Tendencias en Delitos Financieros: Inminentes nuevos sujetos obligados en Panamá, repercusiones de las sanciones de EE.UU. a funcionarios de Venezuela, y más
Por el Equipo de ACFCS
13 de marzo de 2015
Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre además el hecho de que la UIF de Argentina actualiza los montos a partir de los cuales los escribanos deben requerir documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos, la Fiscalía General de Jalisco en México señala que en los últimos tres años las denuncias por diversos delitos en los que se utilizaron páginas electrónicas aumentaron ocho veces, ¿Vicente Fernández bajo la lupa de la DEA?, y más…
Lavado de Dinero
El gobierno de Panamá impulsará un proyecto de ley contra el lavado de dinero que incluirá como “sujetos obligados” a sectores no financieros, como empresas de transporte de valores, juegos de azar, zonas francas, empresas dedicadas a la compra de automóviles nuevos y usados, empresas de bienes raíces y Lotería Nacional de Beneficencia. Igualmente lo deberán hacer las fundaciones, financieras, empresas de arrendamiento financiero o “leasing”; empresas de “factoring”, remesas de dinero, organización de sistemas de apuestas, casas de empeño, constructoras, compañías de servicios de encomiendas internacionales, casas de cambio, Correos y Telégrafos Nacionales, asociaciones de ahorros y préstamos; abogados, contadores públicos autorizados, auditores externos y notarios. El proyecto de ley fue aprobado esta semana por el Consejo de Gabinete denominado “contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”. Se informó que en los próximos días, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará este proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Según reza el comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado, “este anteproyecto es el resultado de un diálogo entre el sector público y el privado que se viene realizando desde el último trimestre del año 2014 y que forma parte de la iniciativa ‘Panamá Unido contra el Blanqueo de Capitales’, cuyo fin es conseguir que el país sea excluido de la llamada lista gris del GAFI. (Con información de Crítica)
La gira del cantante mexicano Vicente Fernández está bajo la lupa de la agencia estadounidense antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), ya que investiga si ésta sirvió para lavar dinero del narcotráfico, especialmente del cártel de Los Valencia, en Michoacán. Medios internacionales señalan que la DEA cree que los organizadores de los conciertos del intérprete estaban vinculados con el narcotráfico, al menos esa es la pista que investigan en Estados Unidos, ya que el cártel podría haber contactado con los empresarios dedicados a montar eventos de tal magnitud. El dinero pudo haber sido lavado en supuestos pagos ficticios durante la gira de despedida de El Charro de Huentitán en 2013, según el diario El País, por lo que autoridades españolas también están investigando ya que hubo un supuesto lavado de dinero de US$6.8 millones. De acuerdo al periódico El Mundo, entre los empresarios figura el nombre de Andrés Barco, quien presuntamente era el que lavaba dinero por medio de pagos ficticios en la gira, aparentemente los participantes no tenían por qué saber nada, pero los empresarios sí podrían haber colaborado, según sospecha la DEA. Algunos representantes del cantante han señalado que este problema lo tenían desde 2012, pero que el intérprete terminó su gira por respeto al público. (Con información de Televisa)
La UIF de Argentina elevó los montos a partir de los cuales los escribanos deben requerir documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos, a fin de “incrementar la eficacia del sistema preventivo contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Tal documentación se demandará cuando las transacciones superen los 2,2 millones de pesos (aprox. US$220.000). El organismo antilavado justificó la modificación con el objetivo de “concentrar aún más los esfuerzos en aquellos supuestos en los que existe mayor riesgo de comisión de los citados delitos y en aquellos clientes cuyas actividades denoten un mayor volumen económico relativo”. Se podrá exigir documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos o que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores, por importes suficientes; o bien, cualquier otra documentación que respalde la tenencia de fondos suficientes para realizar la operación. Los requisitos de identificación resultarán asimismo de aplicación cuando, a juicio del escribano, se realicen operaciones vinculadas entre sí que individualmente no hayan alcanzado el nivel mínimo establecido, pero que en su conjunto alcancen o excedan dichos importes. (Con información de El Cronista)
Un banco de California acordó esta semana pagar casi US$ 5 millones y admitió haber incumplido la ley para desestimar acusaciones de que había violado las normas contra el lavado de dinero y otras leyes por no haber identificado y reportado actividades sospechosas por parte un procesador de pago que retiró indebidamente millones de dólares de cuentas en otros bancos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos alcanzó el acuerdo con CommerceWest Bank of California como parte de un acuerdo de enjuiciamiento diferido que requiere que la institución acepte un cargo criminal por «no presentar» un informe de actividades sospechosas. Los fiscales federales en documentos de la corte afirmaron que el banco ignoró las señales de alerta, incluyendo cartas y llamadas de varios bancos en 2012 y 2013, quejándose de retiros fraudulentos de cuentas de los clientes por parte del procesador de pago, V Internet Corp LLC. A pesar de estas protestas, el banco no investigó con más detenimiento la cuenta, no la cerró ni presentó un informe de actividades sospechosas (Con información de Wall Street Journal).
Ciberdelito
La Fiscalía General de Jalisco en México señala que en los últimos tres años las denuncias por diversos delitos en los que se utilizaron páginas electrónicas aumentaron ocho veces. Esto se demuestra en las 48 averiguaciones previas iniciadas en 2012, las 205 presentadas en 2013 y las 370 acumuladas en 2014. El fraude es el delito con mayor incidencia: en 2014 acumuló 302 averiguaciones previas iniciadas. Le sigue la amenaza (54), ultrajes a la moral (4), suplantación de identidad (3), extorsión (3), corrupción de menores (2) y abuso sexual (2). “Muy poca gente ha sido sancionada, nos falta mucho por hacer ante un tipo de delincuencia que ha ganado muchísimo terreno”, reconoce Alejandro Téllez Valdés, investigador de la UNAM, “los delincuentes han optado por esta modalidad, que se caracteriza por ser sumamente lucrativa, casi nunca deja huella y, por lo tanto, el factor de impunidad es muy acentuado. Es el crimen perfecto”. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM calcula que 45 millones de mexicanos han sido víctimas de algún tipo de ciberataque. (Con información de Informador)
Corrupción
Un ex gerente de Petrobras dijo en una audiencia esta semana que acumuló casi US$100 millones en sobornos como parte de una presunta red de corrupción en la empresa y que el partido de gobierno habría recibido hasta el doble de esa cifra. Pedro Barusco, ex gerente en la unidad de ingeniería y servicios, dijo que empezó a recibir sobornos “en 1997, 1998”, pero que la práctica se volvió más generalizada e “institucionalizada” en 2003 o 2004. El ex ejecutivo ya había hecho las revelaciones el año pasado en un acuerdo con los fiscales que investigan un creciente escándalo de corrupción en Petrobras. Pero la audiencia del martes fue la primera vez que lo confesó de forma pública. Barusco les dijo a los legisladores que se reunía con João Vaccari Netto, tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), en hoteles o restaurantes de lujo para hablar del esquema y de cuánto compartirían de los sobornos. Los pagos ilegales provenían de las mayores empresas de construcción del país, agregó Barusco. “Eso me lleva a estimar que entre US$150 millones y US$200 millones fueron al PT”, dijo Barusco. Vaccari del PT y el partido han negado previamente cualquier comportamiento ilegal. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de Brasil autorizó que el tesorero sea investigado en conexión con la presunta red de corrupción. La audiencia de esta semana marcó la apertura de la investigación del congreso sobre las presuntas ilegalidades en Petrobras, la segunda pesquisa de ese tipo en dos años. (Con información de The Wall Street Journal)
Fraude
La Agencia Tributaria de España ha publicado este miércoles las prioridades de sus actuaciones para combatir el fraude fiscal durante 2015. Las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2015 busca combatir el fraude fiscal en distintas áreas entre las que se incluyen: 1. La economía sumergida, 2. Investigación de patrimonios en el exterior, 3. Planificación fiscal internacional, 4. Economía digital y redes sociales, 5. Prestación de servicios de alto valor, 6. Fraude organizado en tramas de IVA, 7. Control sobre operaciones, regímenes jurídico-tributarios, obligados tributarios y sectores de actividad específica, 8. Control de productos objeto de Impuestos Especiales, 9. Control de los impuestos medioambientales, 10. Control aduanero, y 11. Prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales. (Con información de El País)
Sanciones
La tensión entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos se incrementó esta semana luego de que el presidente estadounidense, Barack Obama, firmara una orden ejecutiva que trajo como consecuencia la aplicación de sanciones a siete funcionarios del gobierno venezolano. El presidente Obama firmó una orden ejecutiva para aplicar sanciones a funcionarios venezolanos involucrados en violaciones a los derechos humanos, la libertad de expresión y corrupción. El mandatario tomó la decisión en base a los poderes que le otorga el Acta para la defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela y otros instrumentos legales de EE.UU. Se sanciona a los funcionarios de dos formas: impidiéndoles la entrada a Estados Unidos, de esto se encarga el Departamento de Estado a través de la restricción en las visas, y con sanciones económicas a cargo del Departamento del Tesoro. Las sanciones económicas tienen a su vez dos implicaciones: la congelación de bienes en EEUU y la imposibilidad para negociar con personas y empresas estadounidenses. (Con información de El Universal).