Importante agencia de EE.UU. se lanza de lleno a la arena de las monedas digitales

El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS por sus siglas en inglés) se ha embarcado en una nueva experiencia donde convergen los mundos real y virtual: comenzará las investigaciones de las compañías de moneda digital.

El regulador de Nueva York es uno de los pocos estados en tener estándares para las firmas de moneda virtual que intercambian dinero en efectivo por monedas digitales, como Bitcoin y otros. Estos intercambiadores se consideran instituciones financieras bajo las normas federales y deben implementar programas contra el lavado de dinero (ALD), que también serán revisados por los examinadores de Nueva York.

La NYDFS lo declaró en su Informe Anual 2016, en el que dijo que su Capital Markets/Research Trends Innovation Division –División de Mercados de Capital / Tendencias de Investigación e Innovación— tiene la principal responsabilidad regulatoria sobre los sistemas de jubilación públicos y compañías de monedas virtuales basadas en el estado de Nueva York.

El departamento publicó las reglas finales BitLicense en junio de 2015 para los negocios de monedas virtuales. Esto fue el resultado de una investigación de casi dos años sobre las directrices reglamentarias adecuadas para las empresas de moneda virtual.

Las normas contienen protección clave del consumidor, cumplimiento ALD y reglas de seguridad cibernética adaptadas para las compañías de moneda digital. Circle Internet Financial se convirtió en la primera compañía en recibir BitLicense del regulador en septiembre de 2015.

Además de Circle, DFS ha concedido BitLicense a otras cuatro compañías de divisas virtuales, que incluyen Coinbase y Ripple, mientras que Gemini e itbit recibieron cartas de constitución bancaria. En 2016, el regulador autorizó a Gemini Trust Company para comercializar Ether en sus servicios virtuales de intercambio de divisas basado en Nueva York.

Apremiante zona de riesgo: la “naciente” intersección entre el terrorismo y las monedas virtuales

Para contrarrestar a los grupos terroristas que utilizan monedas virtuales para transferir dinero de forma anónima y financiar ataques mundiales, los gobiernos y el sector privado deben crear vínculos y entidades más sólidos, reforzar la transparencia y mejorar la tecnología y la experiencia humana para rastrear actores ilícitos.

Esas son sólo algunas de las conclusiones y temas que se discutieron la semana pasada en la audiencia “Virtual Currency: Financial Innovation and National Security Implications” (Moneda Virtual: Innovación Financiera e Implicaciones de Seguridad Nacional) ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Para ver la audiencia o las declaraciones de los testigos, haga clic aquí.

Esta audiencia exploró la relación entre el terrorismo y el uso ilícito de la tecnología financiera (fintech), las implicaciones para la seguridad nacional de las monedas virtuales como Bitcoin y el uso de tecnologías de “blockchain” o cadena de bloques de transacciones para registrar transacciones y descubrir actividades ilícitas.

Los profesionales que participaron, una mezcla de expertos en monedas virtuales y ex investigadores del gobierno dedicados al rastreo de grupos criminales en mundos virtuales, exploraron la explotación de la moneda virtual por parte de terroristas y grupos criminales transnacionales. Estos testigos ofrecieron posibles evaluaciones de riesgos y consideraciones de política para mitigar el financiamiento ilícito, con el objetivo de no impedir el desarrollo de las innovaciones en el campo de las Fintech.

Uno de los principales retos es mantener Internet abierta y «sin permisos» a la vez que se crean controles para rastrear actores ilícitos, sus fondos y financistas.

«Es la naturaleza abierta de Internet que fomenta el impresionante ritmo de innovación del que todos nos beneficiamos», dijo Jerry Brito, director ejecutivo de Coin Center, una organización independiente sin fines de lucro centrada en las cuestiones de política pública planteadas por la tecnología de monedas digitales.

«Y es la naturaleza abierta de Bitcoin que también lo convierte en una plataforma impresionante para la innovación», dijo. «Desafortunadamente, esto también significa que, al igual que Internet, está abierto a los malos actores que se aprovechan de esta situación. Los delincuentes ciertamente la usan hoy, y hemos comenzado a ver un naciente interés de los grupos terroristas».

En general, sin embargo, los grupos terroristas no han sido tan agresivos en la explotación del potencial de la moneda virtual como sí lo ha sido el crimen organizado y los hackers cibernéticos.

Según un informe reciente del Center for a New American Security sobre el potencial del uso de las monedas digitales por parte de los terroristas, «actualmente no hay más que pruebas anecdóticas de que los grupos terroristas han utilizado monedas virtuales para financiarse».

«Esto significa que hay tiempo para desarrollar una respuesta apropiada a la posibilidad; una respuesta seria que apunte a la amenaza a la vez que preserva la libertad para innovar «, dijo Brito.

Para una respuesta, hay que analizar las brechas existentes

Para ofrecer una respuesta efectiva, es vital entender las brechas en el monitoreo que los investigadores y los oficiales de cumplimiento contra el lavado de dinero tienen que identificar y superar, dijo Scott Dueweke, presidente de The Identity and Payments Association (IDPAY), y también presidente de Zebryx Consulting.

«Estas monedas virtuales centralizadas, así como muchos de los miles de sitios y servicios que compran, venden y aceptan monedas virtuales descentralizadas como Bitcoin, se encuentran fuera de la red de puntos de detección del sistema financiero occidental», dijo.

Cuando alguien compra, por ejemplo, créditos de WebMoney, o PerfectMoney, o AliPay en China, y las identidades no se establecen, o se producen transacciones sospechosas, «no se genera ningún reporte de actividad sospechosa (ROS) como sería el caso en América o Europa», dijo Dueweke, lo que impide que inteligencia vital llegue a las agencias de aplicación de la ley.

«Sin embargo, dado que no se generan ROS, no se aprecia en su totalidad la escala del potencial o el probable uso de estos sistemas para transacciones criminales», dijo, señalando que los riesgos suben para las monedas que no sean de Bitcoin, que no tienen un registro inmutable de blockchain en su centro.

Los sistemas centralizados de divisas virtuales no expuestos en un blockchain público–cadena de bloque– tienen la «capacidad de mover cantidades ilimitadas de fondos por fuera del sistema financiero occidental y nunca serían detectados por nuestros sistemas de detección tradicionales», dijo, agregando que algunos ejemplos incluirían:

  • Transferencias de la balanza de pagos entre organizaciones criminales
  • Transferencias de fondos entre países que hacen negocios con estados parias
  • Transferencias hacia y desde organizaciones terroristas, especialmente como parte de un plan de lavado de dinero basado en el comercio internacional para hacer que los investigadores pierdan el rastro de dinero
  • Permitir que políticos corruptos –cleptócratas—movilicen fondos de las arcas de su país a centros offshore
  • Permitir que ciertos Estados-Naciones financien ejércitos virtuales de hackers proxy para cumplir con su deber «patriótico»

Es clave una alianza internacional entre el sector público y privado

Para evitar que esto suceda, deben existir asociaciones públicas y privadas más sólidas a nivel nacional e internacional.

Parte del esfuerzo global para impulsar la transparencia y el rastreo en el mundo virtual es «desarrollar un conjunto aceptado internacionalmente de términos y «mejores prácticas» y requisitos de transparencia a los que adhieran todos los gobiernos para regular estos sistemas», dijo Dueweke.

Los datos y la inteligencia recolectados por parte de asociaciones gubernamentales internacionales más grandes se compararían con las investigaciones del sector privado para apuntar a cómo las monedas virtuales y los criminales de la web están operando y cooperando entre ellos, para crear maneras de coordinar las respuestas que ocurren en un tiempo más real.

Este esfuerzo establecería la «trayectoria de los usos ilícitos, incluyendo el reconocimiento de la dirección que toman los criminales y terroristas –y llevaría al desarrollo de un “sistema de alerta temprana» para identificar nuevos usos ilícitos a medida que ganen interés—, a la vez que alienta el desarrollo de servicios digitales y tecnologías que permitan usos válidos mientras se mejora el rastreo de usos inadecuados», dijo Dueweke.

El nexo entre las monedas virtuales y el terrorismo crecerá

Todos los participantes acordaron que el uso relativamente escaso de las monedas virtuales por los criminales cambiará y crecerá.

«El potencial para el uso de las criptomonedas por parte de los terroristas ciertamente existe, así como existe para el dinero en efectivo o cualquier activo», dijo Kathryn Haun Rodríguez, ex Asistente del Fiscal Federal para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ahora Profesora de Derecho sobre Ciberdelincuencia y Moneda Digital en Stanford Universidad.

«Hasta la fecha sólo hemos visto casos limitados de terroristas que usan criptomonedas, pero estos casos son cada vez más frecuentes», dijo Rodríguez, también miembro actual del Consejo de Administración de Coinbase Global, Inc.

Por otra parte, los terroristas que están recurriendo a las monedas digitales están buscando los puntos de entrada al mundo real con la menor supervisión del cumplimiento de delitos financieros posible, incluyendo los intercambios peer-to-peer, tales como localbitcoins.com, que opera en forma similar similar a Craigslist.

«Anecdóticamente, parece que los terroristas y los que financian el terrorismo no están usando las rampas de acceso y salida registradas y autorizadas, tales como billeteras electrónicas o intercambios para adquirir y transferir criptomonedas», dijo. «Más bien, están usando los no registrados en el extranjero que no se adhieren a los estándares de EE.UU. en la lucha contra el lavado de dinero y de conocer al cliente».

Chile exige a los sujetos obligados identificar los beneficiarios finales de las personas jurídicas

La Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) dio a conocer la semana pasada una normativa (Circular N°57) que imparte instrucciones para la identificación, verificación y registro de datos de los beneficiarios finales de las personas jurídicas y estructuras jurídica por parte de los sujetos obligados, que tienen plazo hasta el primero de octubre de 2018 para actualizar sus bases de datos.

La nueva obligación, está dirigida a sujetos obligados del sector financiero tales como bancos e instituciones financieras, representaciones de bancos extranjeros, empresas de factoraje, administradoras de fondos, bolsas de valores, corredores de bolsas, agentes de valores, compañías de seguros, administradores de fondos mutuos, casas de cambio y emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, entre otros.

Según explicó el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino, estos sujetos obligados deberán, en el marco del cumplimiento de la obligación de debida diligencia y conocimiento del cliente, solicitar a sus clientes que sean personas o estructuras jurídicas, una declaración jurada con los datos de identificación suficientes respecto de la identidad de los beneficiarios finales. Para ello, la UAF proveerá un formulario, que podrá ser complementado con nuevos campos por los sujetos obligados, de acuerdo a las características y complejidad de los negocios que realizan.

“Se trata de una nueva herramienta que la UAF pone a disposición del sector financiero para que este pueda tener mayor claridad sobre con quiénes está haciendo negocios. Y es que, eventualmente, las personas jurídicas pueden ser mal utilizadas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. De ahí la importancia de que el sector financiero conozca quiénes son los beneficiarios finales, quiénes controlan las personas jurídicas y, en definitiva, quiénes están detrás de las sociedades que realizan negocios en Chile”, explicó el director de la UAF, enfatizando que esta es una de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y forma parte del Plan de Acción de la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

Indicó que el procedimiento de solicitud de declaración y antecedentes para la identificación del beneficiario final deberá ser incorporado en los manuales de prevención de cada sujeto obligado. La información que se recabe deberá ser verificada, e incorporada como un campo adicional en las fichas de los clientes.

Beneficiario Final

La normativa chilena define como beneficiario final a la persona natural que finalmente posee, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica o estructura jurídica determinada.

Sin embargo, también se considerará como beneficiario final a la persona natural que ejerce el control efectivo en la toma de decisiones de la persona jurídica o estructura jurídica, independiente mente de este umbral del 10%.

En este contexto, la nueva obligación legal establece que la solicitud de información sobre beneficiarios finales de un cliente que sea una persona jurídica deberá realizarse antes o mientras se establece una relación legal o contractual de carácter permanente.

Para las transacciones ocasionales de una persona jurídica que no sea un cliente permanente, y esta transacción sea por un monto igual o superior a US$15.000, se deberá llevar a cabo el mismo procedimiento de declaración.

Los datos de los beneficiarios finales se deberán actualizar por lo menos una vez al año, o en intervalos de menor tiempo si así lo estima necesario el propio sujeto obligado.

En el caso de clientes personas jurídicas o estructuras jurídicas extranjeras, la Circular N°57/2017 señala que el sujeto obligado deberá requerir la identidad y domicilio de la persona natural relevante que ocupe el cargo o posición de mayor rango gerencial en el extranjero, y de sus representantes legales domiciliados en Chile, obligando a estos a entregar, en un plazo no mayor a 45 días hábiles, toda la información sobre beneficiarios finales de dichas personas o estructuras jurídicas extranjeras.

“La dilación injustificada o negativa del cliente persona jurídica o estructura jurídica en proporcionar la información y/o documentación requerida para identificar a sus beneficiarios finales, deberá ser considerada por el sujeto obligado como una señal de alerta para el envío de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero”, expresó el director de la UAF, remarcando que la fecha límite para que todos los sujetos obligados del sector financiero cuenten con la información de los beneficiarios finales de sus clientes personas jurídicas o estructuras jurídicas es el 1 de octubre de 2018.

Haga clic aquí para leer la Circular 57

TI examina la adhesión, y el progreso, de los países con los estándares del GAFI

Según Transparencia Internacional (TI), las cifras más recientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) muestran que si bien muchos países mejoraron en sus calificaciones en la lucha contra el lavado de dinero, en general los números son bastante sombríos. El organismo anticorrupción señaló que cuando se analizan los últimos datos de los países que cumplen ampliamente – la más alta calificación – a los que no cumplen – la calificación más baja – el cumplimiento general de los países es un escaso 25% en los 30 países evaluados en la ronda más reciente.

Las últimas evaluaciones de los países por parte del GAFI son más reveladoras que las anteriores, ya que se centran más en la eficacia y la aplicación de las leyes, como por ejemplo los bienes incautados y los casos cerrados, y no sólo el cumplimiento técnico de tener las normativas y las leyes promulgadas. Pero mientras que el 25% es sin duda una mejora desde 2011, cuando el cumplimiento completo en 160 países fue de 12,3%, considerando que ya pasaron 27 años desde que se introdujeron los estándares llegar a un nivel de cumplimiento del 25% «no puede llamarse progreso vertiginoso», según TI, que ofrece la información en varios gráficos.

Las pocas áreas en las que hay un alto grado de cumplimiento por parte de los países incluyen medidas básicas tales como la tipificación del lavado de dinero (Recomendación 3: el 87% de los 30 países calificados cumplieron o cumplieron ampliamente esta recomendación), y el requerimiento para que las instituciones financieras reporten operaciones sospechosas a las autoridades (Recomendación 20: el 83% de los países calificados cumplieron o cumplieron ampliamente esta recomendación).

Por otro lado, las áreas en las que la mayoría de los países reciben la calificación de «cumplimiento parcial» o «incumplimiento» incluyen temas como por ejemplo las obligaciones para que las empresas realicen la debida diligencia en áreas no financieras tales como bienes raíces, área jurídica y contabilidad (Recomendación 22: 63% de los países calificados cumplieron parcialmente o incumplieron esta recomendación) y asegurarse de que las autoridades puedan identificar a los verdaderos propietarios de las corporaciones para evitar el abuso de las compañías anónimas (Recomendación 24: el 73% de 30 países calificados cumplieron parcialmente o incumplieron esta recomendación).

Ex corredor de Morgan Stanley ocultó US$190 millones de operaciones con bonos venezolanos de los ojos de cumplimiento

La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de EE.UU. (FINRA, por sus siglas en inglés) suspendió a un ex representante de Morgan Stanley por haber ocultado los clientes detrás de operaciones por US$190 millones con bonos venezolanos.

John Batista Bocchino le ocultó las operaciones de los clientes a Morgan Stanley creando cientos de documentos con información falsa, incluyendo formularios para la apertura de nuevas cuenta y boletos comerciales, informó FINRA esta semana.

Batista Bocchino utilizó los documentos para abrir cuentas a nombre de otras instituciones financieras.

«A las espaldas de estas instituciones financieras, (Batista) Bocchino ejecutó aproximadamente 300 operaciones con bonos venezolanos en las cuentas abiertas en sus nombres», dijo FINRA.

Morgan Stanley había restringido la negociación de bonos venezolanos debido a preocupaciones regulatorias y de lavado de dinero, así como por riesgo reputacional.

Debido a que escondió a los clientes reales detrás de las cuentas y operaciones de Morgan Stanley, la firma no pudo «llevar a cabo una apropiada e idónea revisión antilavado de dinero de la actividad», dijo FINRA.

«De hecho, varios de los clientes ocultos presentaban preocupaciones regulatorias, al menos tres no eran clientes de Morgan Stanley y no fueron aprobados para operar a través de la firma, y a uno Morgan Stanley le había previamente congelado su cuenta», según FINRA.

El asistente de venta de Batista Bocchino, Rafael Barela Jacinto, fue suspendido por un año y recibió una sanción pecuniaria de US$10.000 por crear documentos con información falsa, señala FINRA.

FINRA es un regulador independiente de Wall Street que es supervisado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC por sus siglas en inglés).

Haga clic aquí para leer el acuerdo de Batista Bocchino.

ACFCS se asocia con la Facultad de Derecho de Fordham en Nueva York

FORDHAM_LAW_LOGO_rgb

ACFCS se asocia con la Facultad de Derecho de Fordham para ofrecer un curso de Delitos Financieros

Este verano boreal, la ACFCS se asociará con la Facultad de Derecho de Fordham para ofrecer un curso especializado en el área específica de Delitos Financieros para profesionales de cumplimiento, de las áreas legales y de ética.

Este curso combina la instrucción presencial, la interacción con los profesionales de la industria, el intercambio de ideas y conocimiento sobre algunas de los temas más cruciales en el cumplimiento de los delitos financieros en la actualidad, y una credencial de altísimo reconocimiento en el campo. Un curso intensivo ofrecido en el campus de Fordam en el Lincoln Center de Nueva York para todos los profesionales que buscan progresar en sus carreras.

Cuándo: 24 al 28 de julio de 2017

Dónde: Escuela de Derecho Fordham, 150 W 62nd Street, NYC

A través del curso, usted o los miembros de su equipo van a:

Perfeccionar las mejores prácticas para manejar las complejas áreas de riesgo que enfrentan las organizaciones.

Prepararse para rendir el examen Certified Financial Crime Specialist, el cual será dictado el  último día del curso.

La credencial CFCS demuestra conocimiento de detección y prevención de delitos financieros – conocimiento clave para las instituciones financieras, así como agencias gubernamentales y la aplicación de la ley.

Más información

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Alice BrightSky, Directora Senior de Programas de Cumplimiento de Fordham Law School, al número de teléfono: 646-346-5168 o correo electrónico: abrightsky@fordham.edu.

Costa Rica se adhiere a la Convención Anticorrupción de la OCDE

Al completar el proceso que le convierte en miembro de la Convención Anticorrupción de la OCDE –Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales—, Costa Rica ha dado un importante paso hacia su adhesión a la OCDE.

El próximo 23 de julio Costa Rica se convertirá en el 43º estado miembro de dicha Convención.

“Damos la bienvenida a Costa Rica como el 43º Estado Parte de la Convención Anticorrupción de la OCDE”, afirmó Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE. “La adhesión de Costa Rica a la Convención envía un importante mensaje a los gobiernos y a las empresas que operan en América Latina y a nivel mundial sobre la importancia de la colaboración en la lucha contra la corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Este paso destaca también el compromiso de Costa Rica con las mejores prácticas y estándares de la OCDE”.

El 29 de julio de 2016, la OCDE invitó a Costa Rica a formar parte del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre cohecho y a adoptar las medidas necesarias para adherirse a la Convención. A partir de este momento, Costa Rica se someterá a evaluaciones sobre la implementación de su normativa contra el cohecho, que darán comienzo en junio de 2017 con un primer examen.

La Convención para Combatir la Corrupción, que entró en vigor en 1999, prohíbe el soborno de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Mediante la supervisión de los países y un amplio seguimiento por los pares, la Convención pretende garantizar que la lucha contra el cohecho sea eficaz y genere una competencia justa en igualdad de condiciones.

Además de Costa Rica, forman parte de la Convención los 35 países miembros de la OCDE así como Argentina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Lituania, Rusia y Sudáfrica.

Organismos colombianos unen fuerzas para enfrentar la corrupción pública a través del análisis financiero

La Procuraduría General de la República, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el Ministerio de Hacienda de Colombia unen fuerzas para analizar información que permita identificar operaciones de lavado de dinero relacionadas con actos de corrupción de funcionarios públicos.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carillo; el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa y el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, suscribieron este acuerdo de cooperación interinstitucional para el intercambio de información.

Con la información recogida se realizará un proceso de análisis para identificar manejos indebidos de los recursos públicos o actividades tendientes a facilitar actos de corrupción.  “La UIAF analiza los reportes derivados tanto del sector público como del sector privado, con el fin de prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos provenientes de actos de corrupción”, señala Espinosa.

“Tanto el Ministerio de Hacienda como la UIAF somos conscientes de la importancia que tiene desarrollar convenios que permitan proteger a la Nación de todos los delitos que atenten contra la economía del país, por esta razón la cooperación con la Procuraduría General de la Nación es fundamental para obtener resultados certeros”, dijo Cárdenas.

Espinosa señaló que este convenio es un esfuerzo más por parte de Colombia para enfrentar la corrupción desde el análisis financiero. “Tenemos la obligación de cerrarle el camino a quienes intenten apropiarse de los recursos que son de todos los colombianos. Así damos un paso más en las acciones desarrolladas para proteger los recursos del Estado”, añadió el director de la UIAF.

El jefe de la cartera de Hacienda resaltó que el convenio celebrado está focalizado en detectar y reprimir conductas asociadas a los fenómenos que afectan las finanzas estatales, en el marco de la Ley de Inteligencia del Estado Colombiano y la política de lucha integral contra la corrupción y de colaboración interinstitucional.

“La Procuraduría General de la Nación y la UIAF compartirán información, desde cada una de sus competencias, que permita fortalecer la inteligencia financiera de la UIAF y a su vez, le entregue insumos a la Procuraduría para una mayor eficacia en las investigaciones disciplinarias que se relacionen concretamente con faltas vinculadas a delitos contra la administración pública de gran impacto”, destacó Cárdenas.

Finalmente, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que para complementar este proceso misional la UIAF viene adelantando diferentes acciones que buscan anteponerse al fenómeno de la corrupción.

“Además de la difusión a la Fiscalía General de la Nación de los casos relacionados con la corrupción, la UIAF impulsó en el 2016 la creación del Comité de Coordinación Contra la Corrupción (C4). Estos aportes, se complementan con el trabajo constante para la identificación de tipologías o modus operandi relacionadas con este delito”, concluyó el titular de la cartera de Hacienda.

 

Frigorífico de Brasil acuerda pago de US$3.200 millones para finalizar investigación por corrupción

J&F Investimentos, accionista mayoritario de JBS S.A., el mayor procesador de carnes del mundo, acordó esta semana, junto con fiscales brasileños, pagar una multa de 10.300 millones de reales (US$3.200 millones) por su rol en el enorme escándalo de corrupción que se desató en Brasil.

En un comunicado, los fiscales de cinco investigaciones sobre corrupción dijeron que la compañía controlada por la familia Batista pagará la multa en un plazo de 25 años, a partir de diciembre. Los fiscales dijeron que ésta es la multa más grande de su tipo en el mundo.

El Ministerio Público informó que este es el mayor acuerdo de lenidad (multa para extinguir los juicios contra empresascorruptas) e incluso superior al homologado por otra empresa eje de la Operación Lava Jato, la constructora Odebrecht.

J&F pudo reducir el valor final en 900 millones de reales desde los 11.200 millones de reales propuestos inicialmente por los fiscales.

Los testimonios de los propietarios de J&F, Joesley y Wesley Batista, que reconocieron haber gastado 600 millones de reales para sobornar a casi 1.800 políticos en los últimos años, sumergió a Brasil en una crisis que amenaza con derribar al presidente Michel Temer.

Joesley Batista está en el centro de una investigación de corrupción a Temer, después de haber grabado en secreto una conversación en la que el presidente pareció consentir un pago secreto de dinero a un posible testigo. Temer niega haber cometido un delito.

La mayor parte de la multa, 8.000 millones de reales, se dividirá entre el banco brasileño de desarrollo BNDES (25%), el fondo de indemnización para los trabajadores FGTS (6,25%),  el prestamista Caixa Econômica Federal (6,25%) y los fondos de pensiones para empleados de firmas controladas por el Estado Funcef (25%), Petros (25%) y Unión (12,5%).  El resto de la multa, 2.300 millones de reales, será pagado por medio de proyectos sociales, especialmente en las áreas de educación, salud y prevención de la corrupción. El plazo de pago fue fijado en 25 años, siendo que en este período los valores serán corregidos por el Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA). En vista de la corrección, la proyección es que el total a ser pagado por J & F, el llamado valor futuro, alcance cerca de 20.000 millones de reales.

Los fondos de pensiones y los bancos estatales invirtieron u otorgaron préstamos a empresas de J&F a cambio de sobornos pagados por los hermanos Batista, de acuerdo con un acuerdo de delación compensada.

Los fiscales dijeron en el comunicado que la multa es equivalente al 5,6% de los ingresos de las empresas del grupo. Los inversionistas de JBS han estado observando de cerca las negociaciones relacionadas al acuerdo de delación compensada.

Ciudadana de EE.UU. se declara culpable de usar cuentas offshore en Panamá para ocultar más de US$ 1,3 millones del IRS

Una ciudadana estadounidense se declaró culpable esta semana ante un tribunal de Estados Unidos de conspirar para defraudar a los Estados Unidos mediante el uso de cuentas offshore en Panamá y EE.UU. para ocultar más de US$ 1,3 millones en ingresos de regalías que obtuvo de pozos de petróleo, anunció el fiscal adjunto interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia de EE.UU.

Según documentos e información proporcionada al tribunal, Joyce Meads, de 73 años, admitió que presentó falsas declaraciones de impuesto sobre la renta de 1997 a 2009, omitiendo más de US$ 1,3 millones en ingresos de regalías que recibió de pozos petroleros. Desde aproximadamente abril de 1997 hasta abril de 2010, conspiró con promotores extranjeros para disfrazar este ingreso, estableciendo compañías interpuestas en Delaware y Panamá a nombre de W.G. Holdings Corporation para transferir sus beneficios en los pozos petroleros a la entidad en Delaware. Los cheques mensuales de regalías de Meads se hacían a nombre de W.G. Holdings.

Durante aproximadamente una década, Meads recibió sus cheques de regalías en un buzón de correos en Miami donde eran recogidos para luego ser enviados a Panamá y depositados en sus cuentas interpuestas (nominee). Meads repatriaba los fondos haciéndolos pasar como becas o préstamos de W.G. Holdings para ella. Posteriormente transfería los fondos a cuentas bancarias a su nombre o de su madre. Meads admitió que causó una pérdida fiscal de más de US$ 250.000. Dos de las personas que asistieron a Meads, Marc Harris de The Harris Organization y Boyce Griffin de Offshore Management Alliance Ltd., ambas en Panamá, también han sido condenados por conspiración y otros cargos y fueron sentenciados a prisión.

«Durante más de una década, Joyce Meads intentó ocultar sus ingresos del Servicio de Rentas Internas (IRS) asignándolo a una entidad interpuesta y almacenándolo en el extranjero», dijo Goldberg. «Como señala la declaración de hoy:  los días de ocultar con seguridad el dinero en cuentas y compañías offshore han terminado – el Departamento de Justicia continúa trabajando con sus socios en la aplicación de justicia para encontrar y hacer responsable a los que intentan evadir el pago de sus impuestos”.

«El intento de Joyce Meads de usar complejos ardides y estructuras offshore para evadir el pago de sus impuestos no pudo esquivar las habilidades de los agentes especiales de Investigación Criminal del IRS», dijo el Jefe de Investigación Criminal del IRS, Richard Weber. «El IRS CI y la División de Impuestos del Departamento de Justicia comparten la misma visión cuando se trata de investigar a aquellos que intentan ocultar sus ingresos; ya sea a través del uso de estructuras offshore en el extranjero o entidades estatales, estamos decididos a poner fin a este tipo de actividad fraudulentas».

La sentencia está prevista para el 4 de agosto y Meads enfrenta una sentencia de cinco años de prisión.

Demócratas presionan al Deutsche Bank para que revele datos y análisis relacionados con servicios al presidente Trump y el escándalo comercial de US$10.000 millones

El banco más grande de Alemania y blanco de varias sanciones antilavado de dinero, por un total de casi mil millones de dólares, está nuevamente en el centro de la escena, ahora presionado por miembros del Congreso para publicar información sensitiva sobre el presidente recientemente asumido y analíticas vinculadas a un histórico escándalo de lavado de dinero.

Los legisladores demócratas pidieron a Deutsche Bank AG que entregara sus conclusiones sobre los hábitos bancarios del ahora presidente Donald Trump y las operaciones del banco en Moscú que ayudaron a sacar unos US(10.000 millones de Rusia. La representante de Maxine Waters, de California, y otros cuatro demócratas del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes pidieron al gigante financiero de Frankfurt su informe interno sobre su conducta en el escándalo ruso relacionado con operaciones espejo o «mirror trading».

También pidieron una revisión interna de los tratos comerciales de Trump con el banco, descripciones de los cuales han surgido en informes periodísticos. El escándalo de las operaciones espejo terminó en una sanción de más de US$600 millones contra el banco, que también pagó cerca de US$260 millones a agencias estadounidenses en 2015 por violaciones a los regímenes de sanciones.

Los legisladores preguntaron si los préstamos del banco a Trump, hechos años antes de que el desarrollador neoyorquino se presentara a la presidencia, «estaban garantizados por el gobierno ruso o estaban conectados de alguna manera con Rusia». Como partido minoritario en el Congreso, los demócratas no tienen el poder de obligar a Deutsche Bank a hacer cualquier revelación,.

Nueva sanción para DB

En otra medida negativa para Deutsche Bank, La Junta de la Reserva Federal anunció esta semana una sanción de US$41 millones y una orden de cesar y desistir — cease and desist– contra las operaciones estadounidenses del Deutsche Bank AG por deficiencias contra el lavado de dinero.

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/enf20170530a1.pdf

La Junta tomó las medidas necesarias para abordar las prácticas inseguras y deficiente en las operaciones bancarias en EE.UU. del banco. La Junta identificó fallas en las operaciones bancarias de Deutsche Bank en los Estados Unidos para mantener un programa efectivo para cumplir con la Ley de Secreto Bancario y las leyes contra el lavado de dinero.

La orden exige que Deutsche Bank mejore la supervisión y controles de la alta dirección relacionados con el cumplimiento por parte de las operaciones bancarias de los Estados Unidos de las leyes contra el lavado de dinero.

El banco más grande de Alemania y blanco de varias sanciones antilavado de dinero, por un total de casi mil millones de dólares, está nuevamente en el centro de la escena, ahora presionado por miembros del Congreso para publicar información sensitiva sobre el presidente recientemente asumido y analíticas vinculadas a un histórico escándalo de lavado de dinero.

Los legisladores demócratas pidieron a Deutsche Bank AG que entregara sus conclusiones sobre los hábitos bancarios del ahora presidente Donald Trump y las operaciones del banco en Moscú que ayudaron a sacar unos US(10.000 millones de Rusia. La representante de Maxine Waters, de California, y otros cuatro demócratas del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes pidieron al gigante financiero de Frankfurt su informe interno sobre su conducta en el escándalo ruso relacionado con operaciones espejo o «mirror trading».

También pidieron una revisión interna de los tratos comerciales de Trump con el banco, descripciones de los cuales han surgido en informes periodísticos. El escándalo de las operaciones espejo terminó en una sanción de más de US$600 millones contra el banco, que también pagó cerca de US$260 millones a agencias estadounidenses en 2015 por violaciones a los regímenes de sanciones.

Los legisladores preguntaron si los préstamos del banco a Trump, hechos años antes de que el desarrollador neoyorquino se presentara a la presidencia, «estaban garantizados por el gobierno ruso o estaban conectados de alguna manera con Rusia». Como partido minoritario en el Congreso, los demócratas no tienen el poder de obligar a Deutsche Bank a hacer cualquier revelación,.

Nueva sanción para DB

En otra medida negativa para Deutsche Bank, La Junta de la Reserva Federal anunció esta semana una sanción de US$41 millones y una orden de cesar y desistir — cease and desist– contra las operaciones estadounidenses del Deutsche Bank AG por deficiencias contra el lavado de dinero.

La Junta tomó las medidas necesarias para abordar las prácticas inseguras y deficiente en las operaciones bancarias en EE.UU. del banco. La Junta identificó fallas en las operaciones bancarias de Deutsche Bank en los Estados Unidos para mantener un programa efectivo para cumplir con la Ley de Secreto Bancario y las leyes contra el lavado de dinero.

La orden exige que Deutsche Bank mejore la supervisión y controles de la alta dirección relacionados con el cumplimiento por parte de las operaciones bancarias de los Estados Unidos de las leyes contra el lavado de dinero.

Ciberdelito internacional: tres nigerianos extraditados a EE.UU. fueron sentenciados por un gigante ardid financiero

Tres ciudadanos nigerianos, que fueron extraditados de Sudáfrica al Distrito Sur de Mississippi en julio de 2015, fueron sentenciados a prisión esta semana por su papel en una red internacional de fraude a gran escala.

Oladimeji Seun Ayelotan, de 30 años, recibió una condena de 95 años de prisión. Rasaq Aderoju Raheem, de 31 años, de 115 años de prisión. Femi Alexander Mewase, de 45 años, de 25 años de prisión. Después de un juicio que duró tres semanas a principios de 2017, un jurado federal encontró a cada acusado culpable de delitos que implican fraude de correo, fraude telefónico, robo de identidad, fraude con tarjeta de crédito y robo de propiedad del gobierno. Ayelotan y Raheem también fueron hallados culpables de conspirar para cometer fraude bancario y lavado de dinero.

Un total de 21 personas fueron acusados en este caso, 12 de los cuales se han declarado culpables de los cargos relacionados con la conspiración, y 11 de los cuales han sido sentenciados hasta la fecha. Uno de los líderes de la conspiración, Teslim Olarewaju Kiriji, de 30 años, de Nigeria fue condenado previamente a 20 años de prisión. Otros seis acusados fueron sentenciados a 10 años de cárcel cada uno por su papel en esta conspiración.

Según los acuerdos de culpabilidad y las pruebas presentadas en el juicio, los acusados y sus cómplices llevaron a cabo numerosos fraudes basados en Internet que datan al menos de 2001. Estos ardides consistieron en el uso de víctimas desprevenidas para cobrar cheques falsos y giros postales, la utilización de números de tarjetas de crédito robadas para comprar artículos electrónicos y otras mercancías y usar información de identificación personal robada para obtener las cuentas bancarias de las víctimas. En total, la conspiración involucró decenas de millones de dólares en pérdidas.

Para tener éxito con sus esquemas de fraude, los conspiradores se sirvieron de la ayuda de ciudadanos estadounidenses a través de «estafas de romance», en las que el delincuente normalmente usaba una identidad falsa en un sitio web de citas para establecer una relación romántica con una víctima desprevenida. De acuerdo con la evidencia del juicio y los documentos de declaración de culpabilidad, una vez que el autor obtenía la confianza y el afecto de la víctima, el autor convencería a la víctima de enviar dinero o ayudar a llevar a cabo el esquema de fraude. Por ejemplo, los acusados admitieron que usaron a víctimas de romance para lavar dinero a través de Western Union y MoneyGram, para re empaquetar y reenviar mercancía obtenida fraudulentamente y/o para pagar cheques falsos.

Los acusados supuestamente usaron las siguientes direcciones de correo electrónico y nombres para perpetuar el plan.