Panamá: el Comité de Expertos recomienda al país actuar en materia de transparencia, intercambio de información y control de fondos ilícitos
Panamá presentó la semana pasada el informe final con las recomendaciones del Comité de Expertos Independientes para la transparencia de la plataforma financiera y de servicios internacionales, que propone medidas para fortalecer los sistemas corporativos, financieros y legales del país.
Apuntar la artillería contra la corrupción y exigir una mayor transparencia fueron algunas de las conclusiones que el comité presentó en su informe final al gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Algunas de las medidas planteadas por el informe ya fueron iniciadas, o están siendo implementadas, en el país centroamericano.
El pasado viernes, el presidente Varela afirmó que la decisión de designar este Comité de Expertos fue la correcta como una de las medidas adoptadas para atender de forma precisa los cuestionamientos que se hacían a nivel internacional sobre Panamá.
Una de las recomendaciones del informe es la de independizar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la presidencia. También pide independizar, a corto plazo, a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas y convertirla en un regulador independiente.
El informe, haciendo especial énfasis en los sectores no bancarios, señala que a la Intendencia hay que “restructurarla administrativamente en direcciones enfocadas y especializadas por sector regulado, poniendo especial atención a los servicios legales, sector de construcción y bienes raíces, zonas francas de cualquier naturaleza, casinos y juegos de azar, basándose en una evaluación nacional de riesgo”. El país debe trabajar en pos del fortalecimiento de la capacidad, acceso y monitoreo de los regulados por parte de la Intendencia; que debe contar de manera inmediata con los recursos necesarios para su operatividad, según el informe.
El Comité de Expertos fue nombrado en abril de este año y lo componen Roberto Artavia, quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School; Nicolás Ardito Barletta, ex presidente de la República y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad; Domingo Latorraca, socio-director de Deloitte; Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá y presidente de ABCO Global Inc.; Gisela Álvarez de Porras, exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias.
Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, y Mark Pieth, profesor de Derecho Criminal y Criminología de la Universidad de Basilea trabajaron algún tiempo en el comité pero, denunciando falta de transparencia y limitaciones en la investigación y elaboración del informe, renunciaron a mediados de año. (Stiglitz y Pieth publicaron en noviembre el informe Overcoming the Shadow Economy, que elabora sobre la opacidad del sistema financiero mundial).
En un punto muy importante, el informe del comité pide que se establezcan mecanismos que permitan conocer y mantener identificados a los beneficiarios finales (y no el accionista) de los distintos tipos de entidades jurídicas de cualquier naturaleza, incluyendo fideicomisos que operan y tienen domicilio en Panamá a través del agente residente, más allá de lo establecido en la Ley 23, que lo requiere únicamente para temas relativos al blanqueo de capitales.
Señala el informe la necesidad de hacer cumplir la Ley 52 –promulgada el 26 de octubre de 2016— que exige a las compañías “offshore” mantener registros contables disponibles a través de su agente residente, similar a como se mantiene la información de los accionistas, y a establecer la obligación de presentar reportes anuales.
El documento apunta a ciertas debilidades en las instituciones panameñas, por ejemplo recomienda “asegurar la independencia real del sistema judicial de Panamá de la influencia de los otros poderes del Estado y fortalecerlo en términos técnicos, financieros, contables y de auditoría para que sea más eficaz en procesar los casos y requerimientos de información que surjan”.
Los abogados son incluidos en las recomendaciones, cuando aconseja “actualizar la Ley que regula el ejercicio de la abogacía” para que los profesionales mantengan los “más altos estándares éticos y de desempeño profesional”.
En materia de evasión fiscal, el comité considera que Panamá no debe entrar en el debate de la calificación de la evasión fiscal como delito a fin de satisfacer la demanda de terceros países, y que como suscriptor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNDOC) ya tiene la obligación de intercambiar información por razones de evasión fiscal cuando la misma está tipificada como delito o lavado de dinero en el país que requiere la información. El informe aboga para que Panamá cumpla con los acuerdos a los que está suscrito.
También se recomienda “desarrollar e implementar legislación anti corrupción que alcance a los actos realizados por nacionales panameños o grupos económicos establecidos en Panamá que directa o indirectamente participen en la instrumentación de actividades ilícitas en terceros países”.
El informe pide que el país establezca un comité asesor permanente que sirva como consejero y presente recomendaciones al gobierno y establezca una estrategia nacional que trascienda a la actual administración.
“Este comité deberá analizar si mantener incentivos tributarios de algún tipo para la plataforma de servicios internacionales y otros sectores (sedes de empresas multinacionales, zonas francas, por ejemplo) contribuye al desarrollo económico y social del país mediante el establecimiento de puestos de trabajo y la diversificación de la economía. Los informes del Comité Asesor Independiente deberán ser remitidos anualmente a las autoridades a través del Ministerio de Economía y Finanzas, quien deberá hacerlos públicos a través de sus informes anuales de gestión”.
El informe señala que la estrategia del país debe ser alcanzar un alto estándar de desempeño en transparencia y control efectivo de los flujos ilícitos y no considerar la propuesta como una salida de paso como se ha estado haciendo en los últimos 15 años. “El país no puede seguir aplazando la toma de decisiones en este campo. La decisión debe ser actuar ya, de manera firme, y con mirada al futuro, para que Panamá mantenga su posición de liderazgo económico libre de calificaciones sobre su competitividad en todo sentido”, concluye el informe.