Control de los delitos financieros, la nueva realidad
Por Garry W.G. Clement, CFCS, CFE (Life Member), CAMS
Vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo
Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros
Esta es la primera parte de un artículo de tres partes escrito por Garry W.G. Clement, Vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, y ex director del programa National Proceeds of Crime de la Real Policía Montada de Canadá, que explica los nuevos desafíos y peligros que enfrentan tanto los profesionales como las distintas instituciones llamadas “sujetos obligados” en el cambiante campo de la detección y control de los delitos financieros.
Aquellos que trabajamos en campo del cumplimiento de delitos financieros sabemos muy bien que el panorama regulatorio está cambiando en gran medida, así como lo está haciendo el ambiente en el que trabajamos.
Ahora nos enfrentamos a amenazas de los delincuentes financieros donde las fronteras ya no existen y aparecen amenazas globales más complejas y más coordinadas por parte de delincuentes profesionales, organizaciones criminales y hackers patrocinados por distintos estados.
Producto de recientes deficiencias de cumplimiento por parte de las organizaciones, los gobiernos están anunciando cada vez más regulaciones y recargando la responsabilidad en la alta dirección, los consejos de administración/juntas directivas y en el oficial de cumplimiento, que pueden ser objeto de sanciones administrativas.
Si bien las leyes que responsabilizan a los oficiales de cumplimiento no son nuevas, el hecho que los reguladores están asignando responsabilidad individual a través de sanciones personales tomó notoriedad en 2014 cuando dos acciones de aplicación muy publicitadas detallaron la expectativa de la responsabilidad fiduciaria.
En cada caso, las multas fueron impuestas no solo contra las organizaciones, sino que los oficiales de cumplimiento fueron individualmente responsables por inadecuados programas y controles ALD.
Más recientemente, el Estado de Nueva York añadió estrictas obligaciones para que los bancos eliminen transacciones ilegales por parte de organizaciones terroristas y otros delincuentes.
Entre los cambios los más notables fueron: el requisito de que un miembro del directorio o los oficiales de cumplimiento certifiquen que los controles de las empresas son los adecuados, lo que expondría a tales individuos a la responsabilidad penal si se encuentra que los controles no fueron lo suficientemente exhaustivos.
Para entender por qué estamos viendo cómo las prácticas proscriptoras se están legislando es necesario examinar el panorama actual.
Mi experiencia me dice que muy pocas organizaciones comprenden totalmente la necesidad de reconocer que se debe aplicar una estrategia de convergencia frente a los delitos financieros. Lo que es desalentador es que si examinamos nuestros éxitos colectivos para luchar contra los delitos financieros debería haber quedado suficientemente claro que el cumplimiento por sectores o compartimentos ha sido un fracaso.
Los bancos en particular han recibido el mayor impacto
Si tuviéramos que revisar el número de sanciones administrativas y procesamientos diferidos –deferred prosecutions –, yo llegaría a la conclusión de que en todos los casos se produjo una falla clara por parte de la junta directiva, altos ejecutivos y oficiales de cumplimiento de alto nivel en reconocer que con un enfoque único centrado no se van a lograr los resultados deseados y, en muchos casos, el viejo dicho de «codicia superando la ética» continuó prevaleciendo.
Desde que ingresé a esta industria hace más de tres décadas he visto que las organizaciones, los reguladores y los gobiernos han centrado la mayor parte de sus energías en el cumplimiento ALD. Aquellos que hemos permanecido para oficiar de testigos de la evolución hemos visto como las organizaciones han creado masivos departamentos y el desarrollo de profesionales en la carrera de cumplimiento.
La pregunta que todos necesitamos hacer es si toda la regulación, todo el software creado para ayudar en la identificación del lavado de dinero y todos los profesionales asignados a la industria han producido los resultados esperados.
Estoy seguro de usted estará de acuerdo en que nuestro éxito basándonos en el ritmo de las actividades delictivas y el lavado de dinero es insignificante.
El crimen organizado y los delincuentes empresariales continúan evolucionando a un ritmo mucho más rápido de lo que somos capaces de detectar en el sector de control de los delitos financieros.
Estos delincuentes no están sujetos a procesos burocráticos y en su gran mayoría tienen presupuestos que parecen no tener fin.
En mi opinión demasiados líderes de la industria financiera, individuos dentro del gobierno y muchos de nuestros bufetes de abogados no apoyan plenamente la necesidad de controles financieros.
Por desgracia, estas personas negadoras tienen que entender que el lavado de dinero se deriva de crímenes mucho más insidiosos que incluyen pornografía, inclusive de la pornografía infantil, trata de persona, delincuencia financiera con personas de la tercera edad y terrorismo, por nombrar algunos.
Los abogados, que lucharon con éxito en América del Norte para no convertirse en sujetos obligados, continúan apareciendo implicados en muchos de los principales esquemas de lavado de dinero. Recientes noticias han puesto de relieve la importancia de abogados y bufetes de abogados como un catalizador para el lavado de dinero y actividades de la delincuencia financiera.
Por ejemplo, en un artículo del 20 de julio en law.com titulado «Los Grandes Despachos de Abogados Hacen Cameos en el Caso de Confiscación ‘Lobo de Wall Street'» se señala que «grandes bufetes de abogados manejaron los fondos robados en multimillonario ardid de lavado de dinero, según los fiscales federales—dinero que se utilizó para financiar la película de 2013 “El Lobo de Wall Street” y para pagar bienes raíces, obras de arte, y un avión privado de US$35 millones y otros lujos».
Global Witness realizó una investigación encubierta y se acercó a 13 bufetes de abogados de Nueva York señalando que estaban aconsejando a un ministro africano que había acumulado millones de dólares, y que quería comprar un jet Gulfstream, una casa y un yate. Dijeron que necesitaban ingresar el dinero en EE.UU. sin que sea detectado.
Los abogados de 12 de las 13 firmas que visitaron sugirieron el uso de empresas anónimas o fideicomisos para ocultar los activos del ministro. Todas menos una de estas firmas recomendó el uso de empresas estadounidenses.
Uno de los abogados que aportó sugerencias sobre cómo mover los fondos fue James Silkenat, el Presidente de la Asociación de Abogados de Estados Unidos en ese momento.
Varios abogados sugirieron utilizar las propias cuentas bancarias de sus bufetes de abogados para ayudar a evitar que los bancos de Estados Unidos se percataran a quién pertenecía realmente el dinero, o de colocar al abogado como fiduciario de un fideicomiso offshore y utilizar esa posición para abrir una cuenta bancaria.
Si bien la mayoría de los abogados pidió un poco más de información sobre el ministro, y su fuente de ingresos, sólo un abogado se negó a proporcionar asistencia durante la reunión.
En una operación encubierta en Canadá a comienzos de la década de 2000 un operador canadiense haciéndose pasar por un lavador de dinero de origen colombiano se reunió con Simon Rosenfeld, un abogado de Toronto, que accedió a ayudar al operador a lavar su dinero de la droga a cambio de una comisión del 8% y también ayudarlo a la creación de empresas fantasma en varias jurisdicciones mientras argumentaba que los abogados en Canadá están protegidos debido al privilegio abogado cliente.
En 2005 Rosenthal fue condenado por lavar 250,000 dólares canadienses y US$190,000.
La próxima semana DelitosFinancieros.org publicará la II parte del artículo.