La Comisión de Bolsa y Valores anunció esta semana que obtuvo una orden judicial para detener un fraude en curso que involucra una oferta inicial de monedas (ICO) que recaudó hasta US$21 millones de de inversionistas dentro y fuera de Estados Unidos. El tribunal también aprobó una congelación de activos de emergencia y nombró a un receptor para Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc., la empresa detrás del supuesto esquema.

Una demanda de la SEC que se dio a conocer esta semana acusa al presidente de Titanium, Michael Alan Stollery, un autodenominado evangelista de blockchain, de mentir sobre las relaciones comerciales con la Reserva Federal y decenas de firmas conocidas, incluyendo PayPal, Verizon, Boeing y The Walt Disney Company. La demanda alega que el sitio web de Titanium contenía testimonios falsos de clientes corporativos y que Stollaire pública y fraudulentamente reclamó tener relaciones con numerosos clientes corporativos. La demanda alega que Stollaire promovió el ICO a través de videos y redes sociales y lo comparó con una inversión en «Intel o Google».

«Este ICO se basó en un bombardeo de marketing en redes sociales que presuntamente engañó a los inversionistas con afirmaciones puramente ficticias de posibles negocios», dijo Robert A. Cohen, Jefe de la Unidad Cibernética de la División de Cumplimiento de la SEC. «Después de haber presentado múltiples casos de ICO supuestamente fraudulentas, nuevamente alentamos a los inversionistas a ser especialmente cautelosos al considerar estas inversiones».

La demanda de la SEC, presentada el 22 de mayo en Los Ángeles, acusa a Stollaire y Titanium de violar las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores. La demanda acusa a otra compañía de Stollaire, EHI Internetwork and Systems Management Inc., de violar las disposiciones antifraude. La demanda busca medidas cautelares preliminares y permanentes, devolución de ganancias presuntamente obtenidas ilegalmente más intereses y multas, y un impedimento contra Stollaire para prohibirle participar en la oferta de valores digitales en el futuro.

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció hace unos días un esfuerzo para desbaratar una botnet global de cientos de miles de enrutadores y otros dispositivos en red infectados en el hogar y la oficina (SOHO) bajo el control de un grupo de actores conocidos como el «Grupo Sofacy» (también conocido como «apt28», «Sandworm», «x-agent», «pewn storm», «fancy bear» y «sednit»). El grupo, que ha estado operando desde aproximadamente 2007, apunta a organizaciones gubernamentales, militares, de seguridad y otros objetivos de valor de inteligencia percibido.

La botnet, denominada por el FBI y los investigadores de seguridad cibernética como «VPNFilter», apunta a enrutadores SOHO y dispositivos de almacenamiento de acceso a la red (NAS), que son dispositivos de hardware formados por varios discos duros utilizados para almacenar datos en una única ubicación que puede ser accedido por múltiples usuarios. La botnet VPNFilter usa varias etapas de malware. Aunque la segunda etapa del malware, que tiene las capacidades maliciosas descritas anteriormente, se puede eliminar de un dispositivo reiniciándolo, la primera etapa del malware persiste mediante un reinicio, lo que dificulta prevenir la reinfección en la segunda etapa.

Para identificar dispositivos infectados y facilitar su reparación, la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para Pensilvania solicitó y obtuvo órdenes judiciales, autorizando al FBI a incautar un dominio que es parte de la infraestructura de comando y control del malware. Esto redirigirá los intentos de la etapa uno del malware para reinfectar el dispositivo a un servidor controlado por el FBI, que capturará la dirección del Protocolo de Internet (IP) de los dispositivos infectados, de acuerdo con un proceso legal. Una organización sin fines de lucro, The Shadowserver Foundation, diseminará las direcciones IP a aquellos que pueden ayudar a remediar la botnet VPNFilter, incluidos los CERT y proveedores de servicios de Internet (ISP) extranjeros.

Propietarios de los dispositivos SOHO y NAS que puedan estar infectados deben reiniciar sus dispositivos lo antes posible, eliminar temporalmente el malware de la segunda etapa y hacer que el malware de la primera etapa en su dispositivo solicite instrucciones. Aunque los dispositivos seguirán siendo vulnerables a la reinfección con el malware de segunda etapa mientras están conectados a Internet, estos esfuerzos maximizan las oportunidades de identificar y remediar la infección en el tiempo disponible antes de que los actores de Sofacy conozcan la vulnerabilidad en su infraestructura de comando y control.

El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional también han notificado conjuntamente a los ISP de confianza. El Departamento y el FBI también alientan a los usuarios y administradores a revisar la publicación de blog de Cisco en VPNFilter, disponible AQUÍ (link is external), para recomendaciones y para asegurar que sus dispositivos se actualicen con los últimos parches.

Los esfuerzos para interrumpir la botnet VPNFilter fueron liderados por las oficinas de Pittsburgh y Atlanta del FBI; División Cibernética del FBI; El abogado litigante Matthew Chang de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional; y los Fiscales Federales Auxiliares Charles Eberle y Soo C. Canción del Distrito Oeste de Pensilvania. La asistencia crítica también fue proporcionada por Richard Green de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual de la División Criminal y la Fundación Shadowserver.

Un nuevo estudio publicado en una revista internacional deja plasmado el secreto a voces de la industria antilavado de dinero. A pesar de casi tres décadas, y la ubicuidad global, los controles de lavado de dinero (y las medidas de apoyo asociadas) apenas tienen el impacto de un error de redondeo en las cuentas criminales. El nuevo estudio prueba la fuerza de las iniciativas ALD.  La industria antilavado de dinero se basa en una serie de suposiciones que rara vez son criticadas, y mucho menos probadas por profesionales y gobiernos. Por ejemplo, que el lavado de dinero amenaza a las economías, que los controles de lavado de dinero son efectivos, que extender las obligaciones contra el lavado de dinero a nuevas industrias tendrá un gran efecto y que una nueva metodología global de ‘efectividad’ basada en resultados específicos es una medida adecuada de efectividad.

El último estudio, recién publicado, prueba el segundo y el tercero de esos supuestos. Un estudio independiente prueba el cuarto. (Muchos elementos de la primera premisa han sido probados en otros lugares de la literatura académica).

Sin haber cumplido aún los treinta años, la industria antilavado de dinero está marcada por el alcance global y el esfuerzo prodigioso. Millones de empresas gastan miles de millones de dólares todos los años en personal de cumplimiento, evaluaciones de riesgos, consultores, capacitación y software. Un objetivo central es identificar actividades financieras sospechosas; para ayudar a detectar y desmantelar delitos serios motivados por ganancias económicas. La intención es loable. Pero, ¿está funcionando? La desafortunada verdad es que la mayoría de los países están a menos de un 1% de un fracaso completo en términos de resultados ALD y de la lucha contra grupos delictivos de gran escala e interceptación de activos ilícitos.

Las autoridades europeas arrestaron a los administradores del mercado DDoS webstresser.org hace unos días como resultado de Operation Power Off, una investigación compleja liderada por la Policía holandesa y la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido con el apoyo de Europol y una docena de agencias policiales de todo el país. mundo. Los administradores estaban ubicados en el Reino Unido, Croacia, Canadá y Serbia. Se tomaron medidas adicionales contra los principales usuarios de este mercado en los Países Bajos, Italia, España, Croacia, el Reino Unido, Australia, Canadá y Hong Kong. El servicio ilegal se cerró y su infraestructura se incautó en los Países Bajos, EE.UU. y Alemania.

Webstresser.org era considerado el mercado más grande del mundo para contratar servicios de Denegación de Servicio (DDoS), con más de 136 000 usuarios registrados y 4 millones de ataques medidos en abril de 2018. Los ataques orquestados atacaron los servicios críticos en línea ofrecidos por bancos, instituciones gubernamentales y fuerzas policíacas, así como a las víctimas en la industria del juego. Solía ser que para lanzar un ataque DDoS, uno tenía que ser bastante versado en tecnología de Internet. Ese ya no es el caso. Con webstresser.org, cualquier usuario registrado podría pagar una tarifa mínima utilizando sistemas de pago en línea o criptomonedas para alquilar el uso de stressers y booters. Las tarifas ofrecidas era tan bajas como 15 euros por mes, lo que permite a las personas con poco o ningún conocimiento técnico lanzar ataques DDoS paralizantes.

El cibercrimen se ha disparado a un problema anual de billones de dólares.

El cibercrimen, que incluye phishing, ransomware y otros ataques en línea, genera un estimado de US$1,5 billones en ingresos cada año para una variedad de grupos criminales y de estados nacionales, según un nuevo informe. La investigación, realizada por el criminólogo de la Universidad de Surrey Michael McGuire y comisionado por la firma de seguridad Bromium, revela que si el ciberdelito fuera un país, tendría el decimotercer PBI más alto del mundo. Según los «cálculos conservadores» de McGuire, los mercados ilícitos e ilegales en línea generan US$860.000 millones al año, el robo de secretos comerciales genera US$500.000 millones, el intercambio de datos genera US$160.000 millones, el crimeware como servicio genera US$1.600 millones y el ransomware genera US$1.000 millones.

«Los hallazgos de la investigación de McGuire proporcionan una visión impactante de cuán difundido y rentable se ha vuelto el delito cibernético», dijo el CEO de Bromium, Gregory Webb. «El modelo de delincuencia de plataforma es la producción de malware y la ciberdelincuencia tan fácil como comprar en línea». Mientras tanto, el producto de los delitos cibernéticos asciende entre US$80.000 y US$200.000 millones al año, según los hallazgos del informe.

Una subsidiaria en EE.UU. del gigante financiero holandés Rabobank fue sentenciada por ocultar fallas en su programa contra el lavado de dinero y luego proporcionar información engañosa sobre el programa cuando fue investigado por los reguladores federales, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El juez Jeffrey Miller, del Distrito Sur de California, pronunció la sentencia. Rabobank enfrenta una multa de US$ 500.000 y un período de prueba de dos años. Además, como parte de su declaración de culpabilidad, Rabobank renunció (forfeit) unos US$ 369 millones al gobierno de Estados Unidos por permitir que los fondos ilícitos se procesen a través del banco.

Como resultado, el banco bloqueó o retrasó las investigaciones sobre transacciones sospechosas de cerca de US$370 millones cerca de la frontera con México que se cree que están vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado.

La compañía, Rabobank National Association, es conocida como líder en préstamos agrícolas en California y empleó a más de 200 trabajadores en Roseville en 2014, según un artículo de Sacramento Bee. Su empresa matriz, Rabobank Group, opera desde Holanda.

Rabobank se declaró culpable de los cargos de conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstruir corruptamente la inspección de una institución financiera a principios de este año. También confiscó casi US$370 millones por permitir que los fondos ilícitos se procesen a través del banco.

«La sentencia y el decomiso relacionado demuestran que el Departamento de Justicia utilizará todas las herramientas a nuestra disposición para combatir el narcotráfico y la delincuencia transnacional, incluido el enjuiciamiento de las instituciones financieras que hacen la vista gorda a las ganancias ilícitas que se mueven a través de las cuentas de sus clientes», señaló en una declaración el Fiscal General Adjunto Interino John Cronan dijo.

Rabobank admitió haber realizado cambios en sus políticas contra el lavado de dinero en 2009. Durante los siguientes tres años, esas políticas permitieron transacciones que anteriormente se consideraban de alto riesgo, tales como depósitos y retiros en efectivo de gran cantidad, transacciones de cheques y transferencias electrónicas, que pasaran sin ser reportadas o que se retrasara la presentación de informes ante la UIF de EE.UU., FinCEN.

Mientras tanto, las sucursales del banco en el condado Imperial de California dependían del efectivo proveniente de México que, según el comunicado de prensa, el banco probablemente sabía que estaba vinculado al narcotráfico y el crimen organizado. El banco continuó trabajando con los clientes que manejaban mucho efectivo de México e ignoró los procedimientos adecuados que abordan las transacciones de alto riesgo hasta aproximadamente 2013.

Por último, Rabobank admitió que al menos tres ejecutivos dieron deliberadamente información falsa y engañosa sobre el programa antilavado de dinero del banco cuando la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. investigó los hallazgos de un consultor externo «describió las deficiencias y la ineficacia resultante» del programa. Dos empleados también fueron despedidos por proporcionar al regulador, Office of the Comptroller of the Currency u OCC, información sobre las fallas del programa.

El principal fiscal anticorrupción de Colombia fue extraditado a Estados Unidos la semana pasada para enfrentar cargos relacionados con los sobornos que presuntamente aceptó para alterar investigaciones en Estados Unidos y Colombia.

Luis Gustavo Moreno Rivera, de 36 años, ex Director Nacional de Anticorrupción en Colombia, fue acusado formalmente en agosto del año pasado en una corte federal en Miami. También se lo acusa a Leonardo Gómez, abogado que trabaja en Colombia.

Cada uno enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, dos cargos de fraude electrónico, un cargo de conspiración para lavar dinero con el fin de promover el soborno en el extranjero y dos cargos de lavado de dinero sustancial.

Moreno y Pinilla fueron arrestados en Colombia el año pasado tras un Aviso Rojo de Interpol. Pinilla fue procesado la semana pasada en Miami y la comparecencia de Moreno está programada para el 30 de mayo. Enfrentan un máximo de 20 años de prisión por cada cargo con el que son declarados culpables.

Agentes de la DEA en Miami grabaron a Moreno supuestamente aceptando sobornos de un testigo que estaba cooperando con las autoridades de EE.UU.

El testigo es un exgobernador colombiano, Alejandro Lyons Muskus, de Córdoba. Fue acusado el año pasado en Colombia de malversación de fondos. La identidad y el papel de Lyons en el caso fueron confirmados el año pasado por la oficina del Fiscal General de Colombia, señalan informes de prensa.

La cooperación encubierta de Lyons llevó a la acusación de Moreno.

Fiscales de EE.UU. dijeron que Moreno acordó en junio de 2017 recibir US$132.000 en efectivo por parte de Lyon. A cambio, Moreno aceptó desacreditar a los testigos en un caso contra Lyons ante el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que se encontraron billetes de US$ 100 que Lyon le pagó a Moreno y Pinilla entre las pertenencias de Moreno y su familia cuando abordaron un vuelo desde Miami de regreso a Bogotá.

Según el Departamento de Justicia, «conversaciones grabadas revelaron que Moreno y Pinilla conversaron sobre la capacidad de Moreno para controlar la investigación de [Lyon] y que Moreno podría inundar a sus fiscales con trabajo para que no pudieran centrarse en la investigación de [Lyons]».

En un comunicado, el Departamento de Justicia de EE.UU. elogió al Fiscal General de Colombia y la unidad de investigación de la AG «por sus esfuerzos cooperativos» en la investigación.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. anunció que llegó a un acuerdo por cargos contra los corredores Industrial and Commercial Bank of China Financial Services LLC (ICBCFS) y Chardan Capital Markets LLC y  por no informar ventas sospechosas de miles de millones de acciones penny.

Los agentes de bolsa deben presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) para transacciones sospechosas de fraude o que no tengan un propósito legal aparente. Según la SEC, de octubre de 2013 a junio de 2014, Chardan, un corredor presentador– introducing broker—, liquidó más de 12.500 millones de acciones penny –en centavo— para siete de sus clientes y el ICBCFS autorizó las transacciones.

Chardan no presentó ningún ROS, a pesar de que las transacciones generaron señales de alerta, incluidos patrones comerciales similares y ventas de emisores que carecían de ingresos y productos. La SEC descubrió que, de manera similar, ICBCFS no presentó ningún ROS para las transacciones a pesar de que en última instancia prohibió el comercio de acciones de centavo por parte de algunos de los siete clientes.

«Como guardianes de los mercados de valores, las firmas de corretaje, incluidas las empresas de compensación, deben tomar en serio sus obligaciones contra el lavado de dinero», dijo Marc P. Berger, Director de la Oficina Regional de la SEC en Nueva York. «El hecho de no presentar los ROS frente a numerosas banderas rojas es inaceptable».

Las órdenes de la SEC determinaron que Chardan e ICBCFS infringieron la Ley de Intercambio y una regla de contabilidad e informe financiero de la SEC y que Jerard Basmagy, oficial de antilavado de dinero de Chardan, ayudó e instigó y provocó las violaciones de la empresa. La SEC también descubrió que ICBCFS no presentó documentos en tiempo y forma al personal de la SEC. Sin admitir o negar los hallazgos de la SEC, las partes acordaron acuerdos que requieren que Chardan pague una multa de US$ 1 millón, ICBCFS pague US$ 860.000 y Basmagy pague US$ 15.000. Ambas firmas consintieron en censurar y, junto con Basmagy, cesar y desistir de violaciones similares en el futuro. Basmagy tiene prohibido particiar en actividades de la industria y participar en actividades de penny stocks por un mínimo de tres años.

La investigación de la SEC se llevó a cabo en conjunto con una investigación más amplia de FINRA sobre el programa ALD del ICBCFS y supuestas violaciones financieras, de registros y operacionales. FINRA anunció un acuerdo relacionado contra ICBCFS en el que la empresa acordó pagar una multa de US$5,3 millones y contratar a un consultor de cumplimiento independiente.

Cerca de 350 posibles víctimas de explotación sexual y trabajo forzoso han sido rescatadas en una operación coordinada por INTERPOL en 13 países del Caribe y de América Central y del Sur, en la que participaron más de 500 policías.

También fueron detenidas 22 personas en esta operación contra la trata de personas denominada “Libertad”, llevada a cabo del 3 al 9 de abril en el marco del proyecto de INTERPOL contra la Trata de Personas.

La operación supuso la culminación de un proyecto de dos años y medio de duración financiado por Canadá, por el cual se proporcionó formación a investigadores y agentes de inmigración para mejorar tanto sus conocimientos operativos especializados como la coordinación regional, con el objetivo de luchar contra la trata de personas.

Esta operación es uno de los proyectos en los que trabaja el Grupo Mundial de INTERPOL Especializado en Trata de Personas, que esta semana ha recibido el parabién de los Ministros de Seguridad del G7.

Entre los países participantes se encuentran Antigua y Barbuda, Aruba, Barbados, Belice, Brasil, Curazao, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Islas Turcos y Caicos, y Venezuela.

El centro de coordinación de la operación se situó en el Centro Regional Conjunto de Comunicaciones (JRCC), que se encuentra en Barbados, y la unidad de INTERPOL de Trata de Personas envió especialistas a toda la región.

El Centro de Mando y Coordinación de INTERPOL también prestó apoyo desde sus oficinas situadas en la Secretaría General, en Lyon, y en la Oficina Regional de INTERPOL en Buenos Aires.

Además de las redadas policiales coordinadas, se efectuaron búsquedas en las bases de datos policiales de INTERPOL que generaron 30 resultados positivos, 25 de ellos en la base de datos sobre documentos de viaje robados y perdidos. La policía incautó equipos informáticos, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El Director Ejecutivo de Servicios Policiales de INTERPOL, Tim Morris, declaró que las operaciones como esta demuestran la capacidad de INTERPOL para proporcionar una plataforma a los 13 países participantes, pero detrás de estas cifras hay personas.

“Hay trayectos humanos de madres, padres, hermanos, hermanas, hijos o hijas que son muy intensos y que, lamentablemente, suelen ir acompañados de mucho sufrimiento”, concluyó.

Explotación de los más vulnerables

En la operación se descubrió a hombres y mujeres, algunos menores de edad, trabajando en clubes nocturnos, explotaciones agrícolas, minas, fábricas y mercados al aire libre.

Los traficantes se aprovechan de que miles de personas intentan ir a otros países para buscar trabajo, y eligen a las más desesperadas y vulnerables con promesas de una vida mejor.

Cem Kolcu, Coordinador de la Unidad de INTERPOL de Trata de Personas, afirmó: “Lo que los traficantes no dicen a sus víctimas es qué condiciones de trabajo le esperan a su llegada al destino final. En esta operación, por ejemplo, hemos visto a mujeres obligadas a trabajar en espacios no mucho mayores que un ataúd”.

Según Interpol, en Guyana había mujeres que se prostituían cerca de unas minas de oro ubicadas en lugares muy aislados, de donde no tenían ninguna posibilidad de escapar. Es este un modus operandi bastante frecuente, ya que la lejanía de las minas de oro también dificulta la investigación policial.

“Los policías pasan difícilmente inadvertidos cuando se acercan a los campamentos situados en lugares tan remotos. Para cuando pasan a la acción después de haber recibido información, los traficantes ya han sacado a sus víctimas del lugar”, explicó Diana O’Brien, Subdirectora de la Fiscalía del Estado, órgano que depende del Ministerio de Seguridad Pública de Guyana.

Un enfoque centrado en las víctimas

Para proporcionar a las víctimas los cuidados necesarios después de su rescate, tras la operación los servicios sociales y distintas ONG las entrevistaron y les ofrecieron servicios de ayuda.

Algunas víctimas no se identificaron como tales porque con la actividad que ejercían ganaban más dinero que en sus lugares de origen, lo que dificultó la recogida de pruebas para llevar a juicio a los presuntos autores de la trata de personas. Otras víctimas son manipuladas y sufren intimidaciones para que proporcionen información falsa.

En una fábrica de San Vicente y las Granadinas se encontró a unos “empleados” asiáticos a los que se había quitado el pasaporte, y que habían pasado a ser completamente dependientes: no se les pagaba ningún sueldo, por lo que dependían de los traficantes para el alojamiento, el transporte, la comida y las necesidades más básicas.

En toda la región se encontraron casos similares, lo que demuestra que se debe informar del peligro a los grupos vulnerables tanto en los países de origen como en los de destino, y que se debe velar por que existan los mecanismos de ayuda adecuados.

Panasonic acordó esta semana pagar US$280 millones para desestimar cargos relacionados con infracciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU.—FCPA por sus siglas en inglés— por pagos a los consultores de su unidad estadounidense de entretenimiento en vuelo en Medio Oriente y Asia.

Panasonic Corporation, con sede en Osaka, Japón, pagará US$143 millones en concepto de devolución a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC)

Su filial de EE.UU., Panasonic Avionics Corporation, pagará US$137 millones de sanciones penales al Departamento de Justicia de EE.UU.

Panasonic Avionics también firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA por sus siglas en inglés) con el Departamento de Justicia. El DPA requiere un monitor independiente durante al menos dos años.

El Departamento de Justicia acusó a Panasonic Aviation en una corte federal de «causar intencional y deliberadamente la falsificación de los libros, registros y cuentas» de su empresa matriz, Panasonic.

Panasonic Aviation acordó continuar cooperando con EE.UU. y mejorar su programa de cumplimiento.

La SEC llegó a un acuerdo con Panasonic Corporation a través de una orden administrativa interna y no fue a la corte.

La SEC dijo que Panasonic Avionics ofreció un contrato de consultoría «a un funcionario gubernamental en una aerolínea estatal para inducir al funcionario a ayudar» a la empresa a obtener contratos de la aerolínea.

Panasonic Avionics pagó al funcionario honorarios de consultoría por US$875.000 durante seis años.

La aerolínea adjudicó contratos a Panasonic valorados en ingresos de más de US$92 millones.

Panasonic Avionics también ocultó más de US$7 millones de pagos a agentes de ventas en Asia. Los pagos fueron registrados falsamente como gastos comerciales legítimos.

Las violaciones de la FCPA ocurrieron entre 2007 a 2016.

Panasonic Avionics tiene su sede en Lake Forest, California. Diseña y distribuye sistemas de entretenimiento a bordo y servicios de comunicaciones globales para aerolíneas y fabricantes de aviones.

«De acuerdo con las admisiones y los documentos judiciales», señaló el Departamento de Justicia este lunes que Panasonic Avionics «formalmente terminó su relación con estos agentes de ventas, como lo exigen sus políticas de cumplimiento, pero [sus] empleados continuaron secretamente utilizando a los agentes contratándolos como subagentes de otra empresa que había pasado los controles de debida diligencia [de Panasonic Avionics]».

El Departamento de Justicia dijo que la multa contra Panasonic Avionics se redujo en un 20% debido a su cooperación y reparación, que incluyó «hacer que varios altos ejecutivos que participaron o que sabían de la mala conducta salieran» de Panasonic.

Un gran jurado federal del estado de Louisiana ha presentado una acusación de 12 cargos contra Carlos Alberto Zelaya Rojas por lavado de dinero, por afectar la jurisdicción del tribunal sobre la propiedad sujeta a decomiso, por impedir un procedimiento oficial y por perjurio.

Según la acusación, Carlos Zelaya, de 47 años, ciudadano de Honduras que residía en Nueva Orleans, conspiró con su hermano, el ex Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y otros, para lavar más de US$1,3 millones producto de sobornos. Esto pagos fueron realizados por dos empresarios hondureños en beneficio del Director Ejecutivo. Los fondos se lavaron luego a través de transferencias electrónicas internacionales y se usaron para comprar bienes inmuebles.

Como parte de la conspiración, Carlos Zelaya también utilizó la posición oficial de alto rango de su hermano para beneficiarse de lucrativos contratos con el gobierno hondureño y luego lavó los fondos malversados en el área de Nueva Orleans. Zelaya fue arrestado esta semana y tuvo su comparecencia inicial ante el juez de primera instancia Daniel E. Knowles III.

El gran jurado también acusa a Carlos Zelaya de gastar los ingresos del alquiler de propiedades adquiridas con el dinero producto de la corrupción mientras se encontraba bajo una orden judicial para preservar los fondos en espera de la resolución de una acción de confiscación federal. Además, se acusa a Carlos Zelaya de obstruir un procedimiento oficial cuando le mintió al gobierno de EE.UU. sobre la fuente de los fondos utilizados para comprar las propiedades del área de Nueva Orleans, y también de haber cometido perjurio cuando le mintió a un juez federal en Louisiana sobre los ingresos por alquiler.

Este caso fue presentado por un equipo de fiscales de EE.UU. en la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal, bajo la Kleptocracy Asset Recovery Initiative –Iniciativa de Recuperación de Activos de la Cleptocracia— trabajando en asociación con agencias federales de aplicación de la ley, dedicada a enjuiciar a quienes facilitan la corrupción oficial extranjera que afecta el sistema financiero de EE.UU., confiscar los activos comprados con el dinero producto de esa corrupción, y, cuando corresponda, repatriar el producto de la corrupción confiscado al país perjudicado.

Las personas con información sobre posibles ganancias producto de la corrupción extranjera localizadas o lavadas a través de Estados Unidos pueden enviar un correo electrónico a kleptocracy@usdoj.gov.