El esfuerzo mundial por mayor información sobre el beneficiario final enfrenta resistencia política y limitados recursos
[private]Por Brian Monroe
3 de diciembre de 2014
Este artículo es el primero de una serie de cuatro para analizar los retos, riesgos y temas relacionados con la propiedad efectiva o la figura del beneficiario final. Examinamos el esfuerzo mundial para traer transparencia a las entidades jurídicas anónimas y las jurisdicciones de alto secretismo. Futuros artículos se centrarán en la evolución de la normativa en EEUU y la UE, y las iniciativas del sector privado relacionadas con la identificación de los beneficiarios finales.
Hay una razón por la que muchos países, desde las grandes economías con sólidas defensas contra el lavado de dinero hasta pequeñas naciones en vías de desarrollo que todavía enfrentan enormes desafíos para combatir los delitos financieros, siguen luchando para crear una solución factible para la captura de los datos correctos sobre los beneficiarios finales.
Esto se debe a que resolver el enorme desafío de recopilar, verificar y compartir información sobre el beneficiario final de las personas jurídicas ha demostrado ser una cuestión compleja, polarizante y divisiva que afecta tanto a los sectores público y privado.
En medio de una campaña mundial para aumentar la transparencia corporativa, algunos países están llevando a cabo cambios regulatorios sin precedentes en todo lo relacionado con el beneficiario final o real, incluyendo un registro mercantil de acceso público en la Unión Europea y nuevas normas que requieren que las instituciones financieras identifiquen los beneficiarios finales en EEUU.
Para llegar a este punto se ha necesitado una mezcla de presión por parte de los grupos de vigilancia internacionales, esfuerzos para armonizar las normas a nivel global, nacional y estatal, y la promulgación de leyes y regulaciones para establecer qué entidad debe recolectar determinada información en la cadena de formación de la compañía. A medida que los distintos países y organismos internacionales reflexionan sobre los próximos pasos a tomar con relación a la propiedad efectiva y la transparencia, se están fijando los frentes de batalla.
Por un lado están las jurisdicciones que han construido sus cimientos en el secreto corporativo y no parecen dispuestos a cambiar fácilmente. Por otro lado están los investigadores, reguladores, y un número creciente de funcionarios gubernamentales, que sostienen que la falta de transparencia puede dar lugar a que una amplia gama de delincuente—que van desde financistas del terrorismo a los evasores de impuestos—mueva cientos de miles de millones de dólares con muy poca resistencia.
Las razones detrás del dilema de la propiedad final tienen muchas ramificaciones, señala Ross Delston, un consultor en antilavado de dinero con sede en Washington quien ha participado de evaluaciones de países.
En EEUU, estados como Delaware en realidad compite con otros estados e incluso con los centros financieros offshore para ver qué región puede ofrecer la mayor opacidad. Las áreas que se adhieren a los estándares internacionales se colocan en una “desventaja competitiva”, dijo Delston.
Los lugares con los menores requisitos de divulgación “dependen de los ingresos procedentes de los registros de empresas”, dijo. “No tienen ningún interés en promocionar la transparencia. No darán el brazo a torcer sin una mayor presión [del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)]. Y debido a que los países incondicionales del GAFI tampoco cuentan con buenos sistemas [sobre beneficiario final], es un poco difícil para EEUU presionar a los países más pequeños para que tengan un mejor resultado”.
FATCA, OCDE en busca de mayores estándares
Uno de los mayores obstáculos para la obtención de información sobre la titularidad real es que “muchas jurisdicciones, incluyendo EEUU, simplemente no tienen la información alojada en un registro centralizado accesible para los bancos o el público” o las agencias de ley, señaló Delston.
“Si las instituciones no buscan al beneficiario final, acaban aceptando la información que les es provista, permitiendo que los criminales tengan acceso al sistema financiero a través de un camino que de otro modo estaría cerrado para ellos”, dijo Delston.
El GAFI volvió a examinar la cuestión de la propiedad real en un documento publicado recientemente—que surge inmediatamente después de los anuncios de los nuevos acuerdos internacionales para compartir datos por los miembros de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE), que también destacó que la captura de información sobre el beneficiario final será vital para la localización de los evasores de impuestos.
El GAFI, junto con los organismos regionales, se encuentra evaluando las medidas contra los delitos financieros que están tomando los países, con un nuevo enfoque en la eficacia en la aplicación de las leyes y las regulaciones, en lugar de simplemente la promulgación de leyes.
En su guía, el GAFI establece tres estrategias para extraer la información de los propietarios detrás de las personas jurídicas: crear una base de datos de los registros mercantiles, exigir a las empresas mantener su propia información, o utilizar la información que está disponible.
El secreto corporativo es un imán para el crimen organizado
Las razones por las que el GAFI y otros organismos internacionales están presionando para una mayor transparencia corporativa son ampliamente conocidas. Las compañías fantasmas y otras entidades legales anónimas están presentes en una enorme variedad de esquemas de delitos financieros, y cuando están controladas por criminales inteligentes, la cantidad de dinero que pueden mover es asombroso.
El uso de empresas ficticias y dueños falsos, o agentes proxy, fue vital para una de las mayores operaciones de lavado de dinero en la historia en Europa del Este, de acuerdo con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Entre 2010 y principios de 2014, grupos del crimen organizado y políticos sucios en Rusia movieron US$20.000 millones de fondos ilícitos a través de una lavandería virtual, un “complejo esquema de lavado formado por docenas de compañías offshore, bancos, préstamos falsos y agentes proxy”, dijo el OCCRP a principios de este año.
Las compañías pantalla y ocultos beneficiarios finales también han asistido a países y regímenes en la lista negra como Irán a esquivar los filtros y poder obtener cuentas bancarias para mover ilícitamente cientos de millones de dólares, incluyendo fondos que terminaron como parte de la propiedad de una torre de oficinas de Manhattan, según un ex investigador en Nueva York.
La más reciente ronda de evaluaciones mutuas del GAFI, que se encuentra en marcha en parte explica “por qué el tema del beneficiario final está recibiendo mucha atención ahora”, dijo Robert Rowe, vicepresidente y asesor senior de la Asociación de Banqueros de EEUU (ABA por sus siglas en inglés).
La evaluación de Australia se completó recientemente y se espera que sea dada a conocer a principios del próximo año – y la revisión de Estados Unidos está programada para finales de este año, poniendo presión sobre el país para resolver las falencias en el tema del beneficiario final antes de que arriben los evaluadores.
En EEUU, el tema ha sido un punto delicado desde la última evaluación de Estados Unidos hace más de una década, señala Rowe, quien agregó que la unidad de inteligencia financiera, FinCEN, ha estado batallando para encontrar la forma de recoger la información y asegurarse de que estos datos estén disponibles para las agencias de ley.
FinCEN primero apuntó a los proveedores de servicios de empresas y estados de Estados Unidos para obtener información sobre el beneficiario, buscando crear un repositorio central y establecer algún tipo de plazos para la actualización. Debido a que los estados varían grandemente en términos de poder político y capacidad técnica, la mira fue puesta a los bancos para que soliciten la información en el momento que un cliente abre una cuenta, dijo Rowe.
Esa tendencia se formalizó en el reciente aviso de reglamentación propuesta de FinCEN (NPRM por sus siglas en inglés) sobre los requisitos de debida diligencia del cliente para instituciones financieras.
El NPRM calmó algunas preocupaciones de los bancos que temían tener que conseguir la información de terceros o armar un perfil de una enorme cantidad de fuentes. En su lugar, con base en la regla propuesta, las entidades solicitarían más detalles sobre los beneficiarios finales directamente al cliente que sea una entidad legal, y podrían depender en gran medida en la propia auto certificación del cliente.
Sin embargo, aún existen importantes lagunas en el sistema propuesto por FinCEN. Los clientes pueden mentir y los bancos tienen pocas maneras de verificar la información, Rowe señaló. Alternativamente, una empresa puede dar detalles correctos sobre la propiedad y al día siguiente cambiar la estructura de la propiedad, dijo Rowe.
Detalles sobre la propiedad pueden ayudar a la calificación de riesgo
Según declaraciones públicas realizadas durante el proceso de reglamentación, FinCEN y otras agencias del gobierno de Estados Unidos reconocieron la carga que supondría para las instituciones financieras recopilar información sobre el beneficiario por su propia cuenta. Antes de la notificación de propuesta de reglamentación expedida por FinCEN en agosto, el deber de obtener detalles del beneficiario final estaba reservado para los bancos extranjeros sujetos a la sección 311 de la Ley USA Patriota 311, también conocida como la designación de una institución como una “preocupación primaria de lavado de dinero”.
La última versión del manual para examinadores ALD, lanzado en 2010, también se refirió a la propiedad efectiva, señalando que dicha información podría ser necesaria cuando las entidades deben realizar una diligencia debida reforzada.
Aun así, la incapacidad de los países para llevar a las empresas a que hagan disponibles los datos sobre la propiedad final, o para empujar a los proveedores de servicios corporativos para registrar esa información y mantenerla en un lugar centralizado “no es un problema nuevo,” dijo Delston. “Es una de esas lagunas y deficiencias persistentes en el marco ALD / CFT internacional que ninguna jurisdicción ha sido capaz de resolver por completo”.
El Reino Unido está trabajando en una legislación para crear una base de datos pública de información sobre el beneficiario, incluyendo información como nombres, direcciones y el porcentaje de participación de las personas con intereses mayoritarios.
Además, la Unión Europea está considerando un registro similar de las empresas en toda la UE que incluiría información sobre el beneficiario de las personas jurídicas en el marco de la Cuarta Directiva ALD, que todavía está pendiente. Todavía no se sabe, sin embargo, si la información será pública, ya que podría entrar en conflicto con las normas de privacidad de datos.
En EEUU a la espera de regulaciones, las instituciones adoptan sus propios estándares
Incluso sin legislación final sobre beneficiario final en Estados Unidos, algunas instituciones están requiriendo dicha información antes de abrir cualquier cuenta, dijo Jerry Sanchez, abogado principal en la oficina de Dallas de Cox Smith.
“Algunos bancos están considerando el nivel de participación del 20%, que incluso va más allá de lo que sugiere la regulación propuesta”, del 25%, dijo. “Estos bancos están siendo conservadores porque prefieren errar por cautos. Los bancos se dan cuenta de que no puede simplemente mirar el cliente, tienen que mirar por lo menos un nivel más allá” para recoger mejor los detalles de la propiedad, incluyendo empresas matrices, prácticas corporativas y socios.
Cuando se descubre información sobre seres humanos reales, o personas naturales, la [institución], entonces puede utilizarla en los sistemas de detección y filtrado automatizados. Dependiendo de la institución y el riesgo del cliente, este examen podría incluir listas de sanciones, las listas de las personas vinculadas a fraudes, u otras coincidencias negativas, dijo Sánchez.
Además, una institución podrá realizar una diligencia debida más intensa dependiendo del riesgo.
Esto podría incluir copias de pasaportes de individuos en puestos clave o con autorización de firma, copias de los documentos de incorporación o registros y certificaciones que indican que la compañía está “en regla” con los organismos de supervisión nacionales, y potencialmente podría también incluir solicitudes de actas de las reuniones del consejo, dijo.
Todos estos detalles son fundamentales para demostrar a los reguladores que el banco realizó la adecuada debida diligencia para conocer al cliente, dijo Sánchez.
“Hemos tenido situaciones en las que un ama de casa mexicana abrió una cuenta y comenzó a enviar y recibir grandes transferencias cablegráficas”, dijo. “Esta situación no era coherente con el propósito declarado de la cuenta o la fuente de riqueza del cliente”.[/private]