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Panamá, que intenta salir de la lista gris del GAFI, aprueba leyes clave que incorporan nuevos sectores y obligaciones ALD

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, firmó esta semana una nueva ley clave que establece medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y que busca poner al país en una posición ventajosa ante el estricto escrutinio del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que lo ha colocado en la llamada lista gris que cuestiona los esfuerzos del país en la lucha contra el lavado de dinero.

Con esta nueva Ley 23 se ampliarán a 31 los sectores que deben implementar los controles y la supervisión para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Panamá. “Esta Ley establece las herramientas necesarias para fortalecer la responsabilidad, capacidad y efectividad de los organismos de supervisión y control, así como las obligaciones de suministro de información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por parte de los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, como parte de las medidas de prevención de estos delitos en los sectores regulados”, señaló el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá en un comunicado.

La ley responde a una necesidad del país de actualizar sus normas acorde a los estándares internacionales con miras a fortalecer el marco legal contra el lavado y tiene dos objetivos fundamentales: proteger a importantes sectores de la economía panameña para que no sean utilizados por delincuentes que intentan limpiar capitales producto de actos delictivos y sacara al país de la lista gris del GAFI, según señaló Dulcidio De la Guardia, titular del MEF.

Con esta ley Panamá cubre el 70% del Plan de Acción acordado con el GAFI y de esta forma busca allanar el camino para la salida del país centroamericano de la lista.

Debido a su inclusión en la lista del GAFI, varios bancos panameños y otras instituciones vieron afectadas sus relaciones comerciales y de corresponsalía en otros países, principalmente en EE.UU., por lo que gobierno panameño busca actuar con celeridad para salir de la lista y evitar el perjuicio comercial que esto le puede ocasionar a comercio internacional y relaciones financieras de las instituciones del país.

Las nuevas actividades que serán supervisadas son las casas de empeño, las casas de cambio y las compañías dedicadas a la comercialización de metales y piedras preciosas. También las empresas de las zonas francas como la Zona Libre de Colón, las promotoras y corredores de bienes raíces, los casinos y juegos de azar, los abogados, los contadores, auditores y notarios tendrán mayores controles y quedarán bajo fiscalización en materia de cumplimiento de normativa para la detección, prevención y combate del lavado de dinero.

En materia de controles para áreas económicas específicas y zonas francas, la nueva ley busca que exista una documentación adecuada de transacciones de comercio internacional y la identificación de fondos de pagos en efectivo. “Es muy importante entender estas nuevas cargas, estas nuevas responsabilidades que tienen los sectores no financieros, los cuales indirectamente le ponen una responsabilidad a los sectores financieros, ya que al momento que abran una cuenta van a tener que cerciorarse que cumplan con la nueva obligación legal”, señaló Roberto Sayavedra. Director Senior de la firma FTI Consulting en Panamá, en un reciente evento de capacitación de ACFCS.

En el marco de la nueva ley, los organismos de supervisión de Panamá tendrán acceso a la información en materia antilavado de dinero de los sujetos obligados en relación con sus clientes, productos que ofrecen y servicios que brindan.

Con la nueva ley “se salvaguarda a empresas y trabajadores de sectores claves para el país, tanto financieros como no financieros, y se abre paso a una nueva era de transparencia en Panamá y de cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”, señala el MEF.

“El documento fue elaborado a través de múltiples consultas con el sector privado, iniciadas en el último trimestre del año 2014, con el cual lograremos reforzar las bases de competitividad y transparencia, pilares que estamos construyendo conforme a los estándares internacionales establecidos”, recalcó el ministro De La Guardia.

Panamá también aprobó la reforma de la Ley 47 de 2013, con la nueva Ley 18, que entra en vigor el 4 de mayo próximo y que crea un régimen de custodia de las acciones al portador a través del cual las compañías deben registrar las acciones al portador antes de fin de año.

Varios organismos internacionales habían cuestionado que en la ley original se incluyeron artículos para postergar la implementación efectiva de la inmovilización de las acciones al portador hasta el 2018, pero la nueva normativa reformula este plazo.

Los títulos al portador quedarán en manos de un custodio autorizado para que eventualmente se pueda conocer el beneficiario final de las acciones de una compañía.

Con la reforma aprobada por este Gobierno ese período se reduce hasta finales de este año. En ese momento, todas las empresas que hayan emitido acciones al portador deberán haberlas entregado a un custodio autorizado. De esta forma será más fácil seguir el rastro al movimiento de los títulos y, en última instancia, conocer el beneficiario final.

“Toda sociedad que emita certificados de acciones al portador con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley deberá entregarlos al custodio autorizado nombrado por el propietario”, señala la ley. Con respecto a los certificados de acciones al portador que se hayan emitido con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, tienen plazo hasta el 31 de diciembre próximo para reemplazarlos por certificados de acciones nominativas o entregarlos en custodia.

Para nombrar a un custodio autorizado, el propietario deberá proporcionar a la compañía emisora el nombre completo del custodio autorizado, su dirección física y los datos de una persona a la que la sociedad emisora podrá contactar.

Próximamente, el país volverá a ser examinado en materia de transparencia fiscal por el GAFI.

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Autoridades buscan mayor control en ciberseguridad para los proveedores de instituciones financieras

Los reguladores financieros se muestran cada vez más preocupados por las debilidades en el área de seguridad que presentan los proveedores que proveen servicios a los grandes bancos, temen que debilidades en las defensas de seguridad puedan permitir que delincuentes informáticos tengan acceso a información financiera muy delicada.

En una encuesta a 40 bancos, el principal regulador bancario del estado de Nueva York, Benjamin Lawsky, Superintendente del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (New York State Department of Financial Services) encontró que menos de la mitad de estas instituciones financieras inspeccionaba regularmente los sistemas de seguridad de sus proveedores de servicios. Alrededor de dos tercios de las empresas encuestadas no contaban con ninguna política que requiriera que estos proveedores les informaran cuándo sus sistemas habían experimentado algún peligro o había sido vulnerados.

Las empresas de Tecnología de la Información –TI–, procesadores de big data, bufetes de abogados y otras industrias que ofrecen servicios a los gigantes del sector bancario proporcionan puntos de entrada potencialmente vulnerables a una enorme cantidad de información almacenada en bases de datos financieros. En los últimos años, la preocupación por la seguridad cibernética bancaria se ha extendido para reconocer estos peligros, sobre todo con los bufetes de abogados. Los gigantes financieros de Wall Street también han respondido reforzando las defensas alrededor de sus sistemas. Pero la encuesta realizada por el Departamento de Servicios Financieros encontró que los bancos han sido lentos en la respuesta.

Tras la información que las organizaciones reguladas proveyeron al supervisor en relación con sus prácticas y procedimientos en torno al tema de la administración de proveedores de servicios, el departamento apuntó una serie de temas y preocupaciones.

Algunos resultados de la encuesta muestran que menos de la mitad de los bancos encuestados señaló que realizaron inspecciones presenciales a los proveedores de servicios y cerca de un tercio de las instituciones encuestadas no obligaban a sus proveedores a requerir a sus subcontratistas que realizaran una protección en el campo de la ciberseguridad tan exhaustiva como la que realizaban ellos.

La agencia supervisora le preguntó a las organizaciones bancarias que describan los procesos de debida diligencia utilizados para evaluar la capacidad de las prácticas de seguridad de la información de estos terceros. Todas las organizaciones encuestadas, menos una, clasificaban a sus proveedores por el nivel de riesgo y el 95% de las organizaciones financieras llevan a cabo evaluaciones específicas de riesgo de la seguridad de, por lo menos, sus proveedores de alto riesgo.

Entre los proveedores que fueron clasificados como de alto riesgo se encuentran las compañías procesadoras de pagos/cheques, operaciones de negociación y liquidación, y las empresas de procesamiento de datos. Algunas organizaciones bancarias eximen de su debida diligencia habitual a los consultores y proveedores profesionales de servicios (por ejemplo, los asesores jurídicos). Entre los proveedores que fueron clasificados como de bajo riesgo se incluyen a los proveedores de material de oficina, servicios de impresión, catering de comida, y servicios de limpieza.

El 90% de los bancos encuestados señaló que cuenta con requerimientos de seguridad de la información para sus proveedores, a pesar de que la naturaleza de estas obligaciones varía. Algunas instituciones de gran tamaño cuentan con requisitos específicos, incluyendo el cifrado de datos, controles de acceso, clasificación de datos, y planes de continuidad comercial y recuperación de un desastre, mientras que otras instituciones –grandes y pequeñas—simplemente obligan al cumplimiento de estándares generales de seguridad de la información.

Si bien casi todas las organizaciones bancarias encuestadas cuentan con políticas y procedimientos que requieren una revisión de las prácticas de seguridad de la información tanto en la selección de proveedores como en sus revisiones periódicas, menos de la mitad de las instituciones requieren las evaluaciones in situ de sus proveedores. Solo el 46% de las instituciones encuestadas están obligadas a llevar a cabo una evaluación en el lugar antes de la firma del contrato de, por lo menos, sus proveedores de alto riesgo, mientras que sólo el 35% de las organizaciones financieras deben realizar evaluaciones periódicas in situ de al menos los proveedores de alto riesgo.

El año pasado, cuando una filtración en JPMorgan puso en riesgo 83 millones de cuentas, el banco descubrió que los hackers habían sondeado metódicamente numerosos proveedores del gigante bancario en busca de acceso a sus redes, incluyendo una página web para la carrera atlética en beneficio de la organización de caridad del banco. A pesar de que los investigadores concluyeron finalmente que los propios sistemas internos de JPMorgan habían sido comprometidos, el incidente fue un recordatorio de que los piratas informáticos utilizarán cualquier estrategia para poder entrar.

Los reguladores se muestran preocupados de que una supervisión laxa de terceros conectados a las redes bancarias podría tener graves consecuencias. Cientos de millones de personas tienen su información personal y financiera más sensible almacenada en cuentas bancarias, un botín atractivo para los ladrones de identidad y otros delincuentes cibernéticos.

El Departamento pidió a cada entidad bancaria que señalara todas las protecciones por pérdidas experimentadas como resultado de una falla de seguridad de la información por un proveedor de servicios, incluyendo cualquier cobertura de seguro correspondiente. El 63% de las instituciones encuestadas (78% de las grandes instituciones) informó al Departamento que están cubiertas por un seguro que cubre los incidentes de seguridad cibernética. Sin embargo, solo el 47% de las instituciones encuestadas dijo tener pólizas de seguro cibernético que cubre de manera explícita las fallas de seguridad de información de un tercero que puede ser un proveedor.

Con base en las respuestas que recibió el Departamento de Servicios Financieros en esta encuesta, las organizaciones bancarias parecen estar trabajando para mitigar los riesgos que representan los proveedores terceros, aunque el progreso varía de acuerdo al tamaño y tipo de institución.

Lea aquí el resultado del estudio del DFS de Nueva York

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Comerciantes de artículos electrónicos en Miami están bajo la mira de FinCEN por lavado de dinero de narcotraficantes

La unidad de análisis financiero de EE.UU., Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN), emitió una alerta -orden de selección geográfica (GTO, por sus siglas en inglés)- a unos 700 negocios y empresas en Miami para que estén alertas por transacciones en efectivo que puedan estar vinculadas a esquemas de lavado de dinero basado en el comercio internacional. Estos esquemas complejos son un método importante utilizado por los carteles de la droga, entre ellos los de Sinaloa y Los Zetas, para lavar sus ganancias ilícitas.

FinCEN, en coordinación con la oficina de Investigación de Seguridad Nacional que funciona dentro de la Agencia de Inmigración y Aduanas, y el grupo antilavado de dinero de la Oficina de Miami del fiscal del estado, emitió el GTO para los exportadores de aparatos electrónicos (incluyendo teléfonos celulares) ubicados cerca de Miami. Las investigaciones policiales revelan que muchos de estos negocios son explotados en el marco de sofisticados esquemas de lavado de dinero a través del comercio internacional en el que dinero producto de la droga en Estados Unidos es utilizado para comprar mercancías que se envían a países de América Latina para ser vendidas en las monedas locales, que se transfiere finalmente a los carteles de la droga. Este GTO busca traer más transparencia en las transacciones de los negocios cubiertos; no determina si los negocios tienen o no conocimiento de los esquemas de lavado de dinero.

Un negocio u operación no financiera que reciba más de US$ 10.000 en efectivo en una sola transacción -o en múltiples transacciones relacionadas-, debe presentar un formulario ante FinCEN. El GTO, que estará en vigor durante 180 días a partir del 28 de abril, baja el umbral de reporte a US$ 3.000 para los negocios cubiertos. Estos negocios deben reportar a FinCEN operaciones en efectivo por encima de los US$ 3.000 e incluir en esos documentos información sobre las transacciones y personas involucradas. El incumplimiento por parte de estos negocios puede convertirse en substanciales sanciones civiles y penales.

Entre los requisitos del GTO, los negocios deben obtener una declaración por escrito de los clientes sobre si están realizando una transacción a nombre de otra persona, como por ejemplo un tercero que proveyó los fondos al cliente para que realice la transacción. Si el cliente está realizando una “transacción encubierta” (covered transaction) para beneficiar a otra persona, el negocio debe reportar toda la información de la otra persona incluyendo un número de teléfono y la dirección a donde se envía la mercadería.

Todos los negocios sujetos a cumplir con la normativa de FinCEN deben supervisar el cumplimiento de esta orden por parte sus ejecutivos, directores, empleados, agentes, subsidiarias y franquicias, y deben notificar a los mismos de los términos de la misma y, en la medida que proceda, transmitir la orden a sus presidentes ejecutivos.

“Cuando emitimos un GTO similar en el área de Los Ángeles el año pasado, muchos especularon sobre si haríamos lo mismo en otras partes del país”, dijo la directora de FinCEN Jennifer Shasky Calvery. “Estamos comprometidos en descubrir y sacar a la luz las oscuras actividades financieras dondequiera que las encontremos. Vamos a seguir emitiendo GTO, según sea necesario, y utilizando otras atribuciones antilavado de dinero de FinCEN, para garantizar un sistema financiero transparente que impida que lavadores de dinero y otros criminales enmascaren sus identidades y actividades ilícitas”.

A los efectos de la orden de FinCEN, dinero en efectivo incluye cheque de caja, cheque de viajero, giro postal, letra de cambio.

El objetivo de FinCEN es a alterar la infraestructura financiera ilícita en la que se basan estas organizaciones de narcotráfico.

Peter Edge, Director Asociado Ejecutivo de Investigaciones de Seguridad Nacional, apuntó que “un GTO es una de las muchas herramientas disponibles en la lucha contra el lavado de dinero. Los éxitos del pasado muestran que los GTO pueden ser eficaces para exponer a organizaciones criminales que utilizan instituciones financieras y empresas legítimas para facilitar sus negocios ilícitos. La oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional se dedica a interrumpir estas actividades y el desmantelamiento de estas organizaciones para proteger la seguridad de la infraestructura financiera del país”.

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EEUU crea un nuevo régimen para sancionar a los ciberdelincuentes en otros países

Por Brian Monroe
8 de abril de 2015

El gobierno de EEUU lanzó la semana pasada un nuevo programa de sanciones que busca castigar a los grupos de ciberdelincuentes fuera de EEUU que amenazan la economía del país, la seguridad nacional o los objetivos de política exterior, utilizado poderes y herramientas que  normalmente están reservados para atacar a terroristas, narcotraficantes y grupos del crimen organizado.

En la orden ejecutiva, el presidente Barack Obama declaró que esos actos constituyen una “emergencia nacional” y por lo tanto abre la puerta para que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos –la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) administra programas de sanciones de Estados Unidos—congele los activos de las personas y las entidades involucradas y los deje fuera del sistema financiero.

Con esta nueva orden, cuando los hackers atacan EE.UU. tiene el “poder de congelar sus activos, dificultar la posibilidad de hacer negocios con compañías estadounidenses, y limitan su capacidad para sacar provecho de sus fechorías”, dijo Obama a los periodistas.

El programa tiene facetas similares a los programas de sanciones que se han utilizado en contra de regímenes como Irán y Corea del Norte, capos de la droga y grupos del crimen organizado y terroristas y sus presuntos simpatizantes, así también como contra poderosas fuerzas en Rusia y Medio Oriente.

Cualquier designación en virtud de estos nuevos poderes sería esencialmente privar a la persona o entidad de disfrutar de los bienes ilícitos obtenidos en el ataque, al requerir que cualquier bancos de Estados Unidos, o sus sucursales en el extranjero, revisen sus redes de pagos y cuentas en busca de vínculos con estos grupos y, si los encuentran, deben bloquear sus activos y reportar esos hallazgos a la OFAC.

En muchos casos, los bancos extranjeros con grandes operaciones en Estados Unidos también revisarán voluntariamente esos nombres en su lista global de clientes y transacciones.

La medida es muy amplia y cubre cualquier ciberataque que:

  • Dañe o ponga en peligro cualquier servicio o redes informáticas que apoyen lo que el gobierno considera piezas fundamentales de la infraestructura, como los bancos, redes eléctricas e instalaciones militares.
  • Comprometa el suministro de energía o servicios.
  • Provoque una interrupción significativa en la disponibilidad general de una computadora o red de computadoras.

La orden también abarca a cualquier entidad responsable o cómplice que participa en forma directa o indirecta, no solo a los propios atacantes, y se extiende a todas las entidades que obtienen o roban secretos comerciales y que utilizan esas tecnologías robadas para obtener dinero. Esos fondos serán confiscados.

También hay sanciones contra las personas o entidades que tratan de evadir estas órdenes y ayudar a una entidad designada a que participe en cualquier transacción.

Todavía existen dudas por ejemplo en relación a cómo las autoridades encontrarán a hackers escurridizos y anónimos y a las personas o entidades que los financian y si estas designaciones provocarán fricción con China, un importante socio comercial, pero que también podría estar relacionado con ataques a redes o para obtener información o tecnología, dicen los analistas.

La medida no es ninguna sorpresa para los ciberanalistas

Las agencias federales han estado bajo presión para hacer frente a los ataques descarados de hackers contra grandes bancos y empresas en los últimos años, incluyendo el ataque de Corea del Norte contra Sony, en respuesta a una película llamada “The Interview” (La Entrevista) sobre el líder Kim Jong Un.

También los hackers atacaron el año pasado a JPMorgan, Target, Home Depot, Google y Apple entre otras compañías, obteniendo de esta manera información de decenas de millones de clientes.

La decisión del gobierno de EEUU se produce al mismo momento en que funcionarios federales y estatales señalan que existe una necesidad de proteger mejor al país frente a posibles ciberataques.

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYSDFS) anunció recientemente en una carta de orientación para la industria financiera que todos los bancos bajo su jurisdicción serán examinados utilizado nuevas expectativas para los protocolos de seguridad cibernética, gobernabilidad y seguridad de datos virtual de terceros, entre otras cuestiones.

El mes pasado, el Consejo Federal de Examen de las Instituciones Financieras (Financial Institutions Examination Council (FFIEC) de EEUU, el organismo interinstitucional que también publica el manual de examen contra el lavado de dinero (ALD), actualizó sus prioridades en cuanto a la seguridad cibernética para el resto de 2015, con un enfoque en los bancos para que identifiquen mejor el problema usando una nueva herramienta y mejorando la manera de identificar y responder a los incidentes.

El consejo dijo que estaba mejorando y reforzando una amplia franja de las áreas relacionadas con la seguridad cibernética, en particular en los temas de “análisis de incidentes, gestión de crisis, capacitación y el desarrollo de políticas” y estaría apuntando a la preparación en los temas de ciberseguridad de los proveedores de servicios tecnológicos. Los movimientos son informados por una evaluación piloto de la seguridad cibernética de FFIEC de más de 500 bancos del año pasado.

En enero de este año el gobierno de Estados Unidos realizó la primera cumbre nacional sobre seguridad cibernética, donde el presidente Obama instó al sector privado a compartir con mayor fluidez y rapidez información sobre filtraciones, violaciones y hackeos con los investigadores y presentó algunos de los planes a largo plazo para proteger mejor a los sistemas de gobierno y la inteligencia de las incursiones ilícitas.

Como parte de estos esfuerzos los bancos tendrán que nombrar a una persona de contacto, lo más probable es que sea alguien en el área de cumplimiento de los delitos financieros, para educar y capacitar a los empleados y gerentes sobre señales de alerta de una filtración, para que puedan pasar con mayor rapidez esta información al equipo de tecnología de la información y bloquear cuentas contaminados.

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El GAFI busca actualizar el escenario de los riesgos que presentan las Organizaciones Sin Fines de Lucro

Las organizaciones terroristas y las organizaciones sin fines de lucro tienen objetivos muy diferentes, pero a menudo se basan en las capacidades logísticas similares: fondos, material, personal y la influencia pública son recursos clave para las organizaciones sin fines de lucro (ONG o NPO por sus siglas en inglés). Las organizaciones terroristas buscan los mismos recursos para promover su causa, lo que hace que las ONG se puedan volver vulnerables al abuso de terroristas.

La Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional requiere que los países revisen sus marcos legales para asegurar que estas organizaciones de caridad no sean utilizadas como instrumentos para financiar actividades terroristas.

El GAFI llevó a cabo recientemente en Bruselas una reunión con el sector de las organizaciones sin fines de lucro con el objetivo de ajustar las mejores prácticas que los diferentes gobiernos y organizaciones pueden implementar para proteger al sector de los abusos de personas y grupos criminales que las utilizan para financiar actos terroristas y también conversar en torno al tema del acceso de las ONG a los servicios financieros.

La reunión estuvo dirigida por el presidente del GAFI, Roger Wilkins, y participaron representantes de 28 delegaciones de jurisdicciones miembros y observadores, 21 organizaciones sin fines de lucro y dos instituciones financieras.

De acuerdo con el propio GAFI en la reunión se puedo explorar en mayor profundidad una serie de temas y asuntos vinculados con el estatus de las ONG y se intercambiaron ideas y experiencias sobre cómo enfrentar los principales riesgos y peligros que presenta el sector.

Uno de los temas que se exploró, debido a la enorme diversidad y características de las organizaciones sin ánimo de lucro y los diversos ambientes donde operan, es la necesidad de evitar un enfoque único que incluya y tome a todas las organizaciones por igual.  También es fundamental que los países realicen una evaluación de riesgo a nivel nacional y local de estas entidades para que tengan una idea más clara de cuáles organizaciones en cada país pueden estar enfrentando peligros de ser utilizadas para financiar actos terroristas.

En la reunión se exploraron cuáles son las principales vulnerabilidades que enfrenta el sector, incluyendo recientes conclusiones de un informe de tipologías del GAFI que confirma que no todas las organizaciones sin fines de lucro enfrentan grandes riesgos de ser abusadas para la financiación de actividades terroristas.

El informe destaca que las ONG corren el peligro de ser abusadas por terroristas en diferentes niveles e instancias: desde la apropiación indebida de la recaudación de fondos en la calle hasta la infiltración de organizaciones terroristas en los programa para promover su ideología.

Destaca el GAFI en su informe que existen otros factores que vuelven a las ONG muy atractivas para las organizaciones terroristas, algunos de los cuales son:

  • La globalización, que cambió la forma en la que las ONG funcionan y que las llevan a áreas donde operan redes terroristas. Esto ha creado redes financieras y de logística o transporte que son funcionales a las organizaciones terroristas.
  • La enorme fuerza laboral transitoria con la que cuentan las ONG, y el hecho de que una importante parte de ésta esté compuesta por voluntarios. Los antecedentes de los empleados y voluntarios por lo general no son revisados en forma exhaustiva. Las entidades sin fines de lucro también tienen dificultadas para atraer y retener personal que cuente con experiencia técnica en evaluación de riesgo, cumplimiento y asuntos legales.
  • Las ONG por lo general no reciben el escrutinio riguroso al que sí se ven sometidos otros sectores debido a la alta confianza que por lo general se tiene de la función social y del buen trabajo hecho por las ONG. Las redes terroristas abusan de esta confianza y se aprovechan de las actividades legales de ONG desinformadas de la situación, o imitan o crean entidades legítimas.

Entre algunos de las conclusiones que se desprenden del informe sobre tipologías se encuentra que las ONG pueden tener más de una vulnerabilidad y que los terroristas buscarán explotar más de una debilidad. En los casos analizados el desvío de los fondos de las ONG por parte de entidades terroristas fue el principal método de abuso, sin embargo otros abusos no financieros también aparecían en forma regular como por ejemplo utilizar la organización para reclutar adeptos.

Las ONG de mayor riesgo son aquellas que participan en actividades de “servicio”, y que funcionan en las proximidades de una amenaza terrorista. Esto puede referirse a una ONG que opera en una zona de conflicto donde existen amenazas activas de terrorismo u ONG que operan en zonas donde la población es blanco de grupos terroristas, en ambos casos la variable clave de riesgo no es geográfico, sino de proximidad con una amenaza activa.

Otra conclusión importante del informe fue que para frenar el mal uso de estas organizaciones, o mitigar un riesgo sustancial, se utilizaron diferentes medidas incluyendo la acusación penal, pero que las medidas de cumplimiento, las sanciones pecuniarias y otras sanciones financieras jugaron un importante papel para interrumpir el abuso

En la reunión del GAFI también se exploraron las actuales iniciativas del sector para mitigar los riesgos de financiación del terrorismo, incluyendo medidas que están implementando organizaciones en zonas de conflicto y ejemplos de mejores prácticas para mantener un buen gobierno, transparencia e integridad del sector. La implementación errónea o la mala interpretación de los estándares del GAFI pueden impactar negativamente en las actividades de legítimas organizaciones de caridad.

El nuevo informe sobre mejores prácticas para combatir el abuso de organizaciones sin fines de lucro, que se estima estará listo en junio, llevará a un mejor entendimiento por parte de países, ONGs, instituciones financieras y donantes sobre cómo proteger a estas organizaciones de ser infiltradas o abusadas por terroristas, de acuerdo con los estándares del GAFI y un enfoque basado en el riesgo.

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Tendencias en Delitos Financieros: Inminentes nuevos sujetos obligados en Panamá, repercusiones de las sanciones de EE.UU. a funcionarios de Venezuela, y más

Por el Equipo de ACFCS
13 de marzo de 2015

Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre además el hecho de que la UIF de Argentina actualiza los montos a partir de los cuales los escribanos deben requerir documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos, la Fiscalía General de Jalisco en México señala que en los últimos tres años las denuncias por diversos delitos en los que se utilizaron páginas electrónicas aumentaron ocho veces, ¿Vicente Fernández bajo la lupa de la DEA?, y más…

Lavado de Dinero

El gobierno de Panamá impulsará un proyecto de ley contra el lavado de dinero que incluirá como “sujetos obligados” a sectores no financieros, como empresas de transporte de valores, juegos de azar, zonas francas, empresas dedicadas a la compra de automóviles nuevos y usados, empresas de bienes raíces y Lotería Nacional de Beneficencia. Igualmente lo deberán hacer las fundaciones, financieras, empresas de arrendamiento financiero o “leasing”; empresas de “factoring”, remesas de dinero, organización de sistemas de apuestas, casas de empeño, constructoras, compañías de servicios de encomiendas internacionales, casas de cambio, Correos y Telégrafos Nacionales, asociaciones de ahorros y préstamos; abogados, contadores públicos autorizados, auditores externos y notarios. El proyecto de ley fue aprobado esta semana por el Consejo de Gabinete denominado “contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”. Se informó que en los próximos días, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará este proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Según reza el comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado, “este anteproyecto es el resultado de un diálogo entre el sector público y el privado que se viene realizando desde el último trimestre del año 2014 y que forma parte de la iniciativa ‘Panamá Unido contra el Blanqueo de Capitales’, cuyo fin es conseguir que el país sea excluido de la llamada lista gris del GAFI. (Con información de Crítica)

La gira del cantante mexicano Vicente Fernández está bajo la lupa de la agencia estadounidense antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), ya que investiga si ésta sirvió para lavar dinero del narcotráfico, especialmente del cártel de Los Valencia, en Michoacán. Medios internacionales señalan que la DEA cree que los organizadores de los conciertos del intérprete estaban vinculados con el narcotráfico, al menos esa es la pista que investigan en Estados Unidos, ya que el cártel podría haber contactado con los empresarios dedicados a montar eventos de tal magnitud. El dinero pudo haber sido lavado en supuestos pagos ficticios durante la gira de despedida de El Charro de Huentitán en 2013, según el diario El País, por lo que autoridades españolas también están investigando ya que hubo un supuesto lavado de dinero de US$6.8 millones. De acuerdo al periódico El Mundo, entre los empresarios figura el nombre de Andrés Barco, quien presuntamente era el que lavaba dinero por medio de pagos ficticios en la gira, aparentemente los participantes no tenían por qué saber nada, pero los empresarios sí podrían haber colaborado, según sospecha la DEA. Algunos representantes del cantante han señalado que este problema lo tenían desde 2012, pero que el intérprete terminó su gira por respeto al público. (Con información de Televisa)

La UIF de Argentina elevó los montos a partir de los cuales los escribanos deben requerir documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos, a fin de “incrementar la eficacia del sistema preventivo contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Tal documentación se demandará cuando las transacciones superen los 2,2 millones de pesos (aprox. US$220.000). El organismo antilavado justificó la modificación con el objetivo de “concentrar aún más los esfuerzos en aquellos supuestos en los que existe mayor riesgo de comisión de los citados delitos y en aquellos clientes cuyas actividades denoten un mayor volumen económico relativo”. Se podrá exigir documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos o que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores, por importes suficientes; o bien, cualquier otra documentación que respalde la tenencia de fondos suficientes para realizar la operación. Los requisitos de identificación resultarán asimismo de aplicación cuando, a juicio del escribano, se realicen operaciones vinculadas entre sí que individualmente no hayan alcanzado el nivel mínimo establecido, pero que en su conjunto alcancen o excedan dichos importes. (Con información de El Cronista)

Un banco de California acordó esta semana pagar casi US$ 5 millones y admitió haber incumplido la ley para desestimar acusaciones de que había violado las normas contra el lavado de dinero y otras leyes por no haber identificado y reportado actividades sospechosas por parte un procesador de pago que retiró indebidamente millones de dólares de cuentas en otros bancos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos alcanzó el acuerdo con CommerceWest Bank of California como parte de un acuerdo de enjuiciamiento diferido que requiere que la institución acepte un cargo criminal por “no presentar” un informe de actividades sospechosas. Los fiscales federales en documentos de la corte afirmaron que el banco ignoró las señales de alerta, incluyendo cartas y llamadas de varios bancos en 2012 y 2013, quejándose de retiros fraudulentos de cuentas de los clientes por parte del procesador de pago, V Internet Corp LLC. A pesar de estas protestas, el banco no investigó con más detenimiento la cuenta, no la cerró ni presentó un informe de actividades sospechosas (Con información de Wall Street Journal).

Ciberdelito

La Fiscalía General de Jalisco en México señala que en los últimos tres años las denuncias por diversos delitos en los que se utilizaron páginas electrónicas aumentaron ocho veces. Esto se demuestra en las 48 averiguaciones previas iniciadas en 2012, las 205 presentadas en 2013 y las 370 acumuladas en 2014. El fraude es el delito con mayor incidencia: en 2014 acumuló 302 averiguaciones previas iniciadas. Le sigue la amenaza (54), ultrajes a la moral (4), suplantación de identidad (3), extorsión (3), corrupción de menores (2) y abuso sexual (2). “Muy poca gente ha sido sancionada, nos falta mucho por hacer ante un tipo de delincuencia que ha ganado muchísimo terreno”, reconoce Alejandro Téllez Valdés, investigador de la UNAM, “los delincuentes han optado por esta modalidad, que se caracteriza por ser sumamente lucrativa, casi nunca deja huella y, por lo tanto, el factor de impunidad es muy acentuado. Es el crimen perfecto”. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM calcula que 45 millones de mexicanos han sido víctimas de algún tipo de ciberataque. (Con información de Informador)

Corrupción

Un ex gerente de Petrobras dijo en una audiencia esta semana que acumuló casi US$100 millones en sobornos como parte de una presunta red de corrupción en la empresa y que el partido de gobierno habría recibido hasta el doble de esa cifra. Pedro Barusco, ex gerente en la unidad de ingeniería y servicios, dijo que empezó a recibir sobornos “en 1997, 1998”, pero que la práctica se volvió más generalizada e “institucionalizada” en 2003 o 2004. El ex ejecutivo ya había hecho las revelaciones el año pasado en un acuerdo con los fiscales que investigan un creciente escándalo de corrupción en Petrobras. Pero la audiencia del martes fue la primera vez que lo confesó de forma pública. Barusco les dijo a los legisladores que se reunía con João Vaccari Netto, tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), en hoteles o restaurantes de lujo para hablar del esquema y de cuánto compartirían de los sobornos. Los pagos ilegales provenían de las mayores empresas de construcción del país, agregó Barusco. “Eso me lleva a estimar que entre US$150 millones y US$200 millones fueron al PT”, dijo Barusco. Vaccari del PT y el partido han negado previamente cualquier comportamiento ilegal. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de Brasil autorizó que el tesorero sea investigado en conexión con la presunta red de corrupción. La audiencia de esta semana marcó la apertura de la investigación del congreso sobre las presuntas ilegalidades en Petrobras, la segunda pesquisa de ese tipo en dos años. (Con información de The Wall Street Journal)

Fraude

La Agencia Tributaria de España ha publicado este miércoles las prioridades de sus actuaciones para combatir el fraude fiscal durante 2015. Las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2015 busca combatir el fraude fiscal en distintas áreas entre las que se incluyen: 1. La economía sumergida, 2. Investigación de patrimonios en el exterior, 3. Planificación fiscal internacional, 4. Economía digital y redes sociales, 5. Prestación de servicios de alto valor, 6. Fraude organizado en tramas de IVA, 7. Control sobre operaciones, regímenes jurídico-tributarios, obligados tributarios y sectores de actividad específica, 8. Control de productos objeto de Impuestos Especiales, 9. Control de los impuestos medioambientales, 10. Control aduanero, y 11. Prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales. (Con información de El País)

Sanciones

La tensión entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos se incrementó esta semana luego de que el presidente estadounidense, Barack Obama, firmara una orden ejecutiva que trajo como consecuencia la aplicación de sanciones a siete funcionarios del gobierno venezolano. El presidente Obama firmó una orden ejecutiva para aplicar sanciones a funcionarios venezolanos involucrados en violaciones a los derechos humanos, la libertad de expresión y corrupción. El mandatario tomó la decisión en base a los poderes que le otorga el  Acta para la defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela y otros instrumentos legales de EE.UU. Se sanciona a los funcionarios de dos formas: impidiéndoles la entrada a Estados Unidos, de esto se encarga el Departamento de Estado a través de la restricción en las visas, y con sanciones económicas a cargo del Departamento del Tesoro. Las sanciones económicas tienen a su vez dos implicaciones: la congelación de bienes en EEUU y la imposibilidad para negociar con personas y empresas estadounidenses. (Con información de El Universal).

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Panamá: Nuevo régimen para la prevención del lavado de dinero, nuevas obligaciones y puntos clave

En el marco de los esfuerzos del país centroamericano por salir de la lista gris en el Grupo de Acción Financiera Internacional y eliminar la amenaza que esta situación podría significar para el desarrollo de su economía, el Congreso panameño acaba de recibir un proyecto de ley que reforma el régimen para la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo que sin lugar a duda será una bisagra en los esfuerzos del país en la lucha contra el lavado y que de alguna manera terminara afectando a todos los existentes sujetos obligados a contar con obligaciones antilavado mas los nuevos actores que se verán forzados por esta nueva iniciativa, como por ejemplo las concesionarias de automóviles, compañías de juegos de azar, empresas en zonas francas, etc. Panamá busca evitar problemas como por ejemplo que existan industrias que no puedan realizar pagos a otros países por cierres de las cuentas corresponsales de las instituciones financieras de Panamá con sus pares en el extranjero por ser consideradas de alto riesgo.

Escuche en este webinario lo que este proyecto significa para todo el universo de entidades que se verán obligadas a cumplir con estrictos controles —entre los que se estudia incluir a contadores y abogados, conocidos como gatekeepers en la jerga ALD— y como lo puede afectar a usted y su organización, cuales son las principales novedades, los puntos clave de este esfuerzo panameño para dejar de figura como país de alto riesgo de lavado de dinero.

Orador

Matias Mora SimoesMatías Mora

Senior Managing Director

FTI Consulting Forensic and Litigation Consulting

Panamá

Matías es director gerente de la práctica de Consultoría Forense y de Litigio para FTI Consulting y es el líder de las oficinas de FTI en Panamá y México. Desde Panamá lidera las prácticas para la región de Centroamérica. Durante mas de 14 años ha proporcionado una gran variedad de servicios de investigación y de inteligencia, incluidas investigaciones internas, fraudes financieros, servicios de debida diligencia, fusiones y adquisiciones, auditorías en relación con la ley FCPA, implementación de la ley Sarbanes-Oxley y la revisión y ejecución de programas integrales de prevención del lavado de dinero. Matías es el líder de la consultoría financiera y de litigios y las prácticas de prevención de lavado de dinero para América Latina. Su amplia experiencia incluye haber participado en importantes proyectos en América Latina, Europa y Estados Unidos.

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Panamá, un importante centro financiero que busca cambiar su imagen de secretismo sin perder negocios

Por Daniela Guzman
5 de Marzo de  2015

Con una silueta de edificios que recuerda a Dubai en Medio Oriente, la ciudad de Panamá se ha convertido en un lugar de privilegio en Latinoamérica para los servicios financieros y el comercio internacional.

Panamá se ha convertido en un centro mundial de negocios en el siglo que transcurrió desde que su canal se convirtió en un conducto esencial para el comercio marítimo internacional, principalmente debido a la fortaleza de sus prácticas para la creación de compañías y ambiente para los negocios.

Sin embargo, los esfuerzos por seguir incrementando los negocios en Panamá chocan con una tendencia internacional por erradicar la opacidad corporativa.

Panamá se encuentra en una lista de jurisdicciones con debilidades en los esfuerzos para combatir el delito financiero, aunque en un claro camino de mejora. El marco legal del país permite a los abogados crear empresas donde los beneficiarios finales se esconden detrás de testaferros y personas autorizadas, un escenario que es caldo de cultivo para el lavado de dinero, dijo David Dorr, administrador de activos para Dorr Asset Management, Ltd., con sede en las Islas Caimán. Una práctica que no es exclusiva del país centroamericano y que es aceptable en un gran número de jurisdicciones internacionales que buscan ofrecer un ambiente atractivo de seguridad y confiabilidad a los capitales de países o regiones inseguras o inestables.

Según Dorr, el problema aparece cuando no se realiza la debida diligencia adecuada, cuando se está listo para vender las compañías a cualquiera.

En su empresa, si un cliente no quiere dar información sobre su negocio, “no lo aceptamos”, mientras que otras compañías atienden a ese grupo de clientes preguntando sólo la información mínima.

Una economía dolarizada y políticas de secreto financiero estimuladas por contrapartes bancarios en EE.UU. han hecho de Panamá un terreno fértil para las empresas extranjeras; aunque algunas expresiones indican que no toda esa afluencia de capitales es limpia.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los activos consolidados de los bancos panameños son más de tres veces el producto interno bruto del país.

Las leyes fiscales del país y las disposiciones sobre el secreto también han creado un paraíso fiscal para las entidades legítimas que buscaban privacidad y una estructuración de patrimonio flexibles por razones por razones legales. Sin embargo, la historia del país cuenta con casos infames donde esta opacidad financiera ha ayudado a los criminales.

Con los ojos puestos sobre Panamá

Grupos internacionales de control están observando con sumo cuidado lo que Panamá dice estar haciendo para ser menos atractivo para los criminales, qué progresos se han concretado y qué principios fundamentales faltan.

Al término de la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la semana pasada, el grupo, que establece los estándares para combatir el lavado de dinero, señaló que Panamá tiene deficiencias estratégicas ALD y que tiene un plan para corregir los problemas, pero debe tomar medidas adicionales en muchas de las áreas fundamentales de la delincuencia financiera.

La clasificación en lo que muchos señalan como la lista gris del GAFI es una de las más leves, aunque Panamá se ubica junto a algunas jurisdicciones que están más en riesgo de delitos financieros y financiación del terrorismo, como Afganistán, Irak, Sudán, Siria y Yemen.

El GAFI resaltó la iniciativa de Panamá para tomar ciertos pasos desde octubre para combatir el crimen financiero, incluyendo la publicación de más orientación sobre la preparación de reportes de operaciones sospechosas, el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera y medidas contra las acciones al portador.

Sin embargo, el GAFI señaló que Panamá aún debe actualizar la legislación para penalizar adecuadamente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y el consecuente decomiso de activos relacionados, establecer protocolos de debida diligencia del cliente para mejorar la transparencia y exigir a las instituciones financieras que presenten  informes de transacciones sospechosas.

El Fondo Monetario Internacional está preparando la próxima evaluación mutua del país que podría ser en el segundo trimestre del próximo año.

Mejoras ALD, pero el sector de formación de compañías está rezagado

En la década de 1980, Panamá parecía ser un destino elegido por los carteles de la droga y otros delincuentes, que parecían operar con impunidad, utilizando empresas fantasmas en el país para mover fondos ilícitos a nivel internacional.

Con una supervisión interna laxa y un mantra más orientado a potenciar los negocias que a poner fin a actores ilícitos, las empresas fantasmas parecían invisibles, frustrando los esfuerzos de investigadores extranjeros para descubrir los profesionales en Panamá que manejaban la situación.

En la última década, el gobierno panameño, con el fin de limpiar su nombre y promover la transparencia, ha incrementado la cooperación judicial con las jurisdicciones extranjeras en  la materia de lavado de dinero y casos de financiación del terrorismo.

La unidad de inteligencia financiera ha tomado medidas enérgicas contra el lavado, junto con una ley antilavado de dinero que exige a las instituciones financieras identificar adecuadamente a sus clientes.

Sin embargo, todavía hay espacios bastante oscuros, incluyendo las reglas especiales que permiten a agentes no financieros registrar compañías y otras entidades jurídicas, una dinámica que los extranjeros dicen constituye un vacío importante. Uno que hace vulnerable, y atractiva, a Panamá para ciertos delincuentes financieros, en especial en la esfera del lavado de dinero.

Casos con carteles de lavadores de dinero en Panamá demuestran vulnerabilidades

En 2011, el líder de una organización de narcotráfico y de lavado de dinero con sede en Panamá y operaciones en Colombia y México fue detenido y extraditado a EE.UU.

Jorge Fadlallah Cheaitelly, un ciudadano de Colombia, creó compañías fantasmas panameñas, compañías de importación y exportación, organizaciones sin fines de lucro, y restaurantes entre otras iniciativas para lavar el producto de la venta de drogas.

Un abogado panameño, Jorge Plata McNulty, hizo las veces de agente residente para crear las empresas, y controlaba a diez de esas entidades.

Una de las empresas de Cheaitelly incluso fue vinculada con la financiación del grupo libanés Hezbolá, lo que demuestra el alcance global de las operaciones de Cheaitelly, con sede en Panamá.

Marco legal de Panamá

En 2010, la OCDE estimó que Panamá albergaba más de 400.000 empresas y fundaciones privadas. Más de 100.000 empresas han sido añadidas al Registro Público de Panamá en los últimos tres años. De acuerdo con los registros de 2015 del Registro Público, había 2.562 sociedades anónimas registradas y 1.357 sociedades anónimas disueltas.

Es importante resaltar que el marco legal de Panamá es fundamentalmente un imán para negocios limpios de todas partes del mundo.

Panamá se ha convertido en un centro importante para las sociedades offshore junto con otras jurisdicciones como las Islas Caimán, las Islas Seychelles y Suiza.

En Panamá, los tenedores de activos pueden elegir entre una variedad de entidades o instrumentos disponibles para ser usados en negocios y la administración de patrimonios, incluyendo corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada, fundaciones de interés privado y fideicomisos legales.

La fundación de interés privado es un vehículo corporativo importante que fue influenciado por Lichtenstein. Las fundaciones están diseñadas para proveer anonimato, en forma similar a los fideicomisos, que se establecen a través de la ley común. Las leyes para los fideicomisos y fundaciones no señalan qué registros deben mantenerse.

El proceso para crear una empresa extranjera, por lo general una sociedad anónima en Panamá implica la obtención de una escritura en Panamá, que es facilitado por un “agente residente” o un abogado panameño que coloca a la compañía, fideicomiso o fundación bajo su propio nombre en una escritura pública.

Algunos tipos de empresas que realizan actividades reguladas como la banca y los seguros están obligados por ley a revelar información sobre los beneficiarios finales a las autoridades.

Aunque existen normas éticas establecidas para los abogados en relación con la debida diligencia del cliente y las reglas para conocer al cliente, no está claro qué información debe mantenerse bajo estas reglas, y en pocos casos se han aplicado sanciones.

El abogado que ayuda a un cliente a crear una entidad anónima está obligado a mantener la confidencialidad en relación con los dueños de las compañías, fundaciones y fideicomisos.

La ley contra el lavado de dinero, promulgada en el año 2000, exige a las entidades financieras en Panamá “identificar adecuadamente a su cliente”, aunque esto significa que un banco que identifica al agente residente de una sociedad ha encontrado el dueño “legal” y no tiene ir más allá para determinar quién es el beneficiario final. Que es una práctica que no difiere mucho del comportamiento internacional con respecto a la identificación del beneficiario final, aunque la tendencia está cambiando.

A menos que las autoridades fiscales auditen una corporación, que sólo se puede hacer si los ingresos de la empresa se originan en Panamá debido al principio fiscal territorial, no hay supervisión para asegurar que los registros estén actualizados.

En 2010, la OCDE llevó a cabo una revisión de pares del marco legal y regulatorio de Panamá, como parte del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de información con Fines Fiscales.

El informe resalta los problemas en relación con la disponibilidad de información sobre la propiedad real, información contable, incertidumbres relacionadas con los poderes de las autoridades panameñas para obtener información con fines de intercambio, y la disponibilidad de sanciones por la falta para mantener o producir información con fines de intercambio.

¿Por qué crear una entidad legal panameña?

Una entidad anónima permite a los propietarios de la empresa mantener y mover dinero bajo una razón social que proporciona capas esenciales para la protección de activos, planificación personal y familiar de activos, la planificación fiscal internacional y la realización de las transacciones internacionales.

Debido a que los criminales, o secuestradores, buscarán cualquiera con dinero, hay una enorme necesidad legítima de contar con entidades jurídicas alternativas que provean estructura y privacidad, señala Dorr.

“La privacidad es un derecho legítimo, y está cada vez más pisoteada en estos días”, agregó

Dorr señala que las leyes de herencia en América Latina, demandas de los empleados, y los motivos de seguridad son algunas de las razones por las cuales clientes ricos van a jurisdicciones que ofrecen las entidades jurídicas alternativas para mantener su dinero.

Para las familias acomodadas, las empresas que ofrecen privacidad son cruciales, Dorr explica.

“En México o Brasil, un cliente acaudalado quiere contratar una prima de seguro de vida en dólares, pero tienen miedo de que el negocio por un monto importante alerte a la gente equivocada. Ellos no quieren poner su familia en riesgo, por lo que es una razón muy real”.

Sin embargo, hay sistemas que son abusados

Una firma, Mossack Fonseca, operó como agente residente para empresas como Drex Technologies, SA, propiedad de un hombre de negocios sirio que era ampliamente sospechado de guardar dinero para el presidente Bashar al Assad.

Crear una compañía en Panamá

Quijano & Associates, una firma de abogados situado en la misma manzana que Mossack Fonseca, fue establecida en 1959 y cuenta con oficinas adicionales en el Reino Unido, Belice, las Seychelles y las Islas Vírgenes.

Julio Qujano, el abogado líder, explica lo que su firma requiere de los clientes cuando buscan crear una compañía en Panamá.

“Antes de crear una entidad anónima o una fundación u otra entidad legal, realizamos un estricto proceso de debida diligencia”, dijo Quijano.

“Eso incluye una referencia de un banco, una copia de una factura de servicios públicos en el país de la parte interesada, una copia de todas las páginas del pasaporte de la persona, y las referencias comerciales de una entidad respetable, entre otros documentos,” dijo.

Aunque algunos agentes residentes pueden optar por realizar este nivel de diligencia debida, las instituciones financieras son ampliamente consideradas como las últimas responsables de la prevención y detección de lavado de dinero.

En mayo de 2014, Panamá fue añadida a la lista de jurisdicciones que han llegado a un acuerdo en esencia (in substance) para el acuerdo intergubernamental (IGA) con EE.UU. bajo la Ley Foreign Account Tax Compliance, lo que significa que, llegado el momento, las instituciones financieras panameñas tendría que informar sobre las cuentas de ciudadanos estadounidenses.

Además, Panamá cuenta con tratados de asistencia legal mutua con una serie de países para combatir el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas y otros delitos graves.

Si bien Panamá ha dado pasos para permitir el intercambio de información en los últimos años, la revisión de pares considera esencial que se tomen medidas adicionales para garantizar que la información sea pertinente y accesible a las autoridades correspondientes.

isis

EL GAFI urge a la comunidad internacional para que imponga más presión para acabar con el Estado Islámico

Por Brian Monroe
5 de marzo de 2015

El eje del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional giró en torno a la problemática del financiamiento del terrorismo, un dato significativo que se relaciona directamente al atentado cometido en París, cuando personas armadas ingresaron a las instalaciones del semanario francés Charlie Hebdo, dejando un saldo de 11 muertos y varios heridos.

La agenda quedó marcada desde el inicio del plenario cuando el ministro francés de Hacienda y Cuentas Públicas -Michel Sapin- felicitó al GAFI por su rol en la lucha contra el terrorismo, instando a sus miembros a continuar con su labor para interrumpir las técnicas de financiación del terrorismo “más complejas y opacas”. Asimismo se hizo hincapié en el llamado de los ministros de Finanzas del G20 al GAFI para intensificar la lucha contra este fenómeno.

El GAFI pide a sus miembros y a los y grupos regionales afines que apuntalen sus leyes contra el terrorismo con la intención de identificar y confiscar mejor los activos relacionados con grupos terroristas en particular con el Estado Islámico, un esfuerzo que podría ser vital para derribar los pilares que lo sustenta.

Las recomendaciones se presentaron en un informe de casi 50 páginas publicado la semana pasada por el GAFI que detalla las extensas redes de apoyo del Estado islámico y qué posibles acciones podrían tomarse para desmantelarlo.

Los detalles, casos de estudio y análisis en el informe ayudarán a los investigadores, personal de cumplimiento y reguladores hacer una conexión con seguidores directos e indirectos del EI, aunque el GAFI enfrentará la resistencia de algunos países que se mostrarán irritados de que se les diga que pueden llegar a estar infiltrados por terroristas y que, en principio, no quieren verse alineados con el mundo occidental.

El GAFI decidió emitir el informe para ayudar a los investigadores y las jurisdicciones a erradicar el Estado Islámico, un grupo bien financiado y extremadamente violento que se ha apropiado de amplias zonas en Irak y Siria y ha asesinado a cientos de soldados y civiles, y en muchos casos ha subido las brutales ejecuciones a Internet.

Las recomendaciones podrían ayudar a mejorar el descubrimiento de activos de EI, pero el GAFI no tiene manera de obligar a los países a mejorar las defensas contra el terrorismo y sancionar a los países o regiones que no se suman a la iniciativa, dijo Marilyn Bruno, ex funcionaria del Departamento de Estado de EE.UU. responsable del desarrollo e implementación de programas contra delitos financieros.

“El GAFI no tiene fuerza para imponer sanciones formales”, tales como la designación de una persona o entidad, sino que debe confiar en los miembros y países alineados para que mejoren sus defensas y estrategias así existe una respuesta más global para perseguir a cualquier persona involucrada en actos terroristas del EI.

Pero para realmente “ir detrás de las redes internacionales de ayudar a ISIS, debe tener un buy-in internacional”, dijo Bruno. “De lo contrario, no funcionan. Eso es difícil porque hay una gran cantidad de escepticismo entre el resto del mundo acerca de organizaciones como el GAFI e incluso las Naciones Unidas y su sistema de designación”.

Pero para realmente “ir detrás de las redes internacionales que ayudan al EI, se debe contar con un compromiso internacional”, dijo Bruno. “De lo contrario, no funciona. Eso es difícil porque hay mucho escepticismo en el resto del mundo acerca de organizaciones como el GAFI e incluso las Naciones Unidas y su sistema de designación”.

El informe señala que la financiación del EI proviene de innumerables fuentes, incluyendo el producto de robos del territorio que ocupan.

El informe pone de relieve la extorsión y el robo a la población y a negocios, el saqueo de bancos, la extorsión y el tráfico de seres humanos, el control de las industrias del petróleo, la energía y extractivas, extorsión en la agricultura, la creación de impuestos ilegales y los aranceles sobre las mercancías que salen de los territorios ocupados, donaciones a organizaciones sin fines de lucro y el soborno de investigadores del gobierno.

Además, algunas de las tácticas de financiación empleados por el EI “no han sido evaluadas por el GAFI,” tales como el pedido de sobornos por mercancías en regiones controladas, el movimiento de dinero en efectivo en grandes cantidades desde las regiones controladas por EI a jurisdicciones cercanas para introducirlo en el sistema financiero internacional o para que sea enviado a seguidores y que apoyen el financiamiento de estrategias en el exterior.

El GAFI también se muestra preocupado sobre cómo los fondos se están moviendo a través de los sistemas no bancarios, como los transmisores de dinero, casas de cambio y hawala, y cómo ciertas empresas también podrían estar actuando como pantallas para el EI o simplemente ayudar al grupo a lavar dinero.

Incluso con tantos afluentes de financiación, las “redes financieras, logísticas y de abastecimiento son vulnerables”, dijo el GAFI en el informe, añadiendo que el enfoque de los grupos de investigación a nivel mundial debe estar apuntado a los partidarios, seguidores indirectos, sobre todo en los sectores del petróleo, tales como los intermediarios, compradores, transportistas y comerciantes.

El informe presenta “muy buenos ejemplos y casos de estudio que proveen una visión muy clara de la naturaleza del problema, un problema que es realmente difícil y desafiante”, dijo Peter Margulies, profesor de derecho en la Universidad Roger Williams, que estudia actos terroristas.

La sensación entre los analistas, investigadores del gobierno y una cuestión que se repite en el informe es que para cortar las cadenas financieras del EI, la estrategia tiene que ser coordinada y debe provenir de muchos frentes, dijo, incluyendo las operaciones militares para expulsarlos físicamente y tambien incluir medidas más agresivas por parte de los investigadores y los oficiales de cumplimiento para identificar las finanzas relacionadas con el grupo.

El informe cuenta con casos de estudio, que muestran que los bancos todavía son parte del ciclo de financiamiento del EI

En un ejemplo, que se basa en “información financiera confidencial,” partidarios de EI utilizaron una tarjeta de una cuenta bancaria en Estados Unidos para retirar fondos de los cajeros automáticos “cerca de donde EI opera,” una señal de alerta para profesionales en el área de cumplimiento.

El informe señaló que todavía hay conexiones entre ciertos bancos en Irak y Siria con instituciones que tienen acceso al sistema financiero internacional, aunque muchas de las conexiones directas más evidentes han sido cortadas.

En una situación más riesgosa se encuentran los remitentes de dinero y las casas de cambio, que en algunos casos están actuando de una manera similar a hawaladars, participando en transferencias a otros países, pero solo en papel, y haciendo la efectiva cancelación de fondos en una fecha posterior para ofuscar la pista financiera, según el informe.

Por ejemplo, es “esclarecedor” ver cómo el informe detalla cuánto apoyo proviene de lugares que no tienen señales de alerta formales asociadas, tales como las redes sociales, la financiación a través de Internet y multitud de portales de financiación y a través de la enorme variedad de posibilidades con la combinación de estas avenidas, tales como organizaciones de caridad en línea y extranjeras, señala Margulies.

El informe también “pone más presión sobre las instituciones financieras para que muestren que están realizando una debida diligencia reforzada” en torno a las entidades y operaciones ilustradas en el informe.

Además, al adoptar un enfoque más proactivo, algunos bancos de Estados Unidos e internacionales pueden optar por realizar investigaciones más profundas de sus corresponsales en la región para determinar si también han leído el informe y están poniendo en práctica las recomendaciones, dijo Margulies.

El GAFI también probable esté considerando qué presión puede imponer a través de asociaciones, principalmente con las jurisdicciones miembro, a pesar de que no puede imponer sanciones monetarias o designar individuos.

Para complicar el proceso para que el GAFI presione a los países para que designen con más libertada a individuos y organizaciones es que existen diferentes definiciones de lo que se considera un grupo terrorista. Por ejemplo algunos países señalan que Hamas y Hezbolá son grupos terroristas, pero otros afirman que son solo partidos políticos.

Pero en el caso de EI, incluso los países con puntos de vista muy conservadoras del Islam han declarado que el grupo es terrorista. El GAFI señala que la mejor manera para recortar el apoyo a EI es “reduciendo el territorio que el grupo tenga para operar”, señala Bruno.

“La principal fuente de financiación proviene de los saqueos de los bandos y negocios en las regiones que controla y la imposición de obligaciones tributarias para la población. Reducir el área es una buena idea, pero esa es una operación militar, no es algo que el GAFI pueda hacer”.