Apremiante zona de riesgo: la “naciente” intersección entre el terrorismo y las monedas virtuales

Para contrarrestar a los grupos terroristas que utilizan monedas virtuales para transferir dinero de forma anónima y financiar ataques mundiales, los gobiernos y el sector privado deben crear vínculos y entidades más sólidos, reforzar la transparencia y mejorar la tecnología y la experiencia humana para rastrear actores ilícitos.

Esas son sólo algunas de las conclusiones y temas que se discutieron la semana pasada en la audiencia “Virtual Currency: Financial Innovation and National Security Implications” (Moneda Virtual: Innovación Financiera e Implicaciones de Seguridad Nacional) ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Para ver la audiencia o las declaraciones de los testigos, haga clic aquí.

Esta audiencia exploró la relación entre el terrorismo y el uso ilícito de la tecnología financiera (fintech), las implicaciones para la seguridad nacional de las monedas virtuales como Bitcoin y el uso de tecnologías de “blockchain” o cadena de bloques de transacciones para registrar transacciones y descubrir actividades ilícitas.

Los profesionales que participaron, una mezcla de expertos en monedas virtuales y ex investigadores del gobierno dedicados al rastreo de grupos criminales en mundos virtuales, exploraron la explotación de la moneda virtual por parte de terroristas y grupos criminales transnacionales. Estos testigos ofrecieron posibles evaluaciones de riesgos y consideraciones de política para mitigar el financiamiento ilícito, con el objetivo de no impedir el desarrollo de las innovaciones en el campo de las Fintech.

Uno de los principales retos es mantener Internet abierta y «sin permisos» a la vez que se crean controles para rastrear actores ilícitos, sus fondos y financistas.

«Es la naturaleza abierta de Internet que fomenta el impresionante ritmo de innovación del que todos nos beneficiamos», dijo Jerry Brito, director ejecutivo de Coin Center, una organización independiente sin fines de lucro centrada en las cuestiones de política pública planteadas por la tecnología de monedas digitales.

«Y es la naturaleza abierta de Bitcoin que también lo convierte en una plataforma impresionante para la innovación», dijo. «Desafortunadamente, esto también significa que, al igual que Internet, está abierto a los malos actores que se aprovechan de esta situación. Los delincuentes ciertamente la usan hoy, y hemos comenzado a ver un naciente interés de los grupos terroristas».

En general, sin embargo, los grupos terroristas no han sido tan agresivos en la explotación del potencial de la moneda virtual como sí lo ha sido el crimen organizado y los hackers cibernéticos.

Según un informe reciente del Center for a New American Security sobre el potencial del uso de las monedas digitales por parte de los terroristas, «actualmente no hay más que pruebas anecdóticas de que los grupos terroristas han utilizado monedas virtuales para financiarse».

«Esto significa que hay tiempo para desarrollar una respuesta apropiada a la posibilidad; una respuesta seria que apunte a la amenaza a la vez que preserva la libertad para innovar «, dijo Brito.

Para una respuesta, hay que analizar las brechas existentes

Para ofrecer una respuesta efectiva, es vital entender las brechas en el monitoreo que los investigadores y los oficiales de cumplimiento contra el lavado de dinero tienen que identificar y superar, dijo Scott Dueweke, presidente de The Identity and Payments Association (IDPAY), y también presidente de Zebryx Consulting.

«Estas monedas virtuales centralizadas, así como muchos de los miles de sitios y servicios que compran, venden y aceptan monedas virtuales descentralizadas como Bitcoin, se encuentran fuera de la red de puntos de detección del sistema financiero occidental», dijo.

Cuando alguien compra, por ejemplo, créditos de WebMoney, o PerfectMoney, o AliPay en China, y las identidades no se establecen, o se producen transacciones sospechosas, «no se genera ningún reporte de actividad sospechosa (ROS) como sería el caso en América o Europa», dijo Dueweke, lo que impide que inteligencia vital llegue a las agencias de aplicación de la ley.

«Sin embargo, dado que no se generan ROS, no se aprecia en su totalidad la escala del potencial o el probable uso de estos sistemas para transacciones criminales», dijo, señalando que los riesgos suben para las monedas que no sean de Bitcoin, que no tienen un registro inmutable de blockchain en su centro.

Los sistemas centralizados de divisas virtuales no expuestos en un blockchain público–cadena de bloque– tienen la «capacidad de mover cantidades ilimitadas de fondos por fuera del sistema financiero occidental y nunca serían detectados por nuestros sistemas de detección tradicionales», dijo, agregando que algunos ejemplos incluirían:

  • Transferencias de la balanza de pagos entre organizaciones criminales
  • Transferencias de fondos entre países que hacen negocios con estados parias
  • Transferencias hacia y desde organizaciones terroristas, especialmente como parte de un plan de lavado de dinero basado en el comercio internacional para hacer que los investigadores pierdan el rastro de dinero
  • Permitir que políticos corruptos –cleptócratas—movilicen fondos de las arcas de su país a centros offshore
  • Permitir que ciertos Estados-Naciones financien ejércitos virtuales de hackers proxy para cumplir con su deber «patriótico»

Es clave una alianza internacional entre el sector público y privado

Para evitar que esto suceda, deben existir asociaciones públicas y privadas más sólidas a nivel nacional e internacional.

Parte del esfuerzo global para impulsar la transparencia y el rastreo en el mundo virtual es «desarrollar un conjunto aceptado internacionalmente de términos y «mejores prácticas» y requisitos de transparencia a los que adhieran todos los gobiernos para regular estos sistemas», dijo Dueweke.

Los datos y la inteligencia recolectados por parte de asociaciones gubernamentales internacionales más grandes se compararían con las investigaciones del sector privado para apuntar a cómo las monedas virtuales y los criminales de la web están operando y cooperando entre ellos, para crear maneras de coordinar las respuestas que ocurren en un tiempo más real.

Este esfuerzo establecería la «trayectoria de los usos ilícitos, incluyendo el reconocimiento de la dirección que toman los criminales y terroristas –y llevaría al desarrollo de un “sistema de alerta temprana» para identificar nuevos usos ilícitos a medida que ganen interés—, a la vez que alienta el desarrollo de servicios digitales y tecnologías que permitan usos válidos mientras se mejora el rastreo de usos inadecuados», dijo Dueweke.

El nexo entre las monedas virtuales y el terrorismo crecerá

Todos los participantes acordaron que el uso relativamente escaso de las monedas virtuales por los criminales cambiará y crecerá.

«El potencial para el uso de las criptomonedas por parte de los terroristas ciertamente existe, así como existe para el dinero en efectivo o cualquier activo», dijo Kathryn Haun Rodríguez, ex Asistente del Fiscal Federal para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ahora Profesora de Derecho sobre Ciberdelincuencia y Moneda Digital en Stanford Universidad.

«Hasta la fecha sólo hemos visto casos limitados de terroristas que usan criptomonedas, pero estos casos son cada vez más frecuentes», dijo Rodríguez, también miembro actual del Consejo de Administración de Coinbase Global, Inc.

Por otra parte, los terroristas que están recurriendo a las monedas digitales están buscando los puntos de entrada al mundo real con la menor supervisión del cumplimiento de delitos financieros posible, incluyendo los intercambios peer-to-peer, tales como localbitcoins.com, que opera en forma similar similar a Craigslist.

«Anecdóticamente, parece que los terroristas y los que financian el terrorismo no están usando las rampas de acceso y salida registradas y autorizadas, tales como billeteras electrónicas o intercambios para adquirir y transferir criptomonedas», dijo. «Más bien, están usando los no registrados en el extranjero que no se adhieren a los estándares de EE.UU. en la lucha contra el lavado de dinero y de conocer al cliente».