La UE busca aumentar el escrutinio de los intermediarios involucrados en la planificación fiscal con nuevos requisitos de transparencia y presentación de informes
La Comisión Europea propuso esta semana nuevas, y más estrictas, reglas de transparencia para los intermediarios—tales como asesores fiscales, contadores, bancos y abogados—, que diseñan y promueven esquemas de planificación fiscal para sus clientes con el fin de descubrir una gama de ardides ilícitos ocultos en opacas estructuras de propiedad.
Los movimientos del bloque están motivados por recientes filtraciones en los medios de comunicación, tales como los Panama Papers, que exponen cómo algunos intermediarios ayudan activamente a las empresas y a los individuos a evitar el pago de impuestos, generalmente a través de complejos esquemas transfronterizos. La propuesta tiene como objetivo abordar esta agresiva planificación tributaria aumentando el escrutinio en torno a las actividades previamente invisibles de los planificadores y asesores tributarios.
En el corazón de la propuesta se busca que estos grupos presten atención a las señales de alerta del crimen financiero.
Los esquemas de planificación fiscal transfronteriza que presenten determinadas características o «marcas distintivas» que puedan dar lugar a pérdidas para los gobiernos tendrán ahora que ser notificados automáticamente a las autoridades fiscales antes de su utilización.
La Comisión ha identificado características clave, como el uso de pérdidas para reducir la obligación tributaria, el uso de regímenes especiales de impuestos, o acuerdos a través de países que no cumplen con las normas internacionales de buen gobierno. La obligación de notificar un régimen transfronterizo que lleve uno o más de estas características quedará a cargo de:
- el intermediario que suministró el esquema transfronterizo para su aplicación y utilización por parte de una empresa o un particular;
- el individuo o la empresa que reciba el asesoramiento cuando el intermediario que facilita el esquema transfronterizo no esté radicado en la UE, o cuando el intermediario esté sujeto a las normas de secreto profesional;
- la persona o empresa que aplique el régimen transfronterizo cuando éste esté desarrollado por parte de consultores fiscales o abogados dentro de la organización.
Los Estados miembros intercambiarán automáticamente la información que reciban sobre los métodos de planificación fiscal a través de una base de datos centralizada, que les permitirá detectar con anticipación los nuevos riesgos de evasión y tomar medidas para bloquear los acuerdos perjudiciales.
Los Estados miembros también estarán obligados a aplicar sanciones a las empresas que no cumplan con las medidas de transparencia. Los nuevos requisitos de información deberán entrar en vigor en 2019, donde los Estados miembros de la UE se verán obligados a intercambiar información en forma trimestral.