La multa contra el ex oficial de MoneyGram es una nueva señal sobre la responsabilidad individual en cumplimiento
La multa que FinCEN impuso el mes pasado al ex oficial de cumplimiento de MoneyGram, Thomas Haider, por no haber asegurado que su compañía cumpliera con las disposiciones antilavado de dinero de la Ley de Secreto Bancario de EEUU, es una elocuente señal de una tendencia de mayor responsabilidad individual en las funciones cumplimiento.
La multa que se le impuso a Haider fue de US$1 millón y FinCEN también presentó un documento ante la oficina del fiscal federal en Manhattan para que se haga cumplir la pena y prohibir que Haider trabaje en la industria financiera.
La responsabilidad de estos profesionales se está convirtiendo en un riesgo laboral permanente, los oficiales de cumplimiento están cada vez más expuestos a la responsabilidad civil legal, en algunos casos por errores y fallas institucionales y en otros por actos de “ceguera intencional” de ellos mismos o de altos ejecutivos de las firmas. Esta situación trae aparejada una nueva dinámica a una de las ocupaciones de mayor crecimiento en muchos países.
Haider estuvo a cargo del programa de cumplimiento y del departamento de fraude de MoneyGram entre 2003 y 2008 y durante ese tiempo la compañía “recibió miles de quejas de clientes que fueron víctimas de esquemas fraudulentos”, señaló FinCEN.
Los estafadores les señalaban a las víctimas por correo, correo electrónico o llamadas telefónicas que había ganado la lotería o habían sido contratados para un programa de «compradores secretos». Otros fueron engañados a creer que habían sido aprobados para un préstamo garantizado o habían ganado un premio en efectivo, dijo FinCEN.
A las víctimas, muchas de las cuales eran ancianos, se les dijo que para recibir el artículo o las ganancias tenían que pagar a los autores dinero de antemano. Por ejemplo, en situaciones en las que a las víctimas se les prometió premios de lotería o premios en efectivo, se les dijo que tenían que pagar impuestos, derechos aduaneros, o tarifas de procesamiento por adelantado y se los guiaba para que enviaran los pagos por adelantado a beneficiarios ficticios utilizando el sistema de transferencia de dinero de MoneyGram.
El gobierno de EEUU dijo que Haider podría haber frenado el fraude. El fiscal federal de EEUU en el distrito de Manhattan, Preet Baharara señaló que Haider “permitió que los criminales utilizaran MoneyGram para defraudar clientes inocentes y luego lavaran las ganancias de sus ardides fraudulentos”.
Esta multa encaja en una tendencia más marcada en el campo de los delitos financieros. A raíz de notorios escándalos de lavado de dinero, sanciones y evasión fiscal que involucran importantes instituciones financieras, los reguladores de Estados Unidos han enfrentado crecientes reclamos por parte de varios sectores incluyendo la opinión pública para que apliquen medidas más rigurosas. Una de las respuestas de las agencias de ley ha sido apuntar a los individuos en las instituciones. Debido a que los profesionales de cumplimiento de delitos financieros por lo general asumen las obligaciones más directamente relacionadas con la detección y prevención de infracciones, un mayor riesgo de responsabilidad está cayendo en gran medida sobre ellos.
En un acuerdo federal de 2012, MoneyGram pagó US$100 millones para compensar a las víctimas de fraude. La compañía admitió que no mantuvo un programa efectivo contra el lavado de dinero. Un acuerdo de enjuiciamiento diferido de cinco años requirió a MoneyGram retener un supervisor independiente que reporte al Departamento de Justicia de EEUU.
La directora de FinCEN, Jennifer Shasky Calvey señaló que las fallas de Haider son una “afrenta a sus pares y a su profesión”. «Con sus violaciones intencionales», dijo en un comunicado de la agencia, «creó un ambiente donde prosperaron el fraude y el lavado de dinero y el dinero sucio arrasó en el mismo sistema que él estaba encargado de proteger».
La inacción de Haider, según Shasky Calvery, “llevó a que miles de víctimas perdieran sus ahorros personales y vieran sus sueños arruinados”.
Según la multa, las faltas de Haider incluyen:
-No haber implementado normas disciplinarias. Haider no se aseguró que MoneyGram implementara una política para disciplinar a los agentes que el personal de MoneyGram sabía o sospechaba estaban involucrados en el fraude o lavado de dinero.
-No haber terminado con agentes de alto riesgo. Haider no se aseguró que MoneyGram terminara relaciones con agentes que el personal de MoneyGram entendía estaban involucrados en fraude o lavado de dinero. Incluso algunos que Haider mismo había sido avisado que presentaban un riesgo muy alto.
-No haber presentado reportes de operación sospechosa (ROS) en forma adecuada y a tiempo. Haider no se aseguró de que MoneyGram cumpliera con su obligación de presentar oportunamente los ROS, entre otras razones porque Haider mantenía el programa ALD de MoneyGram y las personas responsables de la presentación de ROS no recibían la información que poseía el Departamento de Fraude de MoneyGram y que hubiera dado lugar a la presentación de ROS sobre ciertos agentes.
-No haber realizado auditorías efectivas de los agentes. Haider no se aseguró de que MoneyGram realizara auditorías eficaces de los agentes, incluyendo aquellos que el personal de MoneyGram sabía o sospechaba estaban involucrados en fraude o el lavado.
-No haber realizado una adecuada debida diligencia de agentes. Haider no se aseguró de que MoneyGram condujera adecuada debida diligencia sobre potenciales agentes o agentes existentes que buscaban de abrir nuevos puntos de venta, lo que dio como resultado entre otras cosas que MoneyGram otorgara permisos a agentes cuyas relaciones habían sido terminadas por otras compañías y otorgar permisos a agentes que MoneyGram sabía o sospechaba estaban involucrados en fraude o lavado de dinero.
En el actual ambiente regulatorio definitivamente hay un mayor riesgo de que los oficiales de cumplimiento se vean legalmente responsables, especialmente los profesionales en los niveles superiores. La tendencia está siendo impulsada por una combinación de un mayor escrutinio a los individuos por parte de las agencias gubernamentales, que se vio incrementada por mayor atención de los medios de comunicación a los casos contra las principales instituciones.