas criptográficas mientras intentan obstaculizar los esfuerzos de las fuerzas del orden para descubrir sus nefastos vínculos con el mundo físico a través de cadenas de bloques típicamente transparentes.

Los investigadores sabían que tenían que acabar con Bestmixer ya que muchos caminos conducían a bloqueos de información en el sitio.

«Muchas de las criptomonedas mezcladas en Bestmixer.io tenían un origen o destino criminal», dijo Europol. «En estos casos, el mezclador probablemente se usó para ocultar y lavar flujos de dinero sucio».

El FIOD comenzó la investigación en junio de 2018 con el apoyo de la empresa de seguridad de Internet McAfee.

El FIOD de Holanda declaró que ha «reunido información sobre todas las interacciones en esta plataforma en el último año», incluidas las direcciones IP, información de las transacciones, las direcciones de bitcoins y los mensajes de chat. “Esta información ahora será analizada por la FIOD en cooperación con Europol y los paquetes de inteligencia se compartirán con otros países”.

Este es un movimiento poderoso y sin precedentes por parte de las autoridades de la UE que, como EE.UU. y el Reino Unido, busca activamente centros de lavado de dinero en los mundos real y virtual. Un objetivo de alto perfil: una empresa de criptografía que ofrece servicios de forma activa y descarada para esencialmente lavar y limpiar el valor digital.

Esto es algo que los delincuentes, los estafadores y los bandidos de criptografía de todas las tendencias deben percatarse.

Los investigadores globales no solo están apuntando a estos portales de lavado ilícitos, sino que están capturando agresivamente los datos de los usuarios y otros sitios maliciosos, y compartiendo esos detalles con los socios de las fuerzas del orden público.

Colombia, tareas pendientes tras la evaluación del GAFI: identificación del beneficiario final, APNFD, financiamiento del terrorismo

*Juan Pablo Rodríguez C

**René M. Castro V

 Colombia recibió en junio de 2017, la visita del Fondo Monetario Internacional – FMI y el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica – GAFILAT para revisar las medidas de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) vigentes en Colombia a la fecha de la visita y acaba de recibir el Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda[1]. Este informe presenta una completa revisión de la efectividad del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de la República Colombia, el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de Colombia y el nivel de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI (versión 2012).

La Evaluación Mutua del FMI se llevó a cabo con base en la Metodología del GAFI de 2013 para evaluar el cumplimiento técnico de las recomendaciones y la efectividad de los sistemas ALA/CFT, en consecuencia, el cumplimiento técnico se evalúa, así:

La evaluación de la efectividad tiene por objeto: (a) mejorar el enfoque del GAFI sobre los resultados, (b) identificar el grado en que el sistema nacional ALA/CFT está logrando los objetivos de los estándares del GAFI, e identificar las debilidades sistémicas, y (c) permitir a los países dar prioridad a las medidas para mejorar su sistema. A los efectos de esta Metodología, la efectividad se define como «el grado en que se logran los resultados definidos”.

La efectividad se evalúa, así:

 

El Informe de Evaluación Mutua del FMI se escribió con base en en el glosario, las siglas de las 40 Recomendaciones del GAFI, la Guía de Metodología de Evaluación del GAFI, el Formato de Informe del GAFI, y por esa razón la lectura de estos documentos de forma previa es determinante para el entendimiento de la evaluación misma.

En este primer artículo vamos a comentar los hallazgos encontrados por el FMI, que deben ser atacados por todos los sectores involucrados, no solo los supervisores y los sujetos obligados, sino por la comunidad en general:

Según el Informe dentro de los hallazgos se encuentra lo siguiente: “Los sistemas y herramientas de supervisión antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) no están completamente en línea con el enfoque basado en riesgo y existen importantes brechas en la supervisión de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD). (el subrayado es nuestro).  En este punto, es importante anotar que los supervisores deben reforzar su trabajo para establecer un enfoque basado en riesgo (“Risk-Based Approach”) de manera efectiva y aplicar las mejores prácticas utilizadas a nivel internacional, tales como un Sistema de Administración de Riesgo (SAR) basado en el estándar ISO31000:2018 Gestión de Riesgo, y en el estándar ISO 19600 sobre Sistema de Gestión de Cumplimiento desarrollados por la ISO[2].

Además, capítulo aparte merece el trabajo de supervisión sobre las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD). En nuestro país, se ha empezado a trabajar muy tímidamente sobre las APNFD, desconociendo el riesgo que esas profesiones generan en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. Es necesario que el gobierno y los reguladores no sólo emitan normatividad ALA/CFT sobre este sector, sino que empiecen a mostrar resultados sobre las acciones y normatividad aplicadas.

Uno de los hallazgos más representativos y sobre el cual el gobierno debe trabajar inmediatamente es que según el Informe: “Colombia investiga y procesa el lavado de activos de manera efectiva, pero no de manera acorde con sus riesgos de lavado de activos. (el subrayado es nuestro). En diferentes foros y documentos hemos expresado que desconocer los riesgos reales de LAFT no es una opción y, además, creer que somos los mejores en el control del riesgo LAFT en Latinoamérica nos hace pasivos y no nos permite ver la realidad del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, sabiendo que somos un país con un sinnúmero de delitos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.

El Informe determina que Colombia ha desconocido la realidad del monto total del dinero que se lava en el país, al decir que: Una serie de estimaciones de los montos de dinero que se blanquean en Colombia ilustra el grado de LA en Colombia. Las autoridades estimaron la cifra en 5,4% del PBI, pero la evaluación de los números actuales apunta a que el porcentaje de lavado de activos en el PBI puede ser mayor. En un estudio del Banco Mundial, se estimó que el volumen de activos lavados en la economía colombiana asciende a 7,5% del PBI. Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo, como así también un país de origen de la heroína y la marihuana. El primer impulsor de la producción de drogas son los mercados extranjeros.” (el subrayado es nuestro). Todo lo anterior demuestra que hemos minimizado el problema no solo por la gravedad sino por el monto del dinero lavado.

También nos hemos equivocado en la percepción de que estamos muy bien en el control del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo y eso lo demuestra la clasificación de Colombia en el Basel AML Index[3] que mientras en el año 2017, nos clasificaron como el país No. 125 (de 146 países evaluados, siendo el 146 el mejor país y el número 1 el peor país) con una calificación de 4.57, siendo el primer país de Latinoamérica en la lucha contra el LAFT, mientras que en el Basel AML Index de 2018, nos clasificaron en el puesto No. 103 (bajamos 22 puestos) con una calificación de 4.42, pero en el quinto puesto en Latinoamérica (bajamos 4 puestos) después de Uruguay (101 en 2017), Chile (109), Dominica (104), y Granada (73), lo que demuestra que estos países avanzaron más que Colombia durante este último año.

Fuente: https://index.baselgovernance.org/ranking

No podemos desconocer la magnitud ni la gravedad de nuestros problemas en materia delictiva. El Gobierno Nacional actual debe enfrentar una lucha sin cuartel contra toda la actividad criminal que genera inmediatamente un riesgo real de LAFT. Si anteriormente se desconoció o minimizó el problema de las drogas, del narcotráfico, del terrorismo, de la financiación del terrorismo, en aras de la firma del proceso de paz, hoy tenemos una realidad del postconflicto que si no lo atacamos en forma frontal y decidida nos generará no solo mas violencia sino más lavado de activos y financiación del terrorismo.

Las Naciones Unidas, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), el Gobierno Americano y otros Gobiernos han advertido que el crecimiento en cultivos ilícitos en Colombia generará más delincuencia en nuestro país y por lo tanto más lavado de activos y financiación del terrorismo.

Aunque tengamos una de las mejores legislaciones ALA/CFT (al menos en el papel), eso no nos hace inmediatamente los mejores en esta materia ni inmunes al riesgo LAFT; por el contrario, debemos esforzarnos porque esa legislación sea realmente eficaz y eficiente en la lucha contra estos flagelos y mostrar resultados ante la comunidad nacional e internacional.

Todos los sujetos obligados y los que no están obligados por norma, deben concientizarse que el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo es real y está presente en todos los sectores de la economía y no asumir sin ninguna base que sus negocios son inmunes a estos delitos y desmitificar que solo el narcotráfico y el manejo de dinero en efectivo son las únicas causas generadoras del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

En cuanto a la financiación del terrorismo, el Informe destaca que: “La principal amenaza de financiación del terrorismo en Colombia son las actividades delictivas generadoras de ganancias de los grupos armados organizados del país (Grupos Armados Organizados – GAO). La principal fuente de fondos para las organizaciones delictivas domésticas es el tráfico de drogas y otras actividades delictivas.” (el subrayado es nuestro).

El tema de financiación del terrorismo merece una atención especial. En un articulo nuestro publicado en Noviembre de 2014, titulado “Los retos pendientes para identificar el riesgo de financiación del terrorismo[4]”,  decíamos que: “la preocupación por la financiación del terrorismo es válida porque son muy pocos los casos y las sentencias de financiación del terrorismo que se conocen en todo el mundo y ese es el punto, sabemos muy poco de terrorismo y de su financiación, de sus actividades, de sus integrantes, de su forma de proceder y por eso los grupos terroristas nos llevan una ventaja considerable. Por nuestra experiencia en consultoría en estos temas hemos confirmado que en las empresas no tenemos el suficiente conocimiento para identificar el riesgo de financiación del terrorismo. Mientras, por ejemplo, en una empresa se identifican 25 riesgos por lavado de activos, solo se identifican dos riesgos por financiación del terrorismo y ahí está el área crítica donde debemos trabajar intensamente para blindar nuestras organizaciones contra este delito.” (el subrayado es nuestro).

Nuestro país no puede desconocer la realidad por la financiación del terrorismo. La firma del proceso de paz ha hecho que tratemos de ignorar esa realidad del postconflicto. Sin embargo, estudios muy recientes demuestran esa realidad que queremos desconocer.

En septiembre de 2018, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el Informe Country Reports on Terrorism 2017[5], donde destaca lo siguiente sobre Colombia: No ha habido cambios en la legislación relacionada con el terrorismo y los procedimientos de investigación desde 2016. (el subrayado es nuestro).

…Hubo desafíos para implementar el acuerdo de paz y un pequeño número de grupos disidentes rechazaron el proceso. Los informes confirmaron que algunos de estos grupos continuaron con actividades de extorsión y actividades ilícitas. (el subrayado es nuestro).

La seguridad fronteriza colombiana siguió siendo un área vulnerable. Los oficiales encargados de hacer cumplir la ley enfrentaron el desafío de trabajar en áreas con fronteras porosas y topografía difícil plagada por la presencia de grupos armados ilegales y el narcotráfico.” (el subrayado es nuestro).

Por esto, desconocer la realidad del postconflicto es un error muy grave que no nos podemos permitir.

En marzo de 2018 el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el Informe 2018 International Narcotics Control Strategy Report[6] (INCSR) y sobre Colombia anotó:

“Vulnerabilidades y tipologías esperadas

Las técnicas y productos utilizados para lavar fondos ilícitos incluyen: el contrabando de efectivo, gasolina, licores y electrodomésticos, transferencias bancarias, remesas, casinos, juegos de azar y loterías, moneda electrónica, ganado, textiles, minería ilegal de oro, tarjetas de débito prepagas y minutos celulares prepagos. El comercio de artículos falsificados es otro método utilizado para lavar las ganancias ilícitas. Las 104 zonas francas en Colombia son vulnerables debido a una regulación, supervisión y transparencia inadecuadas.

…Los esfuerzos antinarcóticos del gobierno colombiano se han centrado tradicionalmente en prevenir el narcotráfico, pero se han dirigido menos esfuerzos operativos o de inteligencia para rastrear y decomisar las ganancias de esas ventas de drogas, que utilizan las mismas rutas de contrabando u otros métodos de transferencia.” (el subrayado es nuestro).

De acuerdo con lo anterior, debemos continuamente revisar las tipologías, e incluir nuevos procesos de investigación para identificar aquellas operaciones o actividades de financiación del terrorismo.

A pesar de que ya fue firmado el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), nuestra realidad sigue siendo problemática. El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) presentó el estudio Índice Global de Terrorismo de 2017[7], donde clasificó a Colombia en el puesto No. 29 a pesar de haber firmado el acuerdo de paz con las FARC, lo que demuestra la fragilidad del proceso y los problemas generados por esa realidad que vive y seguirá viviendo nuestro país.

Fuente: Instituto para la Economía y la Paz

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) presentó el estudio Índice Global de Paz de 2017[8], y donde Colombia fue clasificada en el puesto No. 146 de 163 países evaluados donde el puesto 163 es Siria, el peor país en temas de paz.

Esto demuestra que todavía debemos recorrer un largo camino para encontrar la verdadera paz y que eso generará nuevos riesgos que aún no han sido identificados.

Fuente: Instituto para la Economía y la Paz

En el último informe de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), denominado Atlas Mundial de Flujos Ilícitos[9], publicado en Octubre de 2018, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tienen un capítulo completo titulado: FARC, cocaína y minería ilegal, donde el estudio dice: Las FARC controlaron entre el 60% y el 70% de las áreas productoras de coca, y fueron las más importantes para un solo jugador. Sus ingresos provinieron en gran medida de los impuestos, que oscilaron entre US $ 35 y US $ 150 por kilogramo de base de coca. También estuvieron involucrados, en cierta medida, en la producción, y en muchos casos impusieron impuestos sobre los laboratorios y el transporte. (el subrayado es nuestro).

InSight Crime calculó que las ganancias de las FARC solo por el comercio de cocaína se ubicaron en la región de US$267 millones, donde US$67,9 millones provinieron de impuestos a base de cocaína, US$169,5 millones de la producción de cocaína y US$30 millones de otros impuestos. Otras ganancias provinieron de heroína (US$5 millones), marihuana (US$30 millones), impuestos al ganado (US$4.5 millones), extorsión de negocios (US$76.8 millones al año) y minería ilegal (US$200 millones), lo que da un total de US$580 millones en 2015, de los cuales aproximadamente US$200 millones fueron tomados por comandantes corruptos.” (el subrayado es nuestro).

El gran reto es descubrir donde están esos dineros ilícitos, porque esos dineros deben estar en manos de testaferros, en empresas fachada, en negocios lícitos y por eso, se debe trabajar arduamente para localizarlos.

En el Índice Global de Competitividad de 2018[10], el Foro Económico Mundial, Colombia fue clasificado en el rubro de la Incidencia del Terrorismo en el puesto No. 127 de 140 países, donde el puesto 140 es el peor país calificado, lo que demuestra la gravedad del problema y que definitivamente con estas cifras, cualquier inversionista internacional desprevenido lo pensará dos veces antes de invertir en Colombia, por el riesgo que eso representa.

Fuente: Foro Económico Mundial

Por todos los estudios y cifras anteriores de organismos internacionales muy reconocidos, es imposible negar que tenemos un problema, que lo hemos minimizado, que por creer que tenemos la mejor normativa LAFT posible, nos impide atacar el problema desde todos los frentes para minimizar efectivamente el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Esto no quiere decir, ni lo estamos afirmando, que Colombia y sus instituciones no hayamos avanzado en la normativa y en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, pero desafortunadamente las actividades delictivas nos imponen un reto cada día más dinámico al tener que reconocer las nuevas tipologías, las nuevas actividades económicas susceptibles al lavado de activos y la financiación del terrorismo y todos los riesgos asociados.

Necesitamos trabajar más y hacer estudios técnicos más profundos sobre la financiación del terrorismo y la forma de atacarlo, no podemos continuar minimizando el problema simplemente por conveniencia política o por desconocimiento.

El Informe confirma esta realidad cuando dice lo siguiente: “Generalmente, la inteligencia financiera es un aporte clave para iniciar investigaciones de delitos determinantes y el rastreo de activos, en especial aquella inteligencia financiera generada a solicitud de la Fiscalía General de la Nación. No obstante, si bien la Fiscalía General de la Nación utiliza la mayoría de las diseminaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en la etapa de indagaciones preliminares, la inteligencia financiera diseminada de manera espontánea por la UIAF ha conducido a menos casos de lavado de activos y a ningún caso de financiación del terrorismo.” (el subrayado es nuestro).

El Informe también destaca la necesidad de reforzar las medidas sobre el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) y al respecto manifiesta lo siguiente: “Colombia tiene un marco legal para aplicar sanciones financieras dirigidas (SFD) sobre financiación del terrorismo, sin embargo, su marco legal para sanciones financieras dirigidas sobre el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) tiene deficiencias técnicas y prácticas.” (el subrayado es nuestro).

A este respecto es importante señalar que, aunque algunas superintendencias ya consideran en su normativa la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), muy poco se conoce sobre el tema y no se considera como un riesgo. Además, los sujetos obligados lo desconocen casi por completo.

En cuanto al beneficiario final, aunque se ha avanzado mucho, en la práctica es difícil establecer el beneficiario final. Al respecto el Informe expresa lo siguiente: “Si bien la información básica de las personas jurídicas se actualiza anualmente y se puede acceder a ella en los registros públicos y bases de datos de los supervisores, las autoridades tienen dificultades para obtener información precisa y actualizada sobre el beneficiario final de las estructuras corporativas complejas y si hay propiedad o control extranjero involucrado.” (el subrayado es nuestro).

Por lo anterior, es importante establecer procesos de debida diligencia mejorada efectivos para identificar plenamente los beneficiarios finales. Un aporte importante lo ha hecho la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria) al elaborar el documento Mejores Prácticas para la Identificación del Beneficiario Final[11], que nos da guías sobre lo que debemos hacer para conocer verdaderamente al beneficiario final.

Sin embargo, el Gobierno Nacional debe estudiar y mejorar la normativa sobre este tema. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), presentan serios problemas para identificar el beneficiario final.

Estos hallazgos nos obligan a replantear nuestra lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo y a establecer unas tareas en forma inmediata, a saber:

 

  1. Conceptualizar, comprender, entrenar y aplicar el enfoque basado en riesgo (“Risk-Based Approach”) de manera efectiva y considerar las mejores prácticas utilizadas a nivel internacional, tales como un Sistema de Administración de Riesgo (SAR) basado en el estándar ISO31000:2018 Gestión de Riesgo, y en el estándar ISO 19600 sobre Sistema de Gestión de Cumplimiento.
  2. Establecer métodos de supervisión efectiva sobre las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
  3. Ser más escépticos sobre la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, no sólo por parte de los supervisores y reguladores sino por los sujetos obligados.
  4. No desconocer ni minimizar el riesgo de financiación del terrorismo. Debemos recordar que este riesgo se origina no sólo por las actividades ilícitas sino también por las actividades licitas lo cual hace más complejo descubrirlo y mitigarlo.
  5. Revisar las tipologías de financiación del terrorismo continuamente, e incluir nuevos procesos de investigación para identificar aquellas operaciones o actividades de financiación del terrorismo.
  6. El postconflicto es un reto que debemos asumir con todas sus consecuencias y en este momento al no tener un componente político de la paz, debemos enfrentarlo en forma decidida por lo que eso significa para la estabilidad del país.
  7. Crear centros de investigación para que estudien con bases técnicas o científicas la financiación del terrorismo que establezcan verdaderamente la realidad del fenómeno sin minimizar o desconocer los resultados.
  8. Se debe trabajar en forma ardua en el conocimiento, entrenamiento e implementación de la normativa sobre la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) en todos los sectores involucrados: reguladores, sujetos obligados y comunidad en general.
  9. Establecer procesos de debida diligencia mejorada efectivos para identificar plenamente los beneficiarios finales.
  10. El gobierno debe estudiar y mejorar la normativa sobre el beneficiario final, en especial lo relacionado con las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS).

 

Así las cosas, el resultado de la evaluación del FMI para Colombia en materia de efectividad y cumplimiento técnico, fue el siguiente:

 

 

En un próximo artículo, seguiremos analizando en profundidad otros aspectos del Informe del FMI.

*Juan Pablo Rodríguez C.

Abogado Penalista

Escritor, conferencista y consultor internacional.

Certificate on Governance, Risk Management and Compliance Professional (GRCP) y GRC Fundamentals de Open Compliance and Ethics Group (OCEG), 2016

Presidente y Socio de Rics Management.

www.ricsmanagement.com

jrodriguez@ricsmanagement.com

 

**René M. Castro V.

Contador Público, especializado en Auditoria de Gestión

Escritor, conferencista y consultor internacional.

Certificate on Financial Services and Market Regulation, London School of Economics, 2016

Certificate on Corporate Compliance and Ethics, New York University, 2015.

Vice-Presidente & Socio RICS Management

www.ricsmanagement.com

rcastro@ricsmanagement.com

[1] Ver Informe completo en: https://www.gafilat.org/index.php/es/espanol/19-noticias/71-informe-de-evaluacion-mutua-de-la-republica-de-colombia

[2] ISO es la Organización Internacional de Normalización, que desarrolla y publica estándares internacionales y que se compone de los organismos nacionales de normalización de 163 países miembros.

[3] El Índice ALD de Basilea es una clasificación anual que evalúa el riesgo del país con respecto al lavado de dinero / financiamiento del terrorismo.

[4] Ver articulo completo en: http://ricsmanagement.com/press/los-retos-pendientes-para-identificar-el-riesgo-de-financiacion-del-terrorismo/

[5] Ver Informe completo en: https://www.state.gov/documents/organization/283100.pdf

[6] Ver informe completo en: https://www.state.gov/documents/organization/278760.pdf

[7] Ver informe completo en: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.pdf

[8] Ver Informe completo en: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI17-Report.pdf

[9] Ver Informe completo en: http://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/09/Atlas-Illicit-Flows-FINAL-WEB-VERSION.pdf

[10] Ver Informe completo en: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf

[11] Ver documento en: http://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2017/07/06_05_17_Cartilla-de-beneficiario-final-web-impresior-corregido.pdf

Entender la capacitación ALD 360 para que su organización no sea la próxima víctima

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Presentador

Gonzalo Vila, CFCS

Director de América Latina
Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros

Gonzalo lidera las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros para Latinoamérica. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la asociación en el continente, de supervisar la certificación de ACFCS, de implementar programas y proyectos de capacitación y de desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero tanto en sector público como privado. Anteriormente se desempeñó como asesor independiente donde proveyó asesoramiento, capacitación y servicios sobre el cumplimiento ALD, administración de riesgo, investigación de delitos financieros, entre otros, para diversas organizaciones. Previamente, y durante 8 años, fue el Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) donde lideró el crecimiento y desarrollo de la asociación en la región.